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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (MEDIDAS DE PROTECCIÓN ORDENADAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR ADSCRITO AL CENTRO DE DENUNCIA VIRTUAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DENTRO DEL EXPEDIENTE FGJNL-095515/2023, DERIVADO DE LA DENUNCIA 92193/2023-CDV; ASÍ COMO LAS CONTENIDAS EN ACUERDO DE OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS DICTADO POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR ADSCRITO AL CENTRO DE DENUNCIA VIRTUAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE ESE ESTADO, DENTRO DE LA DENUNCIA 70983/2023-CDV, ASÍ COMO SU AMPLIACIÓN EMITIDAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ANTES REFERIDO POR ACUERDO DE CUATRO DE AGOSTO DE ESA MISMA ANUALIDAD; Y EL OFICIO 53030/2023 EL QUE SE NOTIFICÓ A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, LA ORDEN DE RESTABLECIMIENTO DE LAS COSAS DICTADA EL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS POR UNA JUEZA DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL LOCAL).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 355/2023. · Registro digital (IUS): 200947
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 355/2023. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. COTEJÓ SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ. COLABORÓ: CYNTHIA EDITH HERRERA OSORIO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 355/2023, promovida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, contra actos del Poder Judicial y de la Fiscalía General de Justicia, ambos de la referida entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

• ANTECEDENTES RELEVANTES.

1. Resulta pertinente relatar los antecedentes que se desprenden de las constancias que obran en autos:

• Hechos. La persona moral Urbanizaciones Delta, Sociedad Anónima de Capital Variable (en adelante, Urbanizaciones Delta) es propietaria de los inmuebles conocidos como: Edificio Kalos-Monterrey, Conjunto Urbano Kalos Guadalupe, aeropuerto II, y La Casa Alameda.

• En el Edificio Kalos-Monterrey se encuentran establecidas las oficinas de Francisco Cienfuegos Martínez, quien ocupaba el cargo de Secretario de Enlace Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, y quien ha denunciado ser víctima de una persecución política orquestada por el Gobernador del Estado de Nuevo León.

• En este contexto, el primero de junio de dos mil veintitrés, personal de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León acudió a inspeccionar el inmueble denominado Conjunto Urbano Kalos Guadalupe, aeropuerto II, específicamente las instalaciones de la empresa SKF de México, Sociedad Anónima de Capital Variable. La inspección derivó en la colocación de sellos de suspensión de actividades de la empresa en cita.

• El mismo día, personal de la Dirección de Protección Civil del Estado se apersonó en el Edificio Kalos-Monterrey con el objeto de revisar el cumplimiento de las disposiciones obligatorias en materia de protección civil en el inmueble. Al final de su recorrido se colocaron sellos de suspensión de trabajos y servicios de las empresas que ahí operan.

• Denuncia. Con motivo de los hechos antes referidos, el tres de junio de dos mil veintitrés, Ana Luisa González Saldívar, en su carácter de apoderada legal de la empresa Urbanizaciones Delta, presentó denuncia en contra del Director de Protección Civil y del Procurador de Medio Ambiente, ambos del Estado de Nuevo León, por los probables delitos de discriminación, amenazas, abuso de autoridad y los que resulten.

• En la denuncia, la apoderada señaló que el uno y dos de junio de dos mil veintitrés, personal de las autoridades antes mencionadas acudieron a tres inmuebles propiedad de Urbanizaciones Delta a fin de realizar inspecciones arbitrarias que derivaron en la colocación de sellos y la suspensión de las actividades que en ellos se realizan.

• La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León registró la denuncia bajo el número 70983/2023-CDV, y reconoció el carácter de víctimas tanto a Urbanizaciones Delta como a SKF de México, Sociedad Anónima de Capital Variable.

• Solicitud de restablecimiento de las cosas. Relacionado con la denuncia antes referida Ana Luisa González Saldívar presentó un diverso escrito el tres de junio de dos mil veintitrés, por medio del cual solicitó la medida provisional consistente en la restitución de las cosas al estado previo de los hechos denunciados, con el objeto de que se restablecieran las funciones y operatividad de los bienes inmuebles propiedad de su representada.

