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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO NO VULNERA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SE TRATA DE UN PLANTEAMIENTO DE TRANSGRESIÓN A ASPECTOS DE LEGALIDAD (RETENCIÓN DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLANTEAMIENTO RELATIVO AL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTIVO LOCAL DE MINISTRAR RECURSOS CORRESPONDIENTES A UN MUNICIPIO EN LOS PLAZOS LEGALES PREVISTOS PARA ELLO NO IMPLICA LA DETERMINACIÓN DEL ALCANCE Y CONTENIDO DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (RETENCIÓN DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA OMISIÓN, RETENCIÓN O ENTREGA PARCIAL DE RECURSOS FEDERALES POR LOS ESTADOS A LOS MUNICIPIOS NO CONSTITUYE UN CONFLICTO CONSTITUCIONAL DE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR PARA PROMOVER AQUÉLLA (RETENCIÓN DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL (RETENCIÓN DE RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 150/2019-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 279/2019. · Registro digital (IUS): 29700
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-03-12
Promovente: MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo I, Pág. 929.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 150/2019-CA DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 279/2019. MUNICIPIO DE ÚRSULO GALVÁN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 3 DE DICIEMBRE DE 2019. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al tres de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación del recurso de reclamación. Por escrito recibido el cinco de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Alicia Herrera Mejía, en su carácter de síndica del Municipio de Úrsulo Galván, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió recurso de reclamación contra el acuerdo de quince de agosto de dos mil diecinueve, emitido en la controversia constitucional 279/2019, mediante el cual el Ministro instructor desechó de plano por notoria y manifiesta improcedencia la controversia constitucional.

SEGUNDO.—Acuerdo recurrido. El acuerdo materia de este recurso, en lo que interesa, es del tenor siguiente:

"Ciudad de México, a quince de agosto de dos mil diecinueve.

"...

"En relación con lo anterior, de la simple lectura de la demanda y sus anexos, es posible advertir que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Federal, debido a que el Municipio actor carece de interés legítimo para intentar este medio de control constitucional.

"...

"De este modo, el hecho de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconozca en su artículo 105, fracción I, la posibilidad de iniciar una controversia constitucional cuando alguna de las entidades, poderes u órganos originarios del Estado estime que se ha vulnerado su esfera de atribuciones, es insuficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis de constitucionalidad de las normas o actos impugnados desvinculado del ámbito competencial constitucional del actor.

"...

"Por su parte, conviene tener presente que el criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el interés legítimo en controversia constitucional, tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la citada Norma Fundamental tengan interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados se origine, cuando menos, un principio de agravio.

"...

"Lo anterior, porque si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación puede revisar la constitucionalidad de actos y normas emitidos por autoridades del Estado a través de la controversia constitucional, para hacerlo está siempre supeditada a que exista un principio de agravio a la esfera competencial salvaguardada en la Constitución Federal a favor del actor, pues de no ser así, se desnaturalizaría la función de este medio impugnativo permitiéndose la revisión de un acto que de ningún modo afectaría al promovente en la esfera de atribuciones tutelada en la Norma Fundamental.

"En ese sentido, la controversia constitucional entraña un conflicto sobre la constitucionalidad de actos y/o disposiciones generales de los sujetos que el artículo 105 de la Constitución Federal reconoce como partes en este tipo de juicios, ya que desde su concepción por el Poder Constituyente, esta garantía jurisdiccional fue diseñada para que este Alto Tribunal definiera el ámbito de atribuciones que la Constitución Federal confiere a los órganos originarios del Estado, tal como fue señalado por el Tribunal Pleno en la tesis P. LXXII/98, de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO.’

"Así, la controversia constitucional resulta improcedente cuando las partes aleguen exclusivamente violaciones diversas a las competenciales, tales como las de estricta legalidad, salvo que el análisis de éstas sea necesario para definir el ámbito competencial de las partes en contienda, lo cual sólo se puede determinar en cada caso concreto, en ese sentido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en sesión de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la controversia constitucional 288/2017; además, resulta aplicable la tesis P./J. 42/2015 (10a.), de título y subtítulo: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO.’

"Precisado esto, debe destacarse que el Municipio actor señala en el escrito de demanda como actos reclamados la retención de los recursos federales del ‘Ramo General 23 y 28’, en específico del:

"a) Remanente de Bursatilización del periodo febrero-julio de 2016;

"b) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2015 y 2016, por concepto de Municipio Productor de Hidrocarburos Marítimos;

"c) Fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre 2013, 2014 y 2015; y,

"d) Pago de intereses generados por la omisión de pago de los anteriores recursos.

