MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE. MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL.
RECLAMACIÓN 225/2002-PL.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Para la resolución del presente asunto se estima necesario hacer una reseña de sus antecedentes.
• ... Solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la sentencia de cinco de diciembre de dos mil, pronunciada por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, mediante la cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 175/2000, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que le ordenaba analizar los argumentos hechos valer respecto de la caducidad de la instancia, así como realizar el estudio de la situación jurídica de un inmueble, se declararon nulas las actuaciones del juicio de divorcio por mutuo consentimiento, seguidas en el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Tampico, y subsistente el vínculo matrimonial entre ... y el hoy quejoso.
• El veintitrés de mayo de dos mil dos, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, al considerar que el fallo impugnado cumplía las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legal consagradas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, pues se había acreditado que la actora había sido suplantada en las juntas de avenimiento celebradas en el juicio de divorcio voluntario y, en consecuencia, se habían demostrado los elementos de la acción de nulidad de juicio fraudulento ejercitado por la ahora tercero perjudicada.
• Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual se desechó al no actualizarse los supuestos previstos en el artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que originó la presente reclamación.
Ahora bien, el recurrente aduce en su escrito de agravios, en esencia:
1. Que el acuerdo impugnado fue dictado en contravención a lo establecido en el artículo 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del artículo 90 de la Ley de Amparo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe conocer, funcionando en Pleno, del recurso de revisión interpuesto contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de una ley o planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución, se haya omitido decidir sobre esas materias y, en la especie, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le corresponde abordar, en el auto de trámite correspondiente, el tema de fondo planteado, sino que debe concretarse a dejar establecidos los requisitos formales para la admisión o desechamiento del recurso ya que, de lo contrario, se le impide ser escuchado por el Pleno o la Sala correspondiente.
2. Que el acuerdo recurrido carece de motivación y le deja en estado de indefensión, pues no se razona cómo se arribó a la conclusión de que no se había planteado la inconstitucionalidad de una ley ni se había establecido la interpretación directa de un precepto de la Constitución, dado que el auto impugnado no hace alusión a la sentencia recurrida ni al escrito de agravios de la revisión; además, debe destacarse que la omisión del Tribunal Colegiado de interpretar un precepto constitucional es motivo para que proceda el recurso de revisión y, en la especie, se planteó la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, pues en la demanda de amparo se dijo que éstos contienen la garantía individual consistente en el respeto al principio de cosa juzgada y se solicitaba que el tribunal del conocimiento se pronunciara en este sentido. Tal situación se manifestó en el escrito de agravios de la revisión, por tanto, procede la sustanciación de dicho recurso.
3. Que la multa que se impone en el auto recurrido hace nugatorio el derecho a recurrir una sentencia dictada en un juicio de amparo directo, por lo que debe hacerse una nueva reflexión para analizar la buena o mala fe del recurrente.
Precisado lo anterior, debe analizarse lo manifestado en el primer agravio, en el cual se aduce que el acuerdo del veintisiete de junio de dos mil dos contraviene los artículos 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 90 de la Ley de Amparo, ya que aborda el problema de fondo planteado, debiendo limitarse sólo a dar trámite a la admisión o desechamiento del recurso de revisión y turnar los autos al Pleno o a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es infundado lo que se hace valer.
En efecto, el artículo 90 de la Ley de Amparo establece:
"Artículo 90. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, calificará la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo.
"...
"Siempre que el presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en sus respectivos casos, el Pleno, o la Sala correspondiente, desechen el recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito, por no contener dichas sentencias decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, impondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario."
Por su parte, el artículo 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone:
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
"...
"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."
Los preceptos transcritos establecen que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe calificar la procedencia del recurso de revisión para su admisión o desechamiento, y dado que para la procedencia de la revisión tratándose de sentencias pronunciadas en amparo directo se requiere de una decisión sobre constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o el Tribunal Colegiado omita pronunciarse al respecto, es evidente que esto debe ser analizado previamente a la decisión de dar trámite a un recurso, pues de no actualizarse alguna de las hipótesis mencionadas se debe desechar.
