I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (MEDIDAS DE PROTECCIÓN ORDENADAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR ADSCRITO AL CENTRO DE DENUNCIA VIRTUAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 62531/2023-CDV).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 340/2023. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 21 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 340/2023, promovida por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, contra actos de la Fiscalía General de Justicia de la referida entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
• ANTECEDENTES RELEVANTES.
1. Resulta pertinente relatar los antecedentes que se desprenden de las constancias que obran en autos:
• Denuncia. El diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, Alberto Barrera Cantú, Titular de la Unidad de Seguimiento de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, presentó denuncia ante el Centro de Orientación y Denuncia de la Fiscalía General de Justicia del mencionado Estado, por los probables delitos de ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, desobediencia, coalición y los que resulten, en contra de:
• Samuel Alejandro García Sepúlveda, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León;
• Lorena Ahidée Treviño Pérez, Coordinadora de Inteligencia Financiera y Económica;
• Roberto Santos Zapata, Director General de Fiscalización;
• Andrés Alejandro Rodríguez Rodríguez, Director General de Recaudación; y
• Javier Lozano Salazar, Coordinador de la Dirección General de Créditos y Cobranzas.
• En la denuncia señaló que, desde el mes de diciembre de dos mil veintidós, tanto él como sus hermanos y sus empresas,(1) han sido víctimas de acoso por parte de las autoridades mencionadas, quienes han emitido diversos oficios de requerimientos y han formulado amenazas de realizar el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias. Asimismo, solicitó el otorgamiento de medidas de protección en su favor, así como de los familiares y empresas referidos en dicho escrito.
• Otorgamiento de medidas de protección. Por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, el Agente del Ministerio Público Orientador Adscrito al Centro de Denuncia Virtual de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, otorgó las medidas de protección solicitadas, para el efecto de que tanto el Gobernador de la entidad federativa, como los titulares de las dependencias de la administración pública central y paraestatal local, se abstuvieran de ejecutar actos de molestia en los bienes, domicilio, familia o persona del solicitante, sus familiares y empresas precisados en la denuncia.
• CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 340/2023.
2. Presentación de la demanda. El veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, Samuel Alejandro García Sepúlveda, en su carácter de Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional contra la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a quien atribuyó el acto consistente en las medidas de protección emitidas en la carpeta de investigación 62531/2023-CDV.
3. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 1, 14, 16 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Conceptos de invalidez. En la demanda se expusieron los conceptos de invalidez que a continuación se resumen.
• Las medidas de protección emitidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, violan los principios de división de poder y supremacía constitucional.
• Las facultades atribuidas al Ministerio Público no incluyen la potestad de restringir la actuación de ninguna autoridad de la Administración Pública Central o Paraestatal, como lo es la planeación, gestión y ejecución de los asuntos del despacho de cualquier dependencia, unidad administrativa y/o entidad pública.
• La imposición de la medida de protección se sigue en perjuicio del interés social, al impedir el desempeño de las actividades de la administración pública estatal.
5. En el capítulo correspondiente de la demanda, el actor solicitó la suspensión del acto impugnado.
6. Trámite de la controversia constitucional. El cinco de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 340/2023; asimismo, designar a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.
7. Admisión de la demanda. El doce de junio de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió la controversia constitucional; emplazó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León; dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal; y, en cuanto a la solicitud de suspensión, ordenó formar el cuaderno incidental respectivo.
8. Incidente de suspensión. Mediante proveído de la misma fecha, se concedió la suspensión para el efecto que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León se abstuviera de aplicar las determinaciones contenidas en el acuerdo impugnado; hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.(2)
9. Contestación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Mediante acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra Instructora determinó que la contestación del Vicefiscal Jurídico, encargado del Despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en el que aportó la documentación correspondiente al acto reclamado, se desahogó de manera extemporánea.(3)
10. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Las autoridades referidas no emitieron opinión o pedimento alguno.
11. Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. El ocho de noviembre de dos mil veintitrés se llevó a cabo la audiencia de ley en la que se relacionaron las pruebas.
12. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
13. Avocamiento. Previo dictamen respectivo, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento. Luego, por auto de diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Sala acordó remitir el expediente a ésta para su radicación y ordenó su avocamiento.
I. COMPETENCIA
14. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal;(4) 10, fracción I y 11, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) en relación con lo dispuesto en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023,(6) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril siguiente, por tratarse de una controversia constitucional en la que se estima que no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS
16. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) se precisa el acto que será objeto de estudio en la presente controversia constitucional:
• Medidas de protección en favor de Alberto Barrera Cantú y familiares, ordenadas por el Agente del Ministerio Público Orientador adscrito al Centro de Denuncia Virtual, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en la carpeta de investigación 62531/2023-CDV.
17. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
III. EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS
18. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias deben contener la apreciación de las pruebas que acrediten la existencia de las normas generales o actos materia de la controversia.
