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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE UN TRAMO CARRETERO. SU OTORGAMIENTO NO PONE EN PELIGRO A LAS INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, NI IMPLICA UNA AFECTACIÓN GRAVE A LA SOCIEDAD EN PROPORCIÓN MAYOR A LOS BENEFICIOS QUE PUDIERA OBTENER EL SOLICITANTE. SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS O CONSECUENCIAS.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 323/2002-PL, DEDUCIDO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 55/2002. · Registro digital (IUS): 17448
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, , Pág. 738.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 323/2002-PL, DEDUCIDO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 55/2002. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Por razón de técnica se procede, en primer término, al estudio del tercer agravio en el que, en síntesis, se aduce que el acuerdo recurrido hace una inexacta aplicación de los artículos 14, 15 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque va más allá de lo que forma materia de la controversia al involucrar actos que no fueron impugnados en la demanda, como son los efectos y consecuencias de la convocatoria cuya invalidez se demanda, siendo esta convocatoria el único acto identificado en la demanda. Se sostiene que si bien el Ministro instructor tiene facultad para fijar las circunstancias y características particulares de la controversia y señalar los efectos de la suspensión, ello debe hacerse en función de lo que constituye el acto cuya invalidez se reclama y no otros, y que en el caso lo constituye la convocatoria respecto de la cual, incluso, se negó la suspensión solicitada por tratarse de un acto consumado, por lo que si no existían otros elementos recabados por el Ministro instructor y la parte actora sólo pidió la suspensión de la convocatoria, el acuerdo va más allá de los elementos con los que contaba al decidir la suspensión.

El procurador general de la República manifestó, en torno al anterior agravio:

"El gobernador del Estado de Chihuahua manifestó que la actora en el juicio principal solicitó la suspensión de la Convocatoria Nacional de Obra Pública Número SCOP-C12-2002, expedida el 3 de agosto de 2002 por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de la entidad, y no así de sus consecuencias, por lo que el Ministro instructor al haber otorgado mediante acuerdo la medida cautelar sobre los actos derivados del cumplimiento de la expedición de la mencionada convocatoria, sin que existieran elementos recabados por él o proporcionados por la actora, el acuerdo rebasa y va más allá, violándose lo previsto en el artículo 14 de la ley reglamentaria del artículo 105. ... Por lo que hace a la manifestación del recurrente en cuanto a que se viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 14 de la ley reglamentaria del artículo 105, ya que el acuerdo emitido por el Ministro instructor rebasa y va más allá, toda vez que otorgó la medida cautelar de suspensión sobre los actos derivados del cumplimiento de la expedición de la mencionada convocatoria, sin que existieran elementos recabados por él o proporcionados por la parte actora, es pertinente hacer las siguientes manifestaciones: Del citado artículo se desprende que el Ministro instructor podrá conceder la suspensión del acto que las motivare hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva, de oficio o a petición de parte y con base en los elementos proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor en términos del numeral 35 en aquello que resulte aplicable. De lo anterior no se desprende que el Ministro instructor, al momento de determinar el otorgamiento de la suspensión, previa y forzosamente tenga que recabar pruebas para decretarlo, por el contrario, es una facultad que puede ejercer cuando a su juicio falten elementos necesarios para proveer sobre esa medida cautelar. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de ese Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial número P./J. 15/97, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTAD, PERO NO OBLIGACIÓN, DE RECABAR PRUEBAS, PREVIAMENTE A LA DECISIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN. El artículo 14 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte relativa, establece que la suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor, en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable, y este último precepto señala que, en todo tiempo, dicho Ministro «podrá» decretar pruebas para mejor proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo, y también «podrá» requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto. De lo anterior no se desprende que el Ministro instructor, en una controversia constitucional, tenga la obligación, previamente a determinar sobre la medida suspensional, de recabar pruebas de las partes, sino una facultad para hacerlo, que no tiene que ejercitar cuando, a su juicio, cuenta con los elementos necesarios para proveer lo relativo al respecto.’. De lo anterior resulta claro que deviene infundado el argumento del recurrente, respecto de la violación al artículo 14 de la ley reglamentaria del artículo 105. ... Por último, el recurrente señala que se conculca en su perjuicio el precepto 18 de la ley reglamentaria del artículo 105, sin que al respecto emita argumento relacionado con la presunta violación. Sin embargo, cabe señalar que de la lectura integral del auto recurrido se observa que el Ministro instructor, al otorgar la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado en la controversia constitucional, tomó en cuenta las circunstancias y características particulares de la misma como se aprecia en el segundo punto y en el quinto señaló con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos del Gobierno del Estado de Chihuahua que están obligados a cumplirla, el territorio, así como los actos y el día en que empezará a surtir sus efectos en el punto resolutivo III, por lo que no existe violación alguna a lo preceptuado en el numeral 18 de la ley reglamentaria de la materia. ..."

