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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI NO ESTÁ PLENAMENTE DEMOSTRADO UN MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, DEBE ADMITIRSE LA DEMANDA.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 10/2003-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 66/2002. · Registro digital (IUS): 17553
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, , Pág. 834.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 10/2003-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 66/2002. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-De los agravios que aduce la parte recurrente se desprende que el argumento toral que plantea se hace consistir en que el Ministro instructor debió desechar la demanda de controversia constitucional por notoria improcedencia, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 21, fracción II, del citado ordenamiento legal, en virtud de que la actora promovió la demanda de controversia constitucional extemporáneamente, puesto que entre la fecha de la publicación del decreto cuya invalidez solicita y la presentación de la demanda transcurrieron treinta y nueve días.

De lo anterior se advierte que el auto impugnado en el presente recurso es la admisión de la demanda, por lo que debe analizarse si ésta debió haberse admitido o si se debió haber desechado, ya que su promoción fue extemporánea.

El artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional dispone lo siguiente:

"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."

Conforme al numeral transcrito, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional, siempre y cuando advierta que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio de que por "manifiesto" debe entenderse todo aquello que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la simple lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación y, en su caso, de los documentos que se anexen a dichas promociones; mientras que lo "indudable" se configura cuando se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso, de manera tal que la admisión de la demanda y la sustanciación del procedimiento no darían lugar a la obtención de una convicción diversa.

Lo anterior tiene sustento en la tesis jurisprudencial P./J. 128/2001, que aparece publicada en la página ochocientos tres, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.

"Recurso de reclamación 209/2001, deducido de la controversia constitucional 28/2001. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 11 de octubre de 2001. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."

Así, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé lugar al desechamiento de la demanda debe advertirse de la simple lectura de ésta y las pruebas que en su caso se hubieran adjuntado, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el demandante, o bien, porque se encuentren probados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que se tenga la plena certeza de que los actos posteriores al procedimiento, como son la contestación de la demanda y la fase probatoria, no serían necesarios para configurarla ni tampoco podrían desvirtuar su contenido.

Sirve de apoyo al efecto la tesis jurisprudencial P./J. 9/98, visible en el Tomo VII, correspondiente a enero de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido.

"Recurso de reclamación en la controversia constitucional 9/97. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, Estado de Campeche. 11 de noviembre de 1997. Unanimidad de nueve votos. Impedimento legal: Juventino V. Castro y Castro. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz."

Así entonces, si el motivo de improcedencia no está plenamente demostrado, debe admitirse a trámite la demanda, pues de lo contrario se estaría privando al actor de su derecho a instar la acción de controversia y probar en el juicio.

En este orden de ideas, procede determinar si la causa de improcedencia que alega el recurrente es manifiesta e indudable y, por ende, debió desecharse la demanda.

De la demanda de controversia constitucional se desprende que la promovió el Municipio de Juárez del Estado de Chihuahua y solicitó la invalidez del "Decreto Número 375/02 III P.E., de fecha 26 de julio del año en curso, de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, por medio del cual, en su artículo único, modifica las fracciones I y III del artículo 1563, así como el 1569, ambos del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, el cual fue publicado por mando del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua número 77 del 25 de septiembre de 2002; señalando como primer acto de aplicación de esta norma general, la sesión extraordinaria celebrada el 15 de octubre del año en curso, por los miembros del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, contenida en el acta número 439, por medio de la cual presentan como nuevo tesorero al C.P. Alejandro Rafael Aguirre Aguirre; teniendo conocimiento de tal evento a través del secretario de dicha Junta al expedir la certificación de la sesión antes citada.".

De lo anterior se desprende que el Municipio actor, en su demanda de controversia constitucional, manifiesta expresamente que solicita la invalidez del Decreto Número 375/02 III P.E., por el que se reformaron las fracciones I y III del artículo 1563, así como el 1569 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, con motivo de su primer acto de aplicación que tuvo lugar el quince de octubre de dos mil dos, al celebrarse la sesión extraordinaria de los miembros del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez y, además, manifiesta que tuvo conocimiento de dicho acto a través de la certificación expedida por el secretario de dicha Junta, del acta número 439 celebrada en la sesión extraordinaria citada. Dicha certificación obra a fojas ciento cuarenta y siete vuelta de los autos y es del tenor siguiente:

"El ciudadano ingeniero Óscar Fidencio Ibáñez Hernández, secretario de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, hace constar y, certifica: Que la presente es copia fiel sacada de su original, mismo que obra en los archivos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, el cual tuve a la vista y que, debidamente cotejada, se expide en seis fojas útiles, Ciudad Juárez, Chihuahua, a 18 de noviembre de 2002.-Sufragio efectivo. No reelección. El secretario de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Ing. Óscar F. Ibáñez Hernández (Rúbrica)."

Al respecto, el recurrente señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, porque el actor promovió la demanda de controversia constitucional fuera de los plazos que señala la fracción II del artículo 21 del citado ordenamiento legal, dando como resultado que la presentación de la demanda sea extemporánea.

El artículo 19, fracción VII, en cita, dispone:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21."

Por su parte, el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia dispone:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"...

"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."

El precepto legal transcrito prevé que tratándose de normas generales, el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma impugnada.

Ahora bien, debe señalarse que los agravios planteados por el recurrente son infundados, ya que el Municipio actor manifiesta expresamente en su demanda de controversia constitucional que solicita la invalidez del Decreto Número 375/02 III P.E., por el que se reformaron diversos preceptos del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, con motivo de su primer acto de aplicación, del cual tuvo conocimiento a través de la certificación del acta número 439, celebrada en la sesión extraordinaria de los miembros del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, y no como lo señala el recurrente, con motivo de la publicación del citado decreto.

Así entonces, al existir manifestación expresa del Municipio actor en el sentido de que solicita la invalidez del decreto impugnado, como motivo de su primer acto de aplicación, debe estarse a dicha manifestación para efecto del cómputo de la oportunidad en el auto admisorio de demanda, con independencia de las pruebas que al respecto ofrezcan las partes y que, en su caso, serán analizadas al resolver el fondo del asunto.

De lo anterior se desprende que no se está en la hipótesis prevista en el artículo 25 de la ley reglamentaria en cita, pues el motivo de improcedencia aducido por el recurrente no es manifiesto e indudable.

En consecuencia, resultan infundados los agravios hechos valer en el presente recurso de reclamación, por lo que debe confirmarse el auto recurrido.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación.

SEGUNDO.-Se confirma el acuerdo recurrido de dos de diciembre de dos mil dos, dictado en la controversia constitucional 66/2002, por el que el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente) y presidente Juan N. Silva Meza.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17553-dbf43ab7/controversia-constitucional-si-no-esta-plenamente-demostrado-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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