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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS CARECEN DE LEGITIMACIÓN PASIVA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS CONSTITUCIONALES LOCALES (ACUERDO DEL MINISTRO INSTRUCTOR DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS POR EL QUE ADMITIÓ PARCIALMENTE A TRÁMITE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 79/2016). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO NO SE CONSIDERAN ÓRGANOS EMISORES DE LA NORMA CUANDO SE IMPUGNA EL MECANISMO DE REFORMAS O ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD (ACUERDO DEL MINISTRO INSTRUCTOR DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS POR EL QUE ADMITIÓ PARCIALMENTE A TRÁMITE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 79/2016). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO, PARA IMPUGNAR EL NOMBRAMIENTO DEL FISCAL GENERAL REALIZADO POR EL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD (ACUERDO DEL MINISTRO INSTRUCTOR DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS POR EL QUE ADMITIÓ PARCIALMENTE A TRÁMITE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 79/2016).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 67/2016 CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 79/2016. · Registro digital (IUS): 27824
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-05-11
Promovente: MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, ESTADO DE QUINTANA ROO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo I, Pág. 1089.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 67/2016-CA, DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 79/2016. MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, ESTADO DE QUINTANA ROO. 7 DE DICIEMBRE DE 2017. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación del recurso. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Campillo Díaz, en su carácter de delegado designado por el Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, interpuso recurso de reclamación en contra del auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis dictado en la controversia constitucional 79/2016, mediante el cual el Ministro instructor, por una parte, desechó parcialmente la demanda y, por otra, determinó no reconocer el carácter de demandados en el juicio a los Municipios que conforman al Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO.—Antecedentes. El Municipio recurrente promovió la controversia constitucional 79/2016, en la que señaló como autoridades demandadas, de manera textual a las siguientes:

"II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. Lo son:

"II.1. Respecto a la reforma y adición a la Constitución del Estado de Quintana Roo, de fecha 21 de junio de 2016, publicada con fecha 25 de junio de 2016:

"a. El Poder Constituyente Permanente y Revisor del Estado de Quintana Roo. Conformado en términos del artículo 164 de la Constitución del Estado, por:

"a.1. El Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo …

"Y los siguientes Municipios:

"a.2. El honorable Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco y quien votó en contra la reforma y adición a la Constitución de fecha 21 de junio de 2016, publicada con fecha 25 de junio de 2016.

"a.3. El honorable Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto …

"a.4. El honorable Ayuntamiento del Municipio de José María Morelos …

"a.5. El honorable Ayuntamiento del Municipio de Cozumel …

"a.6. El honorable Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas …

"a.7. El honorable Ayuntamiento del Municipio Benito Juárez …

"a.8. El honorable Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres …

"a.9. El honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad …

"a.10. El honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum …

"a.11. El honorable Ayuntamiento del Municipio de Bacalar …

"a.12. El honorable Ayuntamiento del Municipio Puerto Morelos …

"II.2. Respecto la designación definitiva del fiscal general del Estado de Quintana Roo (acto de aplicación que se emitió en alcance y en consecuencia, de manera concomitante a la reforma y adición constitucional que se combate):

"a. El Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo."

En el propio escrito inicial, solicitó la declaración de invalidez de lo siguiente:

"IV. La norma general o acto, cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado:

"IV.1. Respecto a la reforma y adición constitucional que se combate:

"a. Del Poder Constituyente Permanente y Revisor del Estado de Quintana Roo (conformado por el Poder Legislativo del Estado y los Municipios en cita), se demanda la invalidez de:

"La reforma y adición a la Constitución del Estado de Quintana Roo de fecha 21 de junio de 2016, publicada con fecha 25 de junio de 2016.

"b. La publicación de la reforma y adición a la Constitución del Estado de Quintana Roo de fecha 21 de junio de 2016, lo fue con fecha 25 de junio de 2016, ello en el Periódico Oficial del Estado.

