I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (MEDIDAS DE PROTECCIÓN EMITIDAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE TRAMITACIÓN MASIVA DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL EXPEDIENTE FGJNL-021287/2023, DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 504/2023-UTM-SN.).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 358/2023. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 3 DE ABRIL DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 358/2023, promovida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, contra actos de la Fiscalía General de Justicia de la referida entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. El dieciséis de junio de dos mil veintitrés, Samuel Alejandro García Sepúlveda, en su carácter de Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a quien atribuyó el acto siguiente:
• Medidas de protección emitidas el cinco de junio de dos mil veintitrés, por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, en el expediente FGJNL-021287/2023, dentro de la carpeta de investigación 504/2023-UTM-SN, en favor de Zeferino Salgado Almaguer, su esposa Nora Alicia Flores y del Consorcio Educativo Internacional Warden, Asociación Civil.
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 1, 14, 16 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Conceptos de invalidez. En la demanda se expusieron los conceptos de invalidez que a continuación se resumen.
•Las medidas de protección emitidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, al ordenar la abstención de ejecutar cualquier acto de molestia en los bienes, domicilio, familia o personas del solicitante; exceden su esfera competencial y restringen de modo arbitrario las atribuciones del Poder Ejecutivo estatal.
• Dichas medidas se hicieron extensivas no solo al titular del Poder Ejecutivo Estatal, sino a cada una de las titularidades de las dependencias de la Administración Pública Central, así como a los entes que integran la Administración Pública Paraestatal.
• Las facultades del Ministerio Público establecidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, no incluyen la potestad de restringir la actuación regular de ninguna autoridad de la Administración Pública Central o Paraestatal.
• La imposición de la medida de protección se sigue en perjuicio del interés social, al impedir el desempeño de las actividades de la administración pública estatal.
4. En el capítulo correspondiente de la demanda, el actor solicitó la suspensión del acto impugnado.
5. Radicación y turno de la controversia constitucional. Mediante acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 358/2023; asimismo, designar a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.
6. Admisión de la demanda. El uno de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió la controversia constitucional; emplazó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León; dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal; y, en cuanto a la solicitud de suspensión, ordenó formar el cuaderno incidental respectivo.
7. Incidente de suspensión. Mediante proveído de la misma fecha, la Ministra instructora concedió la suspensión para el efecto de que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León se abstuviera de aplicar las determinaciones contenidas en el acuerdo de referencia; hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.
8. Contestación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Mediante acuerdo de cuatro de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora tuvo por recibida la contestación del Vicefiscal Jurídico, encargado del Despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en el que aportó las documentación correspondiente al acto reclamado.
9. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Las autoridades referidas no emitieron opinión o pedimento alguno.
10. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. El catorce de febrero de dos mil veinticuatro se llevó a cabo la audiencia de ley en la que se relacionaron las pruebas ofrecidas y se hizo constar que las partes no formularon alegatos.
11. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
12. Avocamiento. Previo dictamen respectivo, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento. Luego, por auto de veinte de marzo de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Sala acordó remitir el expediente a ésta para su radicación y ordenó su avocamiento.
I. COMPETENCIA
13. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal;(1) 10, fracción I y 11, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con lo dispuesto en el puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(3) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril siguiente, por tratarse de una controversia constitucional en la que se estima que no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS
15. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) se precisan los actos que serán objeto de estudio en la presente controversia constitucional.
16. Al respecto, deben señalarse que los actos materia de estudio consisten en las medidas de protección emitidas el cinco de junio de dos mil veintitrés, por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, en el expediente FGJNL-021287/2023, dentro de la carpeta de investigación 504/2023-UTM-SN, en favor de Zeferino Salgado Almaguer, su esposa Nora Alicia Flores y del Consorcio Educativo Internacional Warden, Asociación Civil.
17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
III. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS
18. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias deben contener la apreciación de las pruebas que acrediten la existencia de las normas generales o actos materia de la controversia.
19. En el caso, se tiene acreditada la existencia del acto impugnado, toda vez que en autos obra copia certificada de la resolución de cinco de junio de dos mil veintitrés, emitida por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de San Nicolás de los Garza, de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, en el expediente FGJNL-021287/2023, dentro la carpeta de investigación 504/2023-UTM-SN, en la que se determinaron las medidas de protección controvertidas.
20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
21. Resulta innecesario el estudio relativo a la oportunidad y legitimación de las partes en virtud de que, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte de oficio la actualización de la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción II,(5) en relación con la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia,(6) al haber cesado los efectos de los actos que se impugnan en el presente medio de control constitucional.
22. En términos de lo dispuesto en el aludido precepto de la Ley Reglamentaria y en el criterio del Tribunal Pleno contenido en la jurisprudencia P./J. 54/2001, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS",(7) para tener por actualizada dicha causa de improcedencia solo debe verificarse que hayan cesado los efectos del acto materia de la controversia, dado que la declaración de invalidez que en su caso llegara a pronunciarse en el juicio de control constitucional no tiene efectos retroactivos, excepto en materia penal.