Sobre esas premisas, el acuerdo impugnado no transgrede precepto legal alguno, pues la admisión o desechamiento de un recurso de revisión depende de que éste proceda, lo que sólo puede advertirse de las constancias de autos, como aconteció en la especie, dado que se analizó que en la demanda de amparo no se había planteado la inconstitucionalidad de una norma general y no se había establecido la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, motivo por el cual en la sentencia de amparo no se había decidido u omitido decidir sobre esas cuestiones; sin que esta decisión refleje que se haya entrado al problema de fondo planteado, como lo afirma el recurrente, ya que tan sólo se determinó la procedencia del medio de impugnación.
De esta manera, no puede estimarse que por ser de mero trámite el acuerdo de admisión o desechamiento del recurso de revisión, deba limitarse a turnar el asunto al Pleno o Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, se insiste, debe estudiarse previamente la procedencia del recurso, sin que esto se considere un análisis de fondo ni la pérdida del derecho del recurrente de la posibilidad de ser escuchado.
En el segundo agravio se aduce que el acuerdo recurrido carece de motivación, pues no señala el porqué se arribó a la conclusión de que no se planteó la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, cuando en realidad en la demanda de amparo sí se hizo valer, específicamente, cuando se solicitó la interpretación de los artículos 14 y 16 constitucionales, manifestándose que contenían la garantía individual consistente en el principio de cosa juzgada.
Es infundado el agravio en estudio, pues la petición abstracta que se hace a un Tribunal Colegiado en el sentido de que se realice la interpretación de diversos preceptos de la Carta Magna, sin vincularse a alguno de los actos reclamados, no constituye propiamente un planteamiento de esa índole que permita a esta Sala realizar el estudio correspondiente, ya que no basta la simple petición en el sentido apuntado, para que el órgano constitucional proceda a la interpretación peticionada.
Lo anterior encuentra sustento en el hecho de que el quejoso alegó en sus conceptos de violación, sólo que los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal establecen que nadie puede ser afectado en su esfera jurídica sino mediante procedimiento judicial donde se cumplan las formalidades del procedimiento, por ende, al consagrar dichos preceptos legales las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso legal, la cosa juzgada forma parte de esos principios debido a que el resultado de una función jurisdiccional, esto es, una sentencia ejecutoria, debe ser respetada y cumplida; sin embargo, dijo, todo esto no fue observado por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas en la resolución reclamada del cinco de diciembre de dos mil, ya que no obstante que existía sentencia ejecutoria en el juicio de divorcio voluntario de ... con posterioridad esta última promovió juicio ordinario civil para la obtención de la nulidad de todo lo actuado en ese asunto, argumentando que fue suplantada y no compareció a juicio, y la Sala responsable declaró nulas esas actuaciones determinando la subsistencia del vínculo matrimonial, lo que solicitó fuera interpretado por el Tribunal Colegiado.
Por los motivos mencionados, no se actualiza el supuesto de procedencia de la revisión en amparo directo cuando, como en la especie, se hizo una petición abstracta al Tribunal Colegiado en el sentido de que realizara la interpretación de un precepto constitucional y éste la omitió pues, como quedó precisado, el quejoso no expuso propiamente un planteamiento de esa naturaleza.
Apoya lo anterior, la tesis número 2a. XLIX/2002, sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 307 del Tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA PETICIÓN ABSTRACTA AL TRIBUNAL COLEGIADO EN EL SENTIDO DE QUE ÉL REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y ÉSTE LA OMITA, COMO SUPUESTO DE PROCEDENCIA, NO SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO NO EXPONE PROPIAMENTE PLANTEAMIENTO DE ESA NATURALEZA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, constitucional; 83, fracción V, de la Ley de Amparo; 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere necesariamente que en ellas se decida sobre la inconstitucionalidad de una ley o que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o bien, que habiéndose hecho valer un concepto de violación en ese sentido, se hubiera omitido su estudio o interpretación constitucional. Ahora bien, la petición abstracta al Tribunal Colegiado, en el sentido de que él realice la interpretación de un precepto constitucional, sin que el quejoso la vincule a alguno de los actos reclamados, no constituye propiamente un planteamiento de esa índole que permita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizar el estudio correspondiente, ni aun en suplencia de la queja deficiente, pues no basta la simple petición en el sentido apuntado para que el órgano constitucional proceda a la interpretación peticionada. Por consiguiente, si la sentencia recurrida omite la interpretación constitucional en estos términos, no se surte el presupuesto necesario para la procedencia del recurso de revisión en el amparo directo."
Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte ha sostenido que es requisito de procedencia del recurso de revisión contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que en éstas se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, lo que debe entenderse, acorde con las normas de la hermenéutica jurídica, que tales sentencias hagan un análisis del contenido del precepto constitucional, para determinar su sentido, alcance e inteligencia.
Apoya lo anterior, la tesis visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas, página 2696, que a la letra dice:
"REVISIÓN CONTRA SENTENCIAS DE TRIBUNAL COLEGIADO. INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN. El requisito de procedencia del recurso de revisión en contra de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito previsto por la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo, consistente en que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, debe entenderse, de acuerdo con las normas de la hermenéutica jurídica, que tales sentencias hagan un análisis del contenido del precepto constitucional, para determinar su sentido, alcance e inteligencia."
También el Tribunal Pleno en la jurisprudencia P./J. 46/91, publicada en la página 39 del Tomo VIII, noviembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, ha precisado en qué consiste la interpretación jurídica de un precepto constitucional. No basta que el Tribunal Colegiado de Circuito lo invoque o lo aplique en su sentencia, sino que es necesario que el tribunal desentrañe y explique el contenido de la norma constitucional, determinando su sentido y alcance con base en un análisis gramatical, histórico, lógico o sistemático.
Esta jurisprudencia es del tenor siguiente:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, COMO SUPUESTO DE PROCEDENCIA, EXISTE CUANDO A TRAVÉS DE ELLA SE DETERMINAN EL SENTIDO Y EL ALCANCE JURÍDICOS DE LA NORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LA BASE DE UN ANÁLISIS GRAMATICAL, HISTÓRICO, LÓGICO O SISTEMÁTICO. Para determinar si en la sentencia de un juicio de amparo directo se efectúa la interpretación directa de un precepto constitucional, no basta que el Tribunal Colegiado de Circuito lo invoque o lo aplique en su sentencia, sino que es necesario que dicho tribunal desentrañe y explique el contenido de la norma constitucional, determinando su sentido y alcance con base en un análisis gramatical, histórico, lógico o sistemático. Por consiguiente, si la sentencia recurrida no contiene ninguna interpretación en estos términos, no se da el presupuesto necesario para la procedencia del recurso de revisión en el amparo directo."
Lo anterior demuestra lo infundado del agravio que se estudia, pues no se realizó la interpretación directa de los preceptos constitucionales que menciona el recurrente.
En otro aspecto, de la lectura de los conceptos de violación se desprende que lo que el quejoso alegó fueron exclusivamente cuestiones de legalidad; por ende, eso fue lo analizado por el Tribunal Colegiado, y puesto que los supuestos de procedencia del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo, se establecen en los artículos 107, fracción IX, constitucional; 83, fracción V, de la Ley de Amparo; 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales disponen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, caso en que serán recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."
"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:
"...
"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.
"La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
"...
"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."
"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:
...
"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito:
"a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional."
Es claro que, en términos generales, las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno; que la excepción a ese principio se actualiza cuando se impugne la constitucionalidad de una norma general; que se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se haya decidido o se omita decidir sobre esas cuestiones; además, en este supuesto, la materia del recurso de revisión se debe limitar, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.
Luego, para que sea procedente el recurso de revisión necesariamente se debe estar dentro de las hipótesis mencionadas, porque de otra manera el medio de defensa resulta improcedente, por quedar comprendido dentro de la regla general de las sentencias dictadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito.