IV.2. Respecto a actos de aplicación que se emitieron en alcance, en consecuencia y de manera concomitante a la reforma y adición constitucional que se combate:

"a. Del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo: La expedición, cumplimiento y ejecución del decreto y/o acuerdo por el cual llevó a cabo la designación definitiva del C. Carlos Arturo Álvarez Escalera, como fiscal general del Estado de Quintana Roo, en alcance y aplicación de la reforma y adición constitucional cuya invalidez se demanda."

TERCERO.—Acuerdo recurrido. El proveído materia del presente recurso de reclamación, en la parte que a este asunto interesa, es del tenor siguiente:

"Ciudad de México, a veintinueve de agosto de dos mil dieciséis.

"Visto el escrito de demanda y anexos del síndico del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, se acuerda lo siguiente:

"El accionante promueve controversia constitucional contra el Poder Legislativo y los once Ayuntamientos de los Municipios de la entidad, en la que impugna lo siguiente: (se transcriben)

"…

"Ahora bien, del estudio integral de la demanda y sus anexos, se advierte que respecto del acto de aplicación de las reformas y adiciones a la Constitución del Estado de Quintana Roo impugnadas, y que el síndico promovente identifica con la designación del procurador general de Justicia del Estado en funciones, ciudadano Carlos Arturo Álvarez Escalera como fiscal general de Quintana Roo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19(1) de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el 105, fracción I,(2) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por falta de interés legítimo del promovente y, con apoyo, además, en el artículo 25(3) de la mencionada ley reglamentaria.

"En efecto, de la fracción VIII del primero de los preceptos citados se deduce que la improcedencia de una controversia constitucional puede derivar de alguna disposición de la ley reglamentaria de la materia, lo cual permite considerar no sólo los supuestos que de manera específica prevé su artículo 19,(4) sino también los que puedan derivar del conjunto de normas que la integran y de las bases constitucionales que la rigen, de conformidad con la tesis P. LXIX/2004, de rubro y texto siguientes: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA Y SE VINCULE CON UNA DISPOSICIÓN EXPRESA Y ESPECÍFICA AL RESPECTO EN ESE ORDENAMIENTO JURÍDICO.’ (se transcribe)

"Ahora bien, el criterio de interés legítimo en controversia constitucional, que actualmente sostiene este Alto Tribunal, parte del reconocimiento de que este medio de control constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Federal confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la citada Norma Fundamental cuenten con interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de agravio en su esfera de competencia y atribuciones.

"Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número P./J. 50/2004, de rubro y texto siguientes: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE ACREDITARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN.’ (se transcribe)

"De este modo, el hecho de que la Constitución Federal en su artículo 105, fracción I, reconozca legitimación para intervenir en una controversia constitucional a las entidades, poderes u órganos que el propio numeral menciona, es insuficiente para que, a instancia de alguno de ellos, la Suprema Corte realice un análisis de constitucionalidad de las normas y/o actos impugnados desvinculado del ámbito competencial del poder actor. Por tanto, si un ente legitimado promueve controversia en contra de una norma o acto que es ajeno totalmente a su esfera de facultades o atribuciones, por el mero interés de preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales conferidas a otros órganos originarios del Estado, no se da el supuesto de procedencia requerido ya que, al no existir un principio de agravio, carece de interés legítimo. Además, la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno invocada, es clara en cuanto a la desvinculación del estudio de fondo cuando es evidente la inviabilidad de la acción.

"En el caso, en la parte que ahora interesa de la demanda, el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, promueve controversia constitucional contra el Poder Legislativo de Quintana Roo, reclamando la invalidez del acto de designación del procurador general de Justicia en funciones en el Estado, ciudadano Carlos Arturo Álvarez Escalera como fiscal general de la entidad, como acto de aplicación de las normas generales impugnadas en el presente medio de control de inconstitucionalidad.

"Al respecto, el artículo 116, fracción IX, de la Constitución Federal, establece lo siguiente: (se transcribe)

"Por su parte, la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, establece:

"‘Artículo 49. El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

"‘Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado se depositan en ciudadanos electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, conforme a las leyes correspondientes. La jornada electoral tendrá lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. …’

"‘Artículo 50. La colaboración de poderes, a través del ejercicio de las atribuciones otorgadas por esta Constitución a cada uno de ellos, es fundamento del equilibrio del poder público.’

