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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (MEDIDAS DE PROTECCIÓN ORDENADAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR ADSCRITO AL CENTRO DE DENUNCIA VIRTUAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DENTRO DEL EXPEDIENTE FGJNL-095515/2023, DERIVADO DE LA DENUNCIA 92193/2023-CDV; ASÍ COMO LAS CONTENIDAS EN ACUERDO DE OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS DICTADO POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR ADSCRITO AL CENTRO DE DENUNCIA VIRTUAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE ESE ESTADO, DENTRO DE LA DENUNCIA 70983/2023-CDV, ASÍ COMO SU AMPLIACIÓN EMITIDAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ANTES REFERIDO POR ACUERDO DE CUATRO DE AGOSTO DE ESA MISMA ANUALIDAD; Y EL OFICIO 53030/2023 EL QUE SE NOTIFICÓ A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, LA ORDEN DE RESTABLECIMIENTO DE LAS COSAS DICTADA EL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS POR UNA JUEZA DE CONTROL DEL PODER JUDICIAL LOCAL).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 399/2023. · Registro digital (IUS): 200946
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 399/2023. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. COTEJÓ SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ. COLABORÓ: CYNTHIA EDITH HERRERA OSORIO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 399/2023, promovida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, contra actos de la Fiscalía General de Justicia de la referida entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

• ANTECEDENTES RELEVANTES.

1. Resulta pertinente relatar los antecedentes que se desprenden de las constancias que obran en autos:

• Hechos. Imelda Patricia Garza Benavides es cónyuge de Carlos Alberto de la Fuente Flores, quien es diputado de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, cargo que desempeña desde el primero de septiembre de dos mil veintiuno.

• Con motivo del ejercicio legislativo que su cónyuge realiza, ha aprobado diversas modificaciones a la Constitución Política del Estado.

Al respecto, ella refirió que es un hecho conocido que esas reformas a la Constitución local provocaron la molestia del Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, pues él así lo ha externado públicamente en reiteradas ocasiones, destacando una declaración de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, que puede ser consultada en cualquier sito de noticias de internet.

• Bajo este panorama, el señor de la Fuente Flores ha sido objeto de persecución política, incluyendo visitas a sus negocios y comentarios difamatorios en medios y redes sociales por parte del Gobernador de Nuevo León, quien lo vincula a corrupción debido a su afiliación al Partido Acción Nacional, que no es afín al partido político en el que milita el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

• Ante esto, el señor de la Fuente Flores presentó denuncia contra el Gobernador de la entidad federativa por acoso político que se ha extendido también a los familiares del señor de la Fuente Flores.

• Denuncia. Imelda Patricia Garza Benavides presentó denuncia por los probables delitos de abuso de autoridad, amenazas, discriminación y el que resulte, en contra de Juan Daniel Pérez García, notificador ejecutor adscrito a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, y quien resulte responsable.

• En el escrito de denuncia, Imelda Patricia Garza Benavides solicitó el otorgamiento de medidas de protección en su favor.

• Otorgamiento de medida de protección. Por acuerdo de veinte de julio de dos mil veintitrés, el Agente del Ministerio Público Orientador Adscrito al Centro de Denuncia Virtual de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León otorgó las medidas de protección solicitadas para el efecto de que los titulares de las dependencias de la administración pública central y paraestatal de Nuevo León se abstuvieran de ejecutar actos de molestia en contra de los bienes, domicilio, familia o persona de la solicitante.

• Las medidas de protección se otorgaron con una vigencia de sesenta días (naturales), prorrogables por treinta días más, de conformidad con el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

• CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 399/2023.

2. Presentación de la demanda. El dos de agosto de dos mil veintitrés, Samuel Alejandro García Sepúlveda, en su carácter de Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, promovió una controversia constitucional en contra de:

"Las medidas emitidas el 20 de julio de 2023 por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, derivadas de la denuncia 92193/2023-CDV presentada por Imelda Patricia Garza Benavides, en contra de las dependencias de la Administración Pública Estatal señaladas en el cuerpo de esta demanda".

3. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 16 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Conceptos de invalidez. En la demanda se expusieron los conceptos de invalidez que a continuación se resumen.

• Las medidas de protección emitidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, exceden su esfera competencial y restringen de modo arbitrario las atribuciones del Poder Ejecutivo estatal.

• Las facultades atribuidas al Ministerio Público no incluyen la potestad de restringir la actuación de ninguna autoridad de la Administración Pública Central o Paraestatal, como lo es la planeación, gestión y ejecución de los asuntos del despacho de cualquier dependencia, unidad administrativa y/o entidad pública.

• La imposición de la medida de protección se sigue en perjuicio del interés social, al impedir el desempeño de las actividades de la administración pública estatal.

5. En el capítulo correspondiente de la demanda, el actor solicitó la suspensión del acto impugnado.

6. Radicación y turno de la controversia constitucional. El siete de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar la controversia constitucional con el número 399/2023 y turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que instruyera el procedimiento correspondiente.

7. Admisión de la demanda. El veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda y tuvo como demandada a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

8. Incidente de suspensión. Por acuerdo de la misma fecha, se concedió la suspensión de los actos impugnados para el efecto de que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León se abstuviera de aplicar las determinaciones contenidas en el acuerdo de referencia, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.

9. Recurso de reclamación. El cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo por el que se concedió la suspensión solicitada en la demanda.

10. El asunto fue registrado con el número 360/2023-CA y en sesión de la Primera Sala de veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés(1) se determinó que el recurso había quedado sin materia, toda vez que la vigencia del acto contra el que se concedió la suspensión feneció el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, es decir, previo a la resolución del recurso de reclamación.

11. Contestación a la demanda por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Mediante acuerdo de dos de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Instructora tuvo por recibida la contestación del Vicefiscal Jurídico, encargado del Despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en el que aportó las documentación correspondiente al acto reclamado.

12. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. El catorce de febrero de dos mil veinticuatro se llevó a cabo la audiencia de ley en la que se relacionaron las pruebas y se hizo constar que las partes no formularon alegatos.

13. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

14. Avocamiento. Previo dictamen respectivo, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento. Luego, por auto de veinte de marzo de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Sala acordó remitir el expediente a ésta para su radicación y ordenó su avocamiento.

I. COMPETENCIA

15. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal;(2) 10, fracción I y 11, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con lo dispuesto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(4) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril siguiente, por tratarse de una controversia constitucional en la que se estima que no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

16. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS

17. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) se precisan los actos que serán objeto de estudio en esta controversia constitucional.

18. Al respecto, el acto impugnado consiste en las medidas emitidas el veinte de julio de dos mil veintitrés por la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, derivadas de la denuncia 92193/2023-CDV presentada por Imelda Patricia Garza Benavides, otorgadas para el efecto de que las dependencias de la Administración Pública Central y Paraestatal de Nuevo León, se abstuvieran de ejecutar actos de molestia en contra de los bienes, domicilio, familia o persona de la solicitante.

19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

III. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS

20. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias deben contener la apreciación de las pruebas que acrediten la existencia de las normas generales o actos materia de la controversia.

21. En el caso, se tiene acreditada la existencia del acto impugnado, toda vez que en autos obra el acuerdo de veinte de julio de dos mil veintitrés, emitido por el Agente del Ministerio Público Orientador adscrito al Centro de Denuncia Virtual de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, dentro del expediente FGJNL-095515/2023, derivado de la denuncia 92193/2023-CDV, en el que se determinaron las medidas de protección controvertidas.(6)

22. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

23. Resulta innecesario el estudio relativo a la oportunidad y legitimación de las partes en virtud de que, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte de oficio la actualización de la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción II,(7) en relación con la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia,(8) al haber cesado los efectos de los actos que se impugnan en este medio de control constitucional.