Esta Segunda Sala determina que el agravio en análisis resulta infundado.

Los artículos 14, 18 y 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional disponen:

"Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el Ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable.

"La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales."

"Artículo 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva."

"Artículo 35. En todo tiempo, el Ministro instructor podrá decretar pruebas para mejor proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo. Asimismo, el propio Ministro podrá requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto."

De los anteriores preceptos transcritos deriva que la suspensión del acto o actos cuya invalidez se demanda en una controversia constitucional puede concederse de oficio por el Ministro instructor o a petición de parte, con base en los elementos proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor, para lo cual podrá decretar pruebas para mejor proveer y/o requerir a las partes para que proporcionen informes o aclaraciones, debiendo tomar en cuenta las circunstancias y características particulares del caso y señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva.

Consecuentemente, el Ministro instructor se encuentra facultado legalmente para decidir sobre la suspensión del acto o actos materia de la controversia con los elementos que obren en autos o con los que decida sea necesario recabar, lo que obviamente comprende los efectos y consecuencias de los actos cuya invalidez se demande, se señalen o no tales efectos y consecuencias expresamente, también como impugnados, dado que son también materia de la controversia por su estrecha vinculación con el acto principal controvertido que les da origen y cuya validez o invalidez dependerá de lo que se resuelva en relación con éste.

Por tanto, es claro que el Ministro instructor tiene facultades, conforme a los artículos 14, 18 y 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, para decretar la suspensión de los efectos y consecuencias del acto o actos impugnados en una controversia constitucional, con independencia de que se hayan señalado expresamente también como demandados y se haya solicitado respecto de ellos la suspensión, al ser necesariamente materia de la controversia por tener su origen en el acto cuya declaración de invalidez se solicita. Lo anterior no significa, sin embargo, que el acto principal impugnado se confunda, para efectos de la suspensión, con los actos que sean efectos o consecuencias de éste, de manera tal que lo que se decida en torno al acto principal deba necesariamente decidirse en torno a sus efectos o consecuencias, pues el artículo 18 de la ley reglamentaria citada claramente señala que para el otorgamiento de la suspensión deben tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares del caso, lo que permite tomar diversas determinaciones en relación con los diferentes actos materia de la controversia atendiendo a tales particularidades.

Por ello, el hecho de que en el auto recurrido, por una parte, se haya negado la suspensión solicitada respecto de la convocatoria nacional de obra pública, expedida el tres de agosto de dos mil dos por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, para participar en la licitación para adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado para la construcción del segundo cuerpo de la carretera Cuauhtémoc-La Junta y modernización del cuerpo actual, al ser un acto consumado; y, por la otra, se haya concedido la suspensión en relación con los efectos y consecuencias de tal convocatoria, no puede considerarse violatorio de los preceptos legales transcritos de la ley de la materia sino, por el contrario, acorde a lo consignado en ellos en torno al deber del Ministro instructor de tomar en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia, pues en el auto recurrido expresamente se manifestó que el otorgamiento de la medida respecto de los efectos del acto reclamado tenía como finalidad el preservar la materia de la controversia, circunstancia que concretamente se analizará en considerando posterior de esta resolución.

En consecuencia, el agravio planteado es infundado porque el Ministro instructor no se encuentra limitado legalmente a decidir exclusivamente sobre la suspensión del acto cuya invalidez se demanda, sino que debe comprender, en tal determinación, a los efectos y consecuencias de dicho acto, si éstos existen.

