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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTAD, PERO NO OBLIGACIÓN, DE RECABAR PRUEBAS, PREVIAMENTE A LA DECISIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN. SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA ALGUNA DE LAS PROHIBICIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, CUANDO DICHA MEDIDA SE CONCEDE PARA QUE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, SE ABSTENGAN DE EJECUTAR DENTRO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ACTOS DIRECTAMENTE VINCULADOS CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN, MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA LAGO DE GUADALUPE.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 330/2004-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 98/2004. · Registro digital (IUS): 18731
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 839.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 330/2004-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 98/2004. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-A continuación se analizarán los planteamientos del recurrente que quedaron sintetizados en el resultando tercero de esta resolución.

En primer término, cabe aclarar que en cuanto a los agravios en los que se aduce violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, resultan inatendibles en razón de que en los recursos de reclamación, de manera exclusiva, se estudian las posibles violaciones al procedimiento que rige en este tipo de juicios de control constitucional, a la luz de la ley reglamentaria de la materia, por tanto, no es posible atender argumentos relativos a transgresiones de preceptos constitucionales.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 139/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, visible en la página mil cuarenta y tres, Tomo XV, de enero de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN DICHO RECURSO CUANDO SE REFIERAN A LA CONTRAVENCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL MINISTRO INSTRUCTOR.-De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conocimiento de las controversias constitucionales estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su tramitación y resolución se rigen por las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia y, a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante su instrucción o procedimiento se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones de los ordenamientos invocados. En consecuencia, si en el recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal por parte del Ministro instructor, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que a través del citado recurso este Alto Tribunal podrá corregir dentro de aquél las irregularidades del procedimiento que en su caso hubieran existido."

Previo al análisis de los restantes agravios, cabe precisar cuáles son los actos respecto de los cuales se concedió la medida cautelar. Así, tenemos que en la demanda de controversia constitucional los actos que se impugnan son:

"Un convenio de colaboración celebrado entre las ahora demandadas de fecha dieciocho de marzo del año dos mil cuatro, de (sic) cuyo objeto es para la ejecución de una obra que las demandadas denominan ‘pavimentación, modernización y ampliación de la Avenida Lago de Guadalupe’, la cual pretenden ejecutar tomando una sección de terreno de 10.5 metros de ancho en dos sentidos que se encuentra ubicada en paralelo al camino existente que la empresa denominada Volvo Buses de México, S.A. de C.V., usa como entrada y salida de sus vehículos y personal que en esa labora, cuya sección de terreno corresponde a la parcela número 119 y zanja de riego de uso común ejidal ubicadas dentro del polígono territorial de naturaleza jurídica ejidal propiedad del ejido denominado ‘Santiago Teoyahualco’ o ‘Santiago Teyahualco’ ubicado dentro del territorio y jurisdicción del Municipio de Tultepec, Estado de México. ..."

Por su parte, en el auto recurrido se concedió la suspensión en los siguientes términos:

"... toda vez que el Municipio de Tultepec, Estado de México, señala que el acto impugnado se realizará en su territorio, lo que será materia de la resolución que en su oportunidad se dicte, el Ministro instructor sin prejuzgar sobre el fondo de la controversia, estima pertinente conceder la medida cautelar para que la autoridad demandada, así como el Municipio de Tultitlán al que se le reconoció el carácter de tercero interesado, se abstengan de ejercer cualquier acto de gobierno en el territorio del Municipio actor, hasta en tanto se dicte sentencia en este asunto ..."

De lo anterior se colige que la medida cautelar se concedió para que la autoridad demandada y el Municipio tercero interesado se abstengan de ejecutar dentro del territorio del Municipio actor, actos directamente vinculados con el convenio de colaboración para "la pavimentación, modernización y ampliación de la Avenida Lago de Guadalupe".

Ahora bien, a efecto de determinar si resultan fundados los agravios aducidos por el recurrente, es necesario analizar cómo se encuentra regulada la figura de la suspensión en materia de controversias constitucionales, al respecto cabe citar los artículos relativos de la ley reglamentaria de la materia, que dicen:

"Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el Ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable.

"La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales."

"Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante."

"Artículo 16. La suspensión se tramitará por vía incidental y podrá ser solicitada por las partes en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia definitiva."

"Artículo 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva."

