I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ASUNTOS JURÍDICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA (ARTÍCULOS 23 DE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO 17, FRACCIÓN XXV, DE SU ESTATUTO ORGÁNICO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LOS ACTOS DE OTRO ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO FEDERAL CUANDO ESTIME QUE AFECTE SUS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 102, APARTADO A, PÁRRAFO PRIMERO Y 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON PLENA JURISDICCIÓN PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN XXIX-H, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 1, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDE A LA PERSONA QUE OCUPE SU PRESIDENCIA (ARTÍCULO 54 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL TRATARSE DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO LEGITIMADO PARA PROMOVER ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 102, APARTADO A, PÁRRAFO PRIMERO Y 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ACUERDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 3694/24-17-10-8 POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA RELATIVA A LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ACTORA, AL HABER PLANTEADO ÉSTA UNA INVASIÓN A SU AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEPARACIÓN DE AGENTES DEL PERSONAL MINISTERIAL, PERICIAL O POLICIAL (ACUERDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 3694/24-17-10-8 POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE LA PROMOVIDA POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRA EL ACUERDO DICTADO POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE EL CUAL ADMITIÓ LA DEMANDA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR AQUÉLLA POR LA QUE SE DETERMINÓ LA SEPARACIÓN DEL CARGO DE UN AGENTE DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL, AL HABER PLANTEADO UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL (ACUERDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 3694/24-17-10-8 POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN DE LAS NORMAS LOCALES (ACUERDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 3694/24-17-10-8 POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE FALTA DE DEFINITIVIDAD DEL ACTO IMPUGNADO CONSISTENTE EN EL AUTO ADMISORIO DEL JUICIO DE NULIDAD DICTADO POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA TODA VEZ QUE LA INVASIÓN COMPETENCIAL ALEGADA POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SE GENERA DESDE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, AL SOMETER A DICHO ENTE AUTÓNOMO A UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL PARA REVISAR LA LEGALIDAD DE SUS DETERMINACIONES QUE CONSIDERA TIENEN INATACABILIDAD Y DEFINITIVIDAD POR PREVISIÓN EXPRESA DE LOS ARTÍCULOS 102, APARTADO A Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (ACUERDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 3694/24-17-10-8 POR LA DÉCIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA). XII. DERECHO HUMANO DE TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. COMPRENDE DIVERSAS FASES CONSISTENTES EN EL LIBRE ACCESO A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, ASÍ COMO LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO, A QUE SE DICTE UNA RESOLUCIÓN AJUSTADA A LA LEY, A RECURRIR LA DECISIÓN Y A SU EJECUCIÓN. XIII. DERECHO HUMANO DE TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. ES GRADUAL POR LO QUE SE PERFECCIONA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIVERSAS ETAPAS CORRELATIVAS Y SUCESIVAS QUE LO COMPONEN, MISMAS QUE, A SU VEZ, ESTÁN INTERCONECTADAS CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES ESPECIALMENTE LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 14, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. XIV. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. XV. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SE ENCUENTRA TUTELADO POR EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XVI. DERECHO HUMANO DE TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. FACETAS RECONOCIDAS POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XVII. DERECHO HUMANO DE TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. SE TRADUCE EN LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO MEXICANO PARA GARANTIZAR QUE TODAS LAS PERSONAS QUE LO REQUIERAN PUEDAN SOMETER SUS CONFLICTOS A LOS TRIBUNALES EN CONDICIONES DE EQUIDAD Y QUE LAS RESPUESTAS QUE OBTENGAN DE ÉSTOS ÚLTIMOS RESUELVAN LOS CONFLICTOS EN FORMA EFECTIVA TANTO PARA LOS INDIVIDUOS INVOLUCRADOS COMO PARA LA SOCIEDAD EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, ASÍ COMO 14.1 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHO CIVILES Y POLÍTICOS Y 8.1 Y 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. XVIII. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. PARA LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES CONLLEVA EL DEBER DE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LA LEY, POR LO CUAL DEBEN ABSTENERSE DE CONDICIONAR SU PROCEDENCIA A REQUISITOS O FORMALISMOS TÉCNICOS QUE RESULTEN EXCESIVOS O CARENTES DE RAZONABILIDAD, SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE LAS PARTES NO DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA ESTABLECIDOS EN LA LEY. XIX. