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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DEL EJECUTIVO LOCAL DE ENTERAR AL PODER JUDICIAL RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS POR DECRETO DE LA LEGISLATURA DE LA ENTIDAD, VIOLA LOS ARTÍCULOS 116, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN III Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2003. · Registro digital (IUS): 17868
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, , Pág. 718.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2003. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de noviembre de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de junio de dos mil tres, Sandra Juárez Domínguez, ostentándose como Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en representación del Poder Judicial de la entidad, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"Autoridades demandadas: Que por esta vía vengo a promover controversia constitucional en contra de los actos modificatorios del presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal del año dos mil tres, llevados a cabo por el H. Congreso del Estado de Tlaxcala, así como la sanción, promulgación y publicación respectiva en el Periódico Oficial por parte del Ejecutivo Estatal de Tlaxcala, de fecha dieciocho de abril del año dos mil tres, quienes tienen su domicilio en la calle Allende número treinta y uno, colonia Centro de la ciudad de Tlaxcala el primero de ellos, y en Plaza de la Constitución número cinco, centro de Tlaxcala el segundo. Demandando por esta vía la nulidad de los actos modificatorios del presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal del año dos mil tres, así como la sanción, promulgación y publicación respectiva en el Periódico Oficial del Decreto Número 49, llevados a cabo por el H. Congreso del Estado de Tlaxcala y por el C. Gobernador constitucional de la misma entidad federativa de fecha dieciocho de abril del año dos mil tres."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"1. En cumplimiento a lo previsto en los artículos constitucionales que se refieren al presupuesto de gastos, el Ejecutivo Local envió iniciativa del presupuesto de egresos para el año dos mil tres al Congreso Local. 2. Una vez recibida la iniciativa del Ejecutivo Local, el Congreso se dedicó a la discusión y aprobación de la mencionada iniciativa, la cual fue aprobada por el Congreso Estatal el día quince de marzo y remitida al Ejecutivo Local para su sanción, promulgación y publicación. 3. El Ejecutivo Estatal llevó a cabo algunos cuestionamientos, los cuales fueron revisados por el Congreso y retornaron al Ejecutivo Local para su sanción, promulgación y publicación. 4. El gobernador del Estado nuevamente vetó tal decreto del presupuesto, después de una ardua discusión entre el Ejecutivo Local y el Congreso Estatal de Tlaxcala, por fin fue sancionado, promulgado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día quince de abril del año dos mil tres, en el multirreferido decreto, en el capítulo II De las erogaciones, en su artículo 4o. que, en lo que interesa, se estipula lo siguiente: ‘Artículo 4o. El gasto neto total ... El gasto neto total previsto, se asigna y distribuye conforme a lo siguiente:

"‘I. Poder Ejecutivo: 1,447'590,948.07

"‘II. Poder Legislativo: 110'505,964.00

"‘III. Poder Judicial: 71'500,000.00.’

"5. Sin embargo, sin fundamentación y motivación alguna el día dieciocho de abril del mismo año, es decir, tres días después, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto Número 49 por el que se reforman, adicionan, derogan, suprimen y fusionan diversos artículos del presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal del año dos mil tres, en el cual en su capítulo II De las erogaciones y, en específico, en el artículo 4o., se establece de manera literal lo siguiente: ‘Artículo 4o. ... El gasto neto total se asigna y distribuye conforme a lo siguiente:

"‘I. Poder Ejecutivo: $2,096'229,590.84

"‘...

"‘II. Al Poder Legislativo la cantidad de: $95'000,000.00

"‘III. Al Poder Judicial la cantidad de: $66'500,000.00. ...’