• Otorgamiento de las medidas. La Jueza de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León que conoció de esa solicitud dictó un acuerdo el cuatro de junio de dos mil veintitrés (expediente judicial 11104/2023) en el que ordenó el restablecimiento de las cosas al estado previo con el fin de que se restituyera provisionalmente la operatividad y funcionamiento de los inmuebles aludidos por la denunciante.

• En consecuencia, ordenó comunicar esa determinación al Agente del Ministerio Público, a fin de que procediera a girar las instrucciones necesarias para materializar la ejecución de las medidas concedidas.

• Asimismo, mediante oficio número 53030/2023 comunicó la determinación de restitución de las cosas al estado previo al Procurador Estatal de Medio Ambiente y al Director de Protección Civil, ambos del Estado de Nuevo León.

• Cumplimiento de las medidas. El catorce de junio de dos mil veintitrés, el agente del Ministerio Público Orientador Adscrito al Centro de Denuncia de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León informó a la Jueza de Control sobre el cumplimiento de las medidas concedidas. Indicó que el cuatro de junio del año en cita habían sido removidos todos los sellos, cadenas y candados de los inmuebles referidos para el efecto de que provisionalmente se pudiera continuar con la operatividad y funcionamiento de éstos, por lo que ya se había dado cumplimiento a la orden de restablecimiento de las cosas al estado previo.(1)

• Medidas de protección. Por otra parte, con motivo de la misma denuncia presentada originalmente por la señora González Saldívar, el Agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación 70983/2023-CDV dictó un acuerdo el ocho de junio de dos mil veintitrés, en el que otorgó las medidas de protección solicitadas para el efecto de ordenar a las autoridades de la administración pública central y paraestatal de la entidad federativa se abstuvieran de llevar a cabo actos de molestia en contra de las empresas a las que se les reconoció el carácter de víctimas.

• CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 355/2023.

2. Presentación de la demanda. El catorce de junio de dos mil veintitrés, Samuel Alejandro García Sepúlveda, en su carácter de Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, promovió una controversia constitucional en contra del Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia, ambos de esa entidad federativa, a quienes atribuyó los actos siguientes:

IV. NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA. El oficio de número 53030/2023, emitido por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del cual establece procedente acceder a la petición y ordena el restablecimiento de las cosas al estado previo, en contra de diversos organismos de la Administración Pública.

Las medidas cautelares otorgadas por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, por medio de los oficios 70983/2023-M1 y 70983/2023-M11 a partir de la denuncia 7098/2023-CDV. Cabe destacar que dichos oficios son solo dos ejemplos de una serie de estos que han sido notificados a dependencias de la administración pública.

3. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 1, 14, 16 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Conceptos de invalidez. En la demanda se expusieron los conceptos de invalidez que a continuación se resumen.

• La imposición de las medidas cautelares se sigue en perjuicio del principio de buena fe y legalidad, al impedir el desempeño de las actividades de la administración pública estatal.

• La emisión de la medida ordenada por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León excede el ejercicio de sus facultades, ya que los actos que la denunciante señala como victimarios son de naturaleza administrativa.

• La imposición de las medidas emitidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León se sigue en perjuicio del interés social, ya que se hace extensiva a todos los titulares de la Administración Pública Estatal, lo cual afecta a las actividades de los entes públicos que la conforman.

5. En el capítulo correspondiente de la demanda, el actor solicitó la suspensión del acto impugnado.

6. Trámite de la controversia constitucional. El veintidós de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar la controversia constitucional con el número 355/2023 y turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que instruyera el procedimiento correspondiente.

7. Admisión de la demanda. El uno de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió la controversia constitucional; emplazó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León; dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal; y, en cuanto a la solicitud de suspensión, ordenó formar el cuaderno incidental respectivo.

8. Incidente de suspensión. Mediante proveído de la misma fecha, se concedió la suspensión para el efecto que el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia, ambos del Estado de Nuevo León, se abstengan de aplicar las determinaciones contenidas en los oficios de referencia; hasta en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el fondo del presente asunto

9. Recurso de reclamación. El veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo por el que se concedió la suspensión solicitada en la demanda, específicamente, respecto de la orden de restablecimiento de las cosas al estado previo dictado por la jueza de control.

