CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA CON MOTIVO DE UN HECHO SUPERVENIENTE, DEBE PROMOVERSE DENTRO DE LOS PLAZOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 221/2002-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 33/2002. PODER EJECUTIVO FEDERAL.
CONSIDERANDO:
QUINTO. El recurrente en sus agravios, en esencia, aduce:
1. Que el decreto por el que se promulgó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, no puede constituir un hecho superveniente, al formar parte del procedimiento legislativo de la norma general, de tal forma que no es impugnable cada acto individualmente y, por ende, se vulnera lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Que la presentación de la demanda inicial fue extemporánea, al impugnarse en ésta solamente uno de los actos que integran el procedimiento legislativo de la norma general (aprobación), ya que en ese momento no había culminado dicho procedimiento, sin que la promulgación de la convención modifique su aprobación, sino que sólo completó el procedimiento legislativo, en términos del artículo 133 constitucional y 4o. de la Ley sobre Celebración de Tratados, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.
3. Que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21, fracción II, 22, fracción IV y 25 de la ley reglamentaria de la materia, con apoyo en el criterio emitido por este Alto Tribunal, que indica que los actos que integran el procedimiento legislativo de creación de una norma no pueden ser impugnados individualmente, pues están vinculados entre sí, los cuales constituyen una unidad, por lo que sólo deben combatirse a partir de su publicación.
Cita al efecto, la jurisprudencia número P./J. 129/2001, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos cuatro, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS VICIOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.".
Previo al análisis de los agravios propuestos, resulta pertinente resaltar los antecedentes del caso, los que se desprenden de las constancias que integran el recurso de reclamación:
a) El jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el oficio inicial de la demanda de controversia constitucional 33/2002, reclamó la aprobación del decreto de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro y la fe de erratas a dicho decreto, en la parte conducente, que aprueba la reserva expresa al artículo IX, así como la declaración interpretativa de dicha convención, publicados el dieciocho de enero y veintisiete de febrero de dos mil dos, respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación.
b) Por oficio presentado el quince de abril de dos mil dos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el jefe de Gobierno del Distrito Federal promovió demanda de controversia constitucional en la que demandó la invalidez del referido decreto.
c) El seis de mayo de dos mil dos se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Promulgatorio de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
d) La parte actora amplió su demanda mediante oficio presentado el diecisiete de junio de dos mil dos ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, en el cual impugnó la promulgación del decreto que aprobó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de mayo de dos mil dos.
e) Por acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil dos, el Ministro instructor acordó de conformidad la ampliación de la demanda en relación con la promulgación del decreto que aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, formulada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal; asimismo, tuvo como autoridades demandadas al presidente de la República y al secretario de Relaciones Exteriores.
Previamente cabe señalar que el argumento del recurrente acerca de que la demanda inicial fue presentada en forma extemporánea, debe desestimarse, ya que en el presente caso la materia de la litis se constriñe a determinar si el auto recurrido, mediante el cual se admitió la ampliación de demanda, se ajustó a lo dispuesto en el artículo 27 de la ley reglamentaria de la materia, por lo que no se está en posibilidad de analizar cuestiones ajenas a este tópico, tales como si la demanda inicial fue extemporánea.
Ahora bien, la materia de este recurso la constituye la admisión de la ampliación de demanda respecto de la promulgación del decreto que aprobó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por lo que a continuación se procede a analizar si de acuerdo con el artículo 27 de la aludida ley reglamentaria, dicho acto impugnado encuadra en alguna de las hipótesis mencionadas en este precepto, esto es, si se trata de un hecho nuevo o de un hecho superveniente.
El artículo 27 de la ley reglamentaria de la materia dispone:
"Artículo 27. El actor podrá ampliar su demanda dentro de los quince días siguientes al de la contestación si en esta última apareciere un hecho nuevo, o hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente. La ampliación de la demanda y su contestación se tramitarán conforme a lo previsto para la demanda y contestación originales."
Del numeral transcrito se desprende que el actor podrá ampliar su demanda dentro de los quince días siguientes al de la contestación, si en esta última apareciere un hecho nuevo o hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente.
