I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ASUNTOS JURÍDICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 23 DE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO 17, FRACCIÓN XXV, DE SU ESTATUTO ORGÁNICO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LOS ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO FEDERAL CUANDO ESTIME QUE AFECTE SUS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 102, APARTADO A, PÁRRAFO PRIMERO Y 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON PLENA JURISDICCIÓN PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN XXIX-H, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 1, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDE A LA PERSONA QUE OCUPE SU PRESIDENCIA (ARTÍCULO 54 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO LEGITIMADO PARA PROMOVER ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 102, APARTADO A, PÁRRAFO PRIMERO Y 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ACUERDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 3694/24-17-10-8 POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ACTORA, AL HABER PLANTEADO ÉSTA UNA INVASIÓN A SU AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SU PERSONAL SUSTANTIVO (ACUERDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 3694/24-17-10-8 POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA PROMOVIDA POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL CUAL ADMITIÓ LA DEMANDA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR AQUÉLLA, AL HABER PLANTEADO UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL (ACUERDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 3694/24-17-10-8 POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN DE LAS NORMAS LOCALES (ACUERDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 3694/24-17-10-8 POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE FALTA DE DEFINITIVIDAD DEL ACTO IMPUGNADO CONSISTENTE EN EL AUTO ADMISORIO DEL JUICIO DE NULIDAD DICTADO POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA TODA VEZ QUE LA INVASIÓN COMPETENCIAL ALEGADA POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SE GENERA DESDE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, AL SOMETER A DICHO ENTE AUTÓNOMO A UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL PARA REVISAR LA LEGALIDAD DE SUS DETERMINACIONES QUE CONSIDERA TIENEN INATACABILIDAD Y DEFINITIVIDAD POR PREVISIÓN EXPRESA DE LOS ARTÍCULOS 102, APARTADO A Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (ACUERDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 3694/24-17-10-8 POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). XII. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. ASPECTOS RELEVANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. XIII. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ES LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE PARA REVISAR LA LEGALIDAD DE LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN QUE CORRESPONDA Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL EN RELACIÓN CON EL 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ATENTO A SU RELACIÓN DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO Y QUE AQUEL TRIBUNAL ES EL MÁS A FIN A LA MATERIA. XIV. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SUS DETERMINACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SU PERSONAL SUSTANTIVO NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO DEFINITIVAS NI INATACABLES, POR LO QUE LA REVISIÓN DE SU LEGALIDAD ES COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DENOMINADA TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DÉCIMO PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 17398/24-17-11-9). XV. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. LA REVISIÓN DE LA LEGALIDAD DE SUS DETERMINACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUSTANTIVOS QUE LA INTEGRAN POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA NO VULNERA SU AUTONOMÍA EN TANTO QUE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO TIENE POR OBJETO LA REVISIÓN DE SUS DETERMINACIONES RELACIONADAS CON SUS FACULTADES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, INVESTIGACIÓN DE DELITOS, EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL U OTRAS AFINES Y EXCLUSIVAS DE LA INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO (RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DÉCIMO PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 17398/24-17-11-9). XVI. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SUS DETERMINACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LA INTEGRAN SON REVISABLES POR AUTORIDAD JURISDICCIONAL EN ARAS DE SALVAGUARDAR EL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN (RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DÉCIMO PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 17398/24-17-11-9).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 288/2024. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 14 DE MAYO DE 2025. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: El acuerdo de doce de agosto de dos mil veinticuatro, dictado en el juicio contencioso administrativo con número de expediente ********, por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (en adelante Tribunal Federal de Justicia Administrativa).
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente de catorce de mayo de dos mil veinticinco.
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 288/2024, promovida por la Fiscalía General de la República en contra del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
1. Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ********, en su calidad de Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, promovió controversia constitucional en representación del citado organismo autónomo, en la que solicitó la invalidez del acto emitido por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en:
“El Acuerdo de 12 de agosto de 2024, dictado en el expediente ******** por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (en adelante Tribunal de Justicia Administrativa), a través del cual, sin contar con competencias, admite a trámite una demanda de nulidad en la vía sumaria promovida por un Oficial Investigador, en la que impugnó la resolución contenida en el oficio ******** de 25 de junio de 2024, emitido por el Jefe de Policía Federal Ministerial en el Estado de Tabasco de la Unidad de Despliegue Nacional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República mediante la cual se le impuso una sanción administrativa, consistente en la multa de 200 (doscientas) Unidades de Medida y Actualización equivalente a la cantidad de $******** (sic) (******** 00/100 moneda nacional).”