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. LA POTESTAD QUE OTORGA AL LEGISLADOR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL PARA FIJAR LOS REQUISITOS PROCESALES NO ES ILIMITADA, DEBE TENER SUSTENTO CONSTITUCIONAL. XX. MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XXI. MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. PERTENECEN A UN RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN CUYA RELACIÓN CON EL ESTADO NO PUEDE SER ASIMILADA A LA DE TRABAJO, SINO QUE SE RIGEN POR SUS PROPIAS LEYES, GENERANDO UNA RELACIÓN DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. XXII. MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS DETERMINACIONES EN MATERIA DE SEPARACIÓN DE CARGO DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y POLICÍAS SERÁN REVISABLES POR AUTORIDAD JURISDICCIONAL, QUIEN DEBE RESOLVER SI TAL SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA O CESE, O CUALQUIER OTRA FORMA DE SEPARACIÓN DEL SERVICIO FUE JUSTIFICADA Y, EN SU CASO, DE LA INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO EL SERVIDOR PÚBLICO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XXIII. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ES LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE PARA REVISAR LA LEGALIDAD DE LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN QUE CORRESPONDA Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL EN RELACIÓN CON EL 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ATENTO A SU RELACIÓN DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO Y QUE AQUEL TRIBUNAL ES EL MÁS A FIN A LA MATERIA. XXIV. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SUS DETERMINACIONES RELACIONADAS CON LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO RESPECTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LA INTEGRAN NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO DEFINITIVAS NI INATACABLES, POR LO QUE LA REVISIÓN DE SU LEGALIDAD ES COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DENOMINADA TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. XXV. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. LA REVISIÓN DE LA LEGALIDAD DE SUS DETERMINACIONES RELACIONADAS CON LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO RESPECTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LA INTEGRAN POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA NO VULNERA SU AUTONOMÍA EN TANTO QUE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO TIENE POR OBJETO LA REVISIÓN DE SUS DETERMINACIONES RELACIONADAS CON SUS FACULTADES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, INVESTIGACIÓN DE DELITOS, EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL U OTRAS AFINES Y EXCLUSIVAS DE LA INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO SINO QUE SE CONSTRIÑEN A LA MATERIA DE LA SEPARACIÓN DE SU PERSONAL SUSTANTIVO. XXVI. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SU AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LOS PODERES PRIMARIOS NO IMPLICA QUE SUS DETERMINACIONES RELACIONADAS CON LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO RESPECTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LA INTEGRAN QUEDEN EXENTAS DE LA REVISIÓN DE LEGALIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, MÁXIME QUE DICHA DISPOSICIÓN ES UNA GARANTÍA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. XXVII. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL ARTÍCULO 69 DE SU LEY ORGÁNICA QUE ESTABLECE QUE NO PROCEDE RECURSO ALGUNO CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DEL PERSONAL SUSTANTIVO Y AQUELLA QUE LE PONGA FIN DEBE SER INTERPRETADO EN EL SENTIDO DE QUE DICHO PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN ES IRRECURRIBLE ANTE LA PROPIA FISCALÍA, PERO NO INHIBE LA REVISIÓN ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. XXVIII. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE UN MIEMBRO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR INCUMPLIR LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA, INCLUIDA LA QUE DECLARA EL SOBRESEIMIENTO Y ORDENA LA RESTITUCIÓN EN SUS FUNCIONES Y PRESTACIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO, SON REVISABLES POR AUTORIDAD JURISDICCIONAL EN ARAS DE SALVAGUARDAR EL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN (RESOLUCIÓN DICTADA POR LA SEGUNDA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 14975/24-17-02-8). XXIX. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ES LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE PARA REVISAR LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA QUE SE DECLARÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE UN SERVIDOR PÚBLICO Y ORDENÓ SU RESTITUCIÓN EN SUS FUNCIONES Y PRESTACIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL EN RELACIÓN CON EL 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ATENTO A SU RELACIÓN DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO Y QUE AQUEL TRIBUNAL ES EL MÁS A FIN A LA MATERIA (RESOLUCIÓN DICTADA POR LA SEGUNDA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 14975/24-17-02-8).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 267/2024. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 30 DE ABRIL DE 2025. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LA SEÑORA MINISTRA Y LOS SEÑORES MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. VOTÓ EN CONTRA LA MINISTRA PRESIDENTA LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: El acuerdo de primero de agosto de dos mil veinticuatro, dictado en el juicio contencioso administrativo con número de expediente ********, por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, (en adelante Tribunal Federal de Justicia Administrativa).
