I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (MEDIDAS DE PROTECCIÓN ORDENADAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR ADSCRITO AL CENTRO DE DENUNCIA VIRTUAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MEDIANTE ACUERDO DE DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS DICTADO POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN MASIVA MONTERREY DE LA FISCALÍA GENERAL DE ESA MISMA ENTIDAD, DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 2271/2023-UTM-MTY, ASÍ COMO SU AMPLIACIÓN EMITIDAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ANTES REFERIDO POR ACUERDO DE VEINTISIETE DE ABRIL DE ESA MISMA ANUALIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 258/2023. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 21 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 258/2023, promovida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, contra actos de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial, ambos de la referida entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
• ANTECEDENTES RELEVANTES.
1. Resulta pertinente relatar los antecedentes que se desprenden de las constancias que obran en autos:
• Denuncia. El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, la Diputada Local de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, Lorena de la Garza Venecia, presentó denuncia manifestando ser víctima de amenazas, abuso de autoridad, acoso político y de género por parte del Titular del Poder Ejecutivo de dicho Estado, a través del despliegue de las facultades de verificación de autoridades de primer nivel del gobierno del Estado de Nuevo León, con la finalidad de menoscabar su patrimonio y el de sus familiares.
• Ampliación de denuncia. El dos de marzo siguiente, la denunciante amplió su escrito inicial a fin de exponer que los actos delictuosos continuaban ejecutándose en contra de ella y de sus familiares, así como de las empresas referidas, puesto que personal de la Secretaría de Salud, así como de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General, se había constituido nuevamente en el domicilio de las empresas para realizar distintas notificaciones
• Medidas de protección. Lo anterior dio inicio a la carpeta de investigación 2271/2023-UT-MTY ante la Unidad de Tramitación Masiva de Monterrey de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, en la que, el dos de marzo de dos mil veintitrés, el Agente del Ministerio Público determinó imponer, por sesenta días, medidas de protección a favor de la Diputada para el efecto de ordenar a las autoridades de la administración pública central y paraestatal de la entidad federativa se abstuvieran de llevar a cabo actos de molestia en contra de la denunciante, sus familiares y las empresas, así como de obstaculizar el acceso a las cuentas bancarias de éstas últimas.
• Prórroga de medidas de protección. Mediante acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, a solicitud de la denunciante, el Agente del Ministerio Público referido, determinó ampliar las medidas por treinta días más a partir del dos de mayo del mismo año.
• Solicitud de medidas de protección jurisdiccionales. El veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial ante el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, la referida Diputada presentó una solicitud ante el Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado, encargado del expediente judicial 10602/2023 derivado de la carpeta de investigación 2271/2023-UTM-MTY, a fin de que se dictaran medidas de protección en términos idénticos a las dictadas por el Agente del Ministerio Público, toda vez que los delitos continuaban ejecutándose en contra de ella, sus familiares y las empresas en las que participan como socios.
• Medidas de protección jurisdiccionales. Mediante proveído dictado dentro del expediente judicial, el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado consideró procedente conceder las órdenes de protección a que hace alusión el artículo 34 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• En ese sentido, impuso las órdenes para el efecto de que las autoridades que conforman el Gobierno Central del Poder Ejecutivo, así como distintos entes paraestatales, giraran las instrucciones necesarias para que cualquiera de sus subordinados se abstuvieran de ejecutar cualquier acto de molestia en las personas, los bienes, domicilios, de la Diputada y diversos familiares, debiendo realizar los esfuerzos necesarios para que las órdenes de protección contribuyeran a la eliminación de los factores de discriminación y marginación que pudieran ser la causa de los hechos victimizantes denunciados. Además, giró oficio para que la Institución Bancaria respectiva tomara las medidas y acciones necesarias, a fin de que en su caso, se abstuviera de materializar cualquier decisión que se dictara por algún ente gubernamental que forme parte del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, en que dictara, ordenara, ejecutara o tratara de ejecutar cualquier acto que inmovilice o limite el acceso a distintas cuentas bancarias.