ANTECEDENTES QUE SE NARRAN EN LA DEMANDA
2. Antecedentes. Según se desprende de las constancias que obran en autos, se aprecian los siguientes hechos.
• El veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, la Subunidad de Apoyo Jurídico de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República. mediante oficio ********, solicitó al Jefe de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Tabasco, notificar al Oficial Investigador para que dé cumplimiento al pago de la sanción administrativa, consistente en la multa de 200 (doscientas) Unidades de Medida y Actualización (UMA'S), impuesta por la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, equivalente a la cantidad de $******** (********00/100 M.N.), derivado del robo de un arma de fuego que se encontraba al resguardo del citado servidor público.
• El veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, el Jefe de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Tabasco de la Fiscalía General de la República, notificó al Oficial Investigador el oficio ********, por el que se le instruye a dar cumplimiento al pago de La sanción administrativa, consistente en la multa de 200 (doscientas) Unidades de Medida y Actualización equivalente a La cantidad de $********00/100 M.N.),
• Inconforme con Lo anterior, el dos de agosto de dos mil veinticuatro el Oficial Investigador, promovió juicio contencioso administrativo en el que impugnó el oficio ********de veinticinco de junio de dos mil veinticuatro.
• Por acuerdo de doce de agosto de dos mil veinticuatro, el Tribunal de Justicia, administrativa, admitió a trámite La demanda de nulidad en la vía sumaria radicándola con el número ********.
• De lo anterior se tiene que, el Tribunal de Justicia Administrativa a través del acuerdo de doce de agosto de dos mil veinticuatro, admitió a trámite la demanda de nulidad, para conocer y pronunciarse sobre la determinación emitida por el Jefe de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Tabasco de la Fiscalía General de la República, en el oficio ******** de veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, -en el cual se instruyó al Oficial Investigador para dar cumplimiento al pago de la sanción administrativa-.
• Asimismo, se emplazó al Jefe de Policía Federal Ministerial en el Estado de Tabasco, para que conteste la demanda.
• El veinte de agosto de dos mil veinticuatro, el Tribunal de Justicia Administrativa vía boletín jurisdiccional notificó a la Fiscalía General de la República el acuerdo de doce de agosto de dos mil veinticuatro, dictado en el expediente ********.
3. Conceptos de invalidez. La Fiscalía General de República, parte actora, en síntesis, señaló como conceptos de invalidez los siguientes:
• En el capítulo de consideraciones previas apunta que la Fiscalía se trata de órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio. Argumenta con las jurisprudencias con registro digital 170238 de rubro:
“ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS” y registro digital 172456 de rubro: “ÓRGANISMO CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS”, de este Alto Tribunal, las características de los organismos constitucionales autónomos.
• De igual manera explica el régimen laboral y de responsabilidades administrativas y sanciones de los agentes del Ministerio Público, peritos y de los miembros de las instituciones policiales, previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafos primero, y segundo, de la Constitución Federal, el cual indica que los referidos servidores públicos deben regirse por sus propias leyes, esto es, se encuentran excluidos del régimen laboral previsto en esa disposición constitucional. Asimismo, señala que guardan con el Estado una relación de "naturaleza administrativa", por lo que, aun y cuando no tengan los derechos laborales reconocidos en el artículo 123, apartado B constitucional, se les reconoce el derecho a diversas prestaciones y a ser indemnizados.
• Explica el régimen de responsabilidades y sanciones de los servidores públicos a que aluden en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, exteriorizando que podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o bien removidos por incurrir en responsabilidad administrativa. Lo que implica la coexistencia de dos regímenes distintos de carácter administrativo.
• Estima necesario delimitar las normas que les son aplicables a las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de República; así se refiere a la Ley de la Fiscalía General de la República, al Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de República, y el acuerdo A/044/18.
• En ese sentido, refiere que los artículos 9, fracciones III y VIII, 50, fracción I, y 52 primera parte de la Ley de la Fiscalía, se desprende que forman parte del servicio profesional de carrera de la rama sustantiva las personas: agentes del Ministerio Público de la Federación: Policías -agentes de la Policía Federal Ministerial-: peritas: analistas y facilitadoras, los que se regirán por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de La Constitución Federal, la Ley de la Fiscalía y las demás disposiciones aplicables que establezca el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República.