10. El asunto se registró con el número 337/2023-CA y en sesión de la Primera Sala de seis de diciembre de dos mil veintitrés(2) se determinó revocar la suspensión únicamente en lo relativo al acto atribuido al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, dado que la orden de restablecimiento de las cosas contenida en el oficio 53030/2023, ya había surtido todos sus efectos desde el cuatro de junio de dos mil veintitrés, esto es, antes de que se dictara el acuerdo recurrido (del primero de agosto de ese mismo año), por lo que ya no existía materia para pronunciarse sobre la medida cautelar.

11. Contestación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Mediante acuerdo de dos de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora tuvo por recibida la contestación del Vicefiscal Jurídico, encargado del Despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en el que aportó las documentación correspondiente a los actos reclamados.

12. Contestación del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Mediante acuerdo de nueve de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora tuvo por recibidas las manifestaciones del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.

13. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. El catorce de febrero de dos mil veinticuatro se llevó a cabo la audiencia de ley en la que se relacionaron las pruebas presentadas por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia, todos del Estado de Nuevo León.

14. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

15. Avocamiento. Previo dictamen respectivo, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento. Luego, por auto de veinte de marzo de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Sala acordó remitir el expediente a ésta para su radicación y ordenó su avocamiento.

I. COMPETENCIA

16. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal;(3) 10, fracción I y 11, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(4), en relación con lo dispuesto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(5) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril siguiente, por tratarse de una controversia constitucional en la que se estima que no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS

18. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) se precisan los actos que serán objeto de estudio en la presente controversia constitucional:

• El acuerdo de ocho de junio de dos mil veintitrés emitido por el Agente de Ministerio Público Orientador Adscrito al Centro de Denuncia Virtual de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, dentro de la denuncia 70983/2023-CDV, mediante el cual se ordenó la imposición de medidas de protección, por sesenta días, a favor de URBANIZACIONES DELTA, Sociedad Anónima de Capital Variable y de la empresa AKF de México, Sociedad Anónima de Capital Variable.

• El acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitido por el Agente de Ministerio Público Orientador Adscrito al Centro de Denuncia Virtual de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, dentro de la denuncia 70983/2023-CDV, mediante el cual se concedió la ampliación por treinta días de las medidas de protección concedidas por acuerdo de ocho de junio de dos mil veintitrés.

• El oficio 53030/2023 por el que se notificó a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Dirección de Protección Civil, ambas del Estado de Nuevo León, la orden de restablecimiento de las cosas dictada el cuatro de junio de dos mil veintitrés por una jueza de control del Poder Judicial local, dentro del expediente judicial 11104/2023.

19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

III. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS

20. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias deben contener la apreciación de las pruebas que acrediten la existencia de las normas generales o actos materia de la controversia.

21. En el caso, se tiene acreditada la existencia de los actos impugnados, toda vez que en autos obra copia certificada de los acuerdos y oficio impugnados.(7)

22. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

23. Resulta innecesario el estudio relativo a la oportunidad y legitimación de las partes en virtud de que, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte de oficio la actualización de la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción II,(8) en relación con la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia,(9) al haber cesado los efectos de los actos que se impugnan en el presente medio de control constitucional.

24. En términos de lo dispuesto en el aludido precepto de la Ley Reglamentaria y en el criterio del Tribunal Pleno contenido en la jurisprudencia P./J. 54/2001, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS",(10) para tener por actualizada dicha causa de improcedencia solo debe verificarse que hayan cesado los efectos del acto materia de la controversia, dado que la declaración de invalidez que en su caso llegara a pronunciarse en el juicio de control constitucional no tiene efectos retroactivos, excepto en materia penal.

25. Por una parte, recordemos que los actos reclamados a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León consisten en las medidas de protección otorgadas en favor de URBANIZACIONES DELTA, Sociedad Anónima de Capital Variable y de la empresa AKF de México Sociedad Anónima de Capital Variable, emitidas por el Agente de Ministerio Público Orientador Adscrito al Centro de Denuncia Virtual, mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil veintitrés; así como la ampliación de las mismas ordenadas el cuatro de agosto del mismo año.

26. Al respecto, se debe tomar en cuenta que el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone en su artículo 137, que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido.

27. Asimismo, en el numeral 139 del referido ordenamiento establece que la imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días.