• Recurso de revocación. En contra del acuerdo anterior, mediante oficio presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, ante la Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados de Control y Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, el Director Jurídico de la Oficina del Secretario de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León, en representación de dicha Secretaría, interpuso recurso de revocación, argumentando que: (I) la medida de protección fue dictada de forma excesiva y desproporcional; y (II) la medida de protección es una invasión a la esfera de competencia por parte del Poder Judicial local en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
• Resolución del recurso de revocación. Dicho recurso fue resuelto en sentencia interlocutoria de cinco de junio de dos mil veintitrés en el sentido de confirmar la determinación combatida, toda vez que la solicitud de la víctima, frente a actos de discriminación, amenazas, abuso de autoridad, violencia política y de género, no era meramente vaga y sin fundamento, sino que encontraba sustento en el derecho constitucional, convencional y local.
• CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 258/2023.
Demandas contra actos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León.
2. Presentación de la demanda. El siete de marzo de dos mil veintitrés, Samuel Alejandro García Sepúlveda, en carácter de Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a quien atribuyó el acto siguiente:
"Las medidas de protección contenidas en el acuerdo 793/2023-UTM-MTY emitido por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, en contra del suscrito Titular del Poder Ejecutivo Estatal."
3. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 1, 14, 16 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Conceptos de invalidez. En la demanda se expusieron los conceptos de invalidez que a continuación se resumen.
• Las medidas de protección emitidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, al ordenar la abstención de ejecutar cualquier acto de molestia en los bienes, domicilio, familia o personas de la Diputada local y sus familiares; exceden su esfera competencial y restringen de modo arbitrario las atribuciones del Poder Ejecutivo estatal.
• Dichas medidas se hicieron extensivas a todas las dependencias de la Administración Pública Central y Paraestatal, por tanto, se vieron impedidas en realizar su labor de manera uniforme y exhaustiva.
• Se trata de una medida arbitraria que privilegia indebidamente a una familia y cuyos efectos impactan negativamente en la población de Nuevo León.
• Las facultades del Ministerio Público establecidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, no incluyen la potestad de restringir la actuación regular de ninguna autoridad de la Administración Pública Central o Paraestatal.
• La imposición de la medida de protección se sigue en perjuicio del interés social, al impedir el desempeño de las actividades de la administración pública estatal.
5. En el capítulo correspondiente de la demanda, el actor solicitó la suspensión del acto impugnado.
6. Radicación y turno de la controversia constitucional. Mediante acuerdo de quince de marzo de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 258/2023; asimismo, designar a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.
7. Primera ampliación. El ocho de mayo de dos mil veintitrés, el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León amplió la demanda respecto del siguiente acto:
"Ampliación de las medidas contenidas en el oficio 1452/2023-UTM-MTY, emitido por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León en contra del suscrito Titular del Poder Ejecutivo Estatal."
8. Manifestó los mismos conceptos de invalidez que en el escrito inicial y solicitó la suspensión del acto combatido.
9. Admisión de la demanda y del escrito de ampliación. El once de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió la controversia constitucional y su ampliación; emplazó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León; dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal; y, en cuanto a la solicitud de suspensión, ordenó formar el cuaderno incidental respectivo.
10. Incidente de suspensión. Mediante proveído de la misma fecha, la Ministra instructora concedió la suspensión(1) para el efecto de que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León se abstuviera de aplicar las determinaciones contenidas en el acuerdo y en el oficio de referencia; hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.
11. Contestación a la demanda por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Mediante escrito recibido el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés,(2) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Vicefiscal Jurídico, encargado del Despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, dio contestación a la demanda, aportando en vía digital la documentación correspondiente a los actos reclamados.
Demandas contra actos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
12. Segunda ampliación de demanda. El cinco de junio de dos mil veintitrés, el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León promovió una segunda ampliación de demanda de controversia constitucional, señalando como autoridad demandada al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
"Acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintitrés emitido por el Licenciado Jorge Antonio Hernández Torres, Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, dentro del expediente judicial 10602/2023, derivado de la carpeta de investigación 2271/2023-UTM-MTY, en relación con las medidas de protección concedidas a la Diputada Lorena de la Garza Venecia."
13. Admisión de la segunda ampliación de demanda. El doce de junio de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió el escrito de la segunda ampliación de la controversia constitucional.
14. Recurso de reclamación 297/2023-CA. En contra del referido acuerdo, el Poder Judicial de Nuevo León interpuso recurso de reclamación, el cual fue registrado con el número 297/2023-CA y turnado a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.
15. En sesión de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, declaró fundado el recurso de reclamación, revocó el acuerdo recurrido y desechó la segunda ampliación de demanda.
