I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR, AL IMPUGNAR UNA NORMA GENERAL QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL (DECRETOS NÚMERO 410 Y 411 PUBLICADOS EL VEINTIUNO Y VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 79/2016. MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, ESTADO DE QUINTANA ROO. 5 DE DICIEMBRE DE 2018. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de diciembre de dos mil dieciocho.
V I S T O S; Y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridad demandada y acto impugnado. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Fernández Martínez, con el carácter de Síndico del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de las normas que más adelante se precisan, emitidas por el Poder Constituyente Permanente integrado por el Poder Legislativo y los municipios integrantes del Estado de Quintana Roo.
La norma impugnada se hace consistir en el Decreto 411 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, publicado el veinticinco de junio de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial de esa entidad, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en la designación del Fiscal General del Estado de Quintana Roo, que se impugna también por vicios propios.
SEGUNDO. Antecedentes. En el escrito de demanda se narraron, en síntesis, los siguientes:
1. El Gobernador del Estado presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo ante el Congreso Local. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emitiera el dictamen correspondiente.
2. El veintiuno de junio de dos mil dieciséis, el Congreso Local aprobó el dictamen con minuta de decreto de las reformas y adiciones a la Constitución del Estado.
3. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco emitió un acuerdo en el que no aprueba la reforma constitucional en cuestión.
4. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, el Congreso del Estado aprobó el acta de sesión de veintiuno de junio de ese año; efectuó el cómputo de votos de los Municipios respecto de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Constitución del Estado de Quintana Roo, la cual fue aprobada por la mayoría de los Municipios; y, declaró la aprobación de las reformas constitucionales.
5. El veinticinco de junio de dos mil dieciséis, el Congreso del Estado tomó protesta a Carlos Arturo Álvarez Escalera en el cargo de Fiscal General del Estado. En esa misma fecha, las reformas y adiciones a la Constitución del Estado de Quintana Roo fueron publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad.
TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió, en síntesis, los siguientes:
1. El Decreto de reformas tiene un vicio formal de inconstitucionalidad por vulnerar el artículo 164 de la Constitución de Quintana Roo, que regula el procedimiento de reforma constitucional y que únicamente otorga participación en el Poder Constituyente Permanente al Congreso del Estado y a los ayuntamientos de los Municipios.
Ello es así, toda vez que la iniciativa de decreto que reforma a la Constitución Local fue presentada por el Poder Ejecutivo, instancia que carece de competencia para tal acto.
En este sentido, el Poder Ejecutivo fundamenta su actuación en términos del artículo 68, fracción I de la Constitución Local que hace referencia a las iniciativas de leyes y decretos, lo cual resulta inaceptable pues serían aplicables las reglas de reforma de las leyes ordinarias al procedimiento de reforma constitucional.
Sólo los órganos integrantes del Poder Constituyente Permanente son los facultados para presentar una iniciativa que enmiende la Ley Fundamental Local, y si bien no se prevé un procedimiento exhaustivo de reforma –como sí hay respecto a las leyes ordinarias-, lo cierto es que el artículo 164 de la Constitución prevé los extremos que deben cumplirse para efectuar cualquier enmienda a este ordenamiento.
La Constitución Local limita la participación del Poder Ejecutivo en el ejercicio de veto respecto de los temas previstos en su artículo 72, pero si se interpreta que también puede participar en el procedimiento de reforma constitucional, el Poder Ejecutivo podría ejercer su facultad de veto sobre las reformas y adiciones a la Constitución, lo cual es inaceptable.
2. El Decreto impugnado padece de los siguientes vicios en el procedimiento.
- No se remitió a los municipios el acta de sesión aprobada por el Congreso del Estado que contenía las reformas a la Constitución debidamente acordadas por ese órgano –acta de veintiuno de junio de dos mil dieciséis-, lo cual resultaba necesaria para dar certeza sobre el contenido de las reformas que debían ser aprobadas por los ayuntamientos. Lo que en realidad se remitió a los municipios fue el proyecto de acta de sesión de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, toda vez que fue aprobada hasta el veinticuatro de junio siguiente, misma fecha en que se realizó el conteo de los votos de los ayuntamientos y la declaratoria respectiva.
- Si bien en el acta de sesión de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis se dice que la Secretaría tiene en su poder las actas de cabildo de los ayuntamientos en las cuales consta el voto emitido sobre la reforma constitucional, no se advierte que el Pleno del Congreso Local conocieran sobre el contenido exacto de tales actas para constatar que cumplían con el procedimiento previsto en la Constitución Local. Incluso no puede afirmarse que el Diputado Secretario lo hubiera constatado, dado que sólo hace referencia a que informa que las actas obraban en la Secretaría, además de que no tiene facultades para efectuar el cómputo de los votos y calificar que se cumplió con el requisito de aprobación de los ayuntamientos.
