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Modo: Corpus Pro

COORDINACIÓN FISCAL. EL JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS EN ESA MATERIA ES UN MEDIO DE CONTROL DE LEGALIDAD, POR LO QUE NO ES LA VÍA PARA CONOCER DE INVASIÓN DE ESFERAS O VIOLACIÓN A LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 279/2002-PL, DEDUCIDO DEL JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL 2/2002. · Registro digital (IUS): 17633
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, , Pág. 364.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 279/2002-PL, DEDUCIDO DEL JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL 2/2002. MUNICIPIO DE MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los agravios que adujo la parte recurrente esencialmente se hicieron consistir en:

a) Que se vulneran los artículos 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 351 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al dejar de proveer respecto de todos los planteamientos contenidos en la ampliación de demanda, toda vez que si bien es cierto que se admite en parte, también lo es que se deja de atender y resolver de manera completa, puesto que la ampliación se planteó no sólo respecto de la firma contenida en el oficio de diecinueve de abril de dos mil dos, por el que se ordena la afectación de las participaciones federales del recurrente por un monto de $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.), que se supone suscribió el jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino también por lo que hace a la firma, supuestamente estampada por dicho funcionario, en el diverso oficio de veinte de marzo del indicado año, a través del cual se afectan sus participaciones por la cantidad de $19'855,751.00 (diecinueve millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), por lo que debe revocarse el auto recurrido y, en su lugar, dictarse otro en el que se acuerde de manera congruente y exhaustiva.

Que resulta aplicable el criterio contenido en la tesis de rubro: "SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).".

b) Que se vulneran en su perjuicio los artículos 1o. y 27 de la aludida ley reglamentaria, en relación con los numerales 10, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 73, fracción I, de la Ley de Amparo, al tratar de dividir la continencia de la causa en un juicio de única y última instancia, toda vez que se impide la correcta integración de la litis en el juicio, puesto que los hechos contenidos en el oficio de ampliación, referentes a la falta de legitimación de quienes acudieron ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en supuesta representación de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, no constituyen un antecedente de los actos impugnados, sino la base sobre la cual se afectaron las participaciones federales que le corresponden y de ahí que no resulte posible desechar su estudio al formar parte de la litis central del juicio.

Que es aplicable, por analogía, la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROMOVENTES DEL JUICIO NO LLEVA A SOBRESEER SINO A DECLARAR QUE CARECEN DE ELLA.".

c) Que con la emisión del proveído recurrido se causa perjuicio al Municipio recurrente, puesto que se pasa por alto que en los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal es procedente invocar no sólo violaciones directas a la Constitución Federal, como en el caso aconteció, sino también violaciones indirectas a aquélla si se encuentran íntimamente vinculadas con los actos impugnados, como sucede en la especie, toda vez que la afectación de sus participaciones federales y la violación de los convenios de coordinación fiscal se perpetraron con base en la solicitud de quienes ni siquiera acreditaron tener legitimación para recibir a su favor la declaración de un derecho que no les corresponde.

Que sirven de apoyo las jurisprudencias de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS." y "ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDIMIENTO PARA SUSTANCIARLAS CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES QUE CONTENGAN DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA ELECTORAL Y OTRAS DE NATURALEZA DISTINTA, Y AMBOS ASPECTOS HAYAN SIDO COMBATIDOS.".

d) Que por lo anterior, se hace indispensable el estudio de la legitimación de quienes acudieron en representación de la institución supuestamente acreedora del Municipio recurrente, puesto que debe verificarse el procedimiento que originó el acto impugnado para poder determinar si se cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, dado que de no ser así procedería decretar su nulidad ante la falta de observancia de esos requisitos formales.

Que resulta aplicable la tesis jurisprudencial de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

e) Que el auto recurrido transgrede el contenido del artículo 349 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que impide la integración de la litis y, de esa forma, elude la obligación legal de que en su momento se dé respuesta a todos y cada uno de los puntos que hubieran sido materia de debate, los que solamente podrán ser estudiados en el juicio a efecto de decidir sobre la ilegalidad del procedimiento; de ahí que al dictar el proveído, materia de este recurso, también se desatendió el artículo 73, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las decisiones o actos de este Alto Tribunal son inatacables.