23. Ahora, como se adelantó en el apartado que antecede, los actos impugnados en la presente controversia versan sobre las medidas de protección en favor de Zeferino Salgado Almaguer, su esposa Nora Alicia Flores y del Consorcio Educativo Internacional Warden, Asociación Civil, el cinco de junio de dos mil veintitrés, emitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de San Nicolás de los Garza, de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, en el expediente FGJNL-021287/2023, dentro la carpeta de investigación 504/2023-UTM-SN.
24. Al respecto, se debe tomar en cuenta que el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone en su artículo 137, que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido.
25. Asimismo, en el numeral 139 del referido ordenamiento establece que la imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días.
26. En el caso, de la valoración de las constancias que obran en el expediente en estudio, se advierte que las medidas de protección emitidas el cinco de junio de dos mil veintitrés, para el efecto de que las autoridades de la administración pública central y paraestatal de Nuevo León se abstuvieran de llevar a cabo actos de molestia en contra del denunciante y sus familiares; tuvieron una duración de sesenta (60) días, las cuales fenecieron el tres de agosto de dicha anualidad.
27. Finalmente, si bien no fue materia de impugnación, no pasa desapercibido para esta Segunda Sala que en autos obra el acuerdo emitido el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Tramitación Masiva de San Nicolás de los Garza, a través del cual se prorrogaron las medidas de protección mencionadas, por treinta días más, mismas que fenecieron el dos de septiembre de dos mil veintitrés.
28. En consecuencia, es claro que todo lo aquí combatido dejó de surtir efectos a partir de la fecha en que fenecieron las medidas de protección referidas.
29. Aspecto el anterior que encuentra sustento en el criterio de la tesis de la Segunda Sala 2a. CXLV/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO UN AYUNTAMIENTO RECLAMA ACTOS QUE PRETENDAN VULNERAR SU INTEGRACIÓN, Y DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO CONCLUYE SU PERIODO DE GOBIERNO, DEBE DE SOBRESEER POR CESACIÓN DE EFECTOS."(8)
30. En consecuencia, procede sobreseer en la controversia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, en relación con el artículo 19, fracción V de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
31. Similares consideraciones sostuvo esta Segunda Sala al resolver las controversias constitucionales 258/2023,(9) 259/2023(10) y 340/2023.(11)
32. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
V. DECISIÓN
Por lo antes expuesto y fundado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO.—Se sobresee en la controversia constitucional.
Notifíquese; mediante oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
Esta hoja corresponde a la controversia constitucional 358/2023, fallada en sesión de tres de abril de dos mil veinticuatro. CONSTE.
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o Poder Legislativo de esa entidad federativa, y; ..."
2. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
"I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ..."
"Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones ...
"VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará de conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; ..."
3. "PRIMERO. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la manera siguiente:
"La Primera Sala conocerá de las materias civil y penal, y
"La Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo.
"TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito."
4. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.
"Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
"I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; ..."
5. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: ...
"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; ..."
6. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; ..."
7. Jurisprudencia P./J. 54/2001, de texto: "La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria.". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 882, registro digital 190021.
8. Tesis 2a. CXLV/2003, de texto: "El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 882, de rubro: ‘CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.’, determinó que tal figura se actualiza en materia de controversias constitucionales cuando la norma o acto impugnados dejan de producir los efectos que motivaron su promoción, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de su ley reglamentaria. Ahora bien, toda vez que la preservación de la autonomía del Municipio a través de la salvaguarda de la integración de su Ayuntamiento se encuentra estrechamente vinculada con la duración de su periodo de gobierno, es inconcuso que si reclama actos que le causan perjuicio por atentar contra su integración, aquéllos habrán cesado en sus efectos, al concluir dicho periodo.". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1007, registro digital 182687.
9. Fallada por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán, en sesión de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro.
10. Fallada por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán, en sesión de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro.
11. Fallada por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán, en sesión de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200945-6b893bbe/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (MEDIDAS DE PROTECCIÓN ORDENADAS POR EL AGENTE DEL MINISTE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (MEDIDAS DE PROTECCIÓN ORDENADAS POR EL AGENTE DEL MINISTE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (MEDIDAS DE PROTECCIÓN ORDENADAS POR EL AGENTE DEL MINISTE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (MEDIDAS DE PROTECCIÓN ORDENADAS POR EL AGENTE DEL MINISTE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA CUANDO SE ACREDITA LA APLICACIÓN QUE HACE UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE UNA NORMA GENERAL DECLA (P./J. 57/2026 (12a.))
- AMPARO DIRECTO, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE, PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, EN LA QUE SE APLICAN PRECEPTOS LEGALES (s/clave)
- LEGITIMACIÓN. CARECE DE ELLA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA INTERPONER, EN SU CARÁCTER DE OFENDIDA, JUICIO DE AMPARO CONTRA UN ACTO DIVERSO A LOS CONTEMPLADOS EN (I.7o.P.61 P )
- REVISION. SOBRESEIMIENTO PARCIAL. COMPETENCIA DEL PLENO DE LA CORTE. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis