SUSPENSIÓN EN LOS JUICIOS SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL. LA CONCEDIDA POR EL MINISTRO INSTRUCTOR SURTE SUS EFECTOS EN LA FECHA EN QUE SE DICTA EL AUTO RELATIVO, CON INDEPENDENCIA DEL MOMENTO EN QUE SE HAYA NOTIFICADO.
RECURSO DE QUEJA DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEL JUICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL 2/2002. MUNICIPIO DE MEXICALI, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios que adujo la parte recurrente esencialmente se hicieron consistir en:
a) Que acorde con el criterio que ha sostenido este Alto Tribunal en diversas tesis, el auto por el que se concedió la suspensión de los actos impugnados implicaba su acatamiento de manera inmediata al momento de su otorgamiento, pues en éste se señaló que la medida suspensional surtiría sus efectos desde luego, sin necesidad de otorgar garantía alguna; lo anterior, independientemente del momento en que ésta fue notificada a las autoridades demandadas.
Que por tanto, tomando en consideración que la lista de notificación del proveído de veinticinco de abril de dos mil dos, por el que se concedió la medida cautelar, fue fijada a las nueve horas de ese día, es claro que la suspensión surtió sus efectos desde ese momento, por lo que la recepción por parte de la Tesorería de la Federación de un monto de $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.) que supuestamente le fue entregado a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos de la fecha citada, sin precisar en qué huso horario, constituye materialmente un acto violatorio de la suspensión, dado que fue posterior al momento en que aquélla se concedió.
b) Que aun cuando las nueve horas del veinticinco de abril del indicado año no fuera el momento "desde luego" a que alude el proveído de la misma fecha, a partir del cual surtió efectos la concesión de la medida cautelar, es un hecho que a las trece horas con treinta y cuatro minutos de ese día, conforme al huso horario de la Ciudad de México, en que se notificó el auto de referencia al secretario de Hacienda y Crédito Público, aquélla se encontraba surtiendo plenos efectos; de ahí que cualquier acto ejecutor de la materia de impugnación en la demanda constituya una violación a la suspensión.
Que en tal virtud, aun cuando el proveído de referencia hubiera sido notificado con posterioridad a las demás autoridades demandadas, resulta evidente que desde ese momento el secretario de Hacienda y Crédito Público se encontraba materialmente imposibilitado para recibir el numerario, emitir liquidaciones, constancias o recibo alguno, por lo que deben declararse ineficaces los actos ejecutados violatorios de la suspensión y lo procedente es ordenar que el monto a que se hizo alusión sea entregado al Municipio recurrente al no haberse resuelto aún el fondo del asunto.
c) Que como corolario de lo anterior, las autoridades demandadas, Gobernador Constitucional, secretario de Planeación y Finanzas, y directora de Ingresos de la anterior secretaría, todos del Estado de Baja California, infringieron la suspensión decretada por el Ministro instructor, al ser éstas las que realizaron el depósito a favor de la Tesorería de la Federación en el momento en que la medida cautelar estaba surtiendo plenos efectos, por haberse acordado que esto acontecería "desde luego".
d) Que en consecuencia, es claro que se violentó de manera flagrante el auto concesorio de la medida suspensional al haberse retenido cantidades económicas al Municipio recurrente, incluso al momento en que todas las autoridades demandadas habían sido notificadas al respecto.
e) Que la violación a la suspensión tiene como efecto el volver las cosas al estado que guardaban al momento en que ésta fue decretada; por lo que, atendiendo a que la naturaleza del acto violatorio lo permite, lo procedente es declarar la inexistencia del mismo y entregar el monto del depósito al Municipio recurrente.