Que por lo anterior, la resolución del juicio debe involucrar no sólo el estudio de los convenios de coordinación fiscal, sino que también debe decidirse si la afectación de la esfera de derechos del recurrente aconteció cumpliéndose con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al acto, por no ser reclamables dichas violaciones en diversa instancia judicial.

Que son aplicables las tesis de rubros: "COMPETENCIA. NO ES POSIBLE TENER COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO DE NATURALEZA INDIRECTO. A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO." y "PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. AMPARO IMPROCEDENTE EN SU CONTRA.".

f) Que se vulneran los artículos 1o., 3o. y 6o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, toda vez que en el auto de veintiséis de agosto de dos mil dos, dictado en el incidente de falsedad de documentos del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 2/2002, ilegalmente se aplica de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, al utilizarse disposiciones referidas a los términos judiciales contenidas en dicho ordenamiento, no obstante que la aludida ley reglamentaria contiene la figura de manera expresa y debidamente regulada.

Que resultan aplicables las tesis de rubros: "SUPLETORIEDAD DE LAS NORMAS. CUANDO OPERA." y "SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.".

g) Que sirve de apoyo a los agravios, en su totalidad, la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS ALEGATOS EN ÉSTAS NO FORMAN PARTE DE LA LITIS.".

Previamente al análisis de los agravios esgrimidos, conviene precisar que esta Primera Sala no se abocará, por inatendibles, al estudio de los argumentos vertidos en relación con violaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como a la Ley de Amparo, en virtud de que los recursos de reclamación, como el presente, constituyen medios de impugnación a los que las partes pueden acudir cuando estiman que durante el procedimiento de las controversias constitucionales, aplicable a los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, se emitió algún auto o resolución que a su juicio resulta incorrecto, mediante los cuales este Alto Tribunal podrá corregir las irregularidades que, en su caso, hubieran existido dentro de aquél, a la luz de las disposiciones que rigen su tramitación y resolución; esto es, a través de este tipo de medios esta Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará que tal proceder haya sido realizado conforme a las disposiciones de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en lo aplicable y, a falta de disposición expresa, del Código Federal de Procedimientos Civiles, puesto que éstos son los ordenamientos legales que regulan el trámite y resolución de aquellos juicios, no así la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y mucho menos la Ley de Amparo.

Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la tesis jurisprudencial P./J. 139/2001, consultable en la página mil cuarenta y tres, Tomo XV, correspondiente a enero de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:

"RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN DICHO RECURSO CUANDO SE REFIERAN A LA CONTRAVENCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL MINISTRO INSTRUCTOR. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conocimiento de las controversias constitucionales estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su tramitación y resolución se rigen por las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia y, a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante su instrucción o procedimiento se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones de los ordenamientos invocados. En consecuencia, si en el recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal por parte del Ministro instructor, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que a través del citado recurso este Alto Tribunal podrá corregir dentro de aquél las irregularidades del procedimiento que en su caso hubieran existido.

"Recurso de reclamación 212/2001, deducido de la controversia constitucional 33/2001. Poder Judicial del Estado de Guerrero. 8 de noviembre de 2001. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón."

Asimismo, resulta inatendible el agravio referido en el inciso f), en el que se aducen contravenciones a los artículos 1o., 3o. y 6o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que se encuentra encaminado a demostrar supuestas violaciones cometidas en el proveído de veintiséis de agosto de dos mil dos, dictado en el incidente de falsedad de documentos derivado del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal 2/2002, el que no es materia de este asunto, puesto que, como quedó asentado en el resultando quinto de este fallo, el presente recurso de reclamación se tuvo por interpuesto en contra del auto de esa misma fecha, dictado en el expediente principal del indicado juicio, no así respecto del diverso acuerdo emitido en el incidente de falsedad de documentos que deriva de éste.

Precisado lo anterior, se pasa al estudio de los restantes conceptos de agravio.

Por lo que hace a los argumentos relacionados con violaciones a los artículos 1o. de la ley reglamentaria de la materia; y 349, 351 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en los que se aduce, medularmente, que el auto recurrido carece de congruencia y exhaustividad, al dejar de proveer respecto de todos los planteamientos contenidos en el oficio de ampliación de demanda y que, por tanto, impide la integración de la litis, ocasionando que en su momento no se dé respuesta a todos y cada uno de los puntos que hubieran sido materia de debate, debe precisarse lo siguiente.