"Ahora, es dable destacar que las violaciones alegadas por el Municipio actor, consistentes en que los recursos de origen federal que aduce le corresponden y no han sido integrados a la hacienda municipal, las hace depender de la transgresión directa de ordenamientos distintos a la Constitución General de la República, como son la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley Número 44 de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como de un contrato de fideicomiso irrevocable celebrado entre el Gobierno y los Municipios, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

"En ese tenor, si bien la parte actora pretende que vía controversia constitucional se estudie la posible vulneración a las obligaciones del Ejecutivo Local de entregar a los Municipios de la entidad las aportaciones y recursos que la Federación les proporciona, lo cierto es que dichas violaciones las hace descansar de manera preponderante en la interpretación y aplicación de disposiciones ordinarias federales y locales, así como de los convenios celebrados entre las partes, lo cual es insuficiente para considerar procedente la presente controversia constitucional, porque en todo caso, el planteamiento debería evidenciar una relación entre esos actos impugnados y la afectación al ejercicio directo e inmediato a una competencia del Municipio actor establecida en la Norma Fundamental.

"En ese sentido, aunque el Municipio accionante menciona que con los actos impugnados se vulnera el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: ‘Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.’; ello también es insuficiente para la procedencia de la controversia constitucional, en tanto la citada porción no contiene una atribución, facultad o competencia exclusiva a favor de los Municipios, sino una cláusula sustantiva que alude a la forma en la que se integra la hacienda pública municipal, haciendo una remisión, precisamente, a la legislación local, lo que robustece la conclusión de que se manifiestan transgresiones no susceptibles de abordarse en una controversia constitucional.

"Cabe destacar, que si bien el Pleno de este Alto Tribunal ha conocido en controversia constitucional de la omisión de pago de participaciones y aportaciones reclamadas por los Municipios, lo cierto es que, a partir de un nuevo análisis de los actos impugnados, se advierte que dichas omisiones no vulneran la Constitución Federal, sino que se trata de un planteamiento de transgresión a aspectos de legalidad.

"Lo anterior es así, ya que la naturaleza de las participaciones y aportaciones es la de recursos económicos públicos cuya regulación y plazos de entrega no descansa en la Constitución Federal, sino en las referidas leyes de Coordinación Fiscal, de Ingresos sobre Hidrocarburos y la de Coordinación Fiscal del Estado.

"En consecuencia, el examen de legalidad de los actos que derivan de dichas normas, no corresponde a la competencia que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de las controversias constitucionales, ya que como se indicó, el objeto de éstas es la de estudiar conflictos que se generen entre dos o más órganos originarios del Estado, respecto del ámbito de competencia constitucional que les corresponde.

"Por el contrario, en la demanda sólo se plantean aspectos sobre los plazos para la entrega de los recursos establecidos en la normatividad de referencia; aduciendo, en relación con éstos, la retención de ministraciones, con la consecuente generación de intereses. Aspectos de legalidad, en tanto atañen a particularidades establecidas por el legislador en una normativa distinta a la constitucional.

"En ese tenor, el suscrito Ministro instructor estima que la controversia constitucional, como medio de control constitucional, cuya finalidad es, en esencia, la defensa del sistema federal, no se debe desvirtuar estudiando impugnaciones de mera legalidad; por lo que, en el caso, al advertirse que los actos impugnados derivan de diversas violaciones a plazos y aspectos regulados en normatividad distinta a la Norma Fundamental, se concluye que si el reclamo del Municipio actor no entraña una cuestión asociada a los ámbitos competenciales de las partes en contienda, la controversia constitucional no es la vía para dirimirla y procede desechar la demanda.

"Aunado a lo expuesto, también se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, relativa a la falta de definitividad.

"Esto, como se dijo con anterioridad, debido a que la promovente encuadra los actos reclamados en violaciones respecto de diversas facultades previstas en la Ley de Coordinación Fiscal, por tanto, para reclamar la omisión o negativa del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de entregar los recursos reclamados, debió agotar la vía legalmente prevista en el referido ordenamiento legal, para obtener la revocación o modificación del acto que presuntamente le causa una afectación a su esfera jurídica constitucionalmente prevista.

"Ahora bien, una de las normativas aplicables es justamente la Ley de Coordinación Fiscal. Este ordenamiento, según lo previsto en su artículo 1 tiene como objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los Municipios, para establecer la participación correspondiente a sus haciendas públicas y su distribución.

