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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO; AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN; O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA PROMOVERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS TIENE ATRIBUCIONES PARA REPRESENTAR EN EL JUICIO A DICHA CÁMARA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES TIENE ATRIBUCIONES PARA REPRESENTAR EN EL JUICIO A DICHA CÁMARA. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA CÁMARA DE SENADORES NO TIENE EL CARÁCTER DE PARTE, YA QUE EN EL CASO LA CALIDAD DE DEMANDADO LA TIENE LA ENTIDAD, EL PODER U ÓRGANO QUE HUBIERE EMITIDO Y PROMULGADO LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. IX. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE IMPUGNAR EN ESTA VÍA LAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS A QUE SE REFIERE LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y OMISIONES. X. OMISIONES LEGISLATIVAS EN COMPETENCIAS DE EJERCICIO OBLIGATORIO. PUEDEN CLASIFICARSE EN OMISIONES ABSOLUTAS Y OMISIONES RELATIVAS. XI. OMISIONES LEGISLATIVAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS. LAS PRIMERAS SE PRESENTAN CUANDO EL ÓRGANO LEGISLATIVO NO HA EJERCIDO SU COMPETENCIA DE CREAR LEYES EN NINGÚN SENTIDO Y LAS SEGUNDAS OCURREN CUANDO EL ÓRGANO LEGISLATIVO HA EJERCIDO SU COMPETENCIA, PERO DE MANERA PARCIAL O SIMPLEMENTE NO LA HA REALIZADO DE MANERA COMPLETA E INTEGRAL. XII. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. ES UN ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO DOTADO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, EN CUYA INTEGRACIÓN PARTICIPAN EL PODER LEGISLATIVO, LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOS CIUDADANOS, EN LOS TÉRMINOS QUE ORDENE LA LEY. XIII. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. LE CORRESPONDE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES FEDERALES Y LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA LA CONSULTA POPULAR, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. XIV. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. ES UN ORGANISMO PÚBLICO AUTÓNOMO QUE DEBE ACTUAR CONFORME A LOS POSTULADOS QUE CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANAN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. XV. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. DEBE ELABORAR SU PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS CON AUTONOMÍA Y ENVIARLO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SER INTEGRADO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EL CUAL ES FINALMENTE APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, CON EL OBJETO DE INTEGRAR, DE MANERA DEBIDA, SU PATRIMONIO Y RECURSOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. XVI. CONSULTA POPULAR. SU MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL. XVII. CONSULTA POPULAR. NO EXISTE OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL O LEGAL DIRIGIDA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE AL EMITIR EL DECRETO QUE CONTIENE LA CONVOCATORIA A LA CONSULTA POPULAR, ESTABLEZCA O DETERMINE LOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LOS QUE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DEBERÁ LLEVAR A CABO SUS FUNCIONES CONSTITUCIONALES EN AQUELLA MATERIA (DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA CONVOCATORIA DE CONSULTA POPULAR, EMITIDO POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE Y EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA CONVOCATORIA DE CONSULTA POPULAR, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE). XVIII. CONSULTA POPULAR. AUN CUANDO EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, AL MOMENTO DE ELABORAR Y APROBAR SU ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL, NO TENGA LA PLENA CERTEZA DE QUE LA CONSULTA SE LLEVARÁ A CABO, PUEDE ELABORAR DE MANERA PRECAUTORIA EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE E INCORPORARLO AL ANTEPROYECTO QUE ENVÍE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA EL CASO DE QUE EXISTA UNA DETERMINACIÓN FAVORABLE POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y SE FINALIC

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 203/2020. · Registro digital (IUS): 30284
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-12-10
Promovente: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, Pág. 1363.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 203/2020. INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 9 DE JUNIO DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIENES ESTÁN CON EL SENTIDO, PERO CON SALVEDAD EN CONSIDERACIONES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión virtual de nueve de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda, Poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Edmundo Jacobo Molina, en su carácter de secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, promovió controversia constitucional en representación de ese instituto, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:

a) Entidad, Poder u órgano demandado:

2. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión.

b) Norma general o actos cuya invalidez se reclama:

3. El "Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular", emitido por el Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veinte.

4. El "Decreto por el que se reforma el artículo primero transitorio del decreto por el que expide la Convocatoria de Consulta Popular"; publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de noviembre de dos mil veinte.