- El Diputado Secretario señaló que la reforma constitucional fue aprobada por ocho municipios, pero no hizo referencia a la determinación de los restantes municipios que también integran el Poder Constituyente Permanente. Por otro lado, si bien se da cuenta de la votación de los ayuntamientos, no se señala fecha, hora y demás circunstancias que permitan corroborarlo
- La reforma a la Constitución Local fue publicada y entró en vigor, sin que previamente se aprobara el acta de sesión del Congreso por la cual se emite la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional, puesto que ambos actos se efectuaron en el mismo día, esto es, el veinticinco de junio de dos mil dieciséis, por lo que no hay certeza sobre la secuencia de los actos del procedimiento para poder calificar que se desarrolló debidamente.
- De acuerdo con el artículo 31 del Reglamento Interno del Congreso del Estado, en la sesión respectiva debe darse lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación. En el caso, el acta que contenía las reformas a la Constitución Local y que fue entregada a los municipios para su aprobación no había sido aprobada por el Congreso.
- Se vulneró el artículo 118 de la Ley Orgánica del Congreso Local que establece que toda iniciativa de Ley o Decreto se someterá a debate, puesto que el Decreto de reforma constitucional sólo fue sometido a consideración y aprobación del Pleno del Congreso sin que se advierta la existencia de debate alguno por sus integrantes.
3. El artículo segundo transitorio del Decreto impugnado vulnera el artículo 116, fracción IX, de la Constitución General por no garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado.
Ello es así, puesto que ni el transitorio ni el artículo 96 de la Constitución ordenan la emisión de una declaratoria de autonomía de la Fiscalía General del Estado; el Procurador General en funciones, que formaba parte del Poder Ejecutivo y que fue designado por él, será designado automáticamente como Fiscal General; y, no se ordena que el Congreso Local deba analizar si el Procurador General del Estado cumple con los requisitos de elegibilidad para ser Fiscal General conforme al nuevo régimen.
Asimismo, el contenido de los artículos 75, fracción XLIV, 76, fracción X, 77, 90, fracción XVIII y 96 reformados, que establecen la designación del Fiscal General por el Congreso mediante ternas, resulta incompatible con el contenido del numeral segundo transitorio, por la designación automática del Procurador General en funciones para la titularidad de ese órgano constitucionalmente autónomo.
Por cuanto a las reformas al Poder Judicial Estatal, los artículos 98, 99, 101, 102, 105, fracción III, 106, 107, 108, 109 de la Constitución Local, que prevén el procedimiento de designación de los Magistrados del Tribunal de Justicia del Estado y de adolescentes, vulneran el principio de autonomía judicial previsto en el artículo 116, fracción III de la Constitución General.
Lo anterior, puesto que si bien el Poder Judicial Local, a través de su órgano administrativo, propone a los candidatos de magistrados y el Congreso Local los designa, lo cierto es que el Poder Ejecutivo es la autoridad que designa finalmente las ternas a proponer a los legisladores con independencia de su actuación en la rama judicial. Así, se pone en tela de juicio el principio de división de poderes por la influencia del Poder Ejecutivo en el procedimiento de selección de magistrados.
También es incompatible el artículo sexto transitorio con el contenido del artículo 99 de la Constitución Local, que establece que el Tribunal Superior de Justicia será presidido por un magistrado designado por el Tribunal Pleno y que puede ser reelecto por un periodo por una sola vez. Ello es así, porque el transitorio permite que el magistrado presidente actualmente en funciones participe en el proceso de designación, lo cual hace nugatorio que el Tribunal Pleno sea la instancia que designe conforme a un debate democrático y deliberativo.
4. La designación del Fiscal General del Estado es inconstitucional porque no hay certeza sobre si efectivamente se realizó la designación y la toma la protesta constitucional. Ello, porque en la sesión de veinticinco de junio de dos mil dieciséis se aprobaron distintos actos: se efectúo el cómputo de los votos de los ayuntamientos respecto de la reforma constitucional, la declaratoria de aprobación de la reforma, la publicación del decreto de reforma constitucional, la entrada en vigor de las mismas y la toma de protesta del Fiscal General del Estado.
Asimismo, aun y cuando en la sesión se tomó la protesta constitucional al Fiscal General del Estado, no se advierte que existiera un acto de designación fundado y motivado, violando el artículo 16 de la Constitución General.