"En ese orden de ideas, el artículo 6, párrafo segundo, de dicho ordenamiento señala que la Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de las entidades federativas; siendo que el retraso produce el pago de intereses y, en caso de incumplimiento por parte de los Estados, la Federación hará entrega directa a los Municipios, para lo cual descontará la participación del monto correspondiente al Estado.

"Como se advierte, la Federación al ser la que entrega las participaciones a los Estados, a fin de que éstos las entreguen por su conducto a los Municipios, según corresponda, funge como un órgano de control respecto de la adecuada administración y destino de los recursos que corresponden a las entidades federativas y a los Municipios.

"...

"Asimismo, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal, la citada Secretaría está facultada para disminuir las participaciones de las entidades, cuando éstas violen lo dispuesto en los artículos 73, fracción XXIX, 117, fracciones IV a VII y IX, o 118, fracción I, de la Constitución Federal, o falte al cumplimiento del o de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese caso, la mencionada dependencia debe oír a la entidad y deberá atender el dictamen técnico de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Cuando la disminución de participaciones suceda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe comunicar la resolución a la entidad respectiva, en la cual señalará la violación cometida.

"Así, si los Municipios se consideran afectados por la falta de entrega de los recursos por parte de los Estados, entonces pueden hacerlo del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que ésta requiera a la entidad federativa. En caso de que la dependencia considere injustificada la omisión, puede entregar directamente los recursos a los Municipios y, en su caso, descontar de la próxima ministración a los Estados, respecto de aquellos dejados de entregar, para ser proporcionados a los Municipios.

"De todo lo descrito, válidamente se puede concluir que la Ley de Coordinación Fiscal establece la autoridad a la cual deben acudir los Municipios, a fin de que puedan reclamar el incumplimiento por parte de las entidades federativas, de entregar oportunamente las participaciones y aportaciones federales a las que tienen derecho.

"Ahora bien, en el caso concreto, el Municipio actor promueve la controversia constitucional para impugnar la retención de aportaciones y recursos federales respecto del remanente de bursatilización del periodo de febrero-julio de 2016, del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, de 2015 y 2016, así como del Fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre, de 2013, 2014 y 2015.

"Al respecto, tanto del escrito inicial de demanda como de los anexos, en modo alguno se advierte que el Municipio actor haya informado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que no ha recibido los recursos reclamados.

"De ahí también la improcedencia de la actual controversia constitucional, pues el Municipio actor no agotó la vía legalmente prevista para reparar la vulneración al derecho de integrar los recursos de origen federal a su hacienda municipal, el cual estima violado.

"...

"Tampoco pasa inadvertido que, de igual forma, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, relativa a la falta de oportunidad en la presentación de la demanda, ya que el presente asunto fue promovido fuera del plazo legal de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al en que se haya tenido conocimiento del acto controvertido.

"En principio es necesario precisar que si bien el Municipio actor impugna los actos omisivos de referencia dándoles el tratamiento de actos negativos, lo cierto es que dichas retenciones de recursos federales derivan de actos de naturaleza positiva, ya que lo impugnado no fueron omisiones de pago, sino actos de retención de recursos federales, entendidos como actos positivos, en tanto que existía una fecha cierta de pago establecida en los calendarios correspondientes a las entregas de los recursos federales, que fueron publicados debidamente a través del medio de difusión oficial local.

"Esta concepción de los actos impugnados impacta en el cómputo de la oportunidad para controvertirlos, ya que delimita la posibilidad a los treinta días previos a que tuvo conocimiento de éstos, en términos del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia.

"...

"Ahora bien, para determinar si la impugnación de los actos es oportuna, debe tenerse en cuenta que la demanda de controversia constitucional que nos ocupa se presentó el cinco de agosto de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que denota que ha transcurrido en exceso el plazo para promover la presente vía constitucional, pues los fondos que son materia de impugnación pertenecen a los ejercicios fiscales de 2013, 2014, 2015 y 2016.

"Por todo lo expuesto, la presente demanda debe desecharse de plano, por actualizarse los supuestos de improcedencia contenidos en el artículo 19, facciones VI, VII y VIII, en relación con el 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, así como con la fracción I, inciso i), del artículo 105 de la Constitución Federal; además, teniendo en cuenta que la declaración de invalidez de las sentencias que se emiten en este medio de control de constitucionalidad, no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución General de la República y 45, párrafo segundo, de la mencionada ley reglamentaria; por lo que en el presente caso no sería factible arribar a una conclusión diferente, aun y cuando se instaurara el proceso y se aportaran pruebas, resultando aplicable la tesis que a continuación se reproduce:

"...