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día treinta de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 267/2024, promovida por la Fiscalía General de la República en contra del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
1. Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carmen Lucía Sustaita Figueroa, en su calidad de Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, promovió controversia constitucional en representación del citado organismo autónomo, en la que solicitó la invalidez del acto emitido por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en:
“El acuerdo de 1 de agosto de 2024, dictado en el expediente ******** por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (en adelante Tribunal de Justicia Administrativa), a través del cual, sin contar con competencias, admite a trámite una demanda de nulidad promovida por un Agente de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República. en la que impugnó la resolución contenida en el expediente ******** de 29 de mayo de 2024, por medio del cual, el Titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera de esta Fiscalía, sobreseyó la queja contenida en el oficio ********, dejó insubsistente la suspensión en sueldo y funciones y, ordenó la restitución se sueldo y prestaciones.”
ANTECEDENTES QUE SE NARRAN EN LA DEMANDA
2. Antecedentes. Según se desprende las constancias que obran en autos, se aprecian los siguientes hechos.
• Mediante oficio ******** de primero de diciembre de dos mil veintidós, el Titular de la Policía Federal Ministerial formuló queja en contra de un Agente de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía (en adelante Agente Ministerial), para el inicio de procedimiento administrativo de separación, por incumplimiento al requisito de permanencia previsto en los artículos cuadragésimo, fracción VIII en relación con el trigésimo séptimo, ambos de los "LINEAMIENTOS L/003/19'', por los que se regula al personal adscrito a la entonces Procuraduría General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como al personal de transición.
• Derivado de lo anterior, El diecinueve de diciembre de dos mil veintidós el centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera de La Fiscalía General de La República (en lo sucesivo Centro), determinó: i) formar el expediente de queja ******** y, ii) decretar la suspensión de sueldo y funciones del Agente Ministerial, hasta en tanto se emita sentencia ejecutoriada dentro de La causa penal ********.
• El veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro, la Unidad de Servicio Profesional de Carrera emitió el acuerdo por el que propuso sobreseer en el expediente ********, al actualizarse una causal de notoria improcedencia.
• El veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, el Centro resolvió: i) sobreseer en el expediente ********; ii) dejar insubsistente La suspensión en sueldo y funciones y, iii) se restituya al Agente Ministerial en el pago de salario y demás prestaciones a que tenga derecho.
• Inconforme con lo anterior, el Agente Ministerial promovió juicio de nulidad, en el que impugnó la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, emitida dentro del expediente ******** por el Centro.
• Por acuerdo de primero de agosto de dos mil veinticuatro, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, admitió a trámite la demanda de nulidad en la vía ordinaria radicándola con el número ********, de la cual, para el caso que interesa, se advierte lo siguiente:
“[...]