"Como puede observarse, al poder que represento se le redujo el presupuesto para el ejercicio fiscal del año dos mil tres, por la cantidad de $5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100); dicho decreto entró en vigor a partir del día treinta de abril del año dos mil tres, según lo dispuesto por el artículo primero transitorio del mismo."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"En primer lugar, debe decirse que el Decreto Número 49, de fecha dieciocho de abril del año dos mil tres, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante el cual se reforman, adicionan, derogan, suprimen y fusionan diversos artículos del presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal del año dos mil tres me causa un agravio, en virtud de que el procedimiento que se empleó para reformar el Decreto Número 44, de fecha quince de abril de dos mil tres, no se ajusta a derecho, en razón de que el poder que represento presentó con la debida oportunidad su presupuesto de egresos y éste no fue tomado en consideración al modificar el decreto citado con antelación. Con el actuar del Congreso del Estado de Tlaxcala y del Ejecutivo Estatal, se violan los principios que regulan la división de poderes e igualdad entre los mismos que rige nuestro Estado de derecho, el cual habla de colaboración entre ellos y no así de prevalencia de cualquiera de ellos; y es el caso que con el actuar de los poderes antes citados es notoria y manifiesta la superioridad que llevaron a cabo en detrimento del Poder Judicial Estatal al establecer, entre ellos y por convenir a sus intereses, el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal del año que transcurre, sin tomar en consideración a este poder que represento para intervenir en el procedimiento de distribución del presupuesto de egresos, y así conjuntamente establecer de manera equitativa el mismo para así poder satisfacer las necesidades de cada uno de los poderes. En efecto, el principio de división de poderes es uno de los postulados consagrados en nuestro texto constitucional en los artículos 41 y 49, en donde el equilibrio de los mismos da como resultado una sana convivencia en nuestro Estado de derecho; sin embargo, al llevar a cabo actos de cualquier índole en donde sin motivo ni justificación y utilizando un procedimiento de modificación, que debe servir de base para la seguridad de los gobernados y de las instituciones y que, en ese caso, se ha convertido en una burla no nada más para la sociedad sino para el mismo que lo realiza, resulta ser de honda preocupación para todo nuestro sistema jurídico, ya que éste adolece de los más mínimos principios de legalidad y con su actuar el Congreso no respeta los postulados mínimos de carácter constitucional, no nada más Local sino Federales, ya que al decidir modificar un presupuesto asignado que sólo le correspondería modificar al propio Poder Judicial, viola la independencia y autonomía de este último interviniendo siempre en la administración del mismo. Si bien las leyes locales permiten tal modificación una vez asignado el presupuesto de egresos en casos de urgencia económica, esta modificación se hace de manera equilibrada en los tres poderes no quitándole a uno para pasárselo al otro, como ocurre en este caso y que fue señalado anteriormente. El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es claro al señalar en el título décimo, capítulo cuarto, sección sexta, las modificaciones que pueden hacerse al presupuesto de egresos y en ninguno de los artículos que comprende se hace mención al hecho de que se pueden realizar modificaciones de manera unilateral, como es el caso. De la lectura de los artículos 298, 299, 300 y 301 del ordenamiento legal antes invocado, es claro notar que en las modificaciones al presupuesto asignado es necesaria la intervención de la parte a la cual se va a incrementar o disminuir tal presupuesto; por otro lado, el párrafo segundo del artículo 298 del código citado establece de manera literal lo siguiente: ‘Las modificaciones a los presupuestos de los Poderes Legislativo y Judicial, serán propuestas por éstos, las cuales acordarán con el Ejecutivo, a efecto de que prepare la iniciativa de reformas al decreto del presupuesto de egresos.’