COMISIÓN DE RECESO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LIMITA LA ACTUACIÓN DE DICHA COMISIÓN A LOS ASUNTOS URGENTES, PERO SÓLO EN CUESTIONES ADMINISTRATIVAS, YA QUE TRATÁNDOSE DE ASUNTOS JURISDICCIONALES SE RIGE, CON MAYOR AMPLITUD, POR OTRAS NORMAS. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA AUSENCIA TEMPORAL DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O DEL MINISTRO INSTRUCTOR DESIGNADO EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS, NO PARALIZA SU SUSTANCIACIÓN.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 372/2004-PL, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 109/2004. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Previamente al análisis de los agravios aducidos por el recurrente, este Tribunal Pleno considera pertinente señalar que el artículo 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"Artículo 39. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada."
De este numeral se desprende que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, está facultada para que al momento de dictar sentencia examine en su conjunto los razonamientos de las partes, con la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada.
En el caso, de la lectura integral del oficio por el que el recurrente interpuso el presente recurso de reclamación, este Tribunal Pleno advierte que el recurrente señaló lo siguiente: "... Se procede a presentar el presente ocurso, ad cautelam y sin perjuicio del incidente de nulidad que se hizo valer previamente a la presentación de este escrito, en el que se promovió la nulidad del auto admisorio de la demanda, en razón de que, de conformidad al Acuerdo General 12/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso del segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente estaban facultados para proveer trámites urgentes en las controversias constitucionales, sin que, para ninguna de las actuaciones realizadas por dicha Comisión de Receso se haya expresado la causa de la urgencia ni la razón por la que hayan alterado las normas esenciales que rigen el procedimiento, por lo que todas las actuaciones rendidas en el procedimiento son nulas de pleno derecho. ...", de lo que se desprende que se cuestionan las facultades de este Tribunal Constitucional para actuar en sus periodos de receso de sesiones, por conducto de la Comisión de Receso, y de ahí que también deba analizarse el contenido del Acuerdo General 12/2004.
Por tanto, ante tales planteamientos y a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada, en primer término se analizarán las facultades de este Tribunal Constitucional para actuar en sus periodos de receso, por conducto de la Comisión de Receso y, en consecuencia, la validez del Acuerdo General 12/2004 emitido por el Tribunal Pleno, en sesión privada de veintinueve de noviembre de dos mil cuatro.
En cuanto a las facultades de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer y resolver las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, resulta necesario precisar que el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal, a partir de las reformas de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro y agosto de mil novecientos noventa y seis, dispone:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal;
"b) La Federación y un Municipio;
"c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;
"d) Un Estado y otro;
"e) Un Estado y el Distrito Federal;
"f) El Distrito Federal y un Municipio;
"g) Dos Municipios de diversos Estados;
"h) Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
"j) Un Estado y un Municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y
"k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.
"Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
"En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;
"b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano;
"d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y
"e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia asamblea.
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.
"La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.
"Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
"Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos. ..."
Con motivo de las citadas reformas constitucionales, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se consolidó como Tribunal Constitucional con competencia exclusiva para tramitar y resolver las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, en tanto son medios de control directo de la Constitución Federal.
Estos medios de control constitucional son de suma importancia en el sistema jurídico mexicano, ya que a través de ellos se lleva a cabo un control de la regularidad de los actos y normas generales respecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para lograr, con ello, el fortalecimiento del Estado de derecho que debe imperar en el país.
