I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ASUNTOS JURÍDICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 23 DE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 17, FRACCIÓN XXV, DE SU ESTATUTO ORGÁNICO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LOS ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO FEDERAL CUANDO ESTIME QUE AFECTE SUS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 102, APARTADO A, PÁRRAFO PRIMERO Y 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON PLENA JURISDICCIÓN PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN XXIX-H, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 1, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDE A LA PERSONA QUE OCUPE SU PRESIDENCIA (ARTÍCULO 54 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO LEGITIMADO PARA PROMOVER ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 102, APARTADO A, PÁRRAFO PRIMERO Y 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ACUERDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 3694/24-17-10-8 POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ACTORA, AL HABER PLANTEADO ÉSTA UNA INVASIÓN A SU AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEPARACIÓN DE AGENTES DEL PERSONAL MINISTERIAL, PERICIAL O POLICIAL (ACUERDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 3694/24-17-10-8 POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA PROMOVIDA POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL CUAL ADMITIÓ LA DEMANDA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR AQUELLA POR LA QUE SE DETERMINÓ LA SEPARACIÓN DEL CARGO DE UN AGENTE DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL, AL HABER PLANTEADO UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL (ACUERDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 3694/24-17-10-8 POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN DE LAS NORMAS LOCALES (ACUERDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 3694/24-17-10-8 POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE FALTA DE DEFINITIVIDAD DEL ACTO IMPUGNADO CONSISTENTE EN EL AUTO ADMISORIO DEL JUICIO DE NULIDAD DICTADO POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, TODA VEZ QUE LA INVASIÓN COMPETENCIAL ALEGADA POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SE GENERA DESDE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, AL SOMETER A DICHO ENTE AUTÓNOMO A UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL PARA REVISAR LA LEGALIDAD DE SUS DETERMINACIONES QUE CONSIDERA TIENEN INATACABILIDAD Y DEFINITIVIDAD POR PREVISIÓN EXPRESA DE LOS ARTÍCULOS 102, APARTADO A Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (ACUERDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 36
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 172/2024. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 26 DE FEBRERO DE 2025. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN SE REVERSÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. VOTÓ EN CONTRA LA MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF, QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: El acuerdo de nueve de abril de dos mil veinticuatro, dictado en el juicio contencioso administrativo con número de expediente **********, por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 172/2024, promovida por la Fiscalía General de la República en contra del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
1. Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el cuatro de junio de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carmen Lucía Sustaita Figueroa, en su calidad de Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, promovió controversia constitucional en representación del citado organismo autónomo, en la que solicitó la invalidez del acto emitido por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en:
“El acuerdo de 9 de abril de 2024, dictado en el expediente 3694/24-17-10-8 por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (en adelante Tribunal de Justicia Administrativa), a través del cual sin contar con competencias, admite a trámite una demanda de nulidad promovida por un Agente de la Policía Federal Ministerial -ex servidor público - de la Fiscalía General de la República en la que impugnó la resolución contenida en el expediente CP/SEP/065/18 de 2 de enero de 2024, por medio de la cual la Fiscalía determinó la separación del cargo al acreditarse el incumplimiento de un requisito de permanencia.”
ANTECEDENTES QUE SE NARRAN EN LA DEMANDA
2. Antecedentes. Según se desprende de las constancias que obran en autos, se aprecian los siguientes hechos.
• El dos de enero de dos mil veinticuatro, el Titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, al resolver el expediente ********** determinó la separación del cargo de agente de la Policía Federal Ministerial de una persona, al acreditarse el incumplimiento del requisito de permanencia consistente en haberse ausentado del servicio sin causa justificada entre el seis de enero de dos mil seis y hasta el diecinueve de marzo de dos mil nueve, supuesto previsto en el artículo 35, fracción II, inciso f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, resolución que fue notificada al particular afectado el tres de enero siguiente.
• El quince de febrero de dos mil veinticuatro el afectado promovió juicio de nulidad en contra de la resolución definitiva dictada en el expediente **********, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por la que se determinó su separación del cargo de agente de la Policía Federal Ministerial, y solicitó como efecto de la nulidad, lo siguiente: a) el pago de las indemnizaciones y prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal; b) la eliminación de la sanción impuesta en el Registro Nacional de Personal de la Instituciones de Seguridad Pública; y c) el otorgamiento de la prestación de servicios de salud desde el momento en que se llegare a declarar la nulidad de los actos impugnados y hasta que se cumpliera en su totalidad.