Se da cuenta con el escrito ingresado en la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal el veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, a través de cual, [xxx], por propio derecho. comparece a demandar la nulidad de la resolución definitiva de veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, dictada dentro del expediente ********, emitida por el Titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de La República, mediante el cual, se sobreseyó en el expediente ********, la queja contenida en el oficio ********, dejando insubsistente la suspensión en sueldo y funciones del hoy actor, por lo que, ordenó se le restituyera sueldo y demás prestaciones.- Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 1°, 2º, 3°, 5°, 13, 14 y 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: 3, fracción XVI y XIX, 15, 31, 32, 34, primer y último párrafos, y 36, fracciones I, IV y VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: así como 48 y 49, fracciones (sic) XVII del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA DE NULIDAD EN LA VÍA ORDINARIA en contra de la resolución definitiva antes referida.- [...]
[...]
SE REQUIERE A LA AUTORIDAD DEMANDADA, para que a más tardar al momento de dar contestación a la demanda, exhiba el "expediente administrativo" del cual derivó la resolución impugnada, [...]
APERCIBIDA que de no dar cumplimiento, en su caso se tendrán por ciertos los hechos que con la referida probanza pretenda acreditar el accionante al momento de dictar sentencia, salvo que por las pruebas rendidas o por los hechos notorios resulten desvirtuados,- Ahora bien, en términos de los artículos 3·, fracción II, inciso a), 5, cuarto párrafo, y 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, emplácese al Titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, a fin de que en su calidad de autoridad demanda y por conducto de La unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, produzca su contestación dentro del plazo de TREINTA DÍAS hábiles legalmente computados, con el apercibimiento de que si no se produce a tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos Los que el accionante le haya imputado de manera precisa, salvo que por las pruebas rendidas o por los hechos notorios resulten desvirtuados.- [...].”
• El tribunal Federal de Justicia Administrativa a través del acuerdo de primero de agosto de dos mil veinticuatro, admitió a trámite la demanda de nulidad radicándola con el número de expediente ********, para conocer y pronunciarse sobre la determinación emitida por el Centro en el expediente ******** -en el cuál resolvió dejar insubsistente la suspensión en sueldo y funciones y, ordenó se le restituyera en sueldo y demás prestaciones a un Agente Ministerial.
• Asimismo, emplazó a la persona Titular del Centro con el carácter de autoridad demandada, para que por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica conteste la demanda en un plazo de 30 días hábiles y, se le requirió para que exhiba el expediente administrativo del cual derivó la resolución impugnada, apercibido que de no dar cumplimiento. Se tendrán por ciertos los hechos que con las probanzas pretenda acreditar el accionante, salvo que por las pruebas rendidas o por los hechos notorios resulten desvirtuados.
• El doce de agosto de dos mil veinticuatro, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa vía boletín jurisdiccional notificó a la Fiscalía el acuerdo de primero de agosto de dos mil veinticuatro, dictado en el expediente ********.
3. Conceptos de invalidez. La Fiscalía General de República, parte actora, en síntesis, señaló como conceptos de invalidez los siguientes:
• En el capítulo de consideraciones previas apunta que la Fiscalía se trata de órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio. Argumenta con las jurisprudencias con registro digital 170238 de rubro:
“ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS” y registro digital 172456 de robro: “ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS”, de este Alto Tribunal, las características de los organismos constitucionales autónomos.
• De igual manera explica el régimen laboral y de responsabilidades administrativas y sanciones de los agentes del Ministerio Público, peritos y de los miembros de las instituciones policiales, previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafos primero, y segundo, de la Constitución Federal, el cual indica que los referidos servidores públicos deben regirse por sus propias leyes, esto es, se encuentran excluidos del régimen laboral previsto en esa disposición constitucional. Asimismo, señala que guardan con el Estado una relación de "naturaleza administrativa", por lo que, aun y cuando no tengan los derechos laborales reconocidos en el artículo 123, apartado B constitucional, se les reconoce el derecho a diversas prestaciones y a ser indemnizados.
