SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN EL AUTO EN QUE SE CONCEDE DEBE PRECISARSE, ENTRE OTROS REQUISITOS, EL OTORGAMIENTO DE UNA GARANTÍA CUANDO ÉSTA SEA NECESARIA PARA QUE SURTA EFECTOS.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 105/2003-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2003. ESTADO DE CHIHUAHUA.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y AGUSTÍN TELLO ESPÍNDOLA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. En los agravios expuestos la parte recurrente, en esencia, manifiesta:
1. Que para la fijación de la garantía no se tomaron en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional, así como tampoco los elementos aportados por las partes ni los requeridos por el Ministro instructor, que obran en el expediente principal y en el incidente de suspensión, con lo cual se acreditó que el Estado de Chihuahua construyó la autopista en el tramo carretero Jiménez-Hidalgo del Parral y que a su hacienda ingresan los recursos provenientes de las casetas de la referida autopista; por lo que, en dado caso dicho Estado es quien sufriría daños y perjuicios en su patrimonio y, por ende, resulta innecesaria la fijación de garantía alguna para que surta efectos la suspensión.
Que además, con la concesión de la suspensión no se causan daños y perjuicios al patrimonio del Ejecutivo Federal, pues de resolverse la controversia en favor de éste, no sólo tendría jurisdicción sobre una de las vías del tramo carretero, sino que sería con mejoras sustanciales como es la nueva carretera, por lo que sin haber invertido ningún recurso se vería beneficiado con la infraestructura creada por el Estado de Chihuahua. Consecuentemente, se conculcan los numerales 14 y 18 de la ley reglamentaria de la materia.
Que sirven de apoyo a lo expuesto las ejecutorias emitidas por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de reclamación derivados de los incidentes de suspensión de las controversias constitucionales 10/95, 9/95 y 13/95, que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, páginas 559-582 y Tomo VII, mayo de 1998, páginas 826-849 y páginas 849-870, respectivamente.
2. Que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido la posibilidad de fijar garantía para conceder la suspensión en controversias constitucionales; sin embargo, el presente asunto fue abordado con carácter económico, cuando tiene como materia la jurisdicción sobre la autopista y sus consecuencias, que se traducen en su explotación por medio de la caseta de peaje, por lo que la fijación de garantía resulta contraria al artículo 16 constitucional, pues carece de la debida fundamentación y motivación que dicho precepto exige a todo acto de autoridad, lo cual es posible revisar por esta Suprema Corte de Justicia, aunque el procedimiento no prevea la atención de violaciones a las garantías individuales.
Que apoya a lo anterior la tesis número 2a. CXV/2000, que aparece publicada bajo el rubro: "RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESE RECURSO ES EL MEDIO PROCESAL IDÓNEO PARA ANALIZAR LOS ACTOS EMITIDOS POR EL MINISTRO INSTRUCTOR AL DICTAR DETERMINACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO Y AL OBRAR PARA HACERLAS CUMPLIR, NO OBSTANTE QUE SEAN INATENDIBLES LAS VIOLACIONES QUE SE ALEGUEN A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES."
3. Que independientemente que el otorgamiento de la garantía es innecesaria, constituye un gravamen importante para la hacienda pública estatal que le causaría un agravio material no reparable en la sentencia definitiva, porque el importe fijado quedaría ocioso durante la tramitación de la controversia, mientras los recursos se requieren para el desarrollo de la actividad gubernamental en la entidad.
4. Que se viola el artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia, porque la garantía fijada se sustenta en la última parte de dicho precepto, cuando la efectividad de la medida caucional no depende de la fijación de una garantía, en principio, porque no existe materia que garantizar y, por ende, se preserva la materia de la controversia; pero fundamentalmente porque cuando la disposición mencionada previene que deberán establecerse los requisitos para que sea efectiva, no considera en ello el otorgamiento de caución alguna, pues esta medida, en todo caso, no garantizaría la efectividad de la medida, sino los daños y perjuicios que causaría la suspensión.
5. Que el supuesto establecido en el artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia consiste en que el Ministro instructor dicte aquellas órdenes tendentes a garantizar que su resolución suspensional no vaya a ser evadida por el destinatario de la orden, y no que a través de la caución se garantice un objeto diferente al previsto por la norma, es decir, que se garanticen los efectos de la suspensión en lugar de su efectividad, ya que éstos son supuestos diferentes, por lo que se generan instituciones jurídicas no previstas ni reguladas por la ley reglamentaria de la materia.
6. Que si se considera la posibilidad de fijar garantías con base en la ley reglamentaria de la materia, dicha institución jurídica carece de regulación en este cuerpo normativo, por lo que debe aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que lleva a considerar que se viola lo dispuesto en su artículo 4o., el cual prohíbe la fijación de garantías para los entes públicos, sin que se pueda soslayar esta aplicación supletoria, puesto que entonces la discrecionalidad en la fijación de garantías se traduciría en absoluta, lo que traería como consecuencia un estado de indefensión para quienes intervienen en el proceso, pues se carecería de pautas regulatorias para normar dicha discrecionalidad.