• El nueve de abril de dos mil veinticuatro, la Magistrada instructora de la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a quien correspondió conocer del asunto por razón de turno, admitió la demanda en vía ordinaria tradicional y la registró con el número de expediente **********. Dicho acto es el que impugna en la controversia constitucional.
• El siete de mayo de dos mil veinticuatro, la Fiscalía General de la República, en su calidad de autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de admisión de la demanda dictado en el expediente **********, en el que argumentó esencialmente que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no era competente para conocer y resolver sobre la legalidad de sus actos.
• El veintiuno de junio de julio de dos mil veinticuatro, la Décima Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó un auto en el que admitió a trámite el recurso de reclamación interpuesto.
• El cuatro de junio de dos mil veinticuatro, la Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, promovió controversia constitucional en representación del citado organismo autónomo, en la que solicitó la invalidez del acto emitido por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ha quedado precisado en párrafos que anteceden.
3. Conceptos de invalidez. La Fiscalía General de la República, parte actora, en síntesis, señaló como conceptos de invalidez los siguientes:
• En el capítulo de consideraciones previas apunta que la Fiscalía se trata de órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio. Afirma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció a la Fiscalía el carácter de órgano constitucional autónomo al resolver la controversia constitucional 325/2019. Exterioriza la evolución normativa de la Fiscalía General de la República como un órgano constitucional autónomo, y, por otra parte, la competencia constitucional del Tribunal de Justicia Administrativa.
• De igual manera explica el régimen laboral y de responsabilidades administrativas y sanciones de los agentes del Ministerio Público, peritos y de los miembros de las instituciones policiales, previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafos primero, y segundo, de la Constitución Federal, el cual indica que los referidos servidores públicos deben regirse por sus propias leyes, esto es, se encuentran excluidos del régimen laboral previsto en esa disposición constitucional. Asimismo, señala que guardan con el Estado una relación de "naturaleza administrativa", por lo que, aun y cuando no tengan los derechos laborales reconocidos en el artículo 123, apartado B constitucional, se les reconoce el derecho a diversas prestaciones y a ser indemnizados.
• Explica el régimen de responsabilidades y sanciones de los servidores públicos a que aluden en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, exteriorizando que podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o bien removidos por incurrir en responsabilidad administrativa. Lo que implica la coexistencia de dos regímenes distintos de carácter administrativo, regulados en normas diversas y cuya aplicación también compete a distintas autoridades.
• Indica que en caso de que la autoridad jurisdiccional resuelva que fue injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, el Estado pagará la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
• Estima necesario delimitar las normas que les son aplicables a las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de República; así se refiere a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, al Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de República, y a los Lineamientos L/003/19.
• Distingue el procedimiento de separación y baja de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de República, del diverso procedimiento de responsabilidades administrativas, y expone el marco normativo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
• En su único concepto de invalidez expone que el Tribunal de Justicia Administrativa al emitir el acuerdo controvertido en el expediente **********, por el que se admitió a trámite en la vía ordinaria una demanda de nulidad interpuesta en contra de la resolución contenida en el expediente CP/SEP/065/18 emitida por la Fiscalía en la que determinó la separación del cargo de un Agente de la Policía Federal por incumplimiento de los requisitos de permanencia, se extralimitó en sus competencias, vulnerando en consecuencia el principio de división de poderes, en relación a las garantías institucionales y la esfera de competencias de la Fiscalía, en contravención a los artículos 49, 73, fracción XXIX-H, 102, apartado A, párrafo primero, y 123, apartado B, fracción XIII, párrafos primero, y segundo, de la Constitución Federal.
• Considera que la Fiscalía es un órgano constitucional autónomo, por tanto, cuenta con autonomía e independencia funcional, esto es, no se encuentra sujeta a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y si bien tiene una relación de coordinación con otros órganos del Estado, también goza de garantías institucionales para salvaguardar sus características orgánicas y funcionales esenciales, por lo tanto, asevera, que si un poder público interfiere en sus atribuciones, vulnerar el principio de división de poderes.
• Señala que, a través del acto impugnado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pretende conocer de un acto de carácter administrativo, respecto del cual no tiene competencias, ya que fue emitido por la Fiscalía en uso de sus facultades constitucionales previstas en los artículos 102, apartado A, párrafo primero, y 123, apartado B, fracción XIII, párrafos primero, y segundo, primera parte, de la Constitución Federal.