En términos del artículo 1o. de la aludida ley reglamentaria, que la parte recurrente estima vulnerado, este Alto Tribunal conocerá y resolverá con base en las disposiciones del título I, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, y a falta de disposición expresa se estará a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

El aludido numeral señala:

"Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles."

Por su parte, los artículos 349, 351 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se dicen infringidos, a la letra indican:

"Artículo 349. La sentencia se ocupará exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio.

"Basta con que una excepción sea de mero derecho o resulte probada de las constancias de autos, para que se tome en cuenta al decidir."

"Artículo 351. Salvo el caso del artículo 77, no podrán los tribunales, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar, omitir ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el juicio."

"Artículo 352. Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará, con la debida separación, la declaración correspondiente a cada uno de ellos."

Como puede advertirse de los preceptos transcritos, en éstos se prevén, básicamente, las reglas a que deben sujetarse los tribunales al resolver los juicios que han sido sometidos a su conocimiento, precisando al efecto, de manera destacada, que las sentencias se ocuparán exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hubieran sido materia del juicio, que los tribunales no podrán, con ningún pretexto, aplazar, dilatar, omitir ni negar la resolución de las cuestiones que hubieran sido discutidas en él, y que cuando sean varios los puntos litigiosos se hará la declaración correspondiente a cada uno de ellos.

Ahora bien, al tenor de las sentencias relativas a las controversias constitucionales y, por tanto, a los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, por las razones precisadas en el segundo considerando de este fallo, los artículos 39, 40 y 41 de la ley reglamentaria de la materia señalan:

"Artículo 39. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada."

"Artículo 40. En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios."

"Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

"I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;

"II. Los preceptos que la fundamenten;

"III. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que en su caso se estimaren violados;

"IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada;

"V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen;

"VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación."

De los preceptos transcritos se advierte, en lo que a este asunto interesa, que al dictar la sentencia correspondiente a una controversia constitucional, o bien, a un juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, este Alto Tribunal deberá:

1) Corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados, así como examinar en su conjunto los razonamientos de las partes, a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada.

2) Suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios.

3) Fijar, de manera precisa, los actos objeto de la controversia, la apreciación de las pruebas tendentes a tenerlos o no por demostrados, las consideraciones que sustenten su sentido, los alcances y efectos de la resolución, los actos respecto de los cuales opere, así como todos aquellos elementos necesarios para su eficacia en el ámbito que corresponda.

Visto lo anterior, debe determinarse que los artículos 349, 351 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se aducen infringidos, resultan inaplicables a las controversias constitucionales y, en consecuencia, a los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal, puesto que, como se asentó en párrafos precedentes, dicho código federal se aplicará de manera supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, únicamente en aquello que no se encuentre expresamente previsto en ésta, lo que significa que si respecto de alguna etapa o elemento del procedimiento no existe en la ley de la materia disposición que claramente lo señale o pormenorice, este Alto Tribunal acudirá a las disposiciones que al efecto prevea el código adjetivo federal, a fin de superar el vacío de aquélla y proseguir con la debida sustanciación del juicio pero, si por el contrario, en la aludida ley reglamentaria existe algún precepto que de manera clara y precisa prevea la figura jurídica de que se trate, será innecesario acudir al referido código federal, por no existir a este respecto vacío alguno del ordenamiento que rige este tipo de procedimientos y, por tanto, deberá privilegiarse la aplicación de este último, al ser el expresamente creado para regular el trámite y resolución de los conflictos sobre los que versa.

En estas condiciones, al quedar de manifiesto que en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal existen disposiciones expresas que prevén los requisitos que deberán contener, así como los lineamientos que deberán seguir las sentencias que dicte este Alto Tribunal en relación con los asuntos materia de dicho ordenamiento, deviene inconcuso que no existe motivo por el cual, al dictar la resolución correspondiente, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación deba hacerlo de manera supletoria, en términos de lo dispuesto por los aludidos numerales del código adjetivo federal.