Ahora bien, esta Segunda Sala respecto a la procedencia del recurso de revisión contra una sentencia pronunciada en amparo directo, sostiene el criterio contenido en la jurisprudencia número 2a./J. 3/96, consultable en la página 218 del Tomo III, febrero de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, REQUISITOS DE SU PROCEDENCIA. La interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX de la Constitución Federal; 83, fracción V de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite determinar que para la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones pronunciadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere que en la demanda de amparo se hubiere impugnado la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, o se hubiere planteado en los conceptos de violación la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que al dictar sentencia el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, haya decidido sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnado; o bien, establecido la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, u omitido el estudio y decisión de estas cuestiones."
En esa tesitura, si como se estableció con anterioridad, no se realizó el estudio de la constitucionalidad de algún precepto legal, ni se realizó la interpretación directa de algún precepto de la Constitución, o se omitió decidir sobre esa cuestión, devienen infundados para revocar el auto que se revisa, los agravios formulados en el recurso de reclamación que se refieren a la supuesta interpretación de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, y a la legalidad de la sentencia que constituyó el acto reclamado.
En el tercer agravio se alega que debe llevarse a cabo una nueva reflexión respecto a la multa que se impuso en el acuerdo impugnado, analizando la buena o mala fe con que se actuó.
Es infundado lo que aquí se aduce, pues como se determinó en el auto que se revisa, el último párrafo del artículo 90 de la Ley de Amparo establece que si se desecha un recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, por no contener dichas sentencias decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, se impondrá al recurrente una multa de treinta a ciento ochenta días de salario, independientemente de la buena o mala fe con que éste se conduzca.
Además, como bien se determinó, la tesis de la Primera Sala de este Máximo Tribunal, cuyo rubro es: "MULTA EN AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. DEBE IMPONERSE SI SE DESECHA EL RECURSO POR NO CONTENER LA SENTENCIA IMPUGNADA DECISIÓN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY O NO ESTABLECER LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UNA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL.", apoya la imposición de la multa, motivo por el cual es infundado el agravio en estudio, sin que dicha sanción implique, como se afirma, que se haga nugatorio el derecho a recurrir una sentencia dictada en un juicio de amparo directo, pues de haber sido procedente el recurso de revisión no se habría impuesto la multa, esto es, no se impide que se recurra una sentencia tratándose de amparo directo.
Las consideraciones que preceden conducen a declarar infundado el presente recurso de reclamación y confirmar el auto recurrido en el que se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el quejoso.
SEXTO. El artículo 103 de la Ley de Amparo dispone, entre otras cuestiones, que si se estima que el recurso de reclamación fue interpuesto sin motivo o de mala fe, se impondrá al recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario mínimo.
Por tanto, con fundamento en el precepto legal en comento, se estima procedente imponer a ... multa por la cantidad de $4,425.75 (cuatro mil cuatrocientos veinticinco pesos 75/100 M.N.), equivalente a ciento cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en la fecha en que se interpuso el recurso de reclamación que era de $42.15 (cuarenta y dos pesos 15/100 M.N.) diarios, bajo los parámetros de que se trata de un asunto de índole civil, pues se advierte la mala fe con la que se ha conducido el reclamante, entorpeciendo la ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio generador del acto reclamado, cuenta habida que, ante la manifiesta improcedencia del recurso de revisión, ahora interpone reclamación sin motivo alguno.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número XXV/89, visible a foja ciento sesenta y cinco, Tomo III, Primera Parte, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"MULTAS EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN. PROCEDE IMPONERLAS CUANDO SE INTERPONE SIN MOTIVO Y CON MALA FE. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 3o. bis y 103 de la Ley de Amparo, procede imponer una multa al recurrente o a su apoderado, a su abogado, o a ambos, cuando de las circunstancias del caso se advierten elementos suficientes para considerar que el recurso fue interpuesto sin motivo y que se actuó de mala fe; lo cual sucede, entre otros supuestos, cuando los agravios son notoriamente inoperantes porque no combaten las consideraciones del acuerdo reclamado, y a la vez resulta notorio que la interposición del recurso busca retardar innecesariamente la resolución definitiva."