• Explica el régimen de responsabilidades y sanciones de los servidores públicos a que aluden en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, exteriorizando que podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o bien removidos por incurrir en responsabilidad administrativa. Lo que implica la coexistencia de dos regímenes distintos de carácter administrativo.
• Estima necesario delimitar las normas que les son aplicables a las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de República; así se refiere a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, al Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de República, y a los Lineamientos L/003/19.
• En ese sentido, refiere que los artículos 56, fracción II, incisos a) y g), 58, primer párrafo, e inciso h), y 64, párrafo primero, de la Ley de la Fiscalía, prevén los requisitos para permanecer en el servicio profesional de carrera, además de otros requisitos previstos en otras disposiciones aplicables, asimismo, del artículo transitorio cuarto, párrafo segundo de la Ley de la Fiscalía se advierte que en tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos jurídicos que se han venido aplicando.
• Precisa las competencias constitucionales y legales que asisten al Tribunal de Justicia Administrativa, argumenta que a través de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, en particular, con la adición de la fracción XXIX-H, al artículo 73, se dotó al Tribunal die Justicia Administrativa de plena autonomía para dictar sus fallos, y se le atribuye la facultad para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones, entre otros, a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la Ley determine como graves.
• Hace alusión a los precedentes emitidos por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la competencia constitucional conferida al Tribunal de Justicia Administrativa.
• Señala las Competencias del Tribunal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
• En su único concepto de invalidez expone que el Tribunal de Justicia Administrativa al emitir el acuerdo controvertido en el expediente ********, por el que admitió a trámite en La vía ordinaria una demanda de nulidad interpuesta en contra de La resolución contenida en el expediente ******** emitida por La Fiscalía en La que determinó dejar insubsistente La suspensión en sueldo y funciones y restituirle sueldo y demás prestaciones a un Agente Ministerial, se extralimitó en sus competencias, vulnerando en consecuencia el principio de división de poderes, en relación a Las garantías institucionales y a La esfera de competencias de La Fiscalía, en contravención a Los artículos 49, 73, fracción XXIX-H, 102, apartado A, párrafo primero, y 123, apartado B, fracción XIII, párrafos primero, y segundo, primera parte, de La Constitución Federal.
• Considera que la Fiscalía es un órgano constitucional autónomo, por tanto, cuenta con autonomía e independencia funcional, esto es, no se encuentra sujeta a Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. y si bien tiene una relación de coordinación con otros órganos del Estado, también goza de garantías institucionales para salvaguardar sus características orgánicas y funcionales esenciales, por Lo tanto, si un poder público interfiere en sus atribuciones, vulneraría el principio de división de poderes.
• Advierte que La Constitución Federal le asigna garantías institucionales que salvaguardan sus características orgánicas y funcionales para consolidar su operatividad.
• Señala que, a través del acto impugnado, el Tribunal de Justicia Administrativa pretende conocer de un acto de carácter administrativo respecto del cual no tiene competencia, ya que el expediente ******** fue emitido por la Fiscalía en uso de las facultades reconocidas en los artículos 102, apartado A, párrafo primero y 123, apartado B, fracción XIII. Párrafos primero, y segundo, primera parte, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 9, fracciones III y VIII. 50, fracción l. y 52, primera parte, 56, fracción II, incisos a) y g), 58, primer párrafo, e inciso h), 64, párrafo primero y cuarto transitorio de la Ley de la Fiscalía; 174, fracción XXII y 178, fracción XIII, de su Estatuto Orgánico, así como los diversos segundo fracción XV, cuadragésimo, fracción VIII, trigésimo séptimo fracción III, cuadragésimo noveno, párrafo segundo, y quincuagésimo, último párrafo de los Lineamientos L/003/19.
