CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL CORRECTO DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL, EN EL CASO DEL PERITO DESIGNADO POR EL MINISTRO INSTRUCTOR, DEBE DARSE VISTA A LA OFERENTE CON LA RESPECTIVA PLANILLA DE GASTOS Y HONORARIOS, PARA QUE HAGA LAS MANIFESTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 181/2004-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 47/2003. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-En el agravio esgrimido por la parte recurrente, esencialmente aduce que la designación del ingeniero Emilio López Garrido como perito de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin habérsele dado vista con la planilla de gastos y honorarios, para que pudiera realizar manifestaciones al respecto, incumple con los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto del Acuerdo 5/1998 del Tribunal Pleno.
Asimismo, manifiesta que debe rechazarse el presupuesto presentado y en su caso designar otro perito en virtud de que dicho presupuesto resulta desproporcionado y excesivo.
En primer término se analizará el argumento de que el Ministro instructor debía dar vista al Poder Ejecutivo demandado con la planilla de gastos y honorarios para que manifestara lo que a su interés conviniera, para lo cual resulta procedente citar lo dispuesto por el artículo 32 de la ley reglamentaria de la materia que dispone:
"Artículo 32. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que se haga relación de ella en la propia audiencia y se tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.
"Las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular deberán anunciarse diez días antes de la fecha de la audiencia, sin contar esta última ni la de ofrecimiento, exhibiendo copia de los interrogatorios para los testigos y el cuestionario para los peritos, a fin de que las partes puedan repreguntar en la audiencia. En ningún caso se admitirán más de tres testigos por cada hecho.
"Al promoverse la prueba pericial, el Ministro instructor designará al perito o peritos que estime convenientes para la práctica de la diligencia. Cada una de las partes podrá designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Ministro instructor o rinda su dictamen por separado. Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el Ministro instructor deberá excusarse de conocer cuando en él ocurra alguno de los impedimentos a que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."
El precepto citado, en lo que al caso interesa, prevé que el Ministro instructor designará al o a los peritos que estime convenientes para la práctica de la diligencia, es decir el nombramiento no se encuentra sujeto a que las partes manifiesten su conformidad con el mismo, sino que se trata de una facultad que tiene el Ministro instructor dentro del procedimiento.
Ahora bien, en la citada ley reglamentaria no se contiene disposición alguna que regule lo relativo al pago de los gastos y honorarios del perito que sea designado por el Ministro instructor, siendo menester acudir al Acuerdo General del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de once de junio de mil novecientos noventa y ocho, que regula dicho tópico y en cuyos puntos conducentes señala:
"PRIMERO. Los gastos y honorarios del perito nombrado conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 32 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el Ministro instructor de una controversia constitucional, serán pagados por la parte que ofrece la prueba.
"SEGUNDO. El perito designado por el Ministro instructor, al aceptar el cargo y formular la protesta de ley correspondiente, previo traslado que se le dé con copia del cuestionario de la prueba pericial y de los demás elementos de juicio que el instructor considere necesarios, presentará una planilla que contenga el monto y la calendarización de sus gastos y el monto de sus honorarios.
"TERCERO. El Ministro instructor dará vista a la parte oferente de la prueba con la planilla a que se refiere el punto inmediato anterior y la requerirá, mediante notificación personal, para que exhiba a disposición de dicho Ministro los billetes de depósito respectivos expedidos por Nacional Financiera, S.N.C., en los términos y plazos que establezca el propio instructor.
"...
"QUINTO. Si la oferente no exhibe, dentro del plazo de diez días hábiles, los billetes de depósito a que se refiere el punto tercero, se declarará la deserción de la prueba.
"...
"SÉPTIMO. En lo no previsto expresamente en el presente acuerdo, el Ministro instructor podrá acordar lo correspondiente siguiendo los lineamientos generales dados en el mismo."
De los puntos anteriores se desprende que los gastos y honorarios del perito designado por el Ministro instructor, serán pagados por la parte que ofrece la prueba; que el mencionado perito al aceptar el cargo y formular la protesta de ley, presentará una planilla que contenga el monto y la calendarización de sus gastos y el monto de sus honorarios; que el Ministro instructor dará vista a la parte oferente de la prueba con la planilla de referencia y la requerirá para que exhiba los billetes de depósito respectivos expedidos por Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito en los términos y plazos que el propio instructor establezca; que si no son exhibidos dentro del plazo de diez días se declarará la deserción de la prueba y, que en lo no previsto expresamente, el Ministro instructor podrá acordar lo correspondiente, siguiendo los lineamientos generales que el propio acuerdo prevé.
