I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (MEDIDAS DE PROTECCIÓN ORDENADAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR ADSCRITO A LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN MASIVA MONTERREY DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS DICTADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 2145/2023-UTM-MTY, ASÍ COMO SU AMPLIACIÓN EMITIDAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ANTES REFERIDO POR ACUERDO DE VEINTISIETE DE ABRIL DE ESA MISMA ANUALIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 259/2023. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 21 DE FEBRERO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 259/2023, promovida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, contra actos de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial, ambos de la referida entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
• ANTECEDENTES RELEVANTES.
1. Resulta pertinente relatar los antecedentes que se desprenden de las constancias que obran en autos:
• Denuncia. El veintiséis de febrero de dos mil veintitrés, la Diputada Local de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, Perla de los Ángeles Villarreal Valdez, presentó denuncia manifestando ser víctima de amenazas, abuso de autoridad, acoso político y de género por parte del Titular del Poder Ejecutivo de dicho Estado, a través del despliegue de las facultades de verificación de autoridades de primer nivel del gobierno del Estado de Nuevo León, con la finalidad de menoscabar su patrimonio y el de sus familiares. La denuncia fue ampliada el veintiocho de febrero de dos veintitrés.
• Medidas de protección. Lo anterior dio inicio a una carpeta de investigación ante la Unidad de Tramitación Masiva de Monterrey, en la que el Agente del Ministerio Público determinó imponer, por sesenta días, medidas de protección a favor de la Diputada y diversos familiares cercanos, ampliadas por treinta días más en acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés.
• Solicitud de medidas de protección jurisdiccionales. Posteriormente, el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial ante el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, la referida Diputada solicitó en similares términos, la expedición de órdenes de protección de carácter jurisdiccional.
• Manifestó que consideraba que se surtían las condiciones necesarias para la emisión de las medidas de protección, tomando en cuenta que las ordenadas por el Agente del Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación se encontraban próximas a vencer y que las conductas proferidas en su contra habían sido recurrentes.
• Medidas de protección jurisdiccionales. Mediante proveído dictado dentro del expediente judicial, el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, consideró procedente conceder las órdenes de protección a que hace alusión el artículo 34 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Recurso de revocación. En contra del acuerdo anterior, mediante oficio presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, el Director Jurídico de la Oficina del Secretario de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León, en representación de dicha Secretaría, interpuso recurso de revocación.
• Resolución del recurso de revocación. Dicho recurso fue resuelto en sentencia interlocutoria de cinco de junio de dos mil veintitrés, en el sentido de confirmar la determinación combatida, toda vez que la solicitud de la víctima, frente a actos de discriminación, amenazas, abuso de autoridad, violencia política y de género, no era meramente vaga y sin fundamento, sino que encontraba sustento en el derecho constitucional, convencional y local.
• CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 259/2023.
2. Presentación de la demanda. El siete de marzo de dos mil veintitrés, Samuel Alejandro García Sepúlveda, en carácter de Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a quien atribuyó el acto siguiente:
"Las medidas contenidas en el acuerdo 704/2023-UTM-MTY emitido por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, en contra del suscrito Titular del Poder Ejecutivo Estatal."
3. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 1, 14, 16 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Conceptos de invalidez. En la demanda se expusieron los conceptos de invalidez que a continuación se resumen.
• Las medidas de protección emitidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, al ordenar la abstención de ejecutar cualquier acto de molestia en los bienes, domicilio, familia o personas de la Diputada local y sus familiares; exceden su esfera competencial y restringen de modo arbitrario las atribuciones del Poder Ejecutivo estatal.
• Dichas medidas se hicieron extensivas a todas las dependencias de la Administración Pública Central y Paraestatal, por tanto, se vieron impedidas en realizar su labor de manera uniforme y exhaustiva.
• Las facultades del Ministerio Público establecidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, no incluyen la potestad de restringir la actuación regular de ninguna autoridad de la Administración Pública Central o Paraestatal.
• La imposición de la medida de protección se sigue en perjuicio del interés social, al impedir el desempeño de las actividades de la administración pública estatal.
5. En el capítulo correspondiente de la demanda, el actor solicitó la suspensión del acto impugnado.
6. Radicación y turno de la controversia constitucional. Mediante acuerdo de quince de marzo de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 259/2023; asimismo, designar a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.
7. Primera ampliación. El ocho de mayo de dos mil veintitrés, el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León amplió la demanda respecto del siguiente acto:
"La ampliación de las medidas contenidas en el oficio 1447/2023-UTM-MTY, emitido por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León en contra del suscrito Titular del Poder Ejecutivo Estatal."