Por último, se reiteran las violaciones al artículo 116, fracción III, de la Constitución relativas a que no existe por parte del Congreso del Estado una declaratoria de autonomía del Fiscal General del Estado, y que hay una designación automática del Procurador General en funciones en Fiscal General, situación que vulnera la autonomía del órgano constitucional de procuración de justicia.
CUARTO. Artículos que se estiman violados. Los preceptos que se indicaron como vulnerados son los artículos 1, 14, 16, 41, 115, fracciones I y II, 116, fracción IX y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Admisión y Trámite. Por acuerdo de diecinueve de agosto de dieciséis, el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 79/2016; asimismo, remitió el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo dado que tiene conexidad con la controversia constitucional 76/2016.
En proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro instructor desechó la demanda respecto del acto de aplicación consistente en la designación del Fiscal General del Estado de Quintana Roo por actualizarse la causa de improcedencia relativa a la falta de interés legítimo del promovente; y, admitió a trámite la demanda únicamente respecto de la impugnación del Decreto 411, teniendo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo a quienes mandó emplazar para que formularan su contestación, más no así a los ayuntamientos de los Municipios del Estado –por no formar parte del órgano deliberante de la reforma-, y ordenó dar vista al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Contestación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. El Congreso del Estado, a través del Presidente de la Mesa Directiva, y el Poder Ejecutivo, por medio del Consejero Jurídico, rindieron sus contestaciones respectivas.
SÉPTIMO. Recurso de reclamación. Por escrito recibido el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, el Síndico del Municipio de Othón P. Blanco interpuso recurso de reclamación impugnando el auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis por el desechamiento del escrito de demanda respecto de la designación del Fiscal General del Estado, así como la determinación de no reconocer como autoridades demandadas en el procedimiento a los municipios que conforman al Estado de Quintana Roo.
En sesión de siete de diciembre de dos mil diecisiete, el Tribunal Pleno resolvió por unanimidad de votos el recurso de reclamación 67/2016-CA derivado de la controversia constitucional 79/2016 en el sentido de confirmar el auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis que desechó parcialmente la demanda del Municipio de Othón P. Blanco.
OCTAVO. Opinión del Procurador General de la República. El Procurador General de la República no formuló opinión en el presente asunto.
NOVENO. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO. Radicación. Previo dictamen del Ministro instructor, la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y los autos le fueron devueltos para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en los puntos Segundo, fracción I, a contrario sensu, y Tercero, del Acuerdo 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno dado el sentido del fallo.
SEGUNDO. Causas de improcedencia. Es innecesario el estudio de las cuestiones relativas a la oportunidad de la demanda y la legitimación de las partes, en virtud de que procede decretar el sobreseimiento del asunto, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la falta de interés legítimo del municipio actor.
En relación con el interés legítimo, el criterio prevaleciente en esta Suprema Corte, se sustenta en la naturaleza de este medio de control constitucional, cuyo objeto principal de tutela radica en el ámbito de atribuciones que la Constitución General confiere a los órganos legitimados para su promoción en el artículo 105, fracción I, de la Norma Fundamental. Por tanto, para que dichos órganos cuenten con interés legítimo para acudir a este juicio, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de afectación,(1) el cual puede derivar no sólo de una invasión a sus competencias, sino de cualquier afectación que incida en su esfera jurídica regulada directamente desde la Constitución General, como las garantías institucionales establecidas en su favor, o bien de otro tipo de prerrogativas como las relativas a cuestiones presupuestales.(2)
Si bien en ocasiones el estudio del interés legítimo debe reservarse hasta el análisis de fondo, a fin de determinar si existió o no la invasión competencial acusada, hay casos, como el que nos ocupa, en los que resulta evidente la inviabilidad de la acción, porque el acto impugnado no es susceptible de afectar en modo alguno a la entidad actora, circunstancia que debe llevar al sobreseimiento.(3)
En el presente caso, la controversia constitucional fue admitida a trámite únicamente en contra del Decreto 411 por el que se hicieron diversas modificaciones a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. En específico, dicho decreto reforma los artículos 21, tercer párrafo; 49, párrafo décimo sexto; 56, fracción II; 67; 75 fracciones XLIV y L; 76, primer párrafo y las fracciones X y XIV; 77, primer párrafo; 80, fracciones V y VI; 90, fracciones XVII y XIX; 94, segundo párrafo; el capítulo IV del Título Quinto para denominarse "De la Fiscalía General del Estado"; el artículo 96 para quedar comprendido en el capítulo V del Título Quinto;(4) 98, párrafos tercero y cuarto; 99, párrafo primero; 101, fracción VII; 102; 105, en sus párrafos primero y cuarto y la fracción II, inciso B); 106; 107; 108; 109; 110; 111; 160, primer párrafo y fracción I; y, adiciona un párrafo segundo al artículo 61; la fracción LI al artículo 75; la fracción XV al artículo 76; la fracción XX al artículo 90; un capítulo V al Título Quinto denominado "Del Poder Judicial", que comprende los artículos 97 al 109, y un capítulo VI al Título Quinto denominado "Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo" que comprende los artículos 110 y 111, todos de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.