• Añade que cuando se trata del inicio o sobreseimiento de procedimiento de separación del cargo por incumplimiento de los requisitos de permanencia, o bien, de suspensión y/o restitución de sueldos y funciones, el personal de la rama sustantiva de la Fiscalía se rige bajo la Ley de la Fiscalía, el Estatuto Orgánico y, en el caso particular, los Lineamientos L/003/19, y no así en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ni en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
• Expone que el acto que el Agente Ministerial impugna en la vía de nulidad -expediente ********- no se relaciona con las competencias que el Tribunal de Justicia Administrativa tiene reconocidas en términos del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal.
• Especifica que como lo advirtió la Suprema Corte de Justicia de la Nación la competencia constitucional conferida al Tribunal de Justicia Administrativa se acota a dirimir las controversias que se presenten entre la administración pública federal, centralizada o paraestatal, y los particulares, sin incluir a los órganos constitucionales autónomos.
• Añade que, como ya lo determinó ese Máximo Tribunal constitucional, el legislador ordinario no cuenta con la atribución de establecer en el ámbito de actuación de los tribunales de lo contencioso administrativo a los órganos del Estado que no integren o sean parte de la administración pública federal, tal y como ocurre con la Fiscalía General.
• Argumenta que aún y cuando de los artículos artículo 50, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 3°, fracción XVI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advierta que en caso de ser injustificada la terminación del servicio de los Miembros de las Instituciones Policiales de la Federación estos sólo tendrán derecho al pago de indemnización y otras prestaciones y que el Tribunal de Justicia Administrativa conocerá de Las resoluciones definitivas que decidan sobre Los recursos administrativos de los órganos constitucionales autónomos, lo cierto es que esto no implica la competencia de ese Tribunal para pronunciarse sobre las determinaciones de carácter administrativo/laboral de la Fiscalía con su personal sustantivo.
• Asevera que lo anterior además se corrobora con lo previsto en los artículos 2°, párrafo tercero y 5º, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al establecer que en los juicios del orden contencioso administrativo la representación de las autoridades la tienen las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, en términos de lo que prevea el Ejecutivo Federal en su Reglamento o decreto, o bien en lo dispuesto por la Ley Federal de Entidades Paraestatales, casos en los cuales no se ubican los órganos constitucionales autónomos, como lo es, la Fiscalía General de la República.
• Explica que, si bien el régimen laboral entre la Fiscalía y sus servidores públicos es de naturaleza administrativa, lo cierto es que tal aspecto, de ninguna manera puede entenderse en el sentido de reconocer al Tribunal de Justicia Administrativa facultades para pronunciarse a través de un juicio de nulidad sobre los aspectos inherentes a los procedimientos de separación y/o la restitución de sueldos y funciones, al no contar con competencias para conocer de los asuntos que se susciten entre este órgano constitucional autónomo con su personal sustantivo.
• Asegura que a través del acto impugnado el Tribunal de Justicia Administrativa excediéndose de las atribuciones previstas en el artículo 73, fracción XXIX-H. de la Constitución Federal, materializó una intromisión injustificada o interferencia indebida en el ejercicio de las competencias constitucionales de la Fiscalía, afectando su autonomía jurídica y administrativa e independencia funcional, ya que se coloca como autoridad competente para conocer y resolver sobre la relación que guarda la Fiscalía con su personal, lo que invariablemente se traduce en una invasión a la esfera competencial
• Con lo que concluye que, con la emisión del acuerdo de primero de agosto de dos mil veinticuatro, dictado en el expediente ********, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de la Segunda Sala Regional Metropolitana, se excedió en sus facultades, ya que por una parte, la Fiscalía no es parte de la administración pública federal, y por la otra parte, no tiene atribuciones para dirimir sobre los procedimientos de separación, así como la restitución de sueldos y funciones del personal sustantivo de la Fiscalía General de la República.
4. Artículos constitucionales señalados como violados. La parte actora estima violados los artículos 49, 73, fracción XXIX-H, 102, apartado A, párrafo primero, y 123, apartado B, fracción XIII, párrafos primero y segundo, primera parte, todos de la Constitución Federal.