7. Que se trastoca la prohibición de efectos retroactivos de las sentencias de las controversias constitucionales, previstas en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 105 de la Constitución Federal y en el artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia, porque para el establecimiento de la garantía se toman como base los ingresos por peaje obtenidos por el Estado de Chihuahua en la autopista en cuestión, con la pretensión de captar las cuotas que se recibirán durante el tiempo que dure el proceso, con lo cual los efectos de la resolución de la controversia se retrotraerían a la fecha en que se concedió la suspensión, al disponerse de ingresos obtenidos con antelación a la sentencia y destinarlos a un fin incierto en estos momentos, pero que implica la disposición de esos recursos y la afectación a situaciones preexistentes a la resolución, como son el cobro derivado de los actos de jurisdicción que ejerce el Estado de Chihuahua.
8. Que se toman en cuenta solamente los ingresos brutos por peaje y se omite considerar las documentales en las que consta la inversión realizada, que supera el cobro de cuotas que pueda realizarse en el tiempo que dure el proceso de la controversia, por lo que esa inversión garantiza cualquier eventualidad, y en caso de un resultado adverso a la actora supera el monto fijado como garantía. Además de que, por una parte, el cobro de cuotas constituye el vehículo para recuperar, aunque sea parcialmente, la inversión realizada y, por otra parte, es el medio para allegarse de recursos que permitan la correcta operación y mantenimiento de la autopista. En consecuencia, el cobro de cuotas en comento no constituye un lucro para el Estado de Chihuahua, ya que no dispone libremente de su importe bruto.
De los agravios mencionados se debe desestimar, por inatendible, aquel en el que se aduce la violación al artículo 16 de la Constitución Federal, porque jurídicamente es imposible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que, precisamente, a través del recurso de reclamación esta Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá corregir dentro del propio medio de control constitucional las irregularidades que en su caso hubieran existido dentro del proceso constitucional; esto es, que si durante el procedimiento de las controversias constitucionales se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, tal proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones que rigen la tramitación y resolución de dichas controversias, que son la ley reglamentaria de la materia y, a falta de disposición expresa, el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis jurisprudencial número P./J. 139/2001, publicada a páginas mil cuarenta y tres, Tomo XV, enero de dos mil dos, controversias constitucionales, Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN DICHO RECURSO CUANDO SE REFIERAN A LA CONTRAVENCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL MINISTRO INSTRUCTOR. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conocimiento de las controversias constitucionales estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su tramitación y resolución se rigen por las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia y, a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante su instrucción o procedimiento se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones de los ordenamientos invocados. En consecuencia, si en el recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal por parte del Ministro instructor, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que a través del citado recurso este Alto Tribunal podrá corregir dentro de aquél las irregularidades del procedimiento que en su caso hubieran existido."
Por otra parte, de los agravios restantes se advierte que sólo es materia del presente recurso lo determinado en el auto recurrido en cuanto a la garantía para que surta efectos la suspensión concedida, los cuales se analizarán en forma conjunta por la íntima relación que guardan entre sí.
A efecto de resolver los agravios mencionados, en primer lugar, se debe determinar si la ley reglamentaria de la materia prevé la posibilidad de exigir garantía para que surta efectos la suspensión.
Al respecto debe precisarse que en el auto recurrido, en la parte que a este asunto interesa, se señaló:
"CUARTO. Atendiendo a que en términos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 105 de la Constitución Federal, las resoluciones que se dicten en las controversias constitucionales no tienen efectos retroactivos, y tomando en consideración, además, que tanto la parte actora como la demandada se adjudican jurisdicción sobre el mencionado tramo carretero Jiménez-Parral, conforme a lo establecido en la última parte del artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia y con base en el resumen de los importes captados en la caseta de cobro de peaje de la carretera en mención, exhibido por la parte actora en su oficio de cuenta, en donde se señala que en el periodo del 6 al 16 de marzo de 2003, esto es, 11 días, ingresó un total de $584,222.00 (quinientos ochenta y cuatro mil doscientos veintidós pesos 00/100 M.N.) y estimando que el trámite y resolución del presente asunto se lleve a cabo en un lapso de 5 meses, la parte actora deberá, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la legal notificación de este proveído, exhibir como garantía billete de depósito expedido por Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $10'000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.). En el entendido de que la medida cautelar surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si en el plazo antes indicado no se exhibe la garantía por el importe indicado."
Por su parte, los artículos 14 y 18 de la ley reglamentaria de la materia prevén:
"Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el Ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable.
"La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales."
"Artículo 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva."
De los preceptos transcritos se advierte:
a) Que en las controversias constitucionales, de oficio o a petición de parte, podrá concederse la suspensión del acto que las motivare hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva.
b) Que la suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor.
c) Que la suspensión no podrá otorgarse cuando la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales.
d) Que para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.
e) Que en el auto en el que se otorgue la suspensión deberá señalarse con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva.