. Asimismo, el artículo 299 del mismo ordenamiento es el único que hace mención a una decisión unilateral, refiere éste que cuando el Estado obtiene mayores recursos en el transcurso del año, el Ejecutivo enviará iniciativa de distribución al Congreso para su aprobación, y de la misma manera señala que al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial se les considerará en la misma proporción que les corresponda con respecto al presupuesto original. El artículo 300 del código en comento hace alusión a un caso extremo que no se da en esta hipótesis y que menciona que cuando se presente una disminución no prevista de los ingresos, la secretaría y las tesorerías determinarán los diferimientos, reducciones o cancelación de las asignaciones presupuestales originalmente aprobadas en el presupuesto de egresos; por otro lado, el artículo 301 del mismo ordenamiento legal señala que ‘Cualquier modificación al presupuesto de egresos autorizado, que implique traspasos entre capítulos y partidas del gasto público, requerirá autorización, la cual corresponderá a la secretaría y a las tesorerías, y a los órganos de gobierno de los Poderes Judicial y Legislativo y de los organismos autónomos, otorgarlas cuando el monto considerado por partida presupuestal no exceda en un 10% del originalmente asignado. ...’. Como puede observarse, las disposiciones del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios hacen el señalamiento en cuáles hipótesis se puede modificar el presupuesto asignado, y en ninguna de ellas se alude a la manera unilateral como se quiere manejar el Decreto Número 49 de fecha dieciocho de abril de dos mil tres, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el cual, como se ha señalado, se pretende hacer nugatorio el principio de división de poderes inmerso en nuestra Carta Magna y dejar en estado de indefensión al Poder Judicial. Por otra parte, esa honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado mediante jurisprudencia definida en el sentido de que ante la interpretación de diversos preceptos constitucionales de las entidades federativas debe optarse por aquellos que permitan que la función jurisdiccional se desarrolle con libertad y sin injerencias externas bajo el fortalecimiento del Poder Judicial y la realización plena de su autonomía e independencia. Se viola la garantía de audiencia del Poder Judicial, ya que en estos casos extremos se le da el derecho de audiencia a cualquiera de los poderes, para que éstos manifiesten en qué rubros se puede llevar a cabo la modificación del presupuesto asignado, cuestión última que no se realizó por el Congreso. Se viola el principio de anualidad del presupuesto contenido en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal. Si bien es cierto que nuestro Máximo Tribunal ha manifestado en diversas ejecutorias que el principio de anualidad no debe entenderse en un sentido rígido e inflexible, esto no quiere decir que el presupuesto pueda modificarse al libre arbitrio de cualquiera de los poderes; si bien hay excepciones éstas deben estar debidamente sustentadas y fundamentadas, ya que pensar lo contrario traería como consecuencia el que los poderes que determinen tal presupuesto se colocaran en un ámbito de prevalencia en perjuicio del que nula intervención tiene en ello, la Constitución busca el equilibrio de estos poderes y da la pauta para su funcionamiento, no deja al capricho de alguno de ellos el funcionamiento de los otros. Se viola, asimismo, el procedimiento del artículo 74 constitucional, que señala como obligación del Congreso el análisis y la discusión para la aprobación del presupuesto, ya que atentos a la creación del presupuesto asignado la modificación a éste debe ser con el mismo cuidado en el análisis de tal modificación. Como puede observarse el procedimiento de reforma, adición, derogación, supresión y fusión del presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal del año dos mil tres, no reúne los requisitos emanados por nuestro texto constitucional, violando con estos actos la independencia y autonomía del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, hecho que se manifiesta, incluso de manera simple, en virtud de que la modificación se llevó a cabo por medio de un acuerdo y no por conducto de un decreto como corresponde la técnica legislativa y a una disposición constitucional. Se viola el artículo 116 constitucional que alude a la independencia y autonomía del Poder Judicial, misma que se ve violentada al decidir por él lo que se debe hacer con respecto a su presupuesto asignado. Los diccionarios son claros al señalar que ambos términos, independencia y autonomía hablan de no sometimiento a otra instancia para actuar y en la otra que la actuación libre, que como puede observarse en el caso en particular, violentan estos dos principios fundamentales para el desarrollo de los Poderes Judiciales."