"Por las razones expuestas, se

"ACUERDA

"PRIMERO. Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por la síndica única del Municipio de Úrsulo Galván, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave."

TERCERO.—Trámite del recurso de reclamación. En acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró el recurso de reclamación bajo el expediente 150/2019-CA, lo tuvo por interpuesto, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su derecho conviniera y lo turnó a la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas.

CUARTO.—Pedimento. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento.

QUINTO.—Avocamiento. Una vez integrado el expediente, en acuerdo de tres de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó remitirlo para su radicación y resolución a la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por proveído del ocho siguiente, el presidente de la Segunda Sala avocó el conocimiento del asunto.

SEXTO.—Radicación en Pleno. Mediante acuerdo de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del dictamen formulado por el Ministro ponente, radicó el presente recurso en el Tribunal Pleno para su resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de reclamación.(1)

SEGUNDO.—Oportunidad. El recurso es oportuno.(2)

TERCERO.—Legitimación. El recurso de reclamación fue interpuesto por persona legitimada.(3)

CUARTO.—Procedencia. El recurso es procedente.(4)

QUINTO.—Agravios relacionados con la existencia de causa de improcedencia manifiesta e indudable. En el primer, segundo, cuarto, quinto y sexto agravios,(5) la recurrente plantea, en síntesis, los siguientes argumentos:

• Las causales (de improcedencia) que invoca el acuerdo cuestionado no son manifiestas e indudables, en virtud de que se impugna la omisión en la ministración de los recursos económicos de conformidad con el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se transgreden los principios de libre administración de la hacienda pública municipal, así como los diversos de integridad de los recursos económicos de ésta y de ejercicio directo del Ayuntamiento respecto de tales recursos.

• El problema no es de mera legalidad sino de violación directa al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Debe revocarse el acuerdo impugnado porque la actualización de la improcedencia que se invoca no es evidente, dado que la problemática planteada no es propia para definirse en un mero proveído de trámite, ni en el presente recurso de reclamación, sino que se encuentra vinculada con el estudio de fondo de las manifestaciones vertidas en la demanda.

• El problema jurídico a resolver en la controversia constitucional es la omisión en la entrega de recursos públicos que le corresponden al Municipio, lo cual genera una violación directa del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no ministrarse oportunamente los recursos económicos para la atención de las necesidades que tiene la población del Municipio actor, aspecto que genera interés jurídico por referirse a cuestiones de carácter presupuestal.

• No es suficiente la apreciación del Ministro instructor en relación con la determinación en el sentido de que el Municipio actor carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional, pues cuenta con la facultad de prevenir al actor para que aclare la pretensión de la demanda, así como con la diversa de allegarse de elementos para mejor proveer.

• Existen diversos precedentes de la Primera y Segunda Salas en los que se han analizado en el fondo la omisión de entrega de recursos federales, al considerarlos omisiones absolutas y se ha condenado a su pago al ejecutivo estatal demandado.

Tales motivos de disenso son infundados.

Conforme a los criterios sostenidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por "manifiesto" debe entenderse aquello que se advierte en forma clara y patente de la lectura de la demanda y sus anexos; mientras que "indudable" significa que se tiene la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza, sin que se requiera de otros elementos que lleven a concluir diversa convicción, de modo tal que la fase probatoria se haga innecesaria.(6)

Además, dado que las causas de improcedencia son de orden público y su análisis debe realizarse de oficio, es necesario que éstas queden probadas de manera fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues para efectos del desechamiento de una demanda debe tenerse la certeza de que se surten los extremos del motivo de improcedencia en forma manifiesta e indudable.(7)

Esto, en atención a que por sus propias características, el acuerdo inicial tiene el carácter de una apreciación preliminar de trámite, por lo que no pueden realizarse estudios exhaustivos, sólo deben tomarse en consideración las manifestaciones expuestas en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, en tanto que emitir un pronunciamiento de fondo traería como consecuencia que no se actualizara la hipótesis del artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia.

En el caso, el Ministro instructor desechó la controversia constitucional al estimar actualizada, entre otras, la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, debido a que el Municipio actor carece de interés legítimo para intentar este medio de control constitucional.

Lo anterior, con motivo de que el objeto de estudio o materia de las controversias constitucionales son los conflictos que se generen entre dos o más órganos originarios del Estado, respecto del ámbito de competencia constitucional que les corresponde, es decir, por una invasión de esferas competenciales.

Sin embargo, bastó la simple lectura de la demanda para advertir que en ella sólo se plantearon aspectos sobre los plazos para la entrega de los recursos, los cuales se prevén en normas secundarias o legales; aduciendo, en relación con éstos, la retención u omisión de ministración de aportaciones, participaciones, o recursos federales.