5. SEGUNDO.—Antecedentes. Del escrito de demanda, suscrito por el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, se desprenden los siguientes hechos:

a. El veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, diversas reformas a la Constitución Federal, particularmente se hace referencia a las del artículo 35, fracciones VII y VIII, punto 4o., las que versan sobre la materia de consulta popular y revocación de mandato y el artículo quinto transitorio de esa reforma, en el que se estableció que el ejercicio de las atribuciones que la Constitución confiere al Instituto Nacional Electoral (INE) en esas materias, se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para ese ejercicio y los subsecuentes.

b. El quince de septiembre de dos mi veinte, el presidente de la República formuló su solicitud de consulta popular para llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes, por lo que en términos del numeral 3o. de la fracción VIII, del artículo 35 constitucional, conoció esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el análisis de su constitucionalidad.

c. El veintiséis de agosto de dos mil veinte, el INE aprobó su anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2021, mediante acuerdo INE/CG236/2020, en cuya construcción no contempló recurso alguno para la preparación y organización del ejercicio de participación ciudadana, en tanto su constitucionalidad se encontraba pendiente de ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera previa a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, por lo que el instituto se encontraba en imposibilidad para ello.

d. El Consejo General del instituto aprobó por unanimidad el anteproyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal de 2021, por un monto total de $20,463'797,958.00 (veinte mil cuatrocientos sesenta y tres millones, setecientos noventa y siete mil, novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.); distribuidos de la manera siguiente:

Ver monto 1

e. El primero de octubre de dos mil veinte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la revisión de constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020, determinó que la materia de consulta popular era constitucional; sin embargo, modificó el planteamiento de la pregunta original.

f. El veintiocho de octubre de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular", misma que entraría en vigor al momento de su publicación. Sin embargo, el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el Legislativo consideró reformar el decreto en la parte conducente a la fecha de su vigencia, estableciéndose ésta para el quince de julio de dos mil veintiuno, ello con el propósito de no generar la suspensión de la difusión de los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, prevista en el párrafo tercero del apartado 4o. de la fracción VIII, del artículo 35 de la Constitución Federal.

g. El trece de noviembre de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo INE/CG554/2020 del Consejo General de INE por el que se aprueba la propuesta de recursos adicionales al anteproyecto de presupuesto del INE, para la realización de la Consulta Popular el primero de agosto de dos mil veintiuno, con el objeto de solicitar a la Cámara de Diputados sea considerada en la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 y se adicione un monto total de $1,499'392,669.67 (un mil cuatrocientos noventa y nueve millones, trescientos noventa y dos mil seiscientos sesenta y nueve pesos 67/100 M.N.).

h. Mediante oficios INE/PC/238/2020, INE/PC/239/2020 e INE/PC/241/2020, el consejero presidente del INE hizo del conocimiento del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y presidenta de la Mesa Directiva, ambos de la Cámara de Diputados, así como al titular del Ejecutivo Federal, en cumplimento de los puntos de acuerdo segundo y tercero del Acuerdo INE/CG554/2020, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, hizo del conocimiento de dichas autoridades el referido acuerdo, relativo a la propuesta de solicitud de recursos adicionales al anteproyecto de presupuesto del instituto para la realización de la consulta popular el uno de agosto de dos mil veintiuno, con el objeto de solicitar sea considerada en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021. Lo anterior, dado que el instituto, mediante Acuerdo INE/CG236/2020 aprobó su anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, en cuya construcción no se contemplaron recursos para la realización de la consulta popular, por lo que las áreas ejecutivas y técnicas y los órganos delegacionales del instituto se encontraban imposibilitados de conocer la forma y la convocatoria de este ejercicio aprobada con posterioridad y, consecuentemente, para planear y programar los recursos mínimos indispensables para su realización; en específico, para la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular por tratarse de un hecho superveniente.

i. El instituto actor, señala que las autoridades citadas han sido omisas en emitir respuesta en relación con la solicitud de recursos adicionales para llevar a cabo la consulta popular.

j. Como hecho notorio, se advierte que el treinta de noviembre de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, conforme al cual al instituto actor se le aprobó la cantidad de $26,819'801,594.00 (veintiséis mil ochocientos diecinueve millones, ochocientos un mil, quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.).

6. TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora señaló como único concepto de invalidez lo siguiente:

Sostiene que, el Congreso de la Unión al emitir el "Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular", publicado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, viola la autonomía constitucional del INE, al subordinarlo respecto de la suficiencia presupuestaria para realizar dicha consulta y, por ende, lo imposibilita para cumplir su función constitucional.

Que de conformidad con el decreto de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, que reformó el artículo 35 constitucional, en especial el artículo quinto transitorio que prevé que el ejercicio de las atribuciones que la Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes. Lo anterior, en el entendido de que el propio Constituyente previó que dicho ejercicio democrático a cargo del INE representaba una función constitucional extraordinaria que requería de un presupuesto particular, para que en el ejercicio de su autonomía se encargara en términos de la Constitución Federal, así como de las leyes secundarias de dicha actividad como órgano garante del Estado democrático.

Asimismo, conforme al artículo 26, fracción VI, de la Ley Federal de Consulta Popular, establece que una vez que se expida la convocatoria de la consulta popular mediante decreto, la misma se notificará al INE para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así, en el caso el veintidós de octubre de dos mil veinte, la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que resolvió sobre la procedencia y trascendencia de la petición de consulta presentada por el presidente de la Republica y se expidió la Convocatoria a Consulta Popular; en ese orden, el veintiséis de octubre siguiente, mediante oficio D.G.P.L. 64-II-8-4340, signado por el senador Osear Eduardo Ramírez Aguilar, senadora Nancy de la Sierra Arámburo, diputada Dulce María Sauri Riancho y diputada María Guadalupe Díaz Avilez, se notificó al Instituto Nacional Electoral el decreto en mención, el cual establece en la primera de sus bases, denominada "Primera. Disposiciones generales", que la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral, conforme a la metodología que apruebe, el cual será la única instancia calificadora.

Esto es, encargarse en lo relativo a la consulta popular, de su organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, pero sin proveer sobre la suficiencia presupuestaria para el adecuado y autónomo ejercicio de su función electoral, y con ello a su vez, en detrimento del pleno ejercicio del derecho político de votar en las consultas populares.

Al respecto señala, que el Congreso de la Unión, dentro del ámbito de sus competencias debió mandatar no sólo su organización, sino los mecanismos respectivos que procuraran los recursos necesarios para tal fin, de manera que no se corra el riesgo de que no se pueda llevar a cabo por falta de suficiencia presupuestaria, pero sobre todo porque así lo proveyó el Constituyente.

Por lo que, al no existir suficiencia presupuestaria para hacer frente a dicha función, el Poder Legislativo somete al INE a una orden que sólo será posible cumplir en función de la disponibilidad presupuestaria con que cuente dicho instituto en congruencia incluso a lo señalado por el artículo 126 constitucional.

En ese sentido, recalca que el Congreso de la Unión se encuentra obligado de conformidad con la Constitución Federal, así como el artículo 3 de la Ley Federal de Consulta Popular, a un especial deber de hacer uso de todas las atribuciones que constitucional y legalmente le corresponden en la tramitación de una petición de consulta popular previa y posteriormente a su declaratoria de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para garantizar que el instituto se encuentre en condiciones de organizar y desarrollar la correspondiente consulta popular, máxime cuando el propio Constituyente mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, estableció que dicho ejercicio democrático estaba a cargo del Instituto Nacional Electoral en condición de su suficiencia presupuestaria; lo que resulta un elemento necesariamente ligado a la posibilidad de materializar tal consulta popular y a la autonomía propia del instituto en el ámbito de sus diversas funciones.

Asimismo, atendiendo a que la realización de la consulta popular resulta una atribución que sólo se activa de forma extraordinaria no es posible que el INE cuente con una planificación presupuestaria de la misma, hasta que se tenga certeza jurídica por medio del decreto de convocatoria correspondiente.

De ahí, la obligación del Congreso de la Unión, máxime la oportunidad que representa la aprobación definitiva del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio de dos mil veintiuno. En ese sentido, ante tal omisión el INE se ve sometido a la voluntad del Poder Legislativo en perjuicio de sus atribuciones que le corresponden, pues al no tener recursos suficientes para cumplir, se vería obligado a dejar de realizar alguna de éstas o hacerlas deficientemente en perjuicio de los principios constitucionales que lo rigen y de los derechos político-electorales, cuya tutela le corresponden.