Los artículos citados regulan lo relativo a la suspensión en controversias constitucionales y de ellos se desprenden las características esenciales del incidente de suspensión como son:

1) Procede de oficio o a petición de parte y podrá ser decretada hasta antes de que se dicte sentencia definitiva, con base en los elementos proporcionados por las partes o que sean recabados por el Ministro instructor de acuerdo con su facultad para mejor proveer.

2) No podrá otorgarse en los casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales.

3) No podrá concederse cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.

4) Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.

Estos elementos permiten advertir que la suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un juicio.

Asimismo, por lo que hace a la tramitación de la suspensión del precitado artículo 16, en lo que interesa, se desprende que será vía incidental, lo que se traduce en que dicha cuestión se siga en un expediente por cuerda separada del principal, para cuyo trámite deberá estarse a lo que la ley en particular prevé al respecto.

De acuerdo con lo anterior, es de concluir que la ley reglamentaria de la materia, en lo relativo a la suspensión, no establece que en el trámite de dicho incidente deba darse intervención a las partes en la controversia constitucional, sino únicamente prevé que aquélla se concederá con base en los elementos proporcionados por las partes o recabados por el Ministro de acuerdo con sus facultades para mejor proveer (artículo 14 en relación con el 35) y que deben tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares del juicio (artículo 18).

Ahora bien, el recurrente aduce que se viola el artículo 16 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de que conforme con el primer precepto señalado la suspensión debe tramitarse vía incidental y de acuerdo con el segundo debe dársele vista por un plazo de tres días para que haga las manifestaciones que estime conducentes.

En relación con lo anterior, cabe señalar que son infundados los argumentos del recurrente, en virtud de que para conceder la suspensión sí se cumplió con lo previsto por el artículo 16 de la ley reglamentaria de la materia, es decir, se tramitó por vía incidental en los términos antes anotados, es decir, se siguió en un expediente por cuerda separada del principal.

Por lo que hace al artículo 360 del Código Federal del Procedimientos Civiles, cabe señalar que en el caso no resulta aplicable de manera supletoria, ya que la figura de la suspensión se encuentra debidamente regulada en el capítulo II, sección II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, por tanto, de conformidad con el principio de especialidad de la materia, deberá estarse a lo previsto en dicha ley.

Resulta aplicable en lo toral, la tesis de jurisprudencia P./J. 14/97, sustentada por el Tribunal Pleno, visible en la página quinientos setenta y nueve, Tomo V, de febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. INTERÉS JURÍDICO EN MATERIA SUSPENSIONAL, NO ES SUPLETORIO EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.-En la materia propia del ámbito suspensional, rigen las normas específicas de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según se establece en la sección II (De la suspensión), del capítulo II (De los incidentes), del título II (De las controversias constitucionales). De las mismas se infiere que las disposiciones relacionadas con la materia de la suspensión del acto que hubiere motivado la controversia constitucional son específicas y, por tanto, resultan inaplicables los preceptos del Código Federal de Procedimientos Civiles, sobre todo en lo referente al tema del interés jurídico del actor para solicitar la medida suspensional, que ni siquiera regula el ordenamiento adjetivo de referencia."

Por otra parte, el recurrente aduce violación a los artículos 14 y 35 de la ley reglamentaria de la materia, puesto que no se le concedió el derecho para manifestar lo que a su interés correspondiera, y que el Ministro instructor omitió recabar mayores elementos a los que se refiere el segundo de los preceptos señalados.

Respecto a la primera parte del argumento anterior, no le asiste la razón al recurrente, toda vez que como quedó asentado en la presente resolución, la ley reglamentaria de la materia no establece que para conceder la suspensión deba darse intervención a las partes a fin de que puedan hacer manifestaciones.

Asimismo, es infundado lo aducido en relación con la omisión de recabar mayores elementos, puesto que el Ministro instructor tiene libertad de apreciar las pruebas que obren en autos y si lo estima conveniente puede allegarse de los elementos que considere necesarios, por lo que contrario a lo señalado por el recurrente, ello no constituye una obligación, sino que se trata de una potestad.

Al respecto, el artículo 35 de la ley reglamentaria de la materia, dice:

"Artículo 35. En todo tiempo, el Ministro instructor podrá decretar pruebas para mejor proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo. Asimismo, el propio Ministro podrá requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto."