En relación con este numeral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido qué debe entenderse por hecho nuevo y qué por hecho superveniente en la tesis de jurisprudencia número P./J. 139/2000, sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página novecientos noventa y cuatro, Tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. HECHO NUEVO Y HECHO SUPERVENIENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, la ampliación de la demanda de controversia constitucional constituye un derecho procesal, del cual la parte actora puede hacer uso cuando se actualice cualquiera de las siguientes dos hipótesis, a saber: la primera, dentro del plazo de quince días siguientes a la presentación de la contestación de la demanda, si en ésta apareciere un hecho nuevo; y, la segunda, hasta antes de la fecha del cierre de la instrucción si apareciere un hecho superveniente. Ahora bien, para determinar la oportunidad en que debe hacerse valer la referida ampliación, debe tomarse en consideración la distinción entre el hecho nuevo y el superveniente, pues mientras el primero es aquel respecto del cual la parte actora tiene conocimiento de su existencia con motivo de la contestación a la demanda, con independencia del momento en que nace, el hecho superveniente es aquel que se genera o acontece con posterioridad a la presentación de la demanda de controversia constitucional, pero antes del cierre de instrucción. De ahí que tratándose de hechos nuevos deba determinarse cuándo tuvo conocimiento de ellos la parte actora, en tanto que si se trata de hechos supervenientes deba definirse cuándo tuvieron lugar."
Del criterio que antecede se desprende que este Alto Tribunal ha interpretado que hecho nuevo es aquel respecto del cual la parte actora tiene conocimiento de su existencia con motivo de la contestación de la demanda, con independencia del momento en que nace; y en relación con el hecho superveniente, lo define como aquel que se genera o acontece con posterioridad a la presentación de la demanda de controversia constitucional, pero antes del cierre de instrucción; por ello, tratándose de hechos nuevos debe determinarse cuándo tuvo conocimiento de ellos la parte actora, en tanto que si se trata de hechos supervenientes debe definirse cuándo tuvieron lugar, esto es, posteriormente a la presentación de la demanda inicial y hasta antes del cierre de la instrucción.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, la ampliación de la demanda de controversia constitucional constituye un derecho procesal, del cual la parte actora puede hacer uso cuando se actualice cualquiera de las dos hipótesis siguientes:
a) Dentro del plazo de los quince días siguientes al de la presentación de la contestación de la demanda, si en esta última apareciere un hecho nuevo; y,
b) Dentro del plazo de treinta días, si se genera o acontece un hecho superveniente con posterioridad a la presentación de la demanda de controversia constitucional, pero antes del cierre de instrucción.
En efecto, el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, que prevé la ampliación de demanda tratándose de un hecho superveniente, debe interpretarse en armonía con el artículo 21 del propio ordenamiento, que prevé los plazos para la presentación de la demanda de controversia constitucional, ya que aun cuando el artículo 27 en cita no prevea expresamente el plazo en que debe presentarse la ampliación cuando surja un hecho superveniente, sino únicamente que no se hubiera cerrado la instrucción; sostener lo contrario generaría una incongruencia procesal, es decir, mientras que para la promoción de la acción de controversia el actor debe hacerlo dentro de los plazos que señala el citado numeral, para la ampliación, en su caso, de la misma demanda, el plazo sería indeterminado, cuando no existe razón jurídica para tal diferencia, si se parte del conocimiento que el actor tenga del hecho superveniente.
Aunado a lo anterior, la finalidad de la ampliación de demanda es favorecer el despacho de los asuntos jurídicos resolviéndose en un solo juicio, es decir, tiene por objeto que por economía procesal se tramite como ampliación lo que está íntimamente vinculado con el primer acto que se impugne y se resuelva en un solo juicio, siempre y cuando no se hubiera cerrado la instrucción, a fin de evitar que se presenten demandas nuevas cuando se trata de actos estrechamente vinculados, por lo que es inconcuso que si pudo haberse presentado como una demanda nueva dentro de los treinta días que prevé la ley reglamentaria de la materia, igual plazo debe regir tratándose de la ampliación de demanda.
En ese orden de ideas y en atención al referido criterio sustentado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acto materia de la ampliación, consistente en la promulgación del decreto que aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, no constituye un hecho nuevo, pues del oficio de ampliación no se acredita que la actora hubiese tenido conocimiento de él con motivo de la contestación de la demanda.