16. Determinación sobre suspensión. Por acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés, la Ministra instructora concedió la medida solicitada para el efecto de que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León se abstuviera de aplicar las determinaciones contenidas en el acuerdo de referencia; hasta en tanto se pronuncie sobre el fondo del presente asunto.(3)
17. Tercera ampliación. El veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León promovió una tercera ampliación de demanda de controversia constitucional, señalando como autoridad demandada al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
"... Órdenes de protección emitidas mediante acuerdo de fecha 17 de junio de 2023 emitido por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León a través del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado en contra de los Titulares de la Administración Pública Central y Paraestatal ..."
18. Las medidas de protección impugnadas fueron dictadas en el expediente judicial 12147/2023, derivado de la diversa carpeta de investigación 0315/2023-UIL-RCENTRO, en donde se precisó que tales medidas fenecerían el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.
19. Solicitud de suspensión. En ese escrito el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León solicitó la suspensión de las medidas de protección controvertidas.
20. Admisión de la tercera ampliación. El veintisiete de junio de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió el escrito de la tercera ampliación de la controversia constitucional.
21. Recurso de reclamación 315/2023-CA. En contra del acuerdo por el que se admitió la tercera ampliación, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León interpuso recurso de reclamación, el cual fue registrado con el número 315/2023-CA y turnado a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.
22. En sesión de veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, declaró fundado el recurso de reclamación, revocó el acuerdo recurrido y desechó la tercera ampliación de demanda.
23. Determinación sobre suspensión. Por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional, la Ministra instructora concedió la medida solicitada para el efecto de que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León se abstuviera de aplicar las determinaciones contenidas en el acuerdo de referencia.(4)
24. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Las autoridades referidas no emitieron opinión o pedimento alguno.
25. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. El dieciocho de octubre de dos mil veintitrés se llevó a cabo la audiencia de ley en la que se relacionaron las pruebas y los alegatos ofrecidos por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
26. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
27. Avocamiento. Previo dictamen respectivo, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento. Luego, por auto de diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Sala acordó remitir el expediente a ésta para su radicación y ordenó su avocamiento.
I. COMPETENCIA
28. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal;(5) 10, fracción I y 11, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) en relación con lo dispuesto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(7) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril siguiente, por tratarse de una controversia constitucional en la que se estima que no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
29. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS
30. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) se precisan los actos que serán objeto de estudio en la presente controversia constitucional.
31. Al respecto, deben señalarse que solo serán materia de estudio los actos impugnados en la demanda inicial y primer ampliación de la demanda, consistentes en:
• Medidas de protección contenidas en acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, emitidas por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva Monterrey de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, dentro de la carpeta de investigación 2271/2023-UTM-MTY, en favor de la Diputada del Congreso de Nuevo León, Lorena de la Garza Venecia.
• Ampliación de referidas medidas de protección emitidas en acuerdo de veintisiete de abril del mismo año, emitidas por el Agente del Ministerio Público referido.
32. Porque como quedó relatado en el apartado de antecedentes, al fallar los recursos de reclamación 297/2023-CA y 315/2023-CA, la Segunda y Primera Salas de esta Suprema Corte, determinaron desechar la segunda y tercera ampliación de demandas, respectivamente.
33. Lo anterior al considerar que las controversias constitucionales no proceden en contra de resoluciones de carácter judicial; por tanto, los actos atribuidos en las referidas ampliaciones de demanda consistentes en órdenes de protección emitidas por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, no implicaban una invasión competencial, sino el ejercicio válido de la facultad del Juez de Control.
34. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
III. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS
35. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias deben contener la apreciación de las pruebas que acrediten la existencia de las normas generales o actos materia de la controversia.
36. En el caso, se tiene acreditada la existencia del acto impugnado, toda vez que en autos obra copia certificada de las resoluciones de dos de marzo y veintisiete de abril, ambas de dos mil veintitrés, emitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Monterrey de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, dentro de la carpeta de investigación 2271/2023-UTM-MTY, en las que se determinaron las medidas de protección controvertidas.
37. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
38. Resulta innecesario el estudio relativo a la oportunidad y legitimación de las partes en virtud de que, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte de oficio la actualización de la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción II,(9) en relación con la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia,(10) al haber cesado los efectos de los actos que se impugnan en el presente medio de control constitucional.