Lo anterior se corrobora de la exposición de motivos, presentada por el Poder Ejecutivo Federal, en la iniciativa de reformas en comento, la cual, en ese aspecto, no fue modificada por la Cámara de Origen, ni por la Cámara Revisora, al aprobar los dictámenes correspondientes. En dicha iniciativa se señaló, en lo que al caso interesa, lo siguiente:
"... Las controversias constitucionales. ... Adicionalmente a las reformas constitucionales de carácter orgánico y estructural descritas en el apartado anterior, la iniciativa propone llevar a cabo una profunda modificación al sistema de competencias de la Suprema Corte de Justicia para otorgarle de manera amplia y definitiva, el carácter de Tribunal Constitucional. ... Una de las demandas de nuestros días es la de arribar a un renovado federalismo. Ello hace indispensable encontrar las vías adecuadas para solucionar las controversias que en su pleno ejercicio pueda suscitar. Por este motivo, se propone la modificación del artículo 105 a fin de prever en su fracción primera las bases generales de un nuevo modelo para la solución de las controversias sobre la constitucionalidad de actos que surjan entre la Federación y un Estado o el Distrito Federal, la Federación y un Municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso la Comisión Permanente, sea como órganos federales o del Distrito Federal, dos Estados, un Estado y el Distrito Federal, el Distrito Federal y un Municipio, dos Municipios de diversos Estados, dos poderes de un mismo Estado, un Estado y uno de sus Municipios, y dos órganos del Distrito Federal o dos Municipios de un mismo Estado. Con la modificación propuesta, cuando alguno de los órganos mencionados en el párrafo anterior estime vulnerada su competencia por actos concretos de autoridad o por disposiciones generales provenientes de otro de esos órganos podrá ejercitar las acciones necesarias para plantear a la Suprema Corte la anulación del acto o disposición general. El gran número de órganos legitimados por la reforma para plantear las controversias constitucionales es un reconocimiento a la complejidad y pluralidad de nuestro sistema federal. Todos los niveles de gobierno serán beneficiados con estas reformas. El otorgamiento de estas nuevas atribuciones reconoce el verdadero carácter que la Suprema Corte de Justicia tiene en nuestro orden jurídico el de ser un órgano de carácter constitucional. Es decir, un órgano que vigila que la Federación, los Estados y los Municipios actúen de conformidad con lo previsto por nuestra Constitución. ... Las acciones de inconstitucionalidad. ... Mientras que en el amparo se requiere de una afectación de las garantías individuales y en las controversias constitucionales de una invasión de esferas, las acciones de inconstitucionalidad se promueven con el puro interés genérico de preservar la supremacía constitucional. Se trata, entonces, de reconocer en nuestra Carta Magna una vía para que una representación parlamentaria calificada, o el procurador general de la República, puedan plantearle a la Suprema Corte de Justicia si las normas aprobadas por la mayoría de un órgano legislativo son, o no, acordes con la Constitución. Siendo indudable que México avanza hacia una pluralidad creciente, otorgar a la representación política la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia para que determine la constitucionalidad de una norma aprobada por las mayorías de los congresos, significa, en esencia, hacer de la Constitución el único punto de referencia para la convivencia de todos los grupos o actores políticos. Por ello, y no siendo posible confundir a la representación mayoritaria con la constitucionalidad, las fuerzas minoritarias contarán con una vía para lograr que las normas establecidas por las mayorías se contrasten con la Constitución a fin de ser consideradas válidas."