"‘Artículo 51. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. …’

"‘Artículo 75. Son facultades de la Legislatura del Estado:

"‘I. Legislar en su orden interno en todo cuanto no esté reservado por la Constitución General de la República a los funcionarios federales.

"‘…

"‘XXI. Legislar en todo lo relativo a la administración pública, planeación y desarrollo económico y social, así como para la programación y ejecución de acciones de orden económico, en la esfera de la competencia estatal y otras cuya finalidad sea la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y estatalmente necesarios.

"‘…

"‘XLIV. Integrar la lista de candidatos a fiscal general del Estado; designar y remover a dicho servidor público de conformidad con esta Constitución y la ley de la materia, así como tomarle la protesta.

"‘…

"‘LI. Expedir todas las leyes y decretos que sean necesarios para hacer efectivas las facultades anteriores.’

"‘Artículo 96. El ministerio público se organizará en una Fiscalía General como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

"‘Para ser fiscal general se requiere:

"‘I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;

"‘II. Haber nacido en el Estado o tener una residencia efectiva en él no menor de 5 años anteriores a la designación;

"‘III. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

"‘IV. Ser licenciado en derecho con título y cédula debidamente registrados, con antigüedad mínima de diez años anteriores a la designación;

"‘V. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

"‘VI. Tener modo honesto de vivir, y

"‘VII. No haber sido condenado por delito doloso.

"‘A. El fiscal general del Estado durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:

"‘a) A partir de la ausencia definitiva del fiscal general del Estado, la Legislatura del Estado contará con veinte días naturales para integrar una lista de diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura, la cual se enviará al Ejecutivo Estatal.

"‘La presidencia de la Legislatura o de la Diputación Permanente, convocará a los grupos parlamentarios representados en la Legislatura, para que presenten hasta dos propuestas para ocupar el cargo de fiscal general del Estado. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Legislatura, dictaminará sobre el cumplimiento de los requisitos de los candidatos para integrar la lista a que refiere el párrafo anterior.

"‘b) Recibida la lista a que se refiere el inciso anterior, dentro de los diez días naturales siguientes el Ejecutivo formulará la terna y la enviará a la consideración de la Legislatura del Estado.

"‘c) La Legislatura del Estado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al fiscal general del Estado con el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura, dentro del plazo de diez días naturales.

"‘En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere el párrafo anterior, la Legislatura del Estado tendrá diez días naturales para designar al fiscal general de entre los candidatos de la lista que señala el inciso a) del presente apartado.

"‘d) El fiscal general del Estado podrá ser removido por la Legislatura del Estado, por determinación de ésta o a solicitud del Ejecutivo Estatal ante la Legislatura del Estado por las causas graves y el procedimiento que establezca la ley. La remoción deberá ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura del Estado.

"‘e) En los recesos de la Legislatura del Estado, la Diputación Permanente convocará de inmediato a periodo extraordinario para la designación o remoción del fiscal general del Estado.

"‘f) Las ausencias del fiscal general del Estado serán suplidas en los términos que determiné la ley. …’

"Como se ve, el artículo 116 de la Constitución Federal, establece que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, y en su fracción IX, que las Legislaturas garantizarán que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

"Con base en la anterior disposición, la Constitución del Estado de Quintana Roo, establece que corresponde al Congreso Estatal legislar en su orden interno en todo cuanto no esté reservado por la Constitución General de la República a los funcionarios federales, entre otros aspectos, en todo lo relativo a la administración pública, al efecto dispone la colaboración de poderes, a través del ejercicio de las atribuciones otorgadas por dicha Constitución a cada uno de ellos, considerándolo como el fundamento del equilibrio del poder público, teniendo como facultad exclusiva el Poder Legislativo Estatal, la de designar, remover y tomar la protesta de ley al fiscal general del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura. Para todo lo anterior, podrá expedir las leyes y/o decretos que sean necesarios para hacer efectivas tales facultades.