A mayor abundamiento, debe advertirse que la parte actora solicitó la suspensión, tanto de la convocatoria cuya invalidez demandó, como sus efectos y consecuencias, según se advierte de la siguiente transcripción del capítulo de suspensión de la demanda:

"Con fundamento en los artículos 14, 15 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta las consideraciones legales expuestas en los conceptos de invalidez, solicito se conceda la suspensión del acto cuya invalidez se demanda, así como sus efectos y consecuencias, tomando en consideración que esta controversia versa sobre actos y no sobre normas generales, que con el otorgamiento de la medida cautelar, no se ponen en peligro la seguridad o economía nacionales, ya que no conlleva un peligro a la satisfacción de las necesidades humanas, ni se ponen en peligro las instituciones del orden jurídico mexicano, ni puede afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que se pudieran obtener con la medida suspensional, esto es, no se lesionan intereses de la sociedad en general; en cambio, de negarse (sic), sólo se afectaría en forma particularizada a un determinado número de sus miembros, como en el caso sería un reducido grupo de participantes en la licitación pública. ..."

Finalmente, debe señalarse que aun cuando en el agravio en análisis se señala como transgredido por el auto recurrido el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia, que establece los casos en que no podrá concederse la suspensión, no se expresa razonamiento alguno en torno a la actualización en la controversia de alguna de dichas hipótesis, sino que ello se plantea en los agravios que se analizarán a continuación, por lo que se reserva su estudio a tal análisis.

SÉPTIMO. En el primer y cuarto agravios, básicamente, se sostiene lo siguiente:

1) El acuerdo impugnado viola los artículos 14 y 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional al conceder la suspensión solicitada respecto de los efectos y consecuencias de la convocatoria nacional de obra pública impugnada, pues tal suspensión afecta gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante, ya que no se afecta exclusivamente a "un grupo reducido de participantes en la licitación pública" en los términos en que maliciosamente se planteó en la demanda, porque de las pruebas que se adjuntan se advierte que el procedimiento de licitación en el que se expidió la convocatoria cuya invalidez se solicita para la adjudicación del contrato de obra pública para la construcción del segundo cuerpo de la carretera Cuauhtémoc-La Junta y modernización del cuerpo actual ya fue concluido en todas sus etapas, adjudicándose el contrato de obra a favor de la constructora Pavimentos de La Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, y la obra ya fue iniciada, por lo que la ampliación de la carretera señalada, que por definición es de orden público al prestar un servicio de tránsito a la colectividad, a los Municipios y comunidades inmersas en ese tramo carretero, beneficia no sólo a un grupo reducido sino a la colectividad en general, máxime que el tramo preciso de carretera Cuauhtémoc-La Junta ha tenido un notable crecimiento de aforo vehicular, por lo que ha sido un reclamo constante de los presidentes municipales de los Municipios de Cuauhtémoc y de Guerrero, así como de diversas organizaciones sociales, la solución a la urgente problemática que presentaba ese tramo carretero por el embotellamiento, la difícil circulación y el incremento notable de accidentes, que evidencian que con la paralización de su construcción se está causando un altísimo daño a la sociedad en general, mientras que el beneficio que pretende obtener la parte actora consiste únicamente en que el tramo carretero quede bajo la jurisdicción federal, debiendo tomarse en cuenta que el artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal define como de utilidad pública la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos.

2) Se viola el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, porque se concedió la suspensión, no obstante que se afectan instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, pues la construcción de la carretera es de interés social, de orden público y para el bien común de la sociedad. La parte actora arguyó, al solicitar la suspensión, que de ejecutarse la obra se harían gastos innecesarios del "Programa de Inversión Normal Estatal", lo que resulta irrelevante, pues tratándose del bien común y del interés social, lo que menos interesa es si los gastos de la construcción de la carretera se sufragan con recursos públicos, estatales o federales y la determinación relativa a si el tramo carretero es de jurisdicción estatal o federal, a lo que se reduce la materia de la controversia constitucional, por lo que estas cuestiones no tienen porqué llevar a la suspensión de la obra en perjuicio del bien común y del interés de la sociedad en su construcción, pues dicha obra, una vez construida, quedará bajo la jurisdicción a la que se decida ésta corresponda y aun en el caso de que se decidiera, en los términos pretendidos por la parte actora, que es de jurisdicción federal, la Federación no tendría que reintegrar al Estado de Chihuahua el costo de la obra carretera, asumiendo su conservación y vigilancia. Se invoca al respecto la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que lleva por rubro: "SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO. SU DEMOSTRACIÓN.". Asimismo, se citan las tesis del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que llevan por rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONCEPTO DE ‘ECONOMÍA NACIONAL’ PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL)." y "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DEBE NEGARSE CUANDO SE ACTUALICE UNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A LA SOBERANÍA DE UN ESTADO.".