En relación con lo anterior, conviene precisar que si bien en el capítulo de antecedentes el Municipio recurrente realizó diversas manifestaciones en el sentido de que: "... Es un hecho que con posterioridad al día veinticinco de abril del año dos mil dos, fecha en que fue concedida la suspensión de los actos reclamados en la demanda por parte del Ministro instructor ... las autoridades responsables demandadas ... violentando la suspensión ... retuvo (sic) el diverso monto de $16'868,593.00 (dieciséis millones ochocientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y tres pesos 00/100 moneda nacional) que correspondían al Ayuntamiento del Municipio de Mexicali, Baja California, aduciéndose sin fundamento ni motivo violentándose la suspensión, que se retenía como pago en virtud de que esta cantidad ya había sido entregada a nuestra representación con anterioridad a la presentación de la demanda ... Es un hecho que el Ayuntamiento del Municipio de Mexicali, Baja California, ya había recibido, vía adelanto, el monto de $16'868,593.00 (dieciséis millones ochocientos sesenta y ocho mil quinientos noventa y tres pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de las participaciones federales que le correspondían por el mes de marzo del año dos mil dos, es decir, ya habían ingresado al erario municipal al día veinticinco de abril del año dos mil dos en que fue concedida la suspensión de los actos reclamados en el juicio 2/2002 ... Es un hecho que con posterioridad al día veinticinco de abril del año dos mil dos ... las autoridades responsables demandadas ... retuvieron el diverso monto de $3'017,158.00 (tres millones diecisiete mil ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) que correspondía al Ayuntamiento del Municipio de Mexicali, Baja California, aduciéndose sin fundamento ni motivo violéntandose la suspensión, que se retenía como pago en virtud de que esta cantidad correspondía al remanente de las participaciones que se debieron retener en el mes de marzo del año dos mil dos hasta completar un monto de $19'885,751.00 (diecinueve millones ochocientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional) ...", este Tribunal Pleno no se abocará al estudio de tales argumentos, toda vez que de una lectura integral del oficio de interposición del recurso se advierte que el acto que de manera efectiva se invoca como violatorio de la suspensión de los actos impugnados, es el relativo al depósito efectuado por diversas autoridades demandadas del Estado de Baja California a favor de la Tesorería de la Federación el veinticinco de abril de dos mil dos, por un monto de $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.), que según el recurrente le fue descontado de sus participaciones federales y depositado a la citada autoridad federal en el momento en que la medida cautelar estaba surtiendo plenos efectos señalando, de manera destacada, que dicha cantidad le deberá ser entregada al haber acreditado que con la ejecución de estos últimos actos las autoridades demandadas incurrieron en violación a la medida suspensional decretada en autos.
Por lo anterior, la materia de este asunto se limitará únicamente a determinar si, efectivamente, la retención y el depósito efectuado el veinticinco de abril de dos mil dos, por la cantidad de $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.), ejecutado por las autoridades demandadas del Estado de Baja California a favor de la Tesorería de la Federación, con motivo del procedimiento de afectación de las participaciones que en ingresos federales le corresponden al Municipio de Mexicali, de la citada entidad, son violatorios de la suspensión de los actos impugnados concedida por el Ministro instructor dentro de los autos del incidente de suspensión del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal del que deriva este recurso de queja.
Para tal efecto, previamente al análisis de los agravios efectivamente planteados, se estima conveniente relatar los antecedentes del caso, siendo los que a continuación se relacionan.