CUARTO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son 41, primer párrafo, 49, primer párrafo, 74, fracción IV y 116.

QUINTO. Por auto de diecinueve de junio de dos mil tres, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, al que le correspondió el número 45/2003, y por razón de turno designó al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia como instructor del procedimiento.

Mediante acuerdo de la fecha indicada, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, reconoció como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tlaxcala, a quienes ordenó emplazar para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tlaxcala al producir su respectiva contestación, manifestaron en síntesis:

El Poder Ejecutivo:

a) Que el procedimiento seguido para la aprobación del decreto impugnado sí cumplió con las formalidades establecidas en la legislación aplicable, toda vez que se presentó una iniciativa, la cual fue discutida y aprobada por el órgano legislativo y posteriormente sancionada, promulgada y publicada por el Ejecutivo, por lo que resulta infundado lo manifestado por el poder actor en cuanto a que dicho procedimiento no se ajustó a derecho.

Que, igualmente, resulta inexacto lo señalado por la actora en cuanto a que el procedimiento de creación del decreto que impugna no es apegado a derecho, al no haberse tomado en cuenta la propuesta que señala haber presentado al momento de su emisión, toda vez que dicho poder no presentó presupuesto alguno para su incorporación a la iniciativa presentada por el Ejecutivo.

Que ante tal omisión, la Secretaría de Finanzas del Estado procedió a elaborar el presupuesto de egresos del poder actor para el año dos mil tres, considerando, en principio, un porcentaje de asignación superior en un 1.5% al considerado para el Ejecutivo y en un 3% mayor al ejercido por el propio actor en el año dos mil dos, por lo que dicha asignación presupuestal no era susceptible de modificación, al ser acorde con la Ley de Hacienda Pública Estatal; por tanto, el gasto público del Poder Judicial Local se ajustó a la previsión presupuestal que la mencionada secretaría le determinó con base en el artículo 15 del ordenamiento legal citado, por un monto de 66.5 millones de pesos.

b) Que con la emisión del decreto impugnado no se viola el principio de división de poderes, toda vez que los demandados se limitaron al ejercicio de las facultades y obligaciones que el orden jurídico les impone, por lo que no resulta válido argumentar que actuaron con superioridad en detrimento del actor, toda vez que dichas atribuciones no se encuentran conferidas a él.

Que cita en apoyo a lo anterior la tesis P. CLVIII/2000, de rubro: "PODERES DE LA FEDERACIÓN. LAS ATRIBUCIONES DE UNO RESPECTO DE LOS OTROS SE ENCUENTRAN LIMITATIVAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES QUE A ELLA SE AJUSTAN."

Que, por tanto, con la modificación al presupuesto de egresos estatal no se viola el ámbito competencial del actor al ser dicha atribución competencia exclusiva del Ejecutivo.

c) Que la modificación al presupuesto de egresos no modifica el que originalmente se le asignó al poder actor, ya que conforme a la iniciativa de éste, se le había asignado la cantidad de 66.5 millones de pesos, por lo que con el decreto que se impugna se corrigió el error en cuanto a la asignación de recursos.

Que lo anterior es así, toda vez que la citada iniciativa en ningún momento consideró una asignación por cinco millones de pesos en el "capítulo 4000, denominado ayudas, subsidios y transferencias", en principio, porque el actor no realiza funciones orientadas a otorgar ayudas o subsidios, ni tampoco cuenta con estructuras desconcentradas o descentralizadas para realizar transferencias, por lo que resultaba improcedente asignarle dicha cantidad.

Que, por tanto, la indicada reducción presupuestal no afecta al actor, ya que se le respeta el presupuesto que originalmente le fue asignado.

d) Que la reforma presupuestal no limita el desarrollo con libertad y sin injerencias externas de la función jurisdiccional y mucho menos violenta la autonomía e independencia del poder actor, por no estar vinculada la reforma con dicha función.

e) Que no se violenta la garantía de audiencia del actor con el decreto impugnado, toda vez que no existe disposición legal para otorgarla, tratándose del procedimiento legislativo.

Que apoya lo anterior, en la tesis número 96 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTÍA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA." y en la tesis 80 del Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES."

e) Que el decreto que se impugna, contrario a lo aducido por el actor, sí respeta el principio de anualidad, ya que su aplicación está supeditada al ejercicio fiscal de dos mil tres, además de que dicho presupuesto no se modificó al libre arbitrio de cualquiera de los poderes, sino con sujeción al orden jurídico aplicable.

Que cita como apoyo a lo anterior la tesis del Tribunal Pleno de rubro: "IMPUESTOS. PRINCIPIOS DE ANUALIDAD DE LOS MISMOS."

f) Que en el caso, no se actualiza violación alguna al artículo 74 de la Constitución Federal, toda vez que este precepto no resulta aplicable al ámbito estatal, sin embargo, la modificación presupuestal se llevó a cabo con base en la legislación aplicable del Estado de Tlaxcala, cuyos requisitos y formalidades se cumplieron cabalmente.