• Asimismo, refiere que los preceptos 11, fracción X y 14 del referido ordenamiento Legal, se advierte que la Fiscalía General de la República para el ejercicio de sus facultades está integrada, entre otras, por la Agencia de Investigación Criminal, misma que sin perjuicio de las facultades que se establezcan y desarrollen en el Estatuto Orgánico, será La encargada de Llevar a cabo la operación, investigación e inteligencia para la investigación y persecución de los delitos, así como de coordinar y asignar personas agentes de la Policía Federal Ministerial, personas peritas y personas analistas para el desarrollo de las investigaciones que formen parte de la Fiscalía General.
• Finalmente, del artículo transitorio cuarto, párrafo segundo de la Ley de la Fiscalía advierte que en tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos jurídicos que se han venido aplicando.
• Del Estatuto Orgánico advierte, que en el precepto 5 se determina la Estructura Orgánica de la Fiscalía General para el cumplimiento de los asuntos de su competencia, señalando en su fracción X apartado b, numeral i), inciso aa), a la Jefatura de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Tabasco, como parte de la Unidad de Despliegue Nacional de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.
• Refiere que el Acuerdo A/044/18 (vigente), se publicó el 8 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Tiene por objeto establecer las directrices para la solicitud, asignación, supervisión, control y responsabilidad de Armamento, Municiones y Accesorios propiedad de la Fiscalía General de la República.
• De conformidad con los preceptos Segundo, fracción XIII, Décimo fracción IV, Décimo Séptimo, y Vigésimo Quinto, del acuerdo a estudio, advierte que los sujetos obligados, como lo son, los Agentes de la Policía Federal Ministerial. deben llevar a cabo las medidas de prevención que disminuyan los riesgos que pudieran presentarse por robo, pérdida, destrucción o extravío, del Armamento, Accesorios y Municiones que les son asignados, por lo que, en caso de incumplimiento, y con independencia de las responsabilidades administrativas y/o penales a las que haya lugar, devendrá en el necesario resarcimiento pecuniario a la Institución incluyendo costo del Armamento, Municiones y Accesorios, multas, deducibles y demás gastos que surjan por el robo de armamento.
• Precisa las competencias constitucionales y legales que asisten al Tribunal de Justicia Administrativa, argumenta que a través de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, en particular, con la adición de la fracción XXIX-H, al artículo 73, se dotó al Tribunal de Justicia Administrativa de plena autonomía para dictar sus fallos, y se le atribuye la facultad para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones, entre otros, a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la Ley determine como graves.
• Hace alusión a los precedentes emitidos por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la competencia constitucional conferida al Tribunal de Justicia Administrativa.
• Señala las Competencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
• En su único concepto de invalidez expone que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al emitir el acuerdo controvertido en el expediente ********, por el que admitió a trámite en la vía sumaria una demanda de nulidad interpuesta en contra del oficio ******** emitido por la Fiscalía General de la República -en La que determinó imponer a un Oficial Investigador una sanción administrativa consistente en multa por el robo de una arma de fuego-, se extralimitó en sus competencias, vulnerando en consecuencia el principio de división de poderes, en relación a Las garantías institucionales y La esfera de competencias de este órgano constitucional autónomo, en contravención a Los artículos 49, 73, fracción XXIX-H, 102, apartado A, párrafo primero, y 123, apartado B, fracción XIII, párrafo primero, de La Constitución Federal.
• Considera que la Fiscalía es un órgano constitucional autónomo, por tanto, cuenta con autonomía e independencia funcional, esto es, no se encuentra sujeta a Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. y si bien tiene una relación de coordinación con otros órganos del Estado, también goza de garantías institucionales para salvaguardar sus características orgánicas y funcionales esenciales, por lo tanto, si un poder público interfiere en sus atribuciones, vulneraría el principio de división de poderes.
• Advierte que La Constitución Federal le asigna garantías institucionales que salvaguardan sus características orgánicas y funcionales para consolidar su operatividad.
• Señala que, a través del acuerdo impugnado en el presente medio de control constitucional, el Tribunal de Justicia Administrativa pretende conocer de un acto de carácter administrativo respecto del cual no tiene competencia constitucional, y que fue emitido por la Fiscalía en uso de las facultades reconocidas en los artículos 102, Apartado A, párrafo primero, 123, apartado B, fracción XIII, párrafo primero de la Constitución Federal, en relación con los artículos 11, fracción X y 14 de la Ley de la Fiscalía; 5, fracción X, apartado b, numeral i) inciso aa), y 7, fracción VIII, del Estatuto Orgánico, así como en el Acuerdo A/044/18.