Así pues, señala el instituto que le resulta imposible ejercer sus atribuciones extraordinarias en tanto no exista suficiencia presupuestaria para ello; considerando que como órgano autónomo con atribuciones constitucionales establecidas, entre sus tareas encomendadas se encuentra, además de desarrollar sus funciones periódicas-permanentes, la organización y realización de elecciones federales y locales, también desarrolla otras funciones estatales esenciales de índole ordinarias o continuas, como son la formación y administración del Registro Federal de Electores, que sirve como base para toda la organización comicial y la expedición de la credencial para votar, la fiscalización permanente de los recursos de los partidos políticos; rectoría del Sistema Nacional de Elecciones, y la administración única de los tiempos del Estado en radio y televisión para fines político electorales, así como su monitoreo exclusivo, por tanto, su planeación presupuestaria está sujeta anualmente a estas actividades en función de un ejercicio previo de planeación y presupuestación, que contemple la adecuada ejecución de recursos conforme a los artículos 126 y134 de la Constitución Federal.

En ese orden de ideas, señala que al generarse de manera eventual la tarea de una consulta popular, con todo lo que ello implica, se hace patente la necesidad de llevar a cabo las acciones para la preparación, desarrollo y ejecución de este ejercicio de participación ciudadana de manera independiente a las elecciones concurrentes y consecuentemente, se actualiza la necesidad de contar con recursos adicionales a los anualmente asignados, pues así como resulta ser una atribución que de manera imprevista se activa, también constituye un gasto no previsto y que escapa de la planeación presupuestal del INE, pues no es posible solicitar recursos para efectuar una actividad de la que no se tenía certeza.

En ese sentido, no debió pasar desapercibido el Congreso de la Unión que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, base V, apartado A, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral, es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; asimismo que, contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.

Señala que el INE para poder realizar la consulta popular que nos ocupa, deberá contar en su patrimonio con los recursos presupuestarios que requiera para el ejercicio de dicha atribución, lo cual fue completamente desatendido por el Congreso de la Unión al momento de emitir los decretos que se impugnan, no obstante, la solicitud formulada por el instituto de manera previa, a la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021.

Puntualiza, que el INE tiene reconocido el ejercicio fiscal en que se efectuarán actividades de índole periódica como la organización de elecciones y en esa medida puede solicitar los recursos pertinentes; así como se observa del anteproyecto de presupuesto del instituto para el ejercicio fiscal de 2021, antes de que fuera formalmente vinculado a efectuar la consulta de mérito, la integración de su presupuesto por un monto total de veinte mil cuatrocientos sesenta y tres millones setecientos noventa y siete mil novecientos cincuenta y ocho pesos, se describió a detalle la forma en como fue integrada la planeación presupuestaria y, consideró los recursos para los procesos electorales federales y local 2020-2021 y que representa el cuarenta por ciento de la totalidad del presupuesto solicitado y casi el ochenta y siete por ciento de la cartera institucional de proyectos.

Por tanto, el Poder Legislativo debió haber mandatado a la Cámara de Diputados y/o al Ejecutivo, proveer los recursos necesarios para organización de la consulta popular por parte del INE. Esto a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, la referida Cámara para su establecimiento en su caso en el presupuesto de egresos de la Federación o inclusive con base en la solicitud del instituto mediante la propuesta de recursos adicionales al anteproyecto de presupuesto para la realización de la consulta popular el uno de agosto de dos mil veintiuno, en atención al acuerdo segundo del Acuerdo INE/CG554/2020.

Además, señala que es innegable que dicha consulta popular reviste un medio de participación ciudadana que por eventual que sea, se equipara en trascendencia al derecho de votar en las elecciones de los órganos representativos, pues los resultados pueden alcanzar vinculatoriedad, por lo que su desarrollo debe ser efectuado bajo los mismos estándares de calidad en términos de planeación y suficiencia presupuestaria.

Conforme a lo señalado, sostiene que el Congreso de la Unión, deberá en el ámbito de sus atribuciones proveer lo necesario a efecto de mitigar la carencia de recursos para dicho ejercicio democrático y así evitar que se comprometa la funcionalidad del instituto y que pueda producirse un impacto presupuestal de tal magnitud que perjudique el desarrollo de las elecciones en puerta; lo que además se traduciría en la desarticulación de las atribuciones que el instituto ejerce y sobre las cuales se trazó un plan de ejecución en términos de los artículos 35, fracción VIII, 41, base V, apartado A, 49, 75, 126, 133 y 134, de la Constitución Federal.

