SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LA MATERIA DEL JUICIO LA CONSTITUYE EL INICIO Y TRÁMITE DE UN PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO AL PODER EJECUTIVO DE UN ESTADO Y, POR CONSIGUIENTE, LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONDENATORIA, PROCEDE CONCEDER AQUELLA MEDIDA PARA EL EFECTO DE QUE EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD NO SEA SUSPENDIDO, REMOVIDO O DESTITUIDO EN EL EJERCICIO DE SU CARGO, A FIN DE PRESERVAR LA MATERIA DE LA CONTROVERSIA. SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SU FINALIDAD CONSISTE EN CONSERVAR LA MATERIA DEL JUICIO PRINCIPAL, CON EL OBJETO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ESTÉ EN APTITUD DE PRONUNCIARSE RESPECTO DEL FONDO DEL ASUNTO.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 171/2004-PL, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 63/2004. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-A continuación se procede al estudio de los agravios aducidos por el recurrente, los cuales se estudiarán en su conjunto por estar íntimamente relacionados.
En primer término, es de señalarse que la suspensión fue concedida en los siguientes términos: "... atendiendo a lo anterior procede conceder la suspensión en contra de los actos reclamados a la autoridad demandada, para el efecto de que Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, no sea suspendido, removido o destituido en el ejercicio de su cargo como Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, hasta en tanto este Alto Tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto, en la inteligencia de que la medida suspensiva así concedida no impide que la Legislatura Local ejerza sus facultades y, en su caso, dicte la resolución que corresponda, pues el objeto de la medida cautelar es salvaguardar la materia del presente juicio para que no proceda la remoción, destitución o suspensión del Poder Ejecutivo del Estado ..."
En esencia, se plantea que debió negarse la medida cautelar solicitada por la actora, porque el procedimiento de juicio político es una institución fundamental del orden jurídico mexicano y con el otorgamiento de la medida cautelar se afecta a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante, con lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia.
Por tanto, para determinar si efectivamente en el auto recurrido se actualizaba alguna de las prohibiciones anteriores establecidas en la ley para la concesión de la suspensión, se considera pertinente analizar los artículos 14 y 15 de la ley reglamentaria de la materia, que prevén:
"Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el Ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte aplicable.
"La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales."
"Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante."
De dichos preceptos se desprenden las características esenciales del incidente de suspensión, como son:
1. Procede de oficio o a petición de parte y podrá ser decretada hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.
2. No podrá otorgarse en los casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales.
3. No podrá concederse cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante.
4. Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.
Estos elementos permiten advertir que la suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que permiten conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un juicio.
En el caso, el recurrente aduce que al concederse la suspensión se violó una institución fundamental del orden jurídico mexicano, como lo es el juicio político, pues se afectan las facultades propias del Congreso Estatal para determinar la acusación respectiva, como jurado de declaración y la resolución del Tribunal Superior de Justicia como jurado de sentencia.
Para decidir sobre la procedencia de la suspensión de los actos impugnados, debe tomarse en cuenta que la suspensión tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que declare el derecho del actor pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente; por tanto, para poder conceder la medida cautelar, es necesario el análisis de la demanda de controversia constitucional y los anexos que se acompañan, ya que como lo establece el artículo 18 de la ley reglamentaria de la materia, para el otorgamiento de la suspensión el Ministro instructor deberá tomar en cuenta las circunstancias y características particulares del asunto, es decir, se requiere un conocimiento primario de los actos impugnados y de la litis planteada, dirigido a lograr una decisión sobre la medida cautelar solicitada.
Por lo anterior, debe tomarse en cuenta que lo que constituye la materia de la controversia constitucional de la cual derivan el incidente de suspensión y el presente recurso, es el inicio y trámite del procedimiento de juicio político al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y, por consiguiente, la inminente emisión de la resolución condenatoria, por considerar que con tales actos se viola, en perjuicio del Poder Ejecutivo del Estado, el artículo 116 de la Constitución Federal, puesto que con ello se afecta el principio de la división de poderes, que garantiza la autonomía de cada autoridad para realizar sus actividades en el ámbito de su respectiva competencia, a efecto de evitar la intromisión o supremacía de un poder sobre el otro.
Por tanto, si la cuestión de fondo la constituye precisamente determinar sin con el procedimiento de juicio político se afecta al Poder Ejecutivo del Estado, es evidente que la medida cautelar concedida a través del auto combatido, tiene como fin preservar la materia de la controversia constitucional, puesto que de otra forma se permitiría la ejecución de actos cuya constitucionalidad se encuentra controvertida, mientras este Alto Tribunal resuelve el fondo del asunto, pues de considerarse lo contrario se desnaturalizaría por completo la suspensión en este medio de control constitucional como medida cautelar y, por ende, se le privaría de eficacia jurídica.
En efecto, el permitir que se ejecute un acto cuya constitucionalidad se cuestiona en tanto se resuelve el fondo del asunto, haría de la suspensión letra muerta, puesto que no permitiría evitar daños irreparables a la parte actora, en tanto se resuelve el asunto en lo principal.
En este tenor, se puede afirmar que contrario a lo que aduce el recurrente, con la concesión de la medida suspensional no se afectan instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, puesto que no se están paralizando las facultades de las autoridades a las que corresponde la instrucción del juicio político impugnado en la controversia constitucional de la que derivan el incidente de suspensión y este recurso, pues precisamente en el auto de suspensión recurrido, se señala que no se suspende la continuación y seguimiento del procedimiento en comento, sino que únicamente se está sujetando la ejecución de la resolución que pudiera dictarse y afectar al poder actor de la controversia, a la calificación que sobre dicho procedimiento haga en su momento esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se reitera que con la concesión de la suspensión no se afecta dicha institución fundamental, pues lo que se pretende es precisamente que no se ejecuten actos derivados de procedimientos cuya constitucionalidad se encuentra controvertida, conservando así la materia de la controversia constitucional.
Aduce también el recurrente, que con la medida suspensional se afecta a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante, puesto que es del interés de la sociedad el seguimiento y los resultados que puedan derivarse de los procedimientos que se lleven a cabo en contra de los servidores públicos, debiendo tenerse en cuenta que la sociedad también se encuentra interesada en que tales actividades sean realizadas conforme a derecho, máxime cuando se trata de funcionarios que han sido directamente designados por ella a través del sufragio.
Finalmente, cabe señalar que no resulta óbice a la conclusión alcanzada las tesis de jurisprudencia invocadas por el recurrente, puesto que la medida suspensional concedida en el auto recurrido fue para que el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos no sea suspendido, removido o destituido en el ejercicio de su cargo como gobernador, en tanto que las dos primeras tesis de referencia versan, una sobre el procedimiento de averiguación previa y la otra sobre los actos consumados; y por lo que hace a la última, no es aplicable, atento a los razonamientos expuestos en la presente resolución, consistentes en que no se actualizan los supuestos previstos en el artículo 15 de la ley reglamentaria de la materia.
Como consecuencia de todo lo anterior y al haber resultado infundados los agravios hechos valer, procede confirmar el auto impugnado por el que se concedió la suspensión.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente pero infundado el presente recurso de reclamación.
SEGUNDO.-Se confirma el auto recurrido de dos de junio de dos mil cuatro, dictado por el Ministro instructor en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 63/2004.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza (ponente), José Ramón Cossío Díaz y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18467-c6608731/suspension-en-controversias-constitucionales-si-la-materia-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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