5. Trámite de la controversia. Por acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número 267/2024; asimismo, ordenó que se turnara el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento. 6. Mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió la demanda, tuvo promoviendo la presente controversia constitucional a la Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, como demandado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual, ordenó emplazar para que formulara su respectiva contestación; asimismo ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera, quien se abstuvo de formular opinión. Asimismo, ante la solicitud de la parte demandada, se ordenó formar el incidente de suspensión.
7. Incidente de suspensión. Por auto de trece de septiembre de dos mil veinticuatro, se concedió la suspensión del acto controvertido única y exclusivamente para que no se ejecutara ningún efecto de la resolución que en su momento pudiera dictar el Tribunal demandado en el expediente ********, hasta en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara sobre el fondo del presente asunto.
8. Contestación de la autoridad demandada: Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El magistrado Guillermo Valls Esponda, presidente y representante legal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dio contestación a la demanda y expuso lo siguiente:
• Como una cuestión previa, expuso la historia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
• Como causales de improcedencia y sobreseimiento, en primer lugar, señala que no se actualiza el supuesto de procedencia previsto en el artículo 105, fracción I, inciso I), de la Constitución Federal, porque si bien es cierto que la controversia constitucional la promueve la Fiscalía General de la República, en contra del acuerdo de primero de agosto de dos mil veinticuatro a través del cual la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitió a trámite vía ordinaria la demanda de nulidad bajo el número de expediente ********, interpuesta en contra de la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, contenida en el expediente ******** emitida por la multicitada Fiscalía (en la que determinó dejar insubsistente la suspensión en sueldo v funciones y restituirle el pago de salario y demás prestaciones a un Agente Ministerial), también es cierto que en la Controversia Constitucional la interpone la citada Fiscalía alegando que se extralimitaron las competencias, se vulneró el principio de división de poderes, sin embargo deja de tomar en consideración que el H. Tribunal es un Órgano Jurisdiccional dotado de plena autonomía y competencia, tanto para conocer del juicio contencioso administrativo en contra de las resoluciones que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos, como para dictar los correspondientes fallos derivados de tales medios de defensa, ello conforme a lo establecido tanto por la Constitución Federal en su artículo 73, fracción XXIX-H (ya mencionado y concatenado con el contenido y alcance del artículo 17, de nuestra Carta Magna), así como por lo dispuesto por los artículos 3°, fracciones XVI y XIX de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y cita el contenido de tales preceptos.
• Indica que, aun Conforme a ello, aun cuando equivocadamente la Fiscalía General de la República señala que este Tribunal Federal de Justicia Administrativa invadió su competencia al haber admitido a trámite el juicio de nulidad interpuesto por el Agente Ministerial en contra de la resolución dictada en el Expediente ******** expedido por el Titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, lo anterior es erróneo porque con la presentación de la demanda, la Fiscalía deja de observar que la Segunda Sala Regional Metropolitana al admitir la demanda en el juicio de nulidad lo hizo conforme a las facultades que le han sido conferidas por la legislación aplicable, toda vez que como la propia fracción XVI del artículo 3º de la Ley Orgánica de este Tribunal, que cuenta con las facultades para conocer entre otros, de los juicios que se promuevan en contra de las sanciones administrativas a los servidores públicos, lo anterior es así, ya que si bien, en términos de la legislación aplicable antes referida, lo cierto es que la Fiscalía General de la República se constituye como un Órgano Constitucional Autónomo cuyas funciones de gobierno y administración respecto a la materia de Procuración de Justicia de la Fiscalía son conferidas directamente al Presidente de la República como Titular de la Administración Pública Federal.