8. En su escrito replicó los argumentos vertidos en su diverso inicial de demanda, pero en esta ocasión respecto de la ampliación del plazo de las medidas impuestas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Asimismo, solicitó la suspensión del acto combatido.
9. Admisión de la demanda y del escrito de ampliación. El once de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió la controversia constitucional y su ampliación; emplazó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León; dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal; y, en cuanto a la solicitud de suspensión, ordenó formar el cuaderno incidental respectivo.
10. Incidente de suspensión. Mediante proveído de la misma fecha, la Ministra instructora concedió la suspensión para el efecto de que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León se abstuviera de aplicar las determinaciones contenidas en los acuerdos de referencia; hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.
11. Contestación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Mediante acuerdo de dos de octubre de dos mil veintitrés, la Ministra Instructora determinó que la contestación del Vicefiscal Jurídico, encargado del Despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en el que aportó la documentación correspondiente al acto reclamado, se desahogó de manera extemporánea.
Demandas contra actos del Poder Judicial de Nuevo León.
12. Segunda ampliación de demanda. El cinco de junio de dos mil veintitrés, el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León promovió una segunda ampliación de demanda de controversia constitucional, señalando como autoridad demandada al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
"Acuerdo de fecha 26 de mayo del año en curso emitido por el Licenciado Jorge Antonio Hernández Torres, Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, dentro del expediente judicial 10601/2023, en relación con las medidas de protección concedidas a la Diputada Perla de los Ángeles Villareal Valdéz.(sic)"
13. En dicho escrito, solicitó la suspensión del acto reclamado.
14. Admisión de la segunda ampliación de demanda. El doce de junio de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió el escrito de la segunda ampliación de la controversia constitucional.
15. Recurso de reclamación 299/2023-CA. En contra del referido acuerdo, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León interpuso recurso de reclamación, el cual fue registrado con el número 299/2023-CA y turnado a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.
16. En sesión de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, declaró fundado el recurso de reclamación, revocó el acuerdo recurrido y desechó la segunda ampliación de demanda.
17. Determinación sobre suspensión. Por acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés, la Ministra instructora concedió la medida solicitada para el efecto de que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León se abstuviera de aplicar las determinaciones contenidas en el acuerdo de referencia; hasta en tanto se pronuncie sobre el fondo del presente asunto.(1)
18. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Las autoridades referidas no emitieron opinión o pedimento alguno.
19. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. El ocho de noviembre de dos mil veintitrés se llevó a cabo la audiencia de ley en la que se relacionaron las pruebas y los alegatos ofrecidos por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
20. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
21. Avocamiento. Previo dictamen respectivo, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento. Luego, por auto de diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Sala acordó remitir el expediente a ésta para su radicación y ordenó su avocamiento.
I. COMPETENCIA
22. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal;(2) 10, fracción I y 11, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con lo dispuesto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(4) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril siguiente, por tratarse de una controversia constitucional en la que se estima que no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
23. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS
24. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) se precisan los actos que serán objeto de estudio en la presente controversia constitucional.
25. Al respecto, deben señalarse que solo serán materia de estudio los actos impugnados en la demanda inicial y primer ampliación de la demanda, consistentes en:
• Medidas de protección contenidas en acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, emitidas por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva Monterrey de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, dentro de la carpeta de investigación 2145/2023-UTM-MTY, en favor de la Diputada del Congreso de Nuevo León, Perla de los Ángeles Villareal Valdez.
• Ampliación de referidas medidas de protección, emitidas el veintisiete de abril del mismo año, por el Agente del Ministerio Público referido.
26. Lo anterior porque como quedó relatado en el apartado de antecedentes, al fallar el recurso de reclamación 299/2023-CA, esta Segunda Sala determinó desechar la segunda ampliación de demanda.
27. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
III. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS
28. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias deben contener la apreciación de las pruebas que acrediten la existencia de las normas generales o actos materia de la controversia.
29. En el caso, se tiene acreditada la existencia del acto impugnado, toda vez que en autos obra copia certificada de las resoluciones de veintiocho de febrero y veintisiete de abril, ambas de dos mil veintitrés, emitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Monterrey de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, dentro de la carpeta de investigación 2145/2023-UTM-MTY, en las que se determinaron las medidas de protección controvertidas.
30. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
31. Resulta innecesario el estudio relativo a la oportunidad y legitimación de las partes en virtud de que, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte de oficio la actualización de la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción II,(6) en relación con la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia,(7) al haber cesado los efectos de los actos que se impugnan en el presente medio de control constitucional.