39. En términos de lo dispuesto en el aludido precepto de la Ley Reglamentaria y en el criterio del Tribunal Pleno contenido en la jurisprudencia P./J. 54/2001, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.",(11) para tener por actualizada dicha causa de improcedencia solo debe verificarse que hayan cesado los efectos del acto materia de la controversia, dado que la declaración de invalidez que en su caso llegara a pronunciarse en el juicio de control constitucional no tiene efectos retroactivos, excepto en materia penal.
40. Ahora, como se adelantó en el apartado que antecede, los actos impugnados en la presente controversia versan sobre las medidas de protección emitidas a favor de la Diputada de la LXXVI del Congreso del Estado de Nuevo León, Lorena de la Garza Venecia, mediante acuerdos de dos de marzo y de veintisiete de abril, ambas de dos mil veintitrés, emitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Monterrey de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, dentro de la carpeta de investigación 2271/2023-UTM-MTY.
41. Al respecto, se debe tomar en cuenta que el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone en su artículo 137, que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido.
42. Asimismo, en el numeral 139 del referido ordenamiento establece que la imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días.
43. En el caso, de la valoración de las constancias que obran en el expediente en estudio, se advierte que las medidas de protección emitidas el dos de marzo de dos mil veintitrés, en favor de la Diputada del Congreso de Nuevo León, Lorena de la Garza Venecia, para el efecto de que las autoridades de la administración pública central y paraestatal de la entidad federativa se abstuvieran de llevar a cabo actos de molestia en contra de la denunciante, sus familiares y las empresas, así como de obstaculizar el acceso a las cuentas bancarias de éstas últimas; tuvieron una duración de sesenta (60) días, las cuales fenecieron el dos de mayo de dicha anualidad.
44. Incluso, tal fenecimiento fue señalado por la Diputada local en el escrito de solicitud de ampliación de las medidas de protección presentado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, mismo que se acordó favorablemente en la misma fecha por el Agente del Ministerio Público referido, en los siguientes términos:
"TERCERO: Se amplía hasta por treinta días más contados a partir del 02 de mayo del 2023."
45. Con lo anterior se evidencia que las medidas de protección ampliadas fenecieron el dos de junio de dos mil veintitrés.
46. En consecuencia, es claro que todo lo aquí combatido dejó de surtir efectos a partir de la fecha en que fenecieron las medidas de protección referidas.
47. Aspecto el anterior que encuentra sustento en el criterio de la tesis de la Segunda Sala 2a. CXLV/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO UN AYUNTAMIENTO RECLAMA ACTOS QUE PRETENDAN VULNERAR SU INTEGRACIÓN, Y DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO CONCLUYE SU PERIODO DE GOBIERNO, DEBE DE SOBRESEER POR CESACIÓN DE EFECTOS."(12)
48. En consecuencia, procede sobreseer en la controversia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, en relación con el artículo 19, fracción V de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
49. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
V. DECISIÓN
Por lo antes expuesto y fundado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.
Notifíquese; mediante oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTE
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN
PONENTE
MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
SECRETARIA DE ACUERDOS
CLAUDIA MENDOZA POLANCO
Esta hoja corresponde a la controversia constitucional 258/2023, fallada en sesión de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro. CONSTE.
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
___________________
1. Fojas 83 a 87 del expediente relativo al incidente de suspensión de la controversia constitucional 258/2023.
2. Fojas 463 a 466 del expediente.
3. En contra de este acuerdo, el Poder Judicial de Nuevo León interpuso recurso de reclamación, el cual fue registrado con el número 298/2023-CA y turnado a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
En sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, declaró sin materia el recurso, al haberse revocado la admisión de la segunda ampliación de demanda, lo que hacía evidente que la suspensión otorgada con motivo de dicha ampliación había quedado sin efectos.
4. En contra del referido acuerdo el Poder Judicial del Estado de Nuevo León interpuso recurso de reclamación, el cual fue registrado con el número 316/2023-CA y turnado a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
En sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, determinó que el recurso de reclamación había quedado sin materia por cesación de efectos, toda vez que la suspensión tenía una vigencia determinada, la cual feneció el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.
5. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
...
k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o Poder Legislativo de esa entidad federativa, y;
..."
6. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones ...
VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará de conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; ..."
7. PRIMERO. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la manera siguiente:
La Primera Sala conocerá de las materias civil y penal, y
La Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo.
TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito.
8. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.
"Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;
..."
9. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: ...
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; ..."
10. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
...
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
..."
11. Jurisprudencia P./J. 54/2001, de texto: "La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200932-f5a32c16/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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