• Añade que el acto que el Oficial Investigador impugna en la vía de nulidad no se relaciona con las competencias que el Tribunal de Justicia Administrativa tiene reconocidas en términos del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal.
• Especifica que como lo advirtió la Suprema Corte de Justicia de la Nación la competencia constitucional conferida al Tribunal de Justicia Administrativa se acota a dirimir las controversias que se presenten entre la administración pública federal, centralizada o paraestatal, y los particulares, sin incluir a los órganos constitucionales autónomos.
• Añade que, como ya lo determinó ese Máximo Tribunal constitucional, el legislador ordinario no cuenta con la atribución de establecer en el ámbito de actuación de los tribunales de lo contencioso administrativo a los órganos del Estado que no integren o sean parte de la administración pública federal, tal y como ocurre con la Fiscalía General.
• Argumenta que aún y cuando del artículo 3°, fracción XVI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advierte que el Tribunal de Justicia Administrativa conocerá de las resoluciones definitivas que decidan sobre los recursos administrativos de los órganos constitucionales autónomos, lo cierto es que esto no implica la competencia de ese Tribunal para pronunciarse sobre las determinaciones de carácter administrativo/laboral de esta Fiscalía con su personal sustantivo.
• Asevera que lo anterior además se corrobora con lo previsto en los artículos 2°, párrafo tercero y 5º, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al establecer que en los juicios del orden contencioso administrativo la representación de las autoridades la tienen las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, en términos de Lo que prevea el Ejecutivo Federal en su Reglamento o decreto, o bien. en lo dispuesto por la Ley Federal de Entidades Paraestatales, casos en los cuales no se ubican los órganos constitucionales autónomos, como lo es, la Fiscalía General de la República.
• Explica que, si bien el régimen laboral entre la Fiscalía y sus servidores públicos es de naturaleza administrativa, lo cierto es que tal aspecto, de ninguna manera puede entenderse en el sentido de reconocer al Tribunal de Justicia Administrativa facultades para pronunciarse a través de un juicio de nulidad sobre las determinaciones administrativas tomadas por la Fiscalía, ya que se insiste estas son ajenas a la revisión del citado órgano jurisdiccional.
• Asegura que a través del acto impugnado el Tribunal de Justicia Administrativa excediéndose de las atribuciones previstas en el artículo 73, fracción XXIX-H. de la Constitución Federal, materializó una intromisión injustificada o interferencia indebida en el ejercicio de las competencias constitucionales de la Fiscalía, afectando su autonomía jurídica y administrativa e independencia funcional, ya que se coloca como autoridad competente para conocer y resolver sobre la relación que guarda la Fiscalía con su personal, lo que invariablemente se traduce en una invasión a la esfera competencial.
• Con lo que concluye que, con la emisión del acuerdo de 12 de agosto de 2024, dictado en el expediente ********, el Tribunal de Justicia Administrativa, se excedió en sus facultades. ya que por una parte, la Fiscalía no es parte de la administración pública federal, y por la otra parte, no tiene atribuciones para dirimir sobre la imposición de multas al personal sustantivo de la Fiscalía General de la República, de ahí que con la emisión del acto cuestionado, el Tribunal de Justicia Administrativa vulnera los artículos 49, 73, fracción XXIX-H, 102, apartado A, párrafo primero, y 123, apartado B, fracción XIII. párrafo primero, de la Constitución Federal.
4. Artículos constitucionales señalados como violados. La parte actora estima violados los artículos 49, 73, fracción XXIX-H, 102, apartado A, párrafo primero, y 123, apartado B, fracción XIII, párrafos primero todos de la Constitución Federal.
5. Trámite de la controversia. Por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número 288/2024; asimismo, ordenó que se turnara el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.
6. Mediante proveído de once de octubre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió la demanda, tuvo promoviendo la presente controversia constitucional a la Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, como demandado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual, ordenó emplazar para que formulara su respectiva contestación; asimismo ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera, quien se abstuvo de formular opinión. Asimismo, ante la solicitud de la parte demandada, se ordenó formar el incidente de suspensión.