Así pues, en las citadas disposiciones se establece que el Ministro instructor deberá dar vista al oferente con la planilla de gastos y honorarios, aunque no prevé que deba darle término para que haga manifestaciones con respecto a ella, es menester tomar en cuenta cuál es la finalidad que se persigue al dar vista a alguna de las partes, que es precisamente hacer de su conocimiento determinada situación dentro del procedimiento y que tengan oportunidad de manifestar lo que consideren oportuno en relación con ello.
Aunado a lo anterior y toda vez que en las disposiciones de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional y del Acuerdo General 5/1998, no se encuentra expresamente señalado si debe darse término o no a la parte oferente con la planilla de gastos y honorarios para que puedan hacer manifestaciones al respecto, es preciso acudir a lo que prevé el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de referencia.
El artículo 160 del citado código federal establece:
"Artículo 160. Para el pago de los honorarios de que trata el artículo anterior, los peritos presentarán, al tribunal, la correspondiente regulación, de la cual se dará vista, por el término de tres días, a la parte o partes que deban pagarlos.
"Transcurrido dicho término, contesten o no las partes, hará el tribunal la regulación definitiva, y ordenará su pago, teniendo en consideración, en su caso, las disposiciones arancelarias. Esta resolución es apelable si los honorarios reclamados exceden de mil pesos.
"En caso de que el importe de honorarios se hubiere fijado por convenio, se estará a lo que en él se establezca."
Este precepto, en lo que interesa establece que deberá darse vista con la regulación de honorarios por el término de tres días a la parte que deba pagarlos, pudiendo ésta presentar su contestación en relación con dicha regulación.
Ahora bien, del auto impugnado se desprende que la Ministra instructora designó como perito en materia de ingeniería civil al ingeniero Emilio López Garrido, y que en ese mismo acuerdo, dio vista a la parte oferente de la prueba para que de conformidad con la planilla presentada por el citado profesionista, dentro del plazo de diez días hábiles, exhibiera a disposición de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cinco billetes de depósito expedidos por institución financiera autorizada para ello, siendo evidente que efectivamente como aduce el recurrente no le dio oportunidad para hacer manifestación alguna al respecto, en contravención a la finalidad perseguida en el Acuerdo General 5/1998 y al texto del artículo 160 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.
Asimismo, no pasa inadvertido para este Alto Tribunal que previo a la designación del perito citado, la Ministra instructora había designado como perito al ingeniero Eduardo Loyo Marentes y que con la planilla de gastos y honorarios presentada por éste, dio vista a la parte oferente, dándole término para que hiciera manifestaciones al respecto (fojas 779 del expediente de la controversia constitucional 47/2003), por lo que atendiendo a los principios de derecho a la tutela jurisdiccional y de gratuidad en la impartición de justicia consagrados por el artículo 17 constitucional, en relación con la segunda designación de perito, la citada Ministra debió haber actuado en los mismos términos.
En atención a lo expuesto, al haber resultado fundado el agravio analizado, con la planilla de gastos y honorarios presentada por el perito designado, debe darse vista al oferente de la prueba por el término de tres días para que haga las manifestaciones que estime convenientes; cabiendo hacer la aclaración que la decisión sobre la designación del perito será tomada por la Ministra instructora, quien para ello se basará en la idoneidad del citado especialista para rendir la prueba ofrecida.
Atento a lo anterior, resulta innecesario ocuparse del estudio de los restantes argumentos de la parte recurrente, tendentes a evidenciar que debe revocarse el auto recurrido, ya que a ningún fin práctico conduciría, siendo aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia P./J. 100/99, visible en la página setecientos cinco, Tomo X, correspondiente a septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica:
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ.-Si se declara la invalidez del acto impugnado en una controversia constitucional, por haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez propuestos por la parte actora, situación que cumple el propósito de este juicio de nulidad de carácter constitucional, resulta innecesario ocuparse de los restantes argumentos de queja relativos al mismo acto.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente y fundado el presente recurso de reclamación.
SEGUNDO.-Se revoca el auto recurrido de catorce de junio de dos mil cuatro, dictado en la controversia constitucional 47/2003.
TERCERO.-Devuélvase el expediente a la Ministra instructora para los efectos señalados en la parte final del último considerando.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Juan Díaz Romero. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18426-fcceff0e/controversia-constitucional-para-el-correcto-desahogo-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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