En tales circunstancias, lo procedente es desestimar los argumentos relativos, puesto que de conformidad con las consideraciones vertidas, con la emisión del acuerdo recurrido no puede actualizarse violación alguna a los preceptos adjetivos que la parte recurrente estima vulnerados, ni como consecuencia al artículo 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, máxime si se toma en consideración que la materia de impugnación en este asunto la constituye un auto de mero trámite dictado en el juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal que dio origen a este recurso, y no así una sentencia; por lo que, además, resultan inaplicables al caso las tesis que al efecto se invocan.

Por otra parte, en lo relativo a los conceptos de agravio en que se aduce, esencialmente, que debe revocarse el proveído recurrido porque la ampliación se planteó no sólo respecto de la firma contenida en el oficio de diecinueve de abril de dos mil dos, por el que se ordena la afectación de las participaciones federales del recurrente por un monto de $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.), supuestamente suscrito por el jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino también por lo que hace a la firma que se supone estampó dicho funcionario en el diverso oficio de veinte de marzo del mismo año, en el que se afectan sus participaciones por la cantidad de $19'855,751.00 (diecinueve millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.), deberá tenerse en cuenta lo siguiente.

A efecto de resolver la cuestión planteada, se estima conveniente relatar los antecedentes del caso, que se desprenden de las constancias que en copia certificada obran en este expediente, para estar en condiciones de dilucidar lo correcto o incorrecto del auto materia de estudio.

1) Por oficio de diecisiete de abril de dos mil dos, que motivó la formación del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal del que deriva este recurso (fojas 56 a 279 de autos) la parte actora, ahora recurrente, demandó la invalidez, entre otros, de lo siguiente:

"D. La resolución, determinación o acuerdo emitido por el jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha 20 de marzo del año 2002, al dar trámite aparente a una solicitud emitida por el director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya participación en los actos fue del conocimiento el día 16 de abril del año 2002, al recibirse una copia del documento suscrito por el licenciado David Colmenares Páramo, jefe de la unidad referida y dirigido a la tesorera de la Federación Lic. Evelyne E. Rodríguez Ortega ..."

2) Mediante proveído de veinticinco de abril del indicado año (folios 280 a 283) el Ministro instructor admitió a trámite la demanda promovida en contra de los actos impugnados por el Municipio actor, entre los que se encuentra el referido en el punto que antecede, y llamó a juicio con el carácter de demandado, entre otras autoridades, al jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3) Por oficio de nueve de julio de dos mil dos (fojas 284 a 352) la parte actora amplió la demanda del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal y señaló como actos impugnados, en lo que al agravio en estudio interesa, los siguientes:

"X. Es un hecho nuevo conocido a partir de que se tuvo conocimiento del escrito de contestación a la demanda, por parte de la autoridad espontánea director general adjunto de Participaciones, Convenios y Asuntos Jurídicos de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que las órdenes de afectación de las participaciones federales que le corresponden al Ayuntamiento del Municipio de Mexicali, Baja California, contenidas en los supuestos oficios dirigidos a la tesorera de la Federación y fechados el veinte de marzo y diecinueve de abril del año dos mil dos, no contienen la firma de puño y letra del jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas, licenciado David Colmenares Páramo, sino que fueron emitidos por diversa persona cuyo nombre y cargo se desconocen, afectándose a nuestra representación en sus participaciones federales por los montos económicos de $19'855,751.00 (diecinueve millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) y $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos M.N. 00/100 [sic]), sin que existiere siquiera orden de autoridad competente y, sobre todo, sin que se hubiere fundado ni motivado la causa legal del procedimiento. En efecto, es un hecho que el acto que afecta de manera directa el interés jurídico de nuestra representación lo son los oficios de fechas veinte de marzo y diecinueve de abril, ambas fechas del año dos mil dos, dirigidos a la Tesorería de la Federación, los cuales no fueron firmados de puño y letra del licenciado David Colmenares Páramo; se afirma lo anterior, en virtud de que tal y como es apreciable de los documentos que fueron anexados en copia simple al escrito de contestación de la autoridad espontánea ... los mismos calzan una aparente certificación que fue expedida por el C. Jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas, desprendiéndose de dicha certificación la firma del C. Licenciado David Colmenares Páramo, misma que es notoriamente discrepante de la que aparece en las copias de los oficios de fechas veinte de marzo y diecinueve de abril, ambas fechas del año dos mil dos que transcurre, documentos en los cuales no asentó su firma el funcionario que se refiere haberlo hecho, razón por la cual desde este momento se impugna expresamente como falsa. ..."

4) Mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil dos (folios 354 a 356 de autos) se admitió la ampliación de demanda promovida por el Municipio recurrente, únicamente por lo que hace al oficio 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril del indicado año, suscrito por el jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigido a la Tesorería de la Federación.

El acuerdo en comento (impugnado en este recurso), en la parte conducente, es del tenor siguiente:

"Segundo. Del análisis integral de los argumentos esgrimidos por la parte actora, el Ministro instructor que suscribe provee: Por lo que hace a la ampliación de demanda, se admite ésta en lo relativo a la impugnación del oficio número 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos, suscrito por David Colmenares Páramo, jefe de la Unidad de Coordinación (debe decir Coordinación Hacendaria) con Entidades Federativas, dirigido a la Tesorería de la Federación, en el cual se afectan las participaciones federales del Estado de Baja California, con el fin de hacer entrega a los terceros interesados del remanente del adeudo contraído por el Municipio actor. ..."

Visto lo anterior, resulta pertinente hacer las siguientes consideraciones.

En primer lugar, si bien es cierto que de la lectura integral del oficio de ampliación se desprende la impugnación directa de los oficios de veinte de marzo y diecinueve de abril de dos mil dos, por los que se ordena la afectación de las participaciones federales del recurrente por los montos a que hizo alusión, y que en el auto recurrido no se realizó pronunciamiento alguno respecto del primero de los oficios citados, también lo es que, como quedó de manifiesto en la relación de antecedentes, mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil dos, por el que se admitió a trámite la demanda inicial del juicio, se tuvo como acto impugnado en éste, además de otros, precisamente el oficio que la parte actora invoca como hecho nuevo en su ampliación de demanda, de veinte de marzo de ese año, suscrito por el jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la citada secretaría federal, y se reconoció el carácter de demandada a esta última autoridad.

En tal virtud, aun cuando le asiste razón al recurrente en cuanto a que el acuerdo en estudio fue omiso en proveer en relación con el multicitado oficio invocado como hecho nuevo, esta Primera Sala estima inoperantes los agravios vertidos al respecto, puesto que, como se indicó, dicho oficio es materia de la litis en el juicio del que deriva este recurso de reclamación, desde el proveído de admisión de la demanda inicial, al haberse tenido como impugnado desde ese momento, de ahí que deban desestimarse los argumentos relativos tendentes a evidenciar la supuesta violación cometida por el Ministro instructor, pues es claro que el acto por el que se planteaba la ampliación de demanda ya estaba considerado dentro del juicio.

Aunado a lo anterior, resulta pertinente destacar que al dictar el auto materia de este asunto, el Ministro instructor no pasó por alto las manifestaciones vertidas por el Municipio recurrente, en el sentido de que la firma estampada en los oficios cuya invalidez se demanda, supuestamente suscritos por el jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no corresponde al puño y letra de dicho funcionario y que, por tanto, se impugnaba como falsa, dado que, como se advierte del propio proveído, con motivo de los argumentos vertidos en ese sentido, el Ministro instructor ordenó formar por separado el cuaderno incidental de falsedad de documentos, a efecto de que en éste se proveyera lo conducente respecto de los medios de prueba ofrecidos por la actora.

Así es, el acuerdo recurrido, en la parte indicada, señala:

"En lo relativo al argumento hecho valer en el que objeta de falsos diversos oficios suscritos por el jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas, y al no conformar este argumento materia de ampliación, de conformidad con los artículos 12 y 13 de la ley reglamentaria de la materia, fórmese por separado el cuaderno incidental de falsedad de documentos, a fin de que se provea lo relativo a los medios de prueba ofrecidos por la parte actora."

Finalm

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17633-bfffb9db/coordinacion-fiscal-el-juicio-sobre-cumplimiento-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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