Atento a lo anterior, así como al artículo primero transitorio del decreto por el que se reforma el artículo primero transitorio del Decreto por el que se expida la Convocatoria de la Consulta Popular; el INE deberá ejecutar las acciones preparatorias necesarias para la consulta popular, es decir, prorrogar la vigencia de la convocatoria para el efecto de poder permitir la propaganda gubernamental, creando incertidumbre sobre las funciones que debe desplegar ese instituto en la difusión, organización y realización; esto, pues el segundo de los decretos impugnados representa un acto por el cual el Poder Legislativo tuvo la oportunidad de atender el mandato constitucional referente al presupuesto, sin que lo realizara.

Esto, señala que refleja la capacidad de dicho Poder para hacer modificaciones a la convocatoria de último momento y permitir la difusión de propaganda gubernamental, pero sin atender el mandato señalado, lo que resulta contrario a la Constitución Federal y en perjuicio directo de la autonomía del INE y del derecho de la ciudadanía de participar en ese ejercicio democrático. Además que de conformidad con el criterio de este Alto Tribunal, sostenido en la controversia constitucional 10/2009, la reducción al presupuesto es el caso más claro de afectación a la autonomía e independencia de un Poder, lo que en la especie se actualiza, ante la insuficiencia presupuestaria para el INE, pues no hay independencia institucional sin autonomía presupuestaria, pues el Legislativo lo obliga a disponer de sus recursos de manera diferente a lo que presupuestó en violación al artículo 126 constitucional y también en detrimento de los artículos 35 y 41 de la Carta Magna.

Precedente que le resulta aplicable de conformidad con lo manifiesto en la acción de inconstitucionalidad 138/2007, en la que se señaló la semejanza en la autonomía entre los Poderes Judiciales y los órganos electorales.

Atento a lo anterior, es que estima que el Congreso de la Unión violó en perjuicio del Instituto Nacional Electoral su autonomía constitucional y presupuestaria, al ser omiso el Congreso de la Unión en establecer los mecanismos respectivos que previeran la suficiencia presupuestaria para la organización de la consulta popular por el instituto y obligarlo a aplicar sus recursos, lo cual es contrario a la Constitución.

7. CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 1o., 35, fracción VIII, 41, base V, apartado A, 49, 75, 126, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo quinto transitorio, del decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de noviembre de dos mil diecinueve.

8. QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número de expediente 203/2020; asimismo, ordenó que se turnara el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

9. Luego, mediante diverso proveído de la misma fecha, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar como demandados al Poder Ejecutivo Federal, así como a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión.

10. Además, requirió a los referidos Poderes demandados para que remitieran a este Alto Tribunal copia certificada o ejemplar de los antecedentes de los decretos impugnados. Por último, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que expresaran lo que a su representación correspondiera.

11. SEXTO.—Contestación del Poder Ejecutivo Federal. Mediante escrito recibido el once de febrero de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el Poder Ejecutivo Federal, a través del consejero jurídico federal, Julio Scherer Ibarra, dio contestación a la demanda en donde expuso lo siguiente:

• En el apartado I, relativo a los hechos, señala que es cierto el consistente en que el veintiocho de octubre de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular, así como la reforma del mismo decreto en la parte conducente a la fecha de su vigencia, publicada el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación y, por lo que hace al resto, no afirma ni niega su existencia al considerar que no le son propios.

• En el apartado II, relativo a las causas de improcedencia y sobreseimiento, señala que se actualizan las siguientes:

Primera. Sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria; pues considera que es inexistente el acto materia de la controversia, consistente en la omisión de entregar los recursos necesarios para la realización de la consulta popular.

Señala que de las controversias constitucionales 32/2000 y 10/2009, resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que para proceder al estudio del fondo de la controversia constitucional promovida en contra de un acto omisivo, es necesario determinar, prima facie, la existencia de dicha omisión. Para ello, debe existir un deber o una conducta que el orden normativo exija a una autoridad determinada, y que no se haya cumplido.