De igual forma, la importancia de estos medios de control constitucional también se refleja en la exposición de motivos que se presentó por el Poder Ejecutivo Federal, en la iniciativa de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, aspecto que tampoco fue modificado por la Cámara de Origen, ni por la Cámara Revisora al aprobar los dictámenes correspondientes. En dicha iniciativa se señaló lo siguiente:
"... Mediante los procedimientos de controversia constitucional y de acciones de inconstitucionalidad será posible garantizar plenamente la supremacía de la Constitución de una manera general, y no como hasta ahora había acontecido en nuestro orden jurídico, sólo por la vía del juicio de amparo en el caso de la violación de garantías individuales. La diferencia fundamental entre los procedimientos de amparo y del artículo 105 constitucional es muy clara: en el juicio de amparo se tutelan intereses directos de los gobernados y sólo de manera indirecta se protege a la Constitución, mientras que los procedimientos instituidos en las fracciones I y II del artículo 105 constitucional se conciben como instrumentos de protección directa de nuestra Carta Magna. ... Debido a la variedad de posibilidades de control de constitucionalidad que se abrieron con la reforma y a las importantes atribuciones con que para resolverlas cuenta la Suprema Corte de Justicia, cabe afirmar que la misma se ha constituido en un auténtico Tribunal Constitucional. Ello redunda, necesariamente, en el fortalecimiento del Estado de derecho y en el desarrollo del régimen federal que los mexicanos estamos empeñados en consolidar. En efecto, desde el momento en que la Suprema Corte de Justicia cuenta con nuevas atribuciones para revisar la regularidad de las normas establecidas por los poderes u órganos públicos, la actuación de esos poderes u órganos se somete de un modo preciso al derecho y, particularmente, a nuestra Constitución Política. ... Si el deseo y aspiración de todos los mexicanos se dirige a lograr una sociedad en la que impere el derecho y se reconozca y admita la pluralidad y diversidad de opinión de sus integrantes, los procedimientos previstos en el artículo 105 constitucional constituyen un importante elemento para lograrlo. En este sentido, cuando un órgano cuenta con los procedimientos para impugnar un acto o norma emitido por otro órgano, se da la posibilidad que los conflictos entre ellos encuentren una vía jurídica de solución y, por ende, que se mantenga la paz social. ..."
Aunado a lo anterior, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional establece que en estos medios de control constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúa como tribunal de instrucción, ya que una vez presentada la demanda, el presidente de este Alto Tribunal la turna a uno de los Ministros para que funja como instructor del procedimiento, el que, tratándose de controversias constitucionales, proveerá sobre la admisión o el desechamiento según corresponda, el emplazamiento y la vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y fijará fecha para la celebración de la audiencia en la que se ofrecerán y desahogarán las pruebas, los alegatos y, por último, elaborará el proyecto de sentencia, mientras que tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el Ministro que haya sido designado como instructor proveerá sobre la admisión o el desechamiento de la acción según corresponda, requerirá a las autoridades para que rindan sus informes, proveerá sobre el cierre de instrucción y finalmente elaborará el proyecto de resolución.
Todo lo anterior pone de manifiesto que en la tramitación y resolución de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad, este Tribunal Constitucional actúa como tribunal de proceso en única instancia, y está obligado a hacer efectivos los postulados del artículo 17 de la Constitución Federal.
En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio fundamental de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por un tribunal imparcial en forma expedita, completa y gratuita, y al respecto señala:
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ..."
Ahora bien, resulta conveniente precisar que para el trámite de los citados medios de control constitucional, los artículos 14, fracción II, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 24 y 64, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente:
"Artículo 14. Son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia:
"...
"II. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución. ..."
"Artículo 24. Recibida la demanda, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designará, según el turno que corresponda, a un Ministro instructor a fin de que ponga el proceso en estado de resolución."
"Artículo 64. Iniciado el procedimiento, conforme al artículo 24, si el escrito en que se ejercita la acción fuere oscuro o irregular, el Ministro instructor prevendrá al demandante o a sus representantes comunes para que hagan las aclaraciones que correspondan dentro del plazo de cinco días. Una vez transcurrido este plazo, dicho Ministro dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y el órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. Tratándose del Congreso de la Unión, cada una de las Cámaras rendirá por separado el informe previsto en este artículo. ..."
De los preceptos transcritos se desprende que es atribución del presidente de esta Suprema Corte de Justicia, tramitar los asuntos de la competencia del Tribunal Pleno y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución; y en lo relativo a la instrucción de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, que una vez recibida la demanda, el presidente designará, conforme al turno que corresponda, a un Ministro instructor a fin de que ponga el procedimiento en estado de resolución.
Igualmente, dichas facultades encuentran justificación en la naturaleza propia de los diferentes medios de control constitucional cuya competencia exclusiva corresponde a este Alto Tribunal, lo que se corrobora con lo dispuesto expresamente por la fracción II del artículo 105 constitucional, en la que se establece que el plazo para la promoción de las acciones de inconstitucionalidad se computará en días naturales -es decir, todos los días calendario-, lo que reitera el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone, en lo conducente, lo siguiente:
"Artículo 13. Tratándose de las ausencias del presidente que no requieran licencia, el mismo será suplido por los Ministros en el orden de su designación; ..."