7. Incidente de suspensión. Por auto de once de octubre de dos mil veinticuatro, se concedió la suspensión del acto controvertido única y exclusivamente para que no se ejecutara ningún efecto de la resolución que en su momento pudiera dictar el Tribunal demandado en el expediente ********, hasta en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara sobre el fondo del presente asunto.
8. Contestación de la autoridad demandada: Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El magistrado Guillermo Valls Esponda, presidente y representante legal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dio contestación a la demanda y expuso lo siguiente:
• Como una cuestión previa, expuso la historia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
• Como causales de improcedencia y sobreseimiento, en primer lugar, señala que no se actualiza el supuesto de procedencia previsto en el artículo 105, fracción I, inciso I), de la Constitución Federal, porque si bien es cierto que la controversia constitucional la promueve la Fiscalía General de la República, en contra del acuerdo de doce de agosto de dos mil veinticuatro, a través del cual la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitió a trámite vía ordinaria la demanda de nulidad bajo el número de expediente ********, interpuesta por el Oficial Investigador en contra del oficio ********, emitido por el jefe de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Tabasco de la multicitada Fiscalía (por medio del cual se le instruye a dar cumplimiento al pago de la sanción administrativa, consistente en la multa de 200 (doscientas) Unidades de Medida y Actualización equivalente a la cantidad de $********), (********00/100 M.N.), mismo oficio que deriva de la instrucción dada por la Subunidad de Apoyo Jurídico de la Policía Federal Ministerial a través del oficio ********. también es cierto que en la presente Controversia Constitucional la interpone la citada Fiscalía alegando que se extralimitaron las competencias y se vulneró el principio de división de poderes, sin embargo deja de tomar en consideración que este H. Tribunal es un Órgano Jurisdiccional dotado de plena autonomía y competencia, tanto para conocer del juicio contencioso administrativo en contra de las resoluciones que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos, como para dictar los correspondientes fallos derivados de tales medios de defensa, ello conforme a lo establecido tanto por la Constitución Federal en su artículo 73, fracción XXIX-H, así como por lo dispuesto por los artículos 3°, fracciones XVI y XIX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. • Indica que, aun cuando equivocadamente la Fiscalía General de la República señala que este Tribunal Federal de Justicia Administrativa invadió su competencia al haber admitido a trámite el juicio de nulidad interpuesto por el Oficial Investigador en contra del oficio ******** de 25 de junio de 2024 expedido por el Jefe de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Tabasco de esa Fiscalía, por medio del cual se le impuso la sanción administrativa consistente en una multa; lo anterior es erróneo porque con la presentación de la demanda, la Fiscalía deja de observar que la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana al admitir la demanda en la vía sumaria y dar trámite a la misma en el juicio de nulidad ********, lo hizo conforme a las facultades que le han sido conferidas por la legislación aplicable.
• Ahora respecto a lo establecido por el artículo 105, fracción I, inciso I), de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece por un lado a los entes legitimados para instar la Controversia Constitucional y, por otro, los actos combatibles a través de este medio de control y defensa de la Constitución; es decir, podrán acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Órganos Constitucionales Autónomos y el órgano garante a que se refiere el artículo 102, apartado A de la Constitución, para combatir vía Controversia Constitucional.
• Aclara que lo alegado por la Fiscalía General no se refiere a la invasión de su esfera competencial por parte de este Tribunal Federal, sino que se encuentra dirigido a controvertir en todo caso una cuestión de procedencia del juicio contencioso administrativo federal en contra de la sanción impuesta, lo que no puede constituir la materia de análisis de la controversia constitucional, pues, la convertiría en una segunda instancia o medio de defensa legal para controvertir decisiones judiciales.
• En ese tenor, si bien, la Fiscalía General de la República se trata de un órgano constitucional con autonomía e independencia funcional, ello no la exime de que la legalidad de sus actuaciones sea verificada, máxime considerando que la propia Fiscalía lo señala al indicar que el régimen laboral entre la misma y sus servidores públicos es de naturaleza administrativa; por lo que contrario a lo señalado, la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal de hecho cuenta con facultades para conocer del juicio de nulidad interpuesto por el Oficial Investigador en contra del oficio ********, emitido por el Jefe de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Tabasco de la multicitada Fiscalía (por medio del cual se le instruyó dar cumplimiento al pago de la sanción administrativa, consistente en la multa de 200 (doscientas) Unidades de Medida y Actualización equivalente a la cantidad de $********), (********00/100 M.N.), sin que supuestamente se invada tal atribución competencial, pues en dicho proveído únicamente se admitió a trámite la demanda de nulidad promovida en contra de la resolución emitida por la Fiscalía General de la República, a fin de analizar su legalidad, lo que SÍ es competencia de este Órgano Jurisdiccional.