3) Resulta inexacta e ilógica la afirmación que se contiene en el acuerdo recurrido en torno a que con la suspensión se evita que pudiese quedar sin materia la controversia constitucional, dado que el tramo carretero no se está destruyendo sino que, por el contrario, se pretende mejorar y ampliar, por lo que construido o no, se preserva el cumplimiento de la sentencia que se dicte porque, finalmente, ésta sólo definirá a cuál de las dos jurisdicciones corresponde su conservación, debiendo tomarse en cuenta que el fondo de la controversia se circunscribe a la delimitación de la jurisdicción del tramo carretero y no a la obra en sí, por lo que el auto recurrido confunde la materia de la controversia con la ejecución de la obra.

En relación con los anteriores planteamientos, la parte actora en la controversia constitucional manifestó:

"... Este poder actor estima que, contrario a lo argumentado por el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, sí resulta procedente el otorgamiento de la suspensión otorgada respecto de los efectos y consecuencias del acto cuya invalidez se demanda, toda vez que dicha suspensión se concedió para el efecto de que: ‘... el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua o las autoridades dependientes de éste, no realicen actos derivados del cumplimiento de la convocatoria impugnada; en el entendido de que, de haberse realizado la ejecución del contrato de obra pública, los trabajos inherentes a la construcción de la carretera objeto de la licitación, se suspenderán hasta en tanto se resuelva la controversia constitucional.’, y en razón de que tal y como lo afirma el titular del Ejecutivo Estatal, la publicación de la convocatoria de licitación se trata de un acto consumado y ya se realizó la adjudicación del contrato de obra pública, motivo por el cual se estima que sí es procedente el otorgamiento de la medida cautelar, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto se dicte laresolución en la presente controversia constitucional puesto que, de negarse la suspensión, se daría lugar a que se ejecuten y surtan sus efectos los actos que se impugnan, situación que, contrario a lo argumentado por el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, sí podría dejar sin materia el fondo del juicio. Asimismo, con el otorgamiento de la medida cautelar no se pone en peligro la seguridad o economía nacionales, ya que no conlleva un peligro a la satisfacción de las necesidades humanas y, por el contrario, de negarse dicha medida cautelar, no solamente se afectaría al Poder Ejecutivo Federal, sino al orden jurídico mexicano. En efecto, en el presente caso se estima que debe confirmarse el otorgamiento de la suspensión en virtud de que, de realizarse los efectos y consecuencias del acto impugnado, se pondría en peligro una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como lo es el sistema de distribución de competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se integra básicamente por las facultades conferidas a los ámbitos del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, ya que la materia de la controversia no se trata de una simple cuestión de definición jurídica para determinar en relación con el tramo carretero a que se refiere el acto cuya invalidez se reclama ‘... a cuál de las dos jurisdicciones corresponde su conservación.’, como afirma la parte demandada, sino de preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones establecidas a favor de las autoridades, las que nunca deben rebasar los principios rectores previstos en la Constitución Federal afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de los tres niveles de gobierno. En consecuencia, de una interpretación a contrario sensu del artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, se concluye que en el presente caso sí es procedente el otorgamiento de la medida cautelar respecto de los efectos y consecuencias del acto cuya invalidez se reclama, pues con dicha medida se preservaría una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, en tanto se dicte sentencia. Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe: ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, septiembre de 1999. Tesis: P./J. 97/99. Página: 709. Materia: Constitucional. Jurisprudencia. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS OBJETIVOS DEL ORDEN JURÍDICO CONSTITUCIONAL SON LA ASIGNACIÓN DE COMPETENCIA Y EL CONTROL DE SU EJERCICIO POR LAS AUTORIDADES DE LOS DEMÁS ÓRDENES JURÍDICOS. El orden jurídico constitucional establece, en su aspecto orgánico, el sistema de competencias al que deberán ceñirse la Federación, Estados y Municipios, y Distrito Federal y, en su parte dogmática, previene las garantías individuales en favor de los gobernados que deben ser respetadas, sin distinción, por las autoridades de los órdenes anteriores, según puede desprenderse del enunciado del artículo 1o. constitucional. Además de las funciones anteriores, el orden constitucional tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones establecidas en favor de las autoridades, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la Constitución Federal, ya sea en perjuicio de los gobernados, por violación de garantías individuales, o bien afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico.’. Asimismo, resulta aplicable, a contrario sensu, la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe: ‘Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XII, octubre de 2000. Tesis: 1a. XIV/2000. Página: 1091. Materia: Constitucional. Tesis aislada. SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, CONCEPTO DE INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO PARA LOS EFECTOS DEL INCIDENTE DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA). El artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la suspensión no podrá concederse cuando, entre otros casos, se pongan en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, entendiéndose como tales al conjunto de principios básicos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rigen la vida política, social y económica del país; de ahí que la suspensión resulta improcedente cuando se afecten las disposiciones constitucionales que proclamen tales principios o que contengan los lineamientos para hacer posible su observancia y mantenerlos vigentes, supuesto que se justifica por sí solo atendiendo a la finalidad que persigue la controversia constitucional de salvaguardar y restablecer el orden constitucional.’. Además, con el otorgamiento de la suspensión únicamente se paraliza la ejecución del acto cuya invalidez se demanda, preservando la materia de esta controversia pues, se insiste, no se causa mayor daño a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que se pudieran obtener con la medida suspensional, puesto que los problemas de embotellamientos y difícil circulación a que hace referencia el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, no son mayores al perjuicio que se causaría a toda la sociedad con la invasión de la esfera de facultades entre los diferentes ámbitos de gobierno, pues la preservación del orden constitucional es de orden público. Al respecto, se insiste en que con el otorgamiento de la suspensión, no se lesionan intereses de la sociedad en general, en cambio, se reitera que de negarse (sic), sólo se afectaría únicamente en forma particularizada a un contratista, como en el caso, a la empresa Pavimentos de La Laguna, S.A. de C.V. En este orden de ideas, se estima que debe prevalecer la suspensión otorgada por ese Máximo Tribunal, puesto que se reúnen los requisitos que al efecto establece el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en razón de que para llegar a la determinación de otorgar la suspensión, el Ministro instructor actuó de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la citada Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, tomó en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. Asimismo, en el acuerdo del 23 de septiembre del presente año, el Ministro instructor señaló con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, así como los actos suspendidos y el momento en que deba surtir sus efectos, motivo por el cual se considera que debe confirmarse el acuerdo recurrido. ..."