1) En la demanda que motivó la formación del indicado juicio, el Municipio de Mexicali, Estado de Baja California (ahora recurrente), señaló como actos impugnados los siguientes:
"A. La resolución, determinación o acuerdo emitido por el secretario de Hacienda y Crédito Público, en virtud del cual autorizó al director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al subdirector de Control y Registro de la Dirección de Participaciones y Convenios, al jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas y al jefe del Departamento de Afectación de Participaciones de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al C. Director general adjunto de Estudios Estratégicos, Planeación y Vinculación y tesorero de la Federación, todos éstos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a dar trámite aparentemente el 18 de marzo del año 2002 y ordenar la afectación de las participaciones federales a que tiene derecho el XVII Ayuntamiento de la ciudad de Mexicali, el cual fue del conocimiento en forma indirecta al recibir el tesorero municipal la comunicación en fecha 25 de marzo del año 2002. B. La resolución, determinación o acuerdo emitido por el director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al dar trámite aparentemente por vía fax el 18 de marzo del año 2002 y ordenar la afectación de las participaciones federales a que tiene derecho el XVII Ayuntamiento de la ciudad de Mexicali, el cual fue del conocimiento en forma indirecta al recibir el tesorero municipal la comunicación en fecha 25 de marzo del año 2002. C. La resolución, determinación o acuerdo emitido por el subdirector de Registro y Control de la Dirección de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al dar trámite aparente a una solicitud de trámite emitida por el director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por el jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas, cuya participación en los actos fue del conocimiento el día 16 de abril del año 2002 al recibirse una copia del documento suscrito por el licenciado David Colmenares Páramo, jefe de la unidad referida, y dirigido a la tesorera de la Federación Lic. Evelyne E. Rodríguez Ortega. D. La resolución, determinación o acuerdo emitido por el jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha 20 de marzo del año 2002, al dar trámite aparente a una solicitud emitida por el director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya participación en los actos fue del conocimiento el día 16 de abril del año 2002 al recibirse una copia del documento suscrito por el licenciado David Colmenares Páramo, jefe de la unidad referida, y dirigido a la tesorera de la Federación Lic. Evelyne E. Rodríguez Ortega. E. La resolución, determinación o acuerdo que emitida como consecuencia del oficio fechado el 20 de marzo del año 2002, suscrito por el jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al dar trámite aparente a una solicitud emitida por el director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que sea expedido por el director general adjunto de Estudios Estratégicos, Planeación y Vinculación de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya participación en los actos fue del conocimiento el día 16 de abril del año 2002 al recibirse una copia del documento suscrito por el licenciado David Colmenares Páramo, jefe de la unidad referida, y dirigido a la tesorera de la Federación Lic. Evelyne E. Rodríguez Ortega. F. La resolución, determinación o acuerdo que emitida como consecuencia del oficio fechado el 20 de marzo del año 2002, suscrito por el jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al dar trámite aparente a una solicitud emitida por el director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que sea expedido por la tesorera de la Federación de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya participación en los actos fue del conocimiento el día 16 de abril del año 2002 al recibirse una copia del documento suscrito por el licenciado David Colmenares Páramo, jefe de la unidad referida, y dirigido a la tesorera de la Federación Lic. Evelyne E. Rodríguez Ortega. La resolución, determinación o acuerdo emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, en virtud del cual permite que el secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California dé trámite a la solicitud recibida por fax del director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ordena la afectación de las participaciones federales a que tiene derecho el XVII Ayuntamiento de la ciudad de Mexicali, el cual fue del conocimiento en forma indirecta al recibir el tesorero municipal la comunicación en fecha 25 de marzo del año 2002. El oficio en virtud del cual el secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California dé trámite a la solicitud recibida por fax del director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ordena la afectación de las participaciones federales a que tiene derecho el XVII Ayuntamiento de la ciudad de Mexicali, el cual fue del conocimiento en forma indirecta al recibir el tesorero municipal la comunicación en fecha 25 de marzo del año 2002 (la comunicación se encuentra fechada el 20 de marzo del año 2002). El oficio 201490, en virtud del cual la C. Directora de Ingresos del Estado de Baja California con base en la solicitud recibida por fax del director de Participaciones y Convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordena la afectación de las participaciones federales a que tiene derecho el XVII Ayuntamiento de la ciudad de Mexicali, el cual fue del conocimiento en forma indirecta al recibir el tesorero municipal la comunicación en fecha 1o. de abril del año 2002 (la comunicación se encuentra fechada el 27 de marzo del año 2002). Reclamamos las consecuencias de los actos anteriores tendientes a retener las participaciones federales que conforme al Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del año 2002 corresponden al Municipio de Mexicali. Reclamamos la omisión por parte del Congreso del Estado de Baja California de rechazar el trámite iniciado por las autoridades federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y continuado por las autoridades estatales, no obstante estar autorizado un presupuesto de ingresos estatal que genera un ingreso por participaciones federales y una Ley de Ingresos y Egresos para el Municipio de Mexicali en el que el XVII Ayuntamiento no tiene autorizado por el Congreso del Estado de Baja California pago alguno a favor de los terceros interesados."
2) Mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil dos, dictado en el expediente formado con motivo de la solicitud de suspensión de los actos impugnados formulada por la parte actora, que en copia certificada corre agregado a fojas cincuenta y uno a cincuenta y dos de este expediente se determinó, en la parte conducente, lo siguiente:
"... SEGUNDO. Del estudio integral de la demanda y sus respectivos anexos, se aprecia que la parte actora solicita la medida cautelar para el efecto de que no le sea retenida de sus participaciones federales la anterior cantidad, en cualquier modalidad, por parte de las autoridades estatales demandadas, a solicitud de diversas autoridades hacendarias federales, con motivo del supuesto adeudo que la parte actora tiene con las instituciones de crédito terceras interesadas en este juicio ... Ahora bien, se considera que sin prejuzgar respecto del fondo del asunto, así como de las facultades de las autoridades demandadas y derechos de los terceros interesados, procede conceder la suspensión en contra del acto antes mencionado, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que no se descuente al Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, la cantidad de $39'840,826.14 (treinta y nueve millones ochocientos cuarenta mil ochocientos veintiséis pesos 14/100 M.N.), en cualquier modalidad, de sus participaciones federales, con motivo del supuesto adeudo que el Ayuntamiento actor tiene con el Banco Banpaís, Sociedad Anónima, hoy Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, ya que de negarse la suspensión se daría lugar a que se lleve a cabo y surta sus efectos el acto que se impugna, lo que eventualmente podría dejar sin materia el fondo de este juicio ... En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 14 a 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acuerda: I. Se concede la suspensión de los actos impugnados solicitada por el presidente y el síndico del Ayuntamiento del Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, para los efectos que se precisan en este proveído. II. La medida suspensional surtirá efectos desde luego, sin necesidad de otorgar garantía alguna ..."
En relación con lo anterior, debe señalarse que la resolución que corresponde a esta queja sobre violación al auto de veinticinco de abril de dos mil dos, que otorgó la suspensión por un monto de $39'840,826.14 (treinta y nueve millones ochocientos cuarenta mil ochocientos veintiséis pesos 14/100 M.N.), sólo se plantea por la cantidad de $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.), monto por el que se atribuye el desacato a la medida cautelar. Sin embargo, resulta pertinente destacar que el estudio comprenderá no sólo el acuerdo citado, sino también el proveído de veintiséis de agosto siguiente, por el que se hizo extensiva la medida suspensional respecto del oficio 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril del indicado año, suscrito por el jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigido a la Tesorería de la Federación, debido a que es en este oficio en el que se ordena la afectación de las participaciones federales del Municipio recurrente por el monto que invoca como violatorio de la medida cautelar.
3) En efecto, mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil dos, dictado en el expediente principal del juicio del que deriva este recurso (tomo IV, fojas 747 a 749), en virtud de la ampliación de demanda que hizo valer la parte actora, el Ministro instructor acordó, en la parte que a este asunto interesa, lo siguiente:
"... SEGUNDO. Del análisis integral de los argumentos esgrimidos por la parte actora, el Ministro instructor que suscribe provee: Por lo que hace a la ampliación de demanda, se admite ésta en lo relativo a la impugnación del oficio número 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos, suscrito por David Colmenares Páramo, jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, dirigido a la Tesorería de la Federación, en el cual se afectan las participaciones federales del Estado de Baja California, con el fin de hacer entrega a los terceros interesados del remanente del adeudo contraído por el Municipio actor ..."