"En estas condiciones, la designación de Carlos Arturo Álvarez Escalera como fiscal general de Quintana Roo, no es susceptible de afectar, en modo alguno, la esfera de competencia y atribuciones que la Constitución Federal otorga al Municipio actor, en virtud de que se trata de una facultad exclusiva del Poder Legislativo local, sin que obste a lo anterior, el hecho de que la norma general que establece la organización de la Fiscalía General como órgano constitucional autónomo y que desarrolla el procedimiento de designación o remoción de su titular, se encuentre cuestionada de inconstitucionalidad por el promovente; por ende, el hecho de que se haya cumplido o no el procedimiento legislativo correspondiente a la designación del fiscal general de la entidad, o bien, el acto de designación, en sí mismo, e incluso, el procedimiento legislativo de creación de la norma impugnada, no afecta en modo alguno los derechos, facultades, funciones o servicios que corresponden al Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, en términos del artículo 115 constitucional; de ahí que carece de interés legítimo.

"Resulta aplicable al caso, por analogía, el criterio de jurisprudencia pronunciado por este Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE LA PROMOVIDA POR LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, CONTRA EL NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA MISMA ENTIDAD.’ (se transcribe)

"Por todo lo anterior, al ser evidente la inviabilidad de la acción por falta de interés legítimo del Municipio actor, y no ser necesario un estudio de fondo para determinarlo, de conformidad con la tesis P./J. 50/2004 citada, se advierte que en la especie emerge una causa manifiesta de improcedencia que obliga a desechar la demanda en cuanto a la inconstitucionalidad de la designación del procurador general de Justicia en funciones en el Estado, ciudadano Carlos Arturo Álvarez Escalera como fiscal general de la entidad, quien tomó protesta de ley ante la Legislatura Estatal el veinticinco de junio de dos mil dieciséis.

"En tal virtud, con apoyo en los artículos 19, fracción VIII y 25 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con la fracción I del artículo 105 constitucional, procede desechar la demanda en cuanto a la impugnación de la designación de Carlos Arturo Álvarez Escalera como fiscal general de la entidad, al carecer la parte actora de interés legítimo para ejercer la acción de inconstitucionalidad intentada, ya que el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, no resiente afectación alguna a su esfera de competencia y atribuciones que la Constitución Federal le otorga, en virtud de que la designación del titular de la Fiscalía General del Estado impugnada alude a una facultad exclusiva del Poder Legislativo Estatal, en la que no tienen intervención los demás poderes ni los Municipios de la entidad, la cual no afecta, se insiste, en modo alguno, los derechos, facultades, funciones o servicios que corresponden al Municipio actor, en términos del artículo 115 de la Constitución Federal.

"En efecto, mediante este medio de control de constitucionalidad la Suprema Corte examina los conflictos suscitados entre las autoridades a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, fundamentalmente para preservar el régimen de facultades que a cada una les confiere la propia Norma Fundamental y las leyes que de ella emanan.

"Por tanto, no cualquier acto es susceptible de ser cuestionado en vía de controversia constitucional, sino solamente aquellos que se estimen lesivos de alguna atribución asignada por la Constitución o por la ley a la parte actora, de forma tal que este mecanismo sirva para hacer respetar la observancia de la norma en la que se encuentre prevista la facultad presuntamente trastocada, impidiendo que otra autoridad la asuma o la haga nugatoria.

"En similares términos se desechó la controversia constitucional 64/2010, promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y la Segunda Sala de este Alto Tribunal resolvió el seis de octubre de dos mil diez, el recurso de reclamación 29/2010-CA, derivado de la controversia constitucional 57/2010, promovido por el presidente de la República, por conducto de su consejero jurídico.

"Por otra parte, respecto de la diversa impugnación que hace valer en su escrito de demanda el síndico del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, respecto de la reforma y adición de la Constitución Política del Estado, contenidas en el decreto legislativo 411, procede admitir a trámite la demanda, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que se puedan advertir de manera fehaciente al momento de dictar sentencia.