De lo anotado se concluye que en términos de la última parte del artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia, en el auto en el que se conceda la suspensión deberán precisarse, en su caso, los requisitos para que dicha medida sea efectiva, dentro de los cuales debe entenderse que se encuentra el de la garantía necesaria para que surta efectos la suspensión, no obstante que el precepto mencionado no lo señale así expresamente, ya que tal requisito está encaminado a lograr la efectividad de la suspensión a través de la reparación de los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con el otorgamiento de tal medida; debiéndose aclarar que el requisito de la garantía alude a una carga para el actor y no para los órganos o entes demandados.
De esta manera se concluye que la garantía exigida a la actora para que surtiera efectos la medida suspensional que le fue concedida, se encuentra regulada por el artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia y, por tanto, no se generan instituciones jurídicas no previstas en esa norma.
En razón de la conclusión alcanzada, en el caso no resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, toda vez que respecto de la suspensión y de los requisitos para que sea efectiva su concesión, no existen lagunas en la ley reglamentaria de la materia.
Resulta aplicable a la consideración anterior, por analogía, la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, publicada con el número P./J. 14/97, en la página quinientos setenta y nueve, del Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. INTERÉS JURÍDICO EN MATERIA SUSPENSIONAL, NO ES SUPLETORIO EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. En la materia propia del ámbito suspensional, rigen las normas específicas de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según se establece en la sección II (De la suspensión), del capítulo II (De los incidentes), del título II (De las controversias constitucionales). De las mismas se infiere que las disposiciones relacionadas con la materia de la suspensión del acto que hubiere motivado la controversia constitucional son específicas y, por tanto, resultan inaplicables los preceptos del Código Federal de Procedimientos Civiles, sobre todo en lo referente al tema del interés jurídico del actor para solicitar la medida suspensional, que ni siquiera regula el ordenamiento adjetivo de referencia."
Precisado lo anterior, en segundo lugar se debe determinar si en el caso era procedente o no que se exigiera garantía para que surtiera efectos la medida suspensional.
Al respecto se debe señalar que el artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia ordena que para conceder la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional, por lo que, por igualdad de razón, de la misma forma debe actuarse al exigirse la garantía para que surta efectos la medida.
En el caso, la garantía exigida obedece a que tanto el Gobierno Federal como el Estado actor alegan tener jurisdicción sobre la vía de comunicación en controversia, la cual se encuentra usufructuada por el Estado referido, circunstancias que podrían dar lugar a que, al resolverse la controversia constitucional, el Estado actor tuviera que entregar la carretera y lo hiciera en un estado total de destrucción, lo que a su vez provocaría que la Federación tuviera que reparar esos daños, por pertenecerle dicha vía, lo cual indudablemente le afectaría si tuviera que disponer de su peculio para reparar tales daños; por tanto, si el Estado actor se benefició del cobro de las cuotas correspondientes, éste debe pagar los daños y perjuicios ocasionados a la carretera o por lo menos devolverla en el estado en que la encontró.
Cabe aclarar que a través de la entrega de la garantía al demandado, las cuotas recaudadas por el Estado actor no serían para el peculio de la Federación, sino que servirían para reparar los posibles daños causados a la carretera; además de que a través de dicha entrega de ninguna forma se retrotraerían los efectos de la sentencia, ya que con ello no se volverían las cosas al estado en que se encontraban al momento de la concesión de la suspensión, sino que únicamente se lograría la reparación de los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con el otorgamiento de la suspensión.
De esta manera, de acuerdo a las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional, en el caso resultaba necesario exigir garantía para que surtiera efectos la suspensión concedida, a efecto de reparar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con la concesión de la medida.
En otro aspecto, la recurrente aduce, por una parte, que la exigencia de la garantía para que surta efectos la suspensión constituye un gravamen importante para la hacienda pública estatal, que le causaría un agravio material porque son recursos que se requieren para el desarrollo gubernamental en la entidad y, por otra parte, que para fijar dicha garantía sólo se toman en cuenta los ingresos brutos por peaje sin considerar las documentales en que consta la inversión realizada, que supera el cobro de cuotas que pueda realizarse en el tiempo que transcurra para la resolución de la controversia constitucional, además de que dicho cobro constituye el medio para recuperar la inversión realizada y para allegarse de recursos que permitan la correcta operación y mantenimiento de la autopista, por lo que no constituye un lucro para el Estado de Chihuahua ya que no dispone libremente de su importe bruto.
Los argumentos anotados resultan inatendibles, toda vez que son cuestiones encaminadas al fondo del asunto, que no pueden ser analizadas en este recurso por no constituir la materia del mismo.
Por último, en atención a que a la fecha ya transcurrieron más de los cinco meses que tomó en cuenta el instructor para calcular el monto de la garantía, resultan inatendibles los agravios en que se señala que el cálculo realizado no corresponde a la cantidad de $10'000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.) señalada en el auto recurrido.
De todo lo anotado se concluye que, en la materia del recurso, se debe declarar infundado el presente recurso y confirmar el auto recurrido.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
ÚNICO.-Es infundado el presente recurso de reclamación.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Mariano Azuela Güitrón. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18075-39bf5896/suspension-en-controversia-constitucional-en-el-auto-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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