En la especie, basta la lectura de la demanda para apreciar que el Municipio actor impugnó la pretendida retención de recursos federales de los ramos 23 y 28, específicamente adujo la falta de entrega de remanentes de bursatilización correspondientes al periodo febrero a julio de dos mil dieciséis; montos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos de los ejercicios de dos mil quince y dos mil dieciséis; cantidades provenientes del Fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre de los ejercicios de dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince; así como el pago de intereses generados por la omisión de pago de los anteriores recursos.

En otras palabras, de la sola lectura de la demanda es factible advertir que la litis que pretendía el actor se dilucidara a través de una controversia constitucional, se trataba de un aspecto de mera legalidad, consistente en verificar si se habían realizado transferencias de recursos a los Municipios en los plazos previstos por la Ley de Coordinación Fiscal y las demás disposiciones secundarias aplicables.

De ello resultaba evidente advertir que el caso planteado no se refería al análisis de las esferas competenciales del Municipio ni de la entidad federativa, así como tampoco a la probable invasión de éstas, sino de la mera verificación de si se habían realizado, o no, pagos en términos y plazos previstos por normas de mera legalidad.

Por ende, tal circunstancia es susceptible de advertirse en forma clara y patente de la lectura de la demanda y sus anexos, con lo cual se puede tener la certeza y plena seguridad de que la actualización de la causa de improcedencia invocada en el acuerdo recurrido, sin que resulten necesarios otros elementos de prueba, mucho menos el ejercicio de la facultad de prevención ni la de mejor proveer, que establecen los artículos 28 y 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente.

En consecuencia, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, con motivo de que la litis planteada en la demanda no se relaciona con la invasión de esferas competenciales, sino con meros aspectos de legalidad, sí cuenta con las características para ser considerada como un motivo manifiesto e indudable para el desechamiento de la demanda.

No es óbice a lo anterior que el recurrente manifieste que la omisión de entrega o retención de recursos federales viola los principios que derivan del artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues del escrito de demanda y de la integridad de las constancias que obran en el expediente, se aprecia que no se impugnan actos que vulneren la esfera de competencias o facultades consagradas en tal precepto constitucional, sino que se trata de una contención derivada, en todo caso, del mero incumplimiento de plazos previstos en las normas secundarias que regulan el funcionamiento del sistema de coordinación fiscal.

Por tanto, no se trata de una impugnación abstracta respecto de una violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino de un mero conflicto de legalidad que no es propio de resolución a través de la controversia constitucional.

En efecto, la litis propuesta por el Municipio actor trata del mero incumplimiento de ministración de recursos en los plazos legales previstos para ello, pero en forma alguna implica la determinación del alcance y contenido del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para con ello establecer facultades del Municipio actor o del estado demandado, ni su invasión por otro ente estatal.

Así es, el Municipio actor nunca pone en duda que la facultad de ministrar los recursos respectivos corresponda al Poder Ejecutivo demandado de la entidad federativa respectiva, tampoco aduce que éste ejerce facultades exclusivas de las autoridades municipales. Por lo contrario, el único aspecto a dilucidar es de mera legalidad, en el sentido de determinar si los montos le fueron transferidos, o no, a sus cuentas bancarias en el plazo legal conducente.

Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no toda violación constitucional puede analizarse en esta vía, sino sólo las relacionadas con los principios de división de poderes o con la cláusula federal, delimitando el universo de posibles conflictos a los que versen sobre la invasión, vulneración o simplemente afectación a las esferas competenciales trazadas desde el Texto Constitucional.

Ahora, si bien el criterio o principio de afectación se ha interpretado en sentido amplio, es decir, que debe existir un principio de agravio, el cual puede derivar no sólo de la invasión competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las garantías institucionales previstas en su favor o incluso prerrogativas relativas a cuestiones presupuestales; lo cierto es que también se ha precisado que tal amplitud siempre debe entenderse en el contexto de afectaciones a los ámbitos competenciales.

Además, la precisión de mérito dio lugar a que el Tribunal Pleno identificara como hipótesis de improcedencia de la controversia constitucional, las relativas a cuando las partes aleguen exclusivamente las siguientes violaciones:

1. A cláusulas sustantivas, diversas a las competenciales.

2. De estricta legalidad.

Lo anterior se corrobora con el criterio jurisprudencial P./J. 42/2015 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOB

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29700-376a2dc2/i-controversia-constitucional-alcance-de-la-expresion-motivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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