• Expone que los Agentes de la Policía Federal Ministerial se rigen bajo la Ley de la Fiscalía y el Estatuto Orgánico, más aún cuando se trata del incumplimiento de los requisitos de permanencia, los cuales, además, no gozan de la naturaleza de las faltas administrativas en términos de los artículos 49, 50 y 51 a 64 Ter, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• Afirma que la resolución, emitida por la Fiscalía, en el expediente ********** de 2 de enero de 2024, -impugnada en el juicio contencioso administrativo-, no deriva de una responsabilidad administrativa que amerite una sanción impuesta por el Órgano Interno de Control de la Fiscalía o bien por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que no implica una responsabilidad para el servidor público, pues en el caso no se le imputó una conducta considerara como falta en términos de la Ley General de la materia, pues la separación del cargo aconteció por no reunir los requisitos de permanencia previstos en la Ley de la Fiscalía, así como a lo establecido en los artículos cuadragésimo, fracción II, y cuadragésimo quinto de los Lineamientos L/003/19.
• En este sentido, la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se encuentra limitada por los supuestos previstos en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, es decir; o bien a dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares -caso que no se actualiza, ya que la Fiscalía es un órgano constitucional autónomo-; o bien a imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas graves -aspecto que tampoco se actualiza pues se está ante un procedimiento de separación del cargo por incumplimiento a los requisitos de permanencia-.
• Argumenta que ni de los diversos artículos 1-A, fracción XVI, y 2º, párrafos primero y segundo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los artículo 3º y 35 de La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advierte que el Tribunal cuente con atribuciones para conocer de las resoluciones administrativas emitidas por los órganos constitucionales autónomos que, en uso de sus garantías institucionales, determinan sobre los requisitos de permanencia de sus servidores públicos.
• Asevera que lo anterior es acorde a lo afirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el Congreso Federal no puede reconocer competencias de los tribunales de lo contencioso administrativo para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y los órganos constitucionales autónomos.
• Explica que, si bien el régimen laboral entre la Fiscalía y sus servidores públicos es de naturaleza administrativa, tal aspecto de ninguna manera puede entenderse en el sentido de reconocer al Tribunal de Justicia Administrativa facultades para pronunciarse a través de un juicio de nulidad sobre los aspectos inherentes al procedimiento de separación del cargo de un agente de la Policía Federal Ministerial, pues insiste, en el caso se trata de un régimen especial en términos de la Constitución Federal, y no así de faltas administrativas consideradas graves.
• Asegura que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no puede asumir competencia para conocer de los asuntos que se susciten entre la Fiscalía General con su personal sustantivo, ya que no se acreditan los supuestos de procedencia previstos en los artículos 73, fracción XXIX-H. de la Constitución Federal, así como 3 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
• Estima que el acto impugnado, atribuido al Tribunal de Justicia Administrativa, excede las atribuciones previstas en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, y materializa una intromisión injustificada o interferencia indebida en el ejercicio de las competencias constitucionales de la Fiscalía, afectando su autonomía jurídica, administrativa e independencia funcional, ya que se coloca como autoridad para conocer y resolver sobre la relación que guarda la Fiscalía con su personal, lo que invariablemente se traduce en una invasión a la esfera competencial prevista en el artículo 102, apartado A, párrafo primero, en relación con el numeral 123, apartado B, fracción XIII, ambos de la Constitución Federal.
• Con lo que se concluye que, con la emisión del acuerdo de 9 de abril de 2024, dictado en el expediente **********, el Tribunal de Justicia Administrativa a través de su Décima Sala Regional Metropolitana, se excedió en sus facultades, ya que, por una parte, la Fiscalía no es parte de la administración pública federal, y por otra, el Tribunal no tiene atribuciones para dirimir las controversias relacionadas con los procedimientos de separación del cargo de los servidores públicos sustantivos de esa institución, más aún cuando su resolución en términos del artículo 69, segundo párrafo, de la Ley de la Fiscalía es definitiva.
4. Artículos constitucionales señalados como violados. La parte actora estima violados los artículos 49, 73, fracción XXIX-H, 102, apartado A, párrafo primero, y 123, apartado B, fracción XIII, párrafos primero, y segundo, primera parte, todos de la Constitución Federal.
5. Trámite de la controversia. Por acuerdo de cinco de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número 172/2024; asimismo, ordenó que se turnara el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
6. Mediante proveído de trece de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió la demanda, tuvo promoviendo la presente controversia constitucional a la Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, como demandado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual, ordenó emplazar para que formulara su respectiva contestación; asimismo ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera, quien se abstuvo de formular opinión. Asimismo, ante la solicitud de la parte demandada, se ordenó formar el incidente de suspensión.