Indicó que en la especie el instituto actor, impugna la omisión de entregar los recursos necesarios para la realización de la consulta popular a que se refieren los decretos impugnados en la presente vía.

Luego, a efecto de determinar si existe o no la omisión atribuida a las autoridades demandadas, señaló que era preciso definir si existe o no obligación de otorgar al instituto demandante recursos adicionales para la realización de la consulta popular; y de ser el caso, si dicha obligación fue cumplida.

Al respecto, indicó que del artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Federal, no se desprende una obligación para el Congreso de la Unión de establecer en la convocatoria de la consulta popular, los recursos que deberán entregarse al INE o que deba crearse una partida especial o extraordinaria para cubrir las erogaciones que se realicen con motivo de la consulta popular; por el contrario el artículo quinto transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, dispone que el ejercicio de las atribuciones del Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares se llevará a cabo con los recursos con los que disponga dicho organismo.

Así, sostiene que la omisión que el instituto demandante impugna, resulta inexistente, pues no existe disposición constitucional ni legal alguna que obligue al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal a actuar en los términos propuestos por el instituto promovente.

Por tanto, solicita sobreseer en el presente asunto, respecto de la omisión que, por esta vía, se atribuye a las autoridades demandadas.

Segunda. Se actualiza la causa de improcedencia consistente en la falta de interés legítimo de la parte actora para promover la controversia constitucional, en términos de lo previsto en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria, en relación con los numerales 105, párrafo primero, fracción I, de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la referida ley reglamentaria.

Al respecto, señala que para que resulte procedente el presente juicio constitucional, la parte actora, en todo caso, debe acreditar una invasión a su esfera de competencias, de conformidad con lo previsto por el artículo 105, fracción I, de la Constitución General.

Que en el presente caso, la intención del promovente al presentar la controversia constitucional es controvertir que con la expedición de los decretos impugnados no se le asignó los recursos necesarios y suficientes para llevar a cabo la consulta popular, ya que el legislador omitió establecer los mecanismos respectivos que garanticen el sustento presupuestario; y de la simple lectura del único concepto de invalidez, se puede advertir que de los argumentos que hace valer la actora, no se acredita ninguna violación o afectación a esferas de competencia, ello en virtud de que, de la literalidad de los decretos impugnados, no se desprende impedimento alguno para que dicho instituto ejerza sus atribuciones en materia de consulta popular.

Que de los decretos combatidos se puede observar que el Congreso de la Unión respetó las atribuciones del promovente en materia de consulta popular, desde la preparación de la consulta popular hasta su desarrollo el día de la jornada de consulta popular, así como instancia calificadora.

En este sentido, prima facie, no es posible advertir un punto de contacto entre el contenido real de los decretos impugnados y la afectación a la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral, en cuanto al ejercicio de sus atribuciones en materia de consulta popular.

Por tanto, al no acreditarse un principio de afectación a su esfera de atribuciones, por las razones señaladas, el actor carece de un interés legítimo para promover la presente controversia constitucional, al no plantear, en modo alguno, una invasión o afectación a su esfera de competencias conferidas directamente por la Constitución General, por lo que es razón suficiente para sobreseer en la presente controversia constitucional.

• Ad cautelam, contesta el único concepto de invalidez hecho valer por el INE, y señala que el Congreso de la Unión al emitir los decretos impugnados no viola la autonomía constitucional de ese instituto, ni lo subordina respecto de la suficiencia presupuestaria para realizar la consulta popular y, por ende, no lo imposibilita para cumplir su función constitucional.

A decir de ello, estima que los argumentos de instituto actor son infundados, pues el accionante pierde de vista que las facultades que le son conferidas no constituyen funciones eventuales o extraordinarias como pretende hacer ver. Esto es así, pues a partir del nueve de agosto de dos mil doce, tanto en la Constitución como en la ley reglamentaria, se encuentra prevista de forma directa, la facultad del INE para organizar, desarrollar, computar y declarar los resultados de las consultas populares; de ahí que, aun cuando si bien la convocatoria para la consulta popular, se publicó el pasado veintiocho de octubre de dos mil veinte, lo cierto es que el instituto actor ya tenía conocimiento de su importante participación en el procedimiento, por lo que es inconcuso que sus obligaciones no resultan eventual o extraordinarias como lo pretende.

Que si b

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30284-9e1fe7bb/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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