• Ahora respecto a lo establecido por el artículo 105, fracción I, inciso I), de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece por un lado a los entes legitimados para instar la Controversia Constitucional y, por otro, los actos combatibles a través de este medio de control y defensa de la Constitución; es decir, podrán acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Órganos Constitucionales Autónomos y el órgano garante a que se refiere el artículo 102, apartado A de la Constitución, para combatir vía Controversia Constitucional:
• Aclara que lo alegado por la Fiscalía General no se refiere a la invasión de su esfera competencial por parte de este Tribunal Federal, sino que se encuentra dirigido a controvertir en todo caso una cuestión de procedencia del juicio contencioso administrativo federal en contra de la sanción impuesta, lo que no puede constituir la materia de análisis de la controversia constitucional, pues, la convertiría en una segunda instancia o medio de defensa legal para controvertir decisiones judiciales.
• En ese tenor, hace notar que el acuerdo combatido y emitido por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante la cual admite a trámite el juicio de nulidad instado por el Agente Ministerial por el que impugna la resolución emitida en el expediente ******** por el Titular del Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República, por el que reclama la restitución en sueldo y demás prestaciones que dejó de percibir durante la suspensión que precisamente se dejó sin efectos al decretarse el sobreseimiento del expediente, y que ordenó su restitución en sueldo y funciones, no actualiza el supuesto de procedencia previsto en el artículo 105, fracción I, inciso I), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de una resolución jurisdiccional, lo que denota una clara transgresión a lo establecidos en los artículos 17 y 73, fracción XXlX-H de la propia Constitución.
• Por otra parte destaca que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no forma parte de los Poderes de la Unión, tampoco es una Entidad Federativa o Municipio, NI SE TRATA DE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, como ya se precisó con antelación, concretamente en la parte final del apartado denominado "CUESTIÓN PREVIA", SIENDO ÉSTE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DOTADO DE PLENA AUTONOMÍA PARA DICTAR SUS FALLOS, EL CUAL ESTABLECE SU ORGANIZACIÓN, SU FUNCIONAMIENTO Y LOS RECURSOS PARA IMPUGNAR SUS RESOLUCIONES.
• Como SEGUNDA causa de improcedencia señala la prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley reglamentaria, toda vez que el órgano actor Fiscalía General de la República, impugnó el acuerdo de primero de agosto de dos mil veinticuatro, a través del cual se admitió a trámite la demanda en la vía ordinaria, del índice de la Segunda Sala Regional Metropolitana de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa bajo el número de expediente ********, contra la cual no procede la controversia constitucional en términos de las jurisprudencias P./J.117/2000(1) y P./J. 16/2008,(2) por tratarse de resoluciones jurisdiccionales.
• Sostiene la improcedencia de este medio de control constitucional para controvertir resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aun cuando se aleguen cuestiones constitucionales, pues no puede hacerse de la controversia un recurso o medio de defensa para someter a revisión la cuestión litigiosa materia del procedimiento natural, pues las resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales cuentan con sus propios medios de defensa establecidos en diversas normas.
• Reitera que la procedencia de la controversia constitucional se actualiza sólo cuando los planteamientos que se aduzcan impliquen la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del estado, esto es, que se alegue que el órgano jurisdiccional que resolvió, se atribuyó facultades que no le competen, lo que no acontece con el presente asunto debido a que resulta inexistente dicha invasión a su esfera de competencia.
• En TERCER lugar, señala como causa de improcedencia la prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria, en razón de que para que resulte procedente una controversia constitucional, es necesario que se cumpla con el principio de definitividad, lo que involucra dos cuestiones específicas: 1). La autoridad debe de agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida, y 2). La existencia de un procedimiento iniciado que no se ha agotado, esto es, que está sustanciándose o que se encuentra pendiente de resolución ante la misma o alguna otra autoridad y cuyos elementos litigiosos sean esencialmente los mismos que los que se plantean en la controversia constitucional, caso en el que el afectado debe esperar hasta la conclusión del procedimiento, para poder impugnar la resolución y, en su caso, las cuestiones relativas al procedimiento desde su inicio.
• En ese tenor, hace notar que el acto impug
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201074-72e2580a/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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