Del citado precepto se desprende que en las ausencias del presidente de este Alto Tribunal que no requieran de licencia, éste será suplido en sus atribuciones, por los Ministros en el orden de su designación.
Luego entonces, el hecho de que el presidente de este Alto Tribunal se encuentre temporalmente ausente, ello no paraliza el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas en la sustanciación de los asuntos jurisdiccionales, competencia de esta Suprema Corte de Justicia, ya que legalmente se encuentra prevista la suplencia correspondiente para dichos casos.
De igual manera, puede presentarse el caso de que los Ministros, que conforme al turno correspondiente hayan sido designados instructores en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad, durante los periodos ordinarios de sesiones de este Alto Tribunal, se encuentren ausentes por razón de licencia, vacaciones, comisión, permiso u otra razón análoga, y ello pudiera traducirse en una dilación del procedimiento respectivo, por lo que es necesaria su suplencia. Al respecto, este Tribunal Pleno en sesión privada de diecisiete de febrero de dos mil, emitió el Acuerdo 3/2000, relativo a la suplencia en caso de ausencia de algún Ministro instructor para la sustanciación de estos medios de control constitucional, en el que determinó que en estos casos, el presidente de la Suprema Corte, mediante acuerdo, podrá turnar el asunto a otro Ministro para que continúe con la instrucción del procedimiento respectivo, hasta en tanto se reincorpore a sus labores el Ministro designado instructor, ello con la finalidad de evitar una dilación en el procedimiento correspondiente.
Asimismo, en el citado acuerdo también se determinó que en los periodos de receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sustitución aludida se hará por cualquiera de los Ministros integrantes de la Comisión de Receso.
Todo lo anterior, pone de manifiesto que tanto constitucional como legalmente existe un sistema completo de suplencias que garantiza la función ininterrumpida de este Tribunal Constitucional en los asuntos jurisdiccionales de su exclusiva competencia, como son, precisamente, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.
Por otra parte, los artículos 3o. y 14, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen lo siguiente:
"Artículo 3o. La Suprema Corte de Justicia tendrá cada año dos periodos de sesiones; el primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio; el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre."
"Artículo 14. Son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia:
"...
"XVIII. Nombrar al Ministro o Ministros que deban proveer los trámites en asuntos administrativos de carácter urgente durante los periodos de receso de la Suprema Corte de Justicia; ..."
Del primero de los preceptos transcritos se desprende que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá cada año dos periodos de sesiones, a los cuales corresponderán dos periodos de receso, los que transcurrirán durante la segunda quincena del mes de julio y durante la segunda quincena del mes de diciembre. Del segundo de los artículos citados se advierte, en lo que al caso interesa, que deberán ser Ministros, los encargados de proveer los trámites urgentes durante los periodos de receso de este Alto Tribunal.
Cabe precisar que cuando el citado artículo 14, fracción XVIII, se refiere a que es facultad del presidente de esta Suprema Corte nombrar al Ministro o Ministros que deban proveer los trámites en asuntos administrativos de carácter urgente durante los periodos de receso, ello debe entenderse en el sentido de que este precepto únicamente limita la actuación de los Ministros integrantes de la Comisión de Receso tratándose de asuntos urgentes a las cuestiones administrativas, mas no a las cuestiones jurisdiccionales, ello es así porque, como ya quedó precisado, tratándose de asuntos jurisdiccionales de la competencia de este Alto Tribunal, no puede paralizarse su actuación por encontrarse en receso de sesiones.
Al respecto, conviene señalar que el texto de este numeral fue resultado de la reforma de mil novecientos noventa y cinco, en la que el Poder Ejecutivo Federal presentó iniciativa para la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, en lo relativo a la discusión del precepto en comento, esta iniciativa fue modificada por la Cámara de Senadores, en su dictamen de veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco, en los siguientes términos:
"... g) Al artículo 14 en su fracción XVIII que se refiere a los recesos de la Suprema Corte de Justicia.