32. En términos de lo dispuesto en el aludido precepto de la Ley Reglamentaria y en el criterio del Tribunal Pleno contenido en la jurisprudencia P./J. 54/2001, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.",(8) para tener por actualizada dicha causa de improcedencia solo debe verificarse que hayan cesado los efectos del acto materia de la controversia, dado que la declaración de invalidez que en su caso llegara a pronunciarse en el juicio de control constitucional no tiene efectos retroactivos, excepto en materia penal.
33. Ahora, como se adelantó en el apartado que antecede, los actos impugnados en la presente controversia versan sobre las medidas de protección emitidas a favor de la Diputada de la LXXVI del Congreso del Estado de Nuevo León, Perla de los Ángeles Villareal Valdez, mediante acuerdos de veintiocho de febrero y de veintisiete de abril, ambas de dos mil veintitrés, emitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Monterrey de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, dentro de la carpeta de investigación 2145/2023-UTM-MTY.
34. Al respecto, se debe tomar en cuenta que el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone en su artículo 137, que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido.
35. Asimismo, en el numeral 139 del referido ordenamiento establece que la imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días.
36. En el caso, de la valoración de las constancias que obran en el expediente en estudio, se advierte que las medidas de protección emitidas el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en favor de la Diputada del Congreso de Nuevo León, Perla de los Ángeles Villareal Valdez, para el efecto de que las autoridades de la administración pública central y paraestatal de la entidad federativa se abstuvieran de llevar a cabo actos de molestia en contra de la denunciante y sus familiares; tuvieron una duración de sesenta (60) días, las cuales fenecieron el veintiocho de abril de dicha anualidad.
37. Por otra parte, obra constancia que el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, el Agente del Ministerio Público referido, acordó favorablemente la solicitud de la Diputada denunciante para ampliar las medidas de protección, en los siguientes términos:
"TERCERO: Se amplía hasta por treinta días más contados a partir de la fecha de ésta (sic) determinación que lo es del 27 de Abril de 2023."
38. Con lo anterior se evidencia que las medidas de protección ampliadas fenecieron el veintisiete de mayo de dos mil veintitrés.
39. En consecuencia, es claro que todo lo aquí combatido dejó de surtir efectos a partir de la fecha en que fenecieron las medidas de protección referidas.
40. Aspecto el anterior que encuentra sustento en el criterio de la tesis de la Segunda Sala 2a. CXLV/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO UN AYUNTAMIENTO RECLAMA ACTOS QUE PRETENDAN VULNERAR SU INTEGRACIÓN, Y DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO CONCLUYE SU PERIODO DE GOBIERNO, DEBE DE SOBRESEER POR CESACIÓN DE EFECTOS."(9)
41. En consecuencia, procede sobreseer en la controversia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, en relación con el artículo 19, fracción V de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
42. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
V. DECISIÓN
Por lo antes expuesto y fundado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.
Notifíquese; mediante oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTE
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN
PONENTE
MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
SECRETARIA DE ACUERDOS
CLAUDIA MENDOZA POLANCO
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. En contra de este acuerdo, el Poder Judicial de Nuevo León interpuso recurso de reclamación, el cual fue registrado con el número 300/2023-CA y turnado a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
En sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, declaró sin materia el recurso, al haberse revocado la admisión de la segunda ampliación de demanda, lo que hacía evidente que la suspensión otorgada con motivo de dicha ampliación había quedado sin efectos.
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
...
k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o Poder Legislativo de esa entidad federativa, y;
..."
3. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones ...
VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará de conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; ..."
4. PRIMERO. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la manera siguiente:
La Primera Sala conocerá de las materias civil y penal, y
La Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo.
TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito.
5. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.
"Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;
..."
6. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: ...
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; ..."
7. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
...
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
..."
8. Jurisprudencia P./J. 54/2001, de texto: "La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria.". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 882, registro digital 190021.
9. Tesis 2a. CXLV/2003, de texto: "El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 882, de rubro: ‘CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.’, determinó que tal figura se actualiza en materia de controversias constitucionales cuando la norma o acto impugnados dejan de producir los efectos que motivaron su promoción, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de su ley reglamentaria. Ahora bien, toda vez que la preservación de la autonomía del Municipio a través de la salvaguarda de la integración de su Ayuntamiento se encuentra estrechamente vinculada con la duración de su periodo de gobierno, es inconcuso que si reclama actos que le causan perjuicio por atentar contra su integración, aquéllos habrán cesado en sus efectos, al concluir dicho periodo.". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1007, registro digital 182687.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200939-2c31dcb1/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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