Por otra parte, se estima que la promulgación del decreto que aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas sí constituye un hecho superveniente, al haberse generado con posterioridad a la presentación de la demanda y antes del cierre de instrucción.
En efecto, la demanda inicial se presentó el quince de abril de dos mil dos, mientras que la publicación del decreto impugnado en la ampliación de demanda se dio el seis de mayo de dos mil dos, sin que en ese momento se hubiera cerrado la instrucción, por lo que es claro que tal acto sí tiene la naturaleza de superveniente.
No es óbice a lo anterior, el argumento que hace valer el recurrente relativo a que el acto materia de la ampliación de demanda guarda estrecha relación con el que se impugnó en el oficio inicial de demanda, al formar parte de un procedimiento y, por tanto, los actos que lo integran no pueden impugnarse aisladamente, sino sólo a partir de que es publicada la norma general, conforme a la jurisprudencia número P./J. 129/2001, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos cuatro, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS VICIOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.".
En efecto, si bien es cierto en la demanda inicial se impugnó el decreto de la Cámara de Senadores por el que aprobó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la fe de erratas y la declaración interpretativa de dicha convención, no existe impedimento para ampliar la demanda en contra de la promulgación de dicho decreto, ya que esa promulgación o publicación es el requisito para que los tratados internacionales aprobados por el Senado sean obligatorios en el territorio nacional, esto es, se trata de actos sucesivos, pero cada uno tiene su propia naturaleza y consecuencias distintas.
Lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, corresponde al presidente de la República celebrar tratados internacionales, según lo dispone el artículo 89, fracción X, de la Constitución Federal, los que deberán someterse a la aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
Asimismo, el citado artículo 4o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados establece el trámite interno que deberá seguirse en la mencionada Cámara, y dispone que en su oportunidad se comunicará al presidente de la República la resolución que se dicte al respecto. Por último, el propio ordenamiento secundario prevé la obligación de publicar esos tratados en el Diario Oficial de la Federación para que sean obligatorios en el territorio nacional.
De lo anterior deriva que la celebración y aprobación de un tratado y su publicación son actos sucesivos de un procedimiento legislativo complejo en el que intervienen los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como que en ese procedimiento se puede considerar, por una parte, la celebración y la aprobación del tratado en los términos indicados, lo cual es suficiente para obligar a los Estados que celebren el tratado; y, por otra, su publicación, al constituir un requisito para que sea obligatorio en el territorio nacional.
En consecuencia, es lógico que en la demanda inicial se impugnara en primer lugar la aprobación por el Senado de la convención internacional relativa, porque ese acto da validez y obligatoriedad al tratado internacional entre los Estados celebrantes, y posteriormente la publicación del tratado, dado que este acto constituye el medio por el cual adquiere obligatoriedad en el territorio de la República, respecto de las autoridades de la materia correspondiente y en relación con las personas que pudieran resultar afectadas en su esfera jurídica por ese tratado, por lo que no existe impedimento legal para que el Ministro instructor admitiera la ampliación de demanda, puesto que en ésta se impugna un acto posterior a la aprobación del tratado, que constituye un elemento formal de publicidad para que surta efectos y sea obligatorio en el territorio nacional, efectuado por el Poder Ejecutivo, no el Legislativo, y se trata de actos que se encuentran íntimamente vinculados, aun cuando tienen consecuencias diversas.
Por otra parte, el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, dispone lo siguiente:
"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."
El precepto transcrito establece que el Ministro instructor podrá desechar la demanda de controversia constitucional por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable.
Al respecto, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso.
Luego, si un motivo de improcedencia no está plenamente demostrado, entonces se debe admitir la demanda, pues de lo contrario se estaría privando al actor de su derecho a instar la acción de controversia y probar en el juicio.
Ahora bien, para establecer la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a que con la mera lectura del escrito de demanda y los anexos que se le acompañen se considere probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el demandante o por virtud de que estén probados con elementos de juicio indubitables; de modo tal que la fase probatoria y la contestación a la demanda no sean necesarias para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.
Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis jurisprudenciales plenarias números P./J. 9/98 y P./J. 128/2001, consultables en las páginas ochocientos noventa y ocho, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho; y ochocientos tres, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, respectivamente, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dicen:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. Recurso de reclamación en la controversia constitucional 9/97. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, Estado de Campeche. 11 de noviembre de 1997. Unanimidad de nueve votos. Impedimento legal: Juventino V. Castro y Castro. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Guitrón. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de enero en curso, aprobó, con el número 9/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos noventa y ocho."
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.-Recurso de reclamación 209/2001, deducido de la controversia constitucional 28/2001. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 11 de octubre de 2001. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Juan Díaz Romero y José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.-El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy once de octubre en curso, aprobó, con el número 128/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de octubre de dos mil uno."
Este Pleno, al analizar el acto impugnado, no encuentra motivo para determinar que al admitirse la ampliación de demanda se actualizara alguna causa de improcedencia que fuera manifiesta e indudable, sino por el contrario, como se ha señalado, se admitió la ampliación de demanda conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que el Decreto Promulgatorio de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas sí constituía un hecho superveniente, ya que ocurrió con posterioridad a la presentación de la demanda y antes del cierre de la instrucción.
Por su parte, tampoco se actualiza el supuesto de improcedencia que invoca la recurrente, previsto en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, el que establece:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21."
Dicho precepto prevé la improcedencia del juicio cuando la demanda se presente fuera de los plazos previstos por el artículo 21 de la aludida ley reglamentaria.
En este aspecto, como se ha precisado, tratándose de la ampliación de demanda con motivo de un hecho superveniente, el plazo para presentarla es el que prevé el artículo 21, fracciones I y II, de la ley reglamentaria de la materia, que dispone:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."
En el caso, la referida ampliación de demanda se promovió en contra de la promulgación del decreto que aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, con motivo de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el seis de mayo de dos mil dos, por lo que es inconcuso que al tratarse de un tratado internacional reviste la naturaleza de norma general y, por tanto, conforme a la fracción II del artículo 21 en cita, el plazo de treinta días para su presentación transcurrió del siete de mayo de dos mil dos al diecisiete de junio del mismo año, debiéndose descontar los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de mayo, así como uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de junio, todos del dos mil dos, por corresponder a sábados y domingos, y ser inhábiles conforme a lo dispuesto en el artículo 2o. de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En consecuencia, si el escrito de ampliación de demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el diecisiete de junio de dos mil dos, según se advierte de la foja seiscientos noventa y cuatro vuelta del expediente de la controversia constitucional del que deriva el presente recurso, esto es, el último día del plazo, es inconcuso que su presentación fue oportuna.
Por último, en cuanto a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 22, fracción IV, del citado ordenamiento legal, se debe precisar lo siguiente.
Los citados numerales disponen:
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."
"Artículo 22. El escrito de demanda deberá señalar:
"...
"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado."
De los preceptos transcritos se advierte que la controversia constitucional será improcedente, cuando así resulte de alguna otra disposición de la propia ley, así como que en la demanda deberá señalarse la norma general y el medio en que ésta sea publicada; en la especie, del oficio de ampliación de demanda se desprende que cumple con tales requisitos, esto es, se señaló la norma general impugnada, así como el medio en que fue publicada, por lo que este Tribunal Pleno no advierte que resulte improcedente dicha ampliación.
Por todo lo expuesto, debe concluirse que fue correcto que en el auto recurrido el Ministro instructor admitiera la ampliación de demanda, puesto que se actualizó la hipótesis prevista al respecto por el artículo 27 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se cumplió con el plazo que para la presentación de la demanda prevé el artículo 21 del propio ordenamiento legal.
En consecuencia, lo procedente es declarar infundados los agravios planteados por la parte recurrente y, por ende, debe confirmarse el acuerdo recurrido.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación de éste.
SEGUNDO.-Se confirma el auto recurrido de veinticuatro de junio de dos mil dos, dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional 33/2002.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Genaro David Góngora Pimentel. No asistieron los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, por licencia concedida y José Vicente Aguinaco Alemán, previo aviso. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Juan N. Silva Meza.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17382-7383f0a1/controversias-constitucionales-la-ampliacion-de-la-demanda-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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