24. En términos de lo dispuesto en el aludido precepto de la Ley Reglamentaria y en el criterio del Tribunal Pleno contenido en la jurisprudencia P./J. 54/2001, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS",(9) para tener por actualizada dicha causa de improcedencia solo debe verificarse que hayan cesado los efectos del acto materia de la controversia, dado que la declaración de invalidez que en su caso llegara a pronunciarse en el juicio de control constitucional no tiene efectos retroactivos, excepto en materia penal.

25. Ahora, como se adelantó en el apartado que antecede, los actos impugnados en la controversia versan sobre las medidas de protección emitidas por el Agente del Ministerio Público Orientador adscrito al Centro de Denuncia Virtual de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, dentro del expediente FGJNL-095515/2023, derivado de la denuncia 92193/2023-CDV.

26. Al respecto, se debe tomar en cuenta que el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone en su artículo 137, que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido.

27. Asimismo, en el numeral 139 del referido ordenamiento establece que la imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días.

28. En el caso, de la valoración de las constancias que obran en el expediente, se advierte que las medidas de protección emitidas el veinte de julio de dos mil veintitrés, en favor de Imelda Patricia Garza Benavides, tuvieron una duración de sesenta (60) días naturales, las cuales fenecieron el diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés.

29. En consecuencia, es claro que todo lo aquí combatido dejó de surtir efectos a partir de la fecha en que fenecieron las medidas de protección referidas.

30. Aspecto el anterior que encuentra sustento en el criterio de la tesis de la Segunda Sala 2a. CXLV/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO UN AYUNTAMIENTO RECLAMA ACTOS QUE PRETENDAN VULNERAR SU INTEGRACIÓN, Y DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO CONCLUYE SU PERIODO DE GOBIERNO, DEBE DE SOBRESEER POR CESACIÓN DE EFECTOS."(10)

31. En consecuencia, procede sobreseer en la controversia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, en relación con el artículo 19, fracción V de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

32. Similares consideraciones sostuvo esta Segunda Sala al resolver las controversias constitucionales 258/2023,(11) 259/2023(12) y 340/2023.

33. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

V. DECISIÓN

Por lo antes expuesto y fundado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.

Notifíquese; mediante oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN

PONENTE

MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA

SECRETARIA DE ACUERDOS

CLAUDIA MENDOZA POLANCO

Esta hoja corresponde a la controversia constitucional 399/2023, fallada en sesión de tres de abril de dos mil veinticuatro. CONSTE.

En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Fallado por unanimidad de cinco votos de las Ministras y los Ministros Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá quien se reserva el derecho a formular voto concurrente, Ana Margarita Ríos Farjat (Ponente), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo

2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

(...).

k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o Poder Legislativo de esa entidad federativa, y;

(...)".

3. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

"Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones (...)

VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará de conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; (...)"

4. PRIMERO. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la manera siguiente:

La Primera Sala conocerá de las materias civil y penal, y

La Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo.

TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito.

5. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.

"Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;

(...)".

6. Fojas 105 a 115 del cuaderno principal de la controversia constitucional 399/2023.

7. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.

"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: (...)

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; ...."

8. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...).

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; ... ."

9. Jurisprudencia P./J. 54/2001, de texto: "La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 882, registro digital 190021.

10. Tesis 2a. CXLV/2003, de texto: "El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 882, de rubro: ‘CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.’, determinó que tal figura se actualiza en materia de controversias constitucionales cuando la norma o acto impugnados dejan de producir los efectos que motivaron su promoción, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de su ley reglamentaria. Ahora bien, toda vez que la preservación de la autonomía del Municipio a través de la salvaguarda de la integración de su Ayuntamiento se encuentra estrechamente vinculada con la duración de su periodo de gobierno, es inconcuso que si reclama actos que le causan perjuicio por atentar contra su integración, aquéllos habrán cesado en sus efectos, al concluir dicho periodo". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1007, registro digital 182687.

11. Fallada por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán, en sesión de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro.

12. Fallada por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán, en sesión de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro.

13. Fallada por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán, en sesión de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200946-0b12b7af/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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