Impuesta la multa de mérito, es necesario realizar algunas reflexiones en cuanto a la forma en que debe hacerse efectiva y precisar la autoridad encargada de esa función.
Sobre el particular, la Tercera Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia número 3a./J. 10/88, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, página 267, cuya sinopsis es la siguiente:
"MULTAS IMPUESTAS POR LA SUPREMA CORTE. LA AUTORIDAD HACENDARIA DEBE HACERLAS EFECTIVAS, DE INMEDIATO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Tomando en cuenta que en contra de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia no procede medio de defensa alguno, así como que las mismas se notifican en el juicio respectivo, debe concluirse que cuando en uno de sus puntos resolutivos se impone una multa a alguna o varias de las partes ordenándose comunicarlo a la Tesorería de la Federación para que se haga efectiva, esta autoridad hacendaria debe cobrarla de inmediato a través del procedimiento de ejecución."
Conforme a la anterior jurisprudencia, las multas impuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben hacerse efectivas por la Tesorería de la Federación, a través del procedimiento administrativo de ejecución que, por relación de ideas, debe entenderse previsto en el Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, siendo la jurisprudencia un criterio obligatorio que sobre la interpretación de la ley realizan los órganos jurisdiccionales legalmente facultados, debe ser revisada la vigencia de su observancia conforme a la propia vigencia de las normas jurídicas que sirvieron de base al criterio hermenéutico, a efecto de garantizar la seguridad jurídica y exacta aplicación de la jurisprudencia misma, evitando las confusiones o ambigüedades que pudiera generar la abrogación de la ley interpretada o la derogación de algunos de sus preceptos.
Al cumplir con esa tarea, esta Sala advierte que ya no resulta aplicable la jurisprudencia en comento, pues de acuerdo a las reformas legales al servicio federal de administración tributaria que iniciaron con la creación del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado Servicio de Administración Tributaria, corresponde a éste, a través de sus Administraciones Locales de Recaudación competentes, y no a la Tesorería de la Federación, realizar la recaudación de los aprovechamientos federales, en cuyo rubro se encuentran inmersas las multas que impone el Poder Judicial de la Federación.
Para corroborar esa postura, en principio, debe determinarse la naturaleza de las multas que impone el Poder Judicial de la Federación con motivo del ejercicio de la función jurisdiccional que constitucionalmente tiene encomendada, a propósito de lo cual es pertinente tener en cuenta lo que disponen los artículos 1o., 2o. y 3o. del Código Fiscal de la Federación:
"Artículo 1o. Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas; las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico.
"La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente.
"El asociante está obligado a pagar contribuciones y cumplir las obligaciones que establecen este código y las leyes fiscales por la totalidad de los actos o actividades que se realicen, mediante cada asociación en participación de la que sea parte.
"Los Estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos Estados.
"Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes."
"Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:
"I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17617-f35a003c/multas-impuestas-por-el-poder-judicial-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- RECLAMACIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O ACTOS DE AUTORIDAD. (RECURSO DE RECLAMACIÓN 73/2003-PL)
- MULTA EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN. NO DEBE IMPONERSE CUANDO LO INTERPONE UN PERITO EN DERECHO EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD, CON LA FINALIDAD DE TUTELAR ESE (RECURSO DE RECLAMACIÓN 243/2005-PL)
- NOTIFICACIONES EN AMPARO. SI NO SE ORDENÓ SU PRÁCTICA EN UNA FORMA ESPECÍFICA, Y SE REALIZARON DOS O MÁS DILIGENCIAS RESPECTO DE UNA MISMA RESOLUCIÓN, SE TOMARÁ EN CUENTA, PARA TOD (RECURSO DE RECLAMACIÓN 114/2004-PL)
- INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. (RECURSO DE RECLAMACIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- APLICACION DE LA LEY. (s/clave)
- LEYES, OBLIGATORIEDAD DE LAS. (s/clave)
- ACTO RECLAMADO. (s/clave)
- LEYES PROHIBITIVAS. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis