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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SU OBJETO PRIMORDIAL ES PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO, ASEGURANDO LOS BIENES, LA SITUACIÓN JURÍDICA, EL DERECHO O EL INTERÉS DE QUE SE TRATE, CON LA FINALIDAD DE EVITAR DAÑOS Y PERJUICIOS DE IMPOSIBLE O DIFÍCIL REPARACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 103/2003-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 28/2003. · Registro digital (IUS): 17802
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, , Pág. 727.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 103/2003-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 28/2003. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Y SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.

SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y MARIBEL BECERRIL VELÁZQUEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-La parte recurrente en sus agravios expresó, en síntesis, lo siguiente:

a) Que el auto recurrido infringe lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al concederse la suspensión se afecta la economía nacional y se daña gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el peticionario de la misma, toda vez que el decreto expropiatorio tiene como objetivo la obtención por parte del Estado de reservas territoriales para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez, Chihuahua y con ello dar impulso a las actividades económicas en la franja fronteriza de la entidad, así como resolver el problema urbano actual y sus necesidades futuras.

Que con el otorgamiento de la medida cautelar se frena la generación de riqueza desde el momento en que se suspende un polo de desarrollo fronterizo entre dos naciones, cuyo fin es la creación de la industria, la captación del capital extranjero, su inversión, la generación de empleos y la construcción de centros habitacionales y recreativos.

b) Que la expropiación se funda en causas de utilidad pública contenidas en el artículo 1701 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua y de conformidad con el artículo 27, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que ésta es una medida excepcional de limitación a la propiedad privada decretada por una autoridad para resolver necesidades de la sociedad, a través de un procedimiento de derecho público y, en su contra, no procede la suspensión, toda vez que la sociedad en general sufriría afectaciones.

Los agravios materia de este recurso se analizarán en forma conjunta por la íntima relación que guardan entre sí.

Conviene destacar que, en el caso que nos ocupa, se solicitó la suspensión del acto consistente en "... el acuerdo de expropiación número 16, de fecha seis de febrero del año dos mil tres, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, con fecha sábado ocho de febrero del mismo año, emitido por el C. C.P. Patricio Martínez García, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y signado en conjunto por el C. Lic. Sergio A. Martínez Garza, secretario general de Gobierno de dicho Estado, con efectos específicos o particulares respecto de la persona moral expropiada Corporación Inmobiliaria San Jerónimo, S.A. de C.V., pero con efectos generales para la población de este Municipio, respecto a la causa de utilidad pública que la sustenta ..."

Por otra parte, del auto recurrido se desprende que el Ministro instructor otorgó la suspensión solicitada en los términos siguientes: "... con fundamento en los artículos 14, 15 y 18 de la aludida ley reglamentaria, procede conceder la suspensión de los actos reclamados para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que a partir de este momento la autoridad demandada se abstenga de efectuar trámite alguno tendente a cualquier acción de urbanización, subdivisión, relotificación, zonificación y cualquier otro que pueda afectar los planes de desarrollo urbano en esa localidad; lo anterior, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto, ya que de negarse la suspensión se daría lugar a que se lleve a cabo y surta sus efectos el acto que se impugna, lo que eventualmente podría dejar sin materia el fondo de este asunto. Además, debe señalarse que con la medida cautelar concedida no se afectan la seguridad y economía nacionales, pues únicamente se paralizan los efectos y consecuencias del acto cuya invalidez se demanda; tampoco se afectan las instituciones jurídicas fundamentales del orden jurídico mexicano, ya que no repercute en ninguno de los principios básicos consignados en la Constitución Federal que rigen la vida política, social o económica del país; y, finalmente, con el otorgamiento de la suspensión no se causa un daño mayor a la sociedad en relación con el beneficio que pudiera obtener el solicitante de la medida, ya que los efectos de la suspensión se limitan a que el acto respecto del cual se concede no se ejecute ..."

Ahora bien, el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia prevé lo siguiente:

"Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante."

Del precepto legal transcrito se desprenden tres supuestos en los que la suspensión no puede ser concedida:

a) Cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales.

b) Cuando se pongan en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.

c) Cuando de concederse pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.

Como ha quedado precisado en párrafos precedentes, el otorgamiento de la suspensión obedeció a que el Ministro instructor, con base en los elementos que obran en autos, consideró que en el caso no se actualizó ninguna de las hipótesis que contiene el artículo 15 acabado de reproducir.

En este orden de ideas, por lo que hace al supuesto referente a que la suspensión no podrá concederse en los casos en que se ponga en peligro la economía nacional, este Alto Tribunal, en la tesis jurisprudencial P./J. 45/99, consultable en la página seiscientos sesenta, Tomo IX, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ha señalado qué debe entenderse por economía nacional en los términos siguientes:

"SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONCEPTO DE ‘ECONOMÍA NACIONAL’ PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL).-El artículo 15 de la citada ley establece que: ‘La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.’. Ahora bien, el concepto de ‘economía nacional’, en su connotación de estructura, orden interior o régimen del Estado que regula o persigue la satisfacción de las necesidades humanas de sus gobernados, se identifica con la organización de las actividades económicas establecidas por el Estado mexicano conforme a los lineamientos de la Constitución Política que lo rige, es decir, con los principios rectores del desarrollo económico estatuido en la Ley Fundamental en beneficio de todos sus gobernados, que es el fin último del Estado. Por tanto, sólo se podrá considerar actualizado el supuesto establecido en el precepto invocado, si en caso de concederse dicha suspensión, se lesionaran intereses de la sociedad en general y no en forma particularizada de un determinado número de sus miembros.

"Recurso de reclamación 62/98, en el incidente de suspensión relativo a la controversia constitucional 35/97. Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 11 de junio de 1998. Mayoría de ocho votos. Ausente: Olga María del Carmen Sánchez Cordero. Disidentes: Mariano Azuela Güitrón y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez."

De acuerdo con lo anterior, el concepto de "economía nacional" en su connotación de estructura, orden interior o régimen del Estado que regula o persigue la satisfacción de las necesidades humanas de sus gobernados, se identifica con la organización de las actividades económicas establecidas por el Estado mexicano conforme a los lineamientos de la Constitución Política que lo rige, es decir, con los principios rectores del desarrollo económico estatuido en la Constitución Federal en beneficio de todos sus gobernados, que es el fin último del Estado; por tanto, sólo se podrá considerar actualizado el supuesto establecido en el precepto invocado si, en el caso de concederse dicha suspensión, se lesionaran intereses de la sociedad en general y no en forma particularizada de un determinado número de sus miembros.

Partiendo de esta premisa y con el fin de establecer si con la medida cautelar otorgada se pone en peligro la economía nacional o puede afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante, resulta necesario establecer lo siguiente:

De la lectura integral del acuerdo expropiatorio, que obra a fojas trescientos veinticuatro a trescientos veintisiete, se advierte que el mismo deberá ejecutarse, únicamente, en el área conocida como San Jerónimo, propiedad de Corporación Inmobiliaria San Jerónimo, S.A. de C.V., que se ubica dentro del territorio geográfico que comprende el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, el cual indudablemente está formado por un determinado número de personas y no por la sociedad en general que habita en el Estado mexicano.

En tal virtud, la suspensión de los actos impugnados para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, que la autoridad demandada se abstenga de efectuar trámite alguno tendente a cualquier acción de urbanización, subdivisión, relotificación o zonificación que pueda afectar los planes de desarrollo urbano del Municipio de Juárez del referido Estado, evidentemente no lesiona los principios rectores del desarrollo económico estatuidos en la Constitución Federal en beneficio de todos sus gobernados, que es el fin último del Estado.

De igual manera, con el otorgamiento de la suspensión no se actualiza el supuesto consistente en que se dañe gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante de la misma, toda vez que si bien es cierto que los provechos que pudieran derivarse de la expropiación de los inmuebles a que alude el acuerdo cuya invalidez se solicita en la controversia constitucional beneficiarían a la sociedad, también lo es que ello ocurrirá hasta el momento en que realmente se generen los empleos y no con motivo de la simple expropiación de tales bienes.

Por último, conviene destacar que, por lo que hace a la procedencia de la concesión de la medida suspensional, este Alto Tribunal ha sostenido que los actos que se ejecuten al negarse dicha suspensión no podrán repararse, ya que las resoluciones que se dictan en las controversias constitucionales no tienen efectos retroactivos, pudiendo quedar sin materia la controversia constitucional.

En este sentido, el objetivo primordial de la suspensión del acto impugnado en las controversias constitucionales es preservar la materia del juicio asegurando provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para evitar daños y perjuicios de imposible o difícil reparación a la parte actora, los cuales se ocasionarían con la ejecución del acto impugnado o con los alcances que éste causare; por tanto, los efectos de la suspensión deben traducirse en que se mantengan las cosas en el estado que guardan al momento de concederse la medida cautelar, para que la sentencia definitiva que en su momento llegue a dictarse y ponga fin al conflicto, de resultar favorable a las pretensiones del promovente, pueda ser ejecutada eficazmente.

Por las consideraciones vertidas y ante lo infundado de los conceptos de agravio, procede confirmar el auto recurrido de veintiséis de marzo de dos mil tres, dictado por el Ministro instructor en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 28/2003, por el que se concedió la medida cautelar.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación 103/2003-PL.

SEGUNDO.-Se confirma el acuerdo recurrido de veintiséis de marzo de dos mil tres, dictado por el Ministro instructor en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 28/2003, por el que se concedió la suspensión solicitada por el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza. Ausente el señor Ministro Humberto Román Palacios, por lo que, dada su ausencia, hizo suyo el proyecto el señor Ministro presidente Juan N. Silva Meza.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17802-9d3bed97/suspension-en-controversias-constitucionales-su-objeto-primordial-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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