"…

"Por otra parte, con fundamento en el artículo 10, fracción II,(5) de la invocada ley reglamentaria, se tienen como demandados en este procedimiento constitucional a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Quintana Roo, la última autoridad mencionada por haber promulgado la reforma y adición a la Constitución del Estado que es objeto de la presente controversia constitucional.

"Por otra parte, no ha lugar a tener como demandados a los Ayuntamientos de los restantes Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos, todos del Estado de Quintana Roo, toda vez que el órgano deliberante en el cual se discutieron y aprobaron las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución de la entidad, impugnadas en este asunto, es el Poder Legislativo Estatal, a quien ya se le reconoció el carácter de demandado.

"En relación con lo anterior, si bien es cierto que se impugnan normas constitucionales locales, también es cierto que la intervención de los Municipios en el proceso de reformas y adiciones es únicamente para validarlas con su voto, sin que puedan modificar el contenido de las mismas, esto es, con su participación no da lugar a que se les considere parte integrante del órgano legislativo local, pues no actúan como diputados, ni forman un órgano deliberante, sino que, en su carácter de entidades políticas que integran el Estado de Quintana Roo, tienen la potestad de manera individual y separada de aprobar o no con su voto las reformas y adiciones que pretendan incorporarse a la Constitución, discutidas y aprobadas previamente por el Congreso Local como órgano legislativo que permanentemente ejercita esa función, por lo que es innecesario reconocer a los Ayuntamientos el carácter de demandados, respecto de un acto que sanciona el propio Congreso Local, inherente a la declaratoria de validez con motivo de los votos emitidos por los Municipios, lo cual es parte del proceso legislativo que en el caso no se impugna por vicios propios, atribuidos a los propios Ayuntamientos.

"Resulta aplicable, por su contenido, la tesis de jurisprudencia P./J. 14/2008, de rubro y texto siguientes: ‘MUNICIPIOS. SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN LOCAL ES ÚNICAMENTE PARA VALIDARLAS CON SU VOTO, PERO NO PARA MODIFICARLAS O REVOCARLAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe)

"Además, resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia P./J. 18/2001 del Tribunal Pleno, de rubro y texto siguientes: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE REFORMAS O ADICIONES A LAS CONSTITUCIONES LOCALES, EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO O LEGISLATURA CORRESPONDIENTE SIN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS CUANDO LOS MISMOS DEBAN INTERVENIR.’ (se transcribe)

"…

"Notifíquese."

CUARTO.—Agravios. En contra del anterior proveído, el Municipio recurrente hizo valer los agravios que estimó pertinentes y a los cuales se hará referencia en su oportunidad.

QUINTO.—Trámite del recurso. En proveído de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó admitir a trámite dicho recurso, al que le correspondió el número 67/2016-CA y ordenó correr traslado a las demás partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. En el mismo auto, se turnó el asunto al Ministro Javier Laynez Potisek.

SEXTO.—Manifestaciones. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como el procurador general de la República no realizaron manifestaciones en este asunto.

SÉPTIMO.—Radicación en Sala. Por auto de once de octubre de dos mil dieciséis, se remitió al Ministro Javier Laynez Potisek, quien fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo, así como a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y resolución.

Por auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis la referida Segunda Sala se avocó al conocimiento de este expediente y se ordenó enviar los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

OCTAVO.—Radicación en Pleno. Previo dictamen del Ministro ponente dirigido a la presidencia de la Segunda Sala, se solicitó radicar el presente asunto en el Tribunal Pleno para su resolución.

Por auto de la presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de ocho de junio de dos mil diecisiete, se ordenó radicar el asunto en el Tribunal Pleno y se devolvieron los autos al Ministro ponente para la formulación del proyecto de sentencia correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de reclamación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria) y 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO.—Procedencia del recurso. El artículo 51, fracción I, de la ley reglamentaria,(6) prevé que el recurso de reclamación en controversia constitucional es procedente en contra de los autos emitidos por el Ministro instructor a través de los cuales admita o deseche una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones.

Del análisis integral del escrito por el que se interpuso el presente recurso de reclamación, se advierte que el Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, combatió el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis dictado por el Ministro instructor Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, mediante el cual admitió parcialmente a trámite la controversia constitucional 79/2016.