19. En el caso, se tiene acreditada la existencia del acto impugnado, toda vez que en autos obra copia certificada del acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se ordenaron las medidas de protección impugnadas, dictadas por el Agente del Ministerio Público Orientador adscrito al Centro de Denuncia Virtual, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en la carpeta de investigación 62531/2023-CDV.
20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
21. Resulta innecesario el estudio relativo a la oportunidad y legitimación de las partes en virtud de que, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte de oficio la actualización de la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción II,(8) en relación con la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia,(9) al haber cesado los efectos de los actos que se impugnan en el presente medio de control constitucional.
22. En términos de lo dispuesto en el aludido precepto de la Ley Reglamentaria y en el criterio del Tribunal Pleno contenido en la jurisprudencia P./J. 54/2001, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.",(10) para tener por actualizada dicha causa de improcedencia solo debe verificarse que hayan cesado los efectos del acto materia de la controversia, dado que la declaración de invalidez que en su caso llegara a pronunciarse en el juicio de control constitucional no tiene efectos retroactivos, excepto en materia penal.
23. Ahora, como se adelantó en el apartado que antecede, el acto impugnado en la presente controversia consiste en las medidas de protección emitidas a favor de Alberto Barrera Cantú, ordenadas por el Agente del Ministerio Público Orientador adscrito al Centro de Denuncia Virtual, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés.
24. Ahora bien, se debe tomar en cuenta que el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone en su artículo 137, que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido.
25. Asimismo, en el numeral 139 del referido ordenamiento establece que la imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias tendrá una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días.
26. En el caso, de la valoración de las constancias que obran en el expediente en estudio, se advierte que las medidas de protección emitidas el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en favor de Alberto Barrera Cantú, para el efecto que las autoridades de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Nuevo León, se abstuvieran de ejecutar actos de molestia en los bienes, domicilio, familia o persona del solicitante, sus familiares y empresas; tuvieron una duración de sesenta (60) días,(11) las cuales fenecieron el dieciséis de julio de dos mil veintitrés.
27. En consecuencia, es claro que el acto combatido dejó de surtir efectos a partir de la fecha en que fenecieron las medidas de protección referidas.
28. Aspecto el anterior que encuentra sustento en el criterio de la tesis de la Segunda Sala 2a. CXLV/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO UN AYUNTAMIENTO RECLAMA ACTOS QUE PRETENDAN VULNERAR SU INTEGRACIÓN, Y DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO CONCLUYE SU PERIODO DE GOBIERNO, DEBE DE SOBRESEER POR CESACIÓN DE EFECTOS."(12)
29. En consecuencia, procede sobreseer en la controversia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, en relación con el artículo 19, fracción V de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
30. Estas consideraciones consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
V. DECISIÓN
Por lo antes expuesto y fundado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.
Notifíquese; mediante oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTE
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN
PONENTE
MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
SECRETARIA DE ACUERDOS
CLAUDIA MENDOZA POLANCO
Esta hoja corresponde a la controversia constitucional 340/2023, fallada en sesión de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro. CONSTE.
En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
__________________
1. Señala a sus hermanos Mauricio y Federico, ambos de apellidos Barrera Cantú; así como a las empresas denominadas FBC CONSULTORÍA DE NEGOCIOS S.A DE C.V, NEGOCIOS 2.0, S.A.P.I DE C.V., HOTELES BAPI, S.A. DE C.V. y COMPAÑÍA ACQUA BENE DE MÉXICO S.A.P.I DE C.V.
2. En contra de este acuerdo, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León interpuso recurso de reclamación, el cual fue registrado con el número 296/2023-CA y turnado a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
En sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, declaró sin materia el recurso, toda vez que el acto contra el que se concedió la suspensión tenía una vigencia determinada que feneció el dieciséis de julio de dos mil veintitrés.
3. Acuerdo visible en fojas 199 y 200 del expediente principal.
4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
...
k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o Poder Legislativo de esa entidad federativa, y;
..."
5. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
"Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones (...)
VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará de conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; (...)"
6. PRIMERO. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la manera siguiente:
La Primera Sala conocerá de las materias civil y penal, y
La Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo.
TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito.
7. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.
"Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;
..."
8. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: ...
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; ..."
9. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM.
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
...
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
..."
10. Jurisprudencia P./J. 54/2001, de texto: "La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 882. Registro digital: 190021.
11. Que transcurrieron del diecisiete de mayo al dieciséis de julio de dos mil veintitrés.
12. Tesis 2a. CXLV/2003, de texto: "El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 882, de rubro: ‘CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.’, determinó que tal figura se actualiza en materia de controversias constitucionales cuando la norma o acto impugnados dejan de producir los efectos que motivaron su promoción, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de su ley reglamentaria. Ahora bien, toda vez que la preservación de la autonomía del Municipio a través de la salvaguarda de la integración de su Ayuntamiento se encuentra estrechamente vinculada con la duración de su periodo de gobierno, es inconcuso que si reclama actos que le causan perjuicio por atentar contra su integración, aquéllos habrán cesado en sus efectos, al concluir dicho periodo." Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1007. Registro digital 182687.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200931-992be689/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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