7. Incidente de suspensión. Por auto de trece de junio de dos mil veinticuatro, se concedió la suspensión del acto controvertido única y exclusivamente para que no se ejecutara ningún efecto de la resolución que en su momento pudiera dictar el Tribunal demandado en el expediente **********, hasta en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara sobre el fondo del presente asunto.
8. Contestación de la autoridad demandada: Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El magistrado Guillermo Valls Esponda, presidente y representante legal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dio contestación a la demanda y expuso lo siguiente:
• Como una cuestión previa, expuso la historia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
• Como causales de improcedencia y sobreseimiento, en primer lugar, señala que no se actualiza el supuesto de procedencia previsto en el artículo 105, fracción 1, inciso I), de la Constitución Federal, porque si bien es cierto que la controversia constitucional la promueve la Fiscalía General de la República, en contra del acuerdo dictado por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también es cierto que dicho órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de los juicios de nulidad que se promuevan en contra de resoluciones definitivas por las que se imponen sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos, como para dictar correspondientes fallos derivados de tales medios de defensa, conforme a lo establecido tanto por la Constitución Federal en su artículo 73, fracción XXIX-H. en correlación con el artículo 3, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y cita el contenido de tales preceptos.
• Considera que la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en ejercicio del derecho fundamental de tutela judicial efectiva tiene competencia para conocer y resolver de los juicios de nulidad que se promuevan en contra de resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos.
• Indica que las hipótesis de procedencia de la controversia constitucional, están expresa y claramente delimitadas, en tanto que el acuerdo emitido por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no actualiza el supuesto de procedencia previsto en el artículo 105, fracción 1, inciso I), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria, al tratarse de una resolución jurisdiccional.
• Dice, no inadvierte la existencia de la jurisprudencia P./J. 16/2008,(1) pero considera que dicho supuesto de excepción no acontece pues del análisis a la ejecutoria dictada en la controversia constitucional 58/2006 -que dio lugar a ese criterio-, se advierte que en el precedente es sustancialmente diferente, ya que la litis en aquel asunto consistió en determinar a quién correspondía analizar la legalidad de la sanción administrativa impuesta por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León; esto es, si era competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, a través del juicio contencioso administrativo o bien, del Tribunal Superior de Justicia estatal, mediante el recurso de inconformidad. Asevera que, en el referido caso, la determinación que tomó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León sí implicó la presunta invasión de esferas competenciales, ya que pretendió conocer de la legalidad de un acto cuyo análisis correspondía al Tribunal Superior de Justicia del referido Estado. • Explica que si bien, a la Fiscalía General de la República es a quien corresponde determinar la separación de los Agentes de la Policía Federal Ministerial por el incumplimiento de requisitos de permanencia, ello no implica que el acuerdo de 9 de abril de 2024 invada su esfera competencial.
• Dice que, en dicho proveído únicamente se admitió a trámite la demanda de nulidad promovida en contra de la sanción emitida por la Fiscalía General de la República, a fin de analizar su legalidad, lo que es competencia del Tribunal, por tanto lo planteado no se traduce en un verdadero planteamiento de invasión competencial sino que pretende controvertir la competencia del Tribunal para conocer de un acto vía juicio contencioso administrativo, y resolver sobre la legalidad de la resolución emitida por la Fiscalía.
• Expresa que el artículo 123 constitucional, prevé que la determinación de separar del cargo a un agente de la policía federal ministerial admite juicio o medio de defensa en su contra, esto es, el orden constitucional no señala que tales determinaciones sean definitivas e inatacables, y cita su contenido.
• Reitera que, lo alegado por la Fiscalía General no se refiere a la invasión de su esfera competencial por parte del Tribunal Federal, sino que se encuentra dirigido a controvertir una cuestión de procedencia del juicio contencioso administrativo federal en contra de la sanción impuesta, lo que no puede constituir la materia de análisis de la controversia constitucional, pues se convertirá dicho medio constitucional en una segunda instancia o medio de defensa legal para controvertir decisiones judiciales.
• Concluye que, si el acuerdo controvertido mediante el cual se admitió a trámite el juicio de nulidad es una resolución jurisdiccional y tampoco se da la excepción prevista en la jurisprudencia PJ/16/2008, es claro que no actualiza el supuesto de procedencia previsto en el artículo 105, fracción I, inciso I), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 19, fracción VI de la Ley Reglamentaria.