Dicho decreto se impugna, por un lado, por vicios del procedimiento —concretamente la incompetencia del Gobernador de presentar la iniciativa de reforma constitucional, la remisión a los ayuntamientos de un proyecto de acta de sesión que no fue aprobada previamente por el Congreso, la omisión de dar cuenta con el voto del municipio actor en contra de la reforma y de cerciorarse de que las actas de cabildo cumplían con los requisitos legales, y la falta de debate en el Congreso respecto de la reforma— y por otro lado, se plantea específicamente la inconstitucionalidad de los artículos 98, 99, 101, 102, 105, fracción III, 106, 107, 108, 109, por ser el Ejecutivo Local quien designa las ternas de los magistrados del Tribunal de Justicia del Estado que serán presentadas ante el Congreso; el artículo segundo transitorio, por no garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado; y el artículo sexto transitorio, por permitir que el magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado en funciones participe en el proceso de designación de ese cargo.
Los citados preceptos —que se combaten por una violación sustantiva— señalan:
ARTÍCULO 98.- El Tribunal Superior de Justicia se integra por nueve magistrados numerarios y el número de supernumerarios que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Pleno del Tribunal se integrará solamente con los magistrados numerarios, con la excepción de los supuestos previstos en esta Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las Salas se integrarán por Magistrados Numerarios o Supernumerarios organizadas por materia o circuito, pudiendo ser unitarias o colegiadas con la conformación, integración, jurisdicción y competencia que determine el Pleno con sujeción a la ley. Las Salas Colegiadas se integrarán con tres magistrados. La Sala Constitucional se integrará con un Magistrado Numerario.
Las apelaciones en los juicios de oralidad serán resueltas de forma unitaria o colegiada, por los Magistrados en los casos previstos por la ley o determinación fundada del Pleno, con excepción del Magistrado Presidente, el Magistrado de la Sala Constitucional y el Magistrado Consejero.
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de oficio o a petición fundada por parte de la Sala correspondiente podrá conocer de los asuntos que por su interés o trascendencia así lo ameriten.
Cuando las necesidades del servicio de administración de justicia lo amerite, en el Sistema Penal Acusatorio, excepcionalmente el Magistrado Presidente y/o el Magistrado Consejero, podrán integrar Sala, para la resolución de los recursos de su competencia, conforme a la legislación de la materia. En tales casos, el Magistrado Presidente y/o el Magistrado Consejero dirigirán petición al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para que se apruebe su integración a Sala Colegiada o Unitaria, según corresponda.
ARTÍCULO 99.- El Tribunal Superior de Justicia será presidido por un Magistrado que no integrará Sala, exceptuando lo establecido en el último párrafo del Artículo 98 de esta Constitución, designado por el Tribunal en Pleno en el mes de agosto de cada seis años y podrá ser reelecto por una sola vez, para un periodo de igual duración. A la Sesión de Pleno para designar Presidente del Tribunal Superior de Justicia, se convocará también al Magistrado Consejero para que, con voz y voto, pueda ejercer su derecho de elegir. Cada Sala Colegiada elegirá a su propio Presidente en la primera sesión del año.
La Presidencia del Tribunal tendrá la representación legal del mismo, pero en todo caso requerirá del acuerdo del Pleno.
En las ausencias temporales y en las definitivas del Magistrado Presidente será sustituido por el Magistrado Numerario que designe el Pleno; en el primer caso no podrán exceder de un mes.
En los casos de ausencia temporal menor a treinta días hábiles, de algún Magistrado diferente a la figura del Presidente dentro del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, éste último, elegirá dentro de los Magistrados supernumerarios quien supla al Magistrado numerario ausente.
Los Magistrados Supernumerarios, podrán ejercer funciones jurisdiccionales, integrando sala unitaria o colegiada, con la adscripción, competencia, jurisdicción y tiempo que el Pleno determine, cuando se estime que las necesidades del servicio así lo requieran.
ARTÍCULO 101.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ciudadano quintanarroense, en ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
II. No tener menos de treinta y cinco años de edad el día de la designación.
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello.
IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado y cualquier otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
V. Haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día de la designación.
VI. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se haya separado cinco años anteriores a la fecha de su designación, y
VII. No haber sido Gobernador, Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, ni Presidente Municipal, durante el año previo al día de su designación.
Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
ARTÍCULO 102.- Los Magistrados del Tribunal de Justicia del Estado y de adolescentes, se elegirán de la forma siguiente:
I.- El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial, propondrá seis candidatos por cada cargo a Magistrado remitiendo los expedientes correspondientes al titular del Ejecutivo del Estado, quien de entre ellos formulará una terna por cada magistratura vacante, la cual enviará a la Legislatura del Estado para que designe a un Magistrado con la aprobación de la mayoría de los diputados que integren la legislatura.
II.- Si dentro del término de quince días hábiles de haber sometido la terna para Magistrado a la consideración de la Legislatura del Estado, ésta nada resolviere o la rechaza, el derecho pasará al Ejecutivo del Estado, quien nombrará al Magistrado dentro de los candidatos propuestos en la terna señalada en el párrafo que antecede, y lo comunicará al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que éste a su vez proceda a la toma de protesta de ley.
ARTÍCULO 105.- Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en la fracción VIII del Artículo 103 de esta Constitución, el Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional, integrada por un Magistrado numerario, que tendrá competencia para substanciar y formular, en los términos de la Ley respectiva, los correspondientes proyectos de resolución definitiva que se someterán al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en los siguientes medios de control:
I. De las Controversias que, por la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, surjan entre:
A) El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
B) El Poder Ejecutivo y uno de los municipios.
C) El Poder Legislativo y uno de los municipios.
D) Dos o más municipios del Estado.
Para que la controversia constitucional proceda, el actor deberá acreditar el interés jurídico.
La ley establecerá el plazo para la interposición de la demanda y los casos en que proceda la suspensión del acto que las motive. La suspensión no podrá otorgarse cuando se demande la invalidez de disposiciones generales.
La misma ley establecerá las condiciones para que tengan efectos generales, las resoluciones sobre controversias que impugnen la validez constitucional de disposiciones generales.
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, siempre que se ejerzan dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
A) Cuando menos la tercera parte de los miembros del Congreso del Estado;
B) El Fiscal General del Estado, en contra de leyes de carácter estatal;
La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma impugnada.
Las resoluciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por cuando menos las dos terceras partes del Pleno, y no tendrán efectos retroactivos, salvo en materia penal.
III. De las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que la Legislatura del Estado no ha resuelto sobre la expedición de alguna Ley o Decreto, y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de esta Constitución, siempre y cuando sean interpuestas por:
A) El Gobernador del Estado; o
B) Un Ayuntamiento del Estado.
La resolución que emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia que decrete el reconocimiento de la inconstitucionalidad por omisión legislativa, surtirá sus efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
En dicha resolución se determinará un plazo para que se expida la Ley o Decreto de que se trate la omisión, a más tardar en el período ordinario que curse o el inmediato siguiente de la Legislatura del Estado; pudiendo disminuir este plazo cuando el interés público lo amerite.
La Sala Constitucional, de oficio o a petición de parte, también conocerá de las contradicciones de tesis que se contengan en las resoluciones de las demás salas, debiendo presentar el proyecto al Pleno del Tribunal para los efectos de la fracción IX del Artículo 103 de esta Constitución. La Ley establecerá los términos en los que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia emita jurisprudencia, sobre la interpretación de leyes, decretos y reglamentos locales, así como los requisitos para su interrupción y modificación.
ARTÍCULO 106.- El Consejo de la Judicatura será un órgano del Poder Judicial del Estado con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. De conformidad con la Ley, el Consejo estará facultado para expedir reglamentos y disposiciones de carácter general para el adecuado Ejercicio de sus funciones.
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá solicitar la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado Ejercicio de la función jurisdiccional. El mismo Pleno también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos siete votos.
En los demás casos, las determinaciones del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables.
ARTÍCULO 107.- El Consejo de la Judicatura del Estado funcionará en Pleno o en Comisiones, en los términos que señalen la Ley y el Reglamento que expida el propio Consejo.
Invariablemente en Pleno, conocerá sobre la designación, adscripción, ratificación, licencias, renuncias y remoción de jueces de primera instancia y de paz.
En comisiones ejercerá las funciones de administración, carrera judicial, disciplina y la de adscripción.
Contará en su estructura administrativa, con las unidades de apoyo que se determinen en la Ley Orgánica y en s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200474-bf19ac1e/i-controversia-constitucional-interes-legitimo-para-promoverla-ii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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