4) Finalmente, por acuerdo de la misma fecha, dictado en el expediente relativo al incidente de suspensión del juicio (fojas 803 a 804), atendiendo a que la parte actora solicitó igualmente la suspensión de los actos impugnados en su ampliación de demanda, el Ministro instructor proveyó, en lo que interesa, lo siguiente:
"... CUARTO. Ahora bien, en atención a los preceptos legales invocados, y tomando en cuenta que por auto de veinticinco de abril del año en curso se concedió la suspensión de los actos impugnados por el Municipio actor en la demanda inicial para el efecto de ‘que no se descuente al Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, la cantidad de $39'840,826.14 (treinta y nueve millones ochocientos cuarenta mil ochocientos veintiséis pesos 14/100 M.N.), en cualquier modalidad, de sus participaciones federales, con motivo del supuesto adeudo que el Ayuntamiento actor tiene con el Banco Banpaís, Sociedad Anónima, hoy Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto’; y que en la ampliación de demanda se impugna un acto que está íntimamente relacionado con el acto respecto del cual se concedió la medida cautelar, se considera que sin prejuzgar respecto del fondo del asunto, así como de las facultades de las autoridades demandadas y derechos de los terceros interesados, procede extender la suspensión concedida mediante proveído de veinticinco de abril del año en curso, respecto del oficio número 351-A-a-1a-I-0677 (debe decir: 351-A-a-1a-I-0077), de diecinueve de abril de dos mil dos, suscrito por David Colmenares Páramo, jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas, dirigido a la Tesorería de la Federación, en el cual se afectan las participaciones federales del Estado de Baja California, con el fin de hacer entrega a los terceros interesados del remanente del adeudo contraído por el Municipio actor para el efecto que se precisa en el auto de referencia, esto es, para que no se descuente al Municipio de Mexicali, Estado de Baja California, la cantidad de $39'840,826.14 (treinta y nueve millones ochocientos cuarenta mil ochocientos veintiséis pesos 14/100 M.N.), en cualquier modalidad, de sus participaciones federales, con motivo del supuesto adeudo que el Ayuntamiento actor tiene con el Banco Banpaís, Sociedad Anónima, hoy Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto, ya que de negarse la suspensión daría lugar a que se lleve a cabo y surta sus efectos el acto que se impugna en la ampliación de demanda, lo que eventualmente podría dejar sin materia el fondo de este juicio ... En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 14 a 18 de la Ley Reglamentaria de la Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acuerda: I. Se hace extensiva la suspensión concedida en proveído de veinticinco de abril del año en curso, respecto del acto impugnado en ampliación de demanda para los efectos que se precisan en el auto citado. II. La medida suspensional surtirá efectos desde luego, sin necesidad de otorgar garantía alguna ..."
Según lo transcrito, es dable considerar, en síntesis, lo siguiente:
a) La parte actora, ahora recurrente, promovió la demanda que motivó la formación del juicio sobre cumplimiento de los convenios de coordinación fiscal en contra de diversas autoridades dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Gobierno del Estado de Baja California, en virtud de diversos actos tendentes al cumplimiento del procedimiento de afectación de las participaciones que en ingresos federales le corresponden para el ejercicio fiscal de dos mil dos.
b) Con motivo de la solicitud de suspensión de los actos impugnados formulada por la parte actora, mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil dos, el Ministro instructor determinó que ésta se concedía para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que hasta ese momento guardaban y no se descontara al Municipio de Mexicali, de la citada entidad, en cualquier modalidad, de sus participaciones federales, la cantidad de $39'840,826.14 (treinta y nueve millones ochocientos cuarenta mil ochocientos veintiséis pesos 14/100 M.N.), hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, precisando al efecto que la medida suspensional surtiría sus efectos desde luego, sin necesidad de otorgar garantía alguna.
c) Por proveído de veintiséis de agosto de dos mil dos, el Ministro instructor proveyó en relación con la ampliación de demanda hecha valer por la parte actora, que ésta se admitía en lo relativo a la impugnación del oficio 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de abril de dos mil dos, suscrito por el jefe de la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigido a la Tesorería de la Federación, por el cual se afectan las participaciones federales del Estado de Baja California, con el fin de hacer entrega a los terceros interesados del remanente del adeudo contraído por el Municipio actor; y,
d) Mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil dos, tomando en consideración la solicitud de suspensión de los actos impugnados formulada en la ampliación de demanda, el Ministro instructor determinó que era procedente hacer extensiva la medida cautelar concedida en auto de veinticinco de abril del indicado año, respecto del oficio 351-A-a-1a-I-0077, de diecinueve de este último mes, para el efecto de que no se descontara al Municipio actor de sus participaciones federales, en cualquier modalidad, la cantidad a que se hizo referencia en el inciso b) de esta síntesis, hasta en tanto se resuelva el fondo del juicio, precisando que la suspensión surtiría sus efectos desde luego, sin necesidad de otorgar garantía alguna.