El precepto citado ha sido interpretado por este Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia P./J. 15/97, sustentada por el Tribunal Pleno, visible en la página quinientos nueve, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTAD, PERO NO OBLIGACIÓN, DE RECABAR PRUEBAS, PREVIAMENTE A LA DECISIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN.-El artículo 14 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte relativa, establece que la suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor, en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable, y este último precepto señala que, en todo tiempo, dicho Ministro ‘podrá’ decretar pruebas para mejor proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo, y también ‘podrá’ requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto. De lo anterior no se desprende que el Ministro instructor, en una controversia constitucional, tenga la obligación, previamente a determinar sobre la medida suspensional, de recabar pruebas de las partes, sino una facultad para hacerlo, que no tiene que ejercitar cuando, a su juicio, cuenta con los elementos necesarios para proveer lo relativo al respecto."

No es contrario a lo anterior, lo expresado por el recurrente respecto a que tal facultad se encuentra condicionada a que hayan sido desahogadas las pruebas de las partes, ya que según quedó asentado, la suspensión podrá ser concedida en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva, sin que la ley reglamentaria de la materia prevea el citado requisito.

Respecto a lo manifestado por el recurrente en el sentido de que con el auto recurrido se contraviene lo previsto por el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia, ya que no tomó en cuenta las prohibiciones que establece el citado precepto, puesto que no contó con los elementos para determinar si se actualizaban en el caso dichas hipótesis por no habérsele dado oportunidad para hacer manifestaciones al respecto, no le asiste la razón, toda vez que como se desprende del propio acuerdo impugnado, el Ministro instructor sí tomó en cuenta las prohibiciones establecidas por el precitado numeral, tan es así que estimó que al no surtirse ninguna de ellas era procedente conceder la suspensión.

Finalmente, cabe señalar que, contrario a lo aducido por el poder recurrente, en el caso no se presenta ninguna de las prohibiciones previstas por el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia, específicamente la que hacen consistir en que al suspender la construcción de una vía de comunicación con la que se llevaría progreso al gobierno de ese Estado y se crearían nuevos empleos, ocasionaría un perjuicio a los pobladores de las comunidades circunvecinas al ejido "Santiago Teoyahualco" o "Santiago Teyahualco", en virtud de que en todo caso únicamente se causaría un perjuicio a un determinado número o grupo de personas y no a la sociedad en general con lo que no se actualiza la prohibición alegada.

Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. II/2003, de la Segunda Sala de este tribunal, visible en la página setecientos treinta y siete, Tomo XVII, de febrero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE UN TRAMO CARRETERO. SU OTORGAMIENTO NO PONE EN PELIGRO A LAS INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, NI IMPLICA UNA AFECTACIÓN GRAVE A LA SOCIEDAD EN PROPORCIÓN MAYOR A LOS BENEFICIOS QUE PUDIERA OBTENER EL SOLICITANTE.-La suspensión otorgada respecto de los trabajos de ampliación y mejoramiento de un tramo carretero, no transgrede el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no pone en peligro a las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, que han sido definidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellas derivadas de los principios básicos que tienen como objetivo construir y definir la estructura política del Estado mexicano, así como proteger y hacer efectivas las disposiciones de la Constitución Federal, dando estabilidad y permanencia a la nación en su conjunto, pues rigen su vida política, social y económica (tesis de jurisprudencia P./J. 21/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 950), ya que las carreteras no pueden ser consideradas como un principio básico de la estructura política del país o de protección y efectividad de las disposiciones constitucionales que dé estabilidad y permanencia a la nación mexicana, ni la concesión de la medida cautelar suspensional implica una afectación grave a la sociedad en proporción mayor a los beneficios que pudiera obtener el solicitante, pues mientras que con la suspensión de la obra referida se deja de beneficiar a los usuarios del tramo carretero relativo y se preserva la materia de la controversia, con la negativa a otorgarla se presenta el riesgo de que cesen los efectos del acto cuya invalidez se demanda y, por tanto, que queden fuera de control actuaciones autoritarias contrarias al orden constitucional."

En atención a todo lo expuesto y al haber resultado infundados los agravios hechos valer, procede confirmar el auto recurrido.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación.

SEGUNDO.-Se confirma el acuerdo recurrido de nueve de noviembre de dos mil cuatro, dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 98/2004.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Armando Valls Hernández, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente).

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18731-c835be78/controversia-constitucional-el-ministro-instructor-tiene-facultad-pero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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