"En la iniciativa se propone que sea facultad del presidente de la Suprema Corte, nombrar a la persona o personas que deban proveer los trámites en asuntos administrativos de carácter urgente durante los periodos de receso.
"Dada la importancia de las funciones del más Alto Tribunal, se ha considerado que quien deba estar a cargo de los asuntos urgentes de la Suprema Corte durante sus recesos, no pueda ser cualquier persona, sino que tenga que ser un Ministro o varios Ministros según lo determine el presidente del más Alto Tribunal."
De lo que se desprende claramente que la razón para que la Comisión de Receso estuviera integrada por Ministros, fue, precisamente, la importancia de las funciones de este Alto Tribunal.
Por tanto, de todo lo relacionado se concluye que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para conocer y resolver de manera exclusiva de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad, y en estos casos, al fungir como tribunal de instrucción, puede actuar en todo momento, aun durante los periodos de receso, por conducto de la Comisión de Receso, la cual debe estar integrada por Ministros. En este contexto, se concluye que la Comisión de Receso al haber proveído lo conducente en la instrucción de la controversia constitucional 109/2004, lo hizo en ejercicio de plenas facultades.
Determinado lo anterior, enseguida se procede al estudio de la legalidad del Acuerdo General 12/2004, emitido por el Tribunal Pleno en sesión privada de veintinueve de noviembre de dos mil cuatro, para lo cual resulta necesario en primer término, señalar que los artículos 94, séptimo párrafo, de la Constitución Federal y 11, fracción XXI, de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevén en lo conducente:
"Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.
"...
"El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados."
"Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:
"...
"XXI. Dictar los reglamentos y acuerdos generales en las materias de su competencia, y ..."
De la interpretación armónica de los preceptos reproducidos, se advierte que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultado constitucional y legalmente para expedir acuerdos generales en los asuntos de su competencia, que tengan por objeto garantizar una mejor y pronta impartición de justicia.
En el caso, como ya quedó precisado, de conformidad con el artículo 105 de la Constitución Federal, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad son asuntos de la exclusiva competencia de este Alto Tribunal, por lo que éste se encuentra facultado para expedir acuerdos generales que tengan por objeto garantizar una mejor y pronta impartición de justicia en dichos asuntos.
Derivado de ello, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo General 12/2004, en el que determinó que los Ministros integrantes de la Comisión de Receso podrán proveer lo conducente en la sustanciación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia exclusiva de este Alto Tribunal, tal como lo son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.
No pasa inadvertido que en el citado Acuerdo General 12/2004, en su considerando tercero se alude al "Código Federal de Instituciones y Procedimientos Federales", así como que existe una duplicación en la numeración de los considerandos, sin embargo, estas cuestiones constituyen vicios formales que no trascienden a su contenido, ni afectan su legalidad.
Por tanto, y conforme a todo lo expuesto, el Acuerdo General 12/2004 es válido y se encuentra apegado a derecho.
CUARTO. Desde diverso aspecto, y de la lectura integral del oficio por el que el recurrente interpuso el presente recurso de reclamación, este Tribunal Pleno advierte que también es motivo de cuestionamiento lo relativo a que no se acreditó por parte de los Ministros integrantes de la Comisión de Receso, la causa de la urgencia al proveer lo conducente en la controversia constitucional 109/2004, por lo que se procede al estudio de esta cuestión.
El mencionado Acuerdo General 12/2004 establece que durante los periodos de receso, los Ministros integrantes de la Comisión de Receso deberán proveer los trámites urgentes en asuntos administrativos y en las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.
Ahora bien, la característica de la urgencia de un asunto debe determinarse de manera general y abstracta, sin necesidad de atender a las particularidades específicas de las situaciones planteadas, es decir, se debe atender a la naturaleza propia de los asuntos.
En el caso, atendiendo a la naturaleza de las
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19496-9c3cd6e2/comision-de-receso-de-la-suprema-corte-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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