• Como segunda causa de improcedencia señala la prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley reglamentaria, toda vez que el órgano actor Fiscalía General de la República, impugnó una resolución de carácter jurisdiccional, contra la cual no procede la controversia constitucional en términos de las jurisprudencias P./J.117/2000(2) y P./J. 16/2008,(3) por tratarse de resoluciones jurisdiccionales.
• Sostiene la improcedencia de este medio de control constitucional para controvertir resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aun cuando se aleguen cuestiones constitucionales, pues no puede hacerse de la controversia un recurso o medio de defensa para someter a revisión la cuestión litigiosa materia del procedimiento natural, pues las resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales cuentan con sus propios medios de defensa establecidos en diversas normas.
• Reitera que la procedencia de la controversia constitucional se actualiza sólo cuando los planteamientos que se aduzcan impliquen la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del estado, esto es, que se alegue que el órgano jurisdiccional que resolvió, se atribuyó facultades que no le competen. Lo que no acontece con el presente asunto.
• En tercer lugar, señala como causa de improcedencia la prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria, en razón de que para que resulte procedente una controversia constitucional, es necesario que se cumpla con el principio de definitividad, lo que involucra dos cuestiones específicas: 1. La autoridad debe de agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida, y 2. La existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento, para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio.
• En ese tenor, hace notar que el acto impugnado no se trata de una resolución que tenga el carácter de definitiva, ya que la Fiscalía tiene oportunidad de interponer recurso de reclamación en contra de dicha resolución, como efectivamente promovió y fue admitido mediante auto de 21 de junio de 2024 en el expediente contencioso, conforme el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y agrega que, contra la resolución definitiva del juicio puede interponerse juicio de amparo directo por lo que hace al actor, o bien, recurso de revisión por parte de la Fiscalía -en caso de que se actualice el supuesto de procedencia en contra de una posible resolución que no le favoreciere -, por lo que en el presente caso, la Fiscalía General de la República no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto.
• Invoca la jurisprudencia de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.”
• Respecto a la contestación del único concepto de invalidez, el representante del Tribunal expresa que la controversia se planteó partiendo de un errónea e inexacta apreciación por parte de la Fiscalía, en cuanto a la legalidad del actuar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y no en cuanto a una invasión de esferas o el principio de división de poderes.
• Insiste en que, para que sea procedente una controversia constitucional, es presupuesto indispensable que el ámbito competencial del promovente sea afectado o limitado por un acto concreto o una disposición de carácter general, por ejemplo, un decreto, un reglamento o una ley, y que sean contrarios a lo dispuesto por la Carta Magna, lo cual en el caso particular no acontece.
• Señala que, el simple hecho de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, actuando como órgano jurisdiccional, tenga la competencia para conocer de los juicios de nulidad que se promuevan en contra de resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, que emita la Fiscalía General de la República, no implica una vulneración a su autonomía, toda vez que a pesar de que la Fiscalía cuenta con la naturaleza de ser un organismo constitucional autónomo, eso no lo exime de someterse al ordenamiento mexicano respecto de la legalidad de sus actos.
• Indica que las actuaciones de la Fiscalía están sujetas al control de regularidad ordenado en el artículo 16 Constitucional, consistente en el principio de que todos los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados, así como que deben ser emitidos por autoridad competente. Añade que, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene absoluta competencia constitucional para conocer del acto impugnado, conforme a los artículos 3, fracción XVI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.(4)
• Aclara que la Fiscalía es una autoridad que tiene encomendada la procuración de justicia respecto de los delitos del orden federal, en tanto que el Tribunal se encuentra encargado de impartir justicia administrativa federal. De ahí que la Fiscalía General de la República no se encuentra exenta en cuanto a que sus determinaciones y/o actos sean susceptibles de ser impugnados en la vía del juicio contencioso administrativo federal. Invoca la jurisprudencia P./J. 12/2008 de rubro “ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS”
• Sostiene que de la fracción XVI del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal, se desprende la competencia para conocer y resolver sobre los juicios contenciosos administrativos en los que se impugne algún acto derivado o emitido de alguna autoridad como lo es la Fiscalía, y que esa autoridad tiene a su alcance diferentes medios legales de defesa, conforme al principio de definitividad.
• Explica que si bien el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acota a dirimir los conflictos suscitados entre la Administración Pública Federal y los particulares, sin incluir a los Poderes de la Unión, ni a los órganos constitucionales autónomos; también lo es que el legislador al expedir la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, concretamente en el artículo 3, fracción XVI, estableció que el Tribunal conocerá de las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los rec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33529-c58bda82/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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