• En ese orden de ideas, refiere que queda claro que, lo alegado por la Fiscalía General no se refiere a la invasión de su esfera competencial por parte de este Tribunal Federal, sino que se encuentra dirigido a controvertir en todo caso una cuestión de procedencia del juicio contencioso administrativo federal en contra de la sanción impuesta, lo que no puede constituir la materia de análisis de la controversia constitucional, pues, la convertiría en una segunda instancia o medio de defensa legal para controvertir decisiones judiciales.
• Por otra parte destaca que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no forma parte de los Poderes de la Unión, tampoco es una Entidad Federativa o Municipio, NI SE TRATA DE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, como ya se precisó con antelación, concretamente en la parte final del apartado denominado "CUESTIÓN PREVIA", SIENDO ÉSTE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DOTADO DE PLENA AUTONOMÍA PARA DICTAR SUS FALLOS, EL CUAL ESTABLECE SU ORGANIZACIÓN, SU FUNCIONAMIENTO Y LOS RECURSOS PARA IMPUGNAR SUS RESOLUCIONES.
• Como SEGUNDA causa de improcedencia señala la prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley reglamentaria, toda vez que el órgano actor Fiscalía General de la República, impugnó el acuerdo de doce de agosto de dos mil veinticuatro, a través del cual se admitió a trámite la demanda en la vía samaria, del índice de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa bajo el número de expediente ********, cobra vigencia la jurisprudencia P./.J. 117/2000, misma que dispone lo siguiente: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES”
• Sostiene la improcedencia de este medio de control constitucional para controvertir resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aun cuando se aleguen cuestiones constitucionales, pues no puede hacerse de la controversia un recurso o medio de defensa para someter a revisión la cuestión litigiosa materia del procedimiento natural, pues las resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales cuentan con sus propios medios de defensa establecidos en diversas normas.
• Reitera que la procedencia de la controversia constitucional se actualiza sólo cuando los planteamientos que se aduzcan impliquen la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del estado, esto es, que se alegue que el órgano jurisdiccional que resolvió, se atribuyó facultades que no le competen, lo que no acontece con el presente asunto debido a que resulta inexistente dicha invasión a su esfera de competencia.
• En TERCER lugar, señala como causa de improcedencia la prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria, en razón de que para que resulte procedente una controversia constitucional, es necesario que se cumpla con el principio de definitividad, lo que involucra dos cuestiones específicas: 1). La autoridad debe de agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida, y 2). La existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento, para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio.
• En ese tenor, hace notar que el acto impugnado no se trata de una resolución que tenga el carácter de definitiva, ya que la Fiscalía tiene oportunidad de interponer recurso de reclamación en contra de dicha resolución, conforme el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y agrega que, la Fiscalía General de la República interpuso Recurso de Reclamación en contra del acuerdo de admisión de la demanda de nulidad, sin embargo la Sala del conocimiento resolvió procedente pero infundado el Recurso de Reclamación presentado por la demandada, confirmando el acuerdo de 12 agosto de 2024, por el que se admitió a trámite la demanda.
• Refiere que a la par de presentar la presente Controversia Constitucional ante esta SCJN, la Fiscalía presentó el recurso de reclamación contra la admisión de la demanda en el juicio contencioso administrativo ******** interpuesto por el Oficial Investigador ante este Tribunal Federal; y toda vez que el mismo resultó infundado confirmando la resolución reclamada, se continuó con el trámite del juicio de nulidad, y a través del Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República se presentó la contestación a la demanda. Sin embargo el mismo a la fecha se encuentra suspendido derivado de la presente Controversia, por lo que se podrá observar que contrario a seguir los procedimientos que establece la ley de la materia respecto al juicio de nulidad y continuar con la tramitación del mismo, la actora interpuso la presente Controversia indicando que se está invadiendo su esfera de competencia, cuando resulta que derivado de la naturaleza de las relaciones administrativas de la propia Fiscalía con su personal, es el juicio contencioso administrativo el indicado e idóneo para resolver sobre las controversias entre estos, tan es así que el juicio fue admitido a trámite.
• Además refiere que de haberse seguido el juicio como esta señalado, contra la propia resolución que em
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201073-0c8caedb/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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