Ahora bien, en sus conceptos de agravio la parte recurrente aduce, en lo medular, que las autoridades demandadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Gobierno del Estado de Baja California infringieron la suspensión concedida por el Ministro instructor, toda vez que al haber sido otorgada ésta el veinticinco de abril de dos mil dos y al haberse señalado que surtiría sus efectos desde luego, sin necesidad de otorgar garantía alguna, implicaba su acatamiento inmediato al momento de ser dictado el auto, independientemente del momento en que fuera notificado a las autoridades demandadas, por lo que la recepción por parte de la Tesorería de la Federación de un monto de $19'955,075.14 (diecinueve millones novecientos cincuenta y cinco mil setenta y cinco pesos 14/100 M.N.), que le fue depositado por diversas autoridades de la citada entidad, supuestamente a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos de ese mismo día, sin precisar en qué huso horario, constituye un acto materialmente violatorio de la medida suspensional otorgada y que, en consecuencia, lo procedente es ordenar que dicha cantidad sea devuelta al Municipio actor, al no haberse resuelto aún el fondo del asunto.
A efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
El artículo 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional dispone:
"Artículo 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva."
Conforme al precepto transcrito, en la parte que interesa, el auto por el que se conceda la suspensión de los actos impugnados deberá señalar con precisión los alcances de ésta, el día a partir del cual surtirá sus efectos y los requisitos necesarios para su efectividad.
Así, en el proveído de veinticinco de abril de dos mil dos, por el que se concedió a la parte actora la suspensión de los actos impugnados en su demanda inicial, se determinó, según se asentó con anterioridad, que la medida suspensional se otorgaba para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que hasta ese momento guardaban y no se descontara al Municipio de Mexicali, de la citada entidad, en cualquier modalidad, de sus participaciones federales, la cantidad de $39'840,826.14 (treinta y nueve millones ochocientos cuarenta mil ochocientos veintiséis pesos 14/100 M.N.), hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, así como que la suspensión surtiría sus efectos desde luego, sin necesidad de otorgar garantía alguna; asimismo, en auto de veintiséis de agosto del indicado año, se hizo extensiva la suspensión decretada en relación con el acto respecto del cual se admitió a trámite la ampliación de demanda, precisando igualmente que ésta surtiría sus efectos desde luego.
Visto lo anterior y debido a que la parte recurrente aduce que el acto que invoca es violatorio de la suspensión porque se verificó el mismo día en que ésta estaba surtiendo plenos efectos, al haberse acordado que esto ocurriría desde luego, resulta necesario desentrañar el sentido de la expresión "desde luego", para estar en condiciones de determinar en qué momento comenzó a surtir efectos la medida cautelar concedida por el Ministro instructor.
Al respecto, debe precisarse que la expresión "desde luego" implica una disposición tajante referente a que el momento en que surte efectos la suspensión del acto cuya validez se impugne se actualiza inmediatamente, esto es, cuando una vez solicitada la medida cautelar, o bien, en caso de que proceda de oficio, la autoridad que conoce del juicio, tomando en consideración las constancias que tiene a la vista, determina que la medida suspensional procede y dicta el acuerdo o resolución en el que ordena se mantengan las cosas en el estado que guardan; de modo tal, que es en la fecha en que se dicta el auto concesorio de la suspensión cuando ésta surte sus efectos paralizadores, debiendo ser acatada por cualquier autoridad e incluso por cualquier persona que, no obstante no tener el carácter de autoridad, tenga alguna injerencia en la ejecución de los actos.
En esta tesitura, es de estimarse que el auto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17543-0654a91c/suspension-en-los-juicios-sobre-cumplimiento-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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