El procurador general de la República también señaló al respecto lo siguiente:

"... Argumenta que al haberse concedido la suspensión respecto a los efectos y consecuencias de la referida convocatoria y ordenar la interrupción de la construcción de la carretera objeto de la licitación se afecta a la sociedad, toda vez que las carreteras, por definición, son de interés público y prestan un servicio de tránsito a la colectividad, es decir, ese tramo carretero beneficia a los habitantes de distintos Municipios del Estado de Chihuahua, lesionándose con su paralización los intereses de esa sociedad en general y no sólo de un determinado grupo, por lo que al surtirse el supuesto previsto en el artículo 15 de la ley reglamentaria del artículo 105, debió negarse la suspensión. Al resolverse la controversia constitucional se determinará en la sentencia si el tramo carretero es de jurisdicción federal o estatal; este futuro resultado no tiene por qué conllevar la suspensión de la obra en perjuicio del bien común y del interés que la sociedad tiene en su construcción, ya que ha aumentado en gran escala el aforo vehicular y se ha registrado un mayor número de accidentes. ... Opinión del suscrito. Resultan infundados los agravios expresados por el recurrente en atención a los siguientes razonamientos: Los artículos 14, 15 y 18 de la ley reglamentaria del artículo 105, disponen: ‘Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el Ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable. ...’. ‘Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.’. ‘Artículo 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva.’. En el caso concreto la actora en el juicio principal solicitó la suspensión del acto consistente en la Convocatoria Nacional de Obra Pública Número SCOP-C12-2002, expedida el 3 de agosto de 2002, por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de la entidad, para participar en la licitación para la adjudicación del contrato de obra pública para la construcción del segundo cuerpo de la carretera Cuauhtémoc-La Junta y modernización de ese tramo carretero, así como de sus e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17448-ca0765c3/suspension-de-las-obras-de-ampliacion-y-mejoramiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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