La impugnación del mencionado proveído se realiza sobre dos pronunciamientos específicos, a saber: a) el desechamiento de la impugnación realizada por el Municipio actor respecto del nombramiento del fiscal general de esa entidad federativa, y b) el no reconocer el carácter de autoridades demandadas a los Municipios de la entidad en relación con la solicitud de declarar la invalidez de diversos preceptos de la Constitución Local.

Precisado lo anterior, este Tribunal Pleno considera que el presente recurso de reclamación es procedente en contra del primero de los pronunciamientos arriba señalados, ya que se interpuso en contra del auto por el que se desechó parcialmente la demanda de controversia constitucional.

En cuanto al segundo de los pronunciamientos que se combate, se tiene que el Municipio recurrente en su demanda solicitó la declaración de invalidez de diversos preceptos de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y, con motivo de ello, solicitó tener como autoridades demandadas respecto de esa impugnación a los diversos Municipios que integran esa entidad federativa, en tanto participan en el procedimiento legislativo de reformas a la Constitución Local.

Al efecto, en el auto recurrido no les fue reconocido ese carácter, determinación que si bien en sentido estricto no constituye un desechamiento expreso de la demanda, sí puede estimarse equiparable a tal determinación únicamente para efectos de la procedencia del presente recurso de reclamación y sin prejuzgar sobre el análisis de los agravios hechos valer, así como de la cuestión de fondo a elucidar en el expediente principal.

Así, en el proveído materia de este recurso no se señaló expresamente que se desechaba la demanda respecto de la participación que tienen los Municipios de la entidad en el procedimiento legislativo de reformas a la Constitución de la entidad. No obstante, la circunstancia de no tenerlos como demandados en el expediente principal pudiera llevar al extremo de no satisfacer en su totalidad la pretensión hecha valer por el actor, en caso de resultar fundada, de ahí que la determinación que se combate en este recurso, al tener el mismo efecto que un desechamiento de la demanda sea equiparable a esa situación procesal, por lo que también debe estimarse procedente el presente recurso de reclamación en ese aspecto.

TERCERO.—Oportunidad. El recurso de reclamación fue presentado de manera oportuna conforme a lo previsto en el artículo 52(7) de la ley reglamentaria, ya que el acuerdo materia de este asunto se notificó al Municipio recurrente el miércoles treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis(,8) por lo que el plazo de cinco días para la interposición del recurso de reclamación transcurrió del viernes dos al jueves ocho de septiembre del mismo año.(9)

En este orden, si el recurso de reclamación se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el ocho del indicado mes y año,(10) resulta indiscutible que es oportuno al haberse presentado el último día del plazo respectivo.

CUARTO.—Legitimación. Suscribe el recurso de reclamación Raúl Campillo Díaz, ostentándose como delegado designado por el Municipio de Othón P. Blanco, carácter que le fue reconocido por el Ministro instructor en el propio auto combatido, de ahí que de conformidad con el artículo 11, párrafo segundo,(11) de la ley de la materia, se estime que cuenta con la legitimación necesaria para su interposición.

QUINTO.—Estudio de fondo. En primer término debe puntualizarse que la materia del presente medio impugnativo se constriñe únicamente a analizar la legalidad del acuerdo de trámite recurrido en la parte que el promovente estima le genera agravio, para que en caso de que haya existido alguna irregularidad se corrija el procedimiento, razón por la cual todos aquellos agravios expuestos por el recurrente que no guarden relación con esos aspectos deben desestimarse. Lo anterior, de conformidad con el criterio de este Tribunal Pleno contenido en la tesis número P./J. 10/2007: "RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU MATERIA CONSISTE EN ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO RECLAMADO."(12)

Ahora, en el acuerdo que por esta vía se recurre, el Ministro instructor, de manera destacada, realizó tres pronunciamientos torales para el análisis del presente asunto, a saber:

A. Desechó la demanda por notoria y manif

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27824-33565757/i-controversia-constitucional-los-municipios-carecen-de-legitimacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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