28. En el caso, de la valoración de las constancias que obran en el expediente en estudio, se advierte que las medidas de protección emitidas el ocho de junio de dos mil veintitrés, en favor de URBANIZACIONES DELTA, Sociedad Anónima de Capital Variable y de la empresa AKF de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, para el efecto que las autoridades de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Nuevo León, se abstuvieran de ejecutar actos de molestia, tuvieron una duración de sesenta días, que transcurrieron del ocho de junio al seis de agosto de dos mil veintitrés, por tanto, las mismas fenecieron el seis de agosto de dos mil veintitrés.

29. Asimismo, la prórroga de las medidas otorgadas el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, surtieron efectos a partir del siete de agosto siguiente y fenecieron el cinco de septiembre de la misma anualidad.

30. Por otro lado, respecto del oficio 53030/2023 por el que se comunicó la orden de restablecimiento de las cosas dictada el cuatro de junio de dos mil veintitrés por la Jueza de Control y de Juicio Oral Penal del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, dentro del expediente judicial 11104/2023; se advierte que la misma se cumplimentó el propio cuatro de junio de dos mil veintitrés, como se desprende del acta levantada por el Ministerio Público Orientador Adscrito al Centro de Denuncia de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León, al constituirse en el domicilio del inmueble de la empresa Urbanizaciones Delta y removieron los sellos, cadenas, candados y cintillas que impedían su acceso.

31. Conforme a lo anterior, es claro que todos los actos combatidos en esta controversia constitucional dejaron de surtir sus efectos a partir de las fechas señaladas.

32. Lo anterior encuentra sustento en el criterio de la tesis de la Segunda Sala 2a. CXLV/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO UN AYUNTAMIENTO RECLAMA ACTOS QUE PRETENDAN VULNERAR SU INTEGRACIÓN, Y DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO CONCLUYE SU PERIODO DE GOBIERNO, DEBE DE SOBRESEER POR CESACIÓN DE EFECTOS".(11)

33. En consecuencia, procede sobreseer en la controversia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, en relación con el artículo 19, fracción V de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

34. Similares consideraciones sostuvo esta Segunda Sala al resolver las controversias constitucionales 258/2023,(12) 259/2023(13) y 340/2023.(14)

35. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

V. DECISIÓN

Por lo antes expuesto y fundado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.

Notifíquese; mediante oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN

PONENTE

MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

SECRETARIA DE ACUERDOS

CLAUDIA MENDOZA POLANCO

Esta hoja corresponde a la controversia constitucional 355/2023, fallada en sesión de tres de abril de dos mil veinticuatro. CONSTE.

En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. El acta en la que se hace constar el cumplimiento de la medida provisional se encuentra en las fojas electrónicas 305 a 308 del único documento PDF del disco compacto que obra en la foja física 208 del expediente principal de esta controversia constitucional.

2. Fallado por mayoría de cuatro votos de las Ministras y los Ministros Loretta Ortiz Ahlf, Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo. El Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá votó en contra y se reservó el derecho de formular voto particular.

3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

(...).

k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o Poder Legislativo de esa entidad federativa, y;

(...)".

4. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

"Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones (...)

"VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará de conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; (...)"

5. PRIMERO. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la manera siguiente:

La Primera Sala conocerá de las materias civil y penal, y

La Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo.

TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito.

6. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.

"Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

"I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;

(...)".

7. Fojas 118 a 175 del expediente principal de la controversia constitucional 355/2023.

8. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.

"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: (...)

"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; (...)."

9. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...).

"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;

(...)".

10. Jurisprudencia P./J. 54/2001, de texto: " La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 882, registro digital 190021.

11. Tesis 2a. CXLV/2003, de texto: "El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 882, de rubro: ‘CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.’, determinó que tal figura se actualiza en materia de controversias constitucionales cuando la norma o acto impugnados dejan de producir los efectos que motivaron su promoción, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de su ley reglamentaria. Ahora bien, toda vez que la preservación de la autonomía del Municipio a través de la salvaguarda de la integración de su Ayuntamiento se encuentra estrechamente vinculada con la duración de su periodo de gobierno, es inconcuso que si reclama actos que le causan perjuicio por atentar contra su integración, aquéllos habrán cesado en sus efectos, al concluir dicho periodo". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1007, registro digital 182687.

12. Fallada por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán, en sesión de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro.

13. Fallada por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán, en sesión de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro.

14. Fallada por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán, en sesión de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200947-dd1eec56/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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