Que contrario a lo expresado por el actor, debe establecerse que no existe impedimento constitucional para que el Poder Legislativo, en uso de sus facultades, en cualquier tiempo expida, reforme o derogue disposiciones en materia tributaria.

Que apoya a lo anterior la tesis del Tribunal Pleno P./J. 14/92, de rubro: "LEYES FISCALES. PUEDEN EXPEDIRSE, REFORMARSE O DEROGARSE DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO."

g) Que debe sobreseerse en la controversia constitucional, al actualizarse el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que el poder actor convino en sujetarse a la asignación presupuestal que señala el decreto impugnado al remitir a la Secretaría de Finanzas estatal el calendario de ministración de recursos, conforme al cual ha venido ejerciendo su presupuesto.

El Poder Legislativo:

a) Que un acto de colaboración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, como lo es la aprobación y publicación del presupuesto de egresos, que además es discrecional, no puede ser calificado como violatorio del principio de división de poderes.

b) Que con la emisión del decreto impugnado no se viola la independencia y autonomía del poder actor, toda vez que la Constitución del Estado de Tlaxcala no le reconoce ninguna injerencia en el procedimiento de estudio, discusión, aprobación y publicación del presupuesto de egresos, por lo que si el actor sostiene que legalmente tiene intervención en él, debió haber invocado el fundamento legal correspondiente, el cual no existe.

c) Que tomando en cuenta que el orden jurídico estatal no determina el sentido en que deben realizarse las modificaciones al presupuesto de egresos, debe entenderse que dicha facultad es discrecional de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Que, por tanto, no puede calificarse de unilateral la mencionada facultad, toda vez que las propuestas que realice el poder actor en materia presupuestal no son vinculatorias para los poderes demandados, toda vez que como ya se dijo tienen facultades discrecionales en la materia.

d) Que no se viola la garantía de audiencia del poder actor en relación con el estudio, discusión, aprobación y publicación del presupuesto de egresos, toda vez que ésta se respeta a través de agotar escrupulosamente el procedimiento legislativo.

e) Que tampoco se viola el principio de anualidad previsto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Federal, con motivo de la modificación al presupuesto de egresos, toda vez que dicho precepto sólo es aplicable al presupuesto federal.

f) Que no se actualiza la violación invocada al artículo 116 de la Constitución Federal, en cuanto a que los poderes demandados asumieron la función de decidir en sustitución del Judicial qué hacer respecto de la partida presupuestal que se le confiere, toda vez que su actuar se ajustó plenamente al orden jurídico local aplicable.

SÉPTIMO. El procurador general de la República, al emitir su correspondiente opinión, adujo medularmente:

a) Que este Alto Tribunal es competente para conocer de la presente controversia constitucional.

b) Que la demanda fue formulada por persona legitimada para ello.

c) Que la presentación de la demanda resulta extemporánea al haberse presentado siete días hábiles posteriores al plazo previsto por el artículo 21 de la ley de la materia, lo anterior en virtud de que lo impugnado en este asunto se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el dieciocho de abril de dos mil tres, y la demanda se presentó hasta el doce de junio del propio año.

d) Que no se actualiza el motivo de sobreseimiento aducido por el Poder Ejecutivo demandado, toda vez que las documentales presentadas por él no pueden considerarse como un convenio, al constituir un informe de la recalendarización del gasto público asignado al poder actor y no un acuerdo de voluntades entre las partes.

e) Que si bien en la emisión del decreto que se combate se observaron las distintas etapas del procedimiento legislativo, las autoridades demandadas dejaron de observar lo previsto por los artículos 298 y 299 del Código Financiero local, toda vez que las modificaciones presupuestales que refieren dichos preceptos, serían con motivo de un incremento al monto de las asignaciones contenidas en el presupuesto de egresos y aprobadas para cada uno de los Poderes del Estado, Municipios y organismos autónomos, por lo que de ninguna manera de dichos supuestos se puede interpretar que la reforma al presupuesto pueda ser con motivo de una reducción.

f) Que del marco normativo que regula la materia presupuestal en el Estado de Tlaxcala, no se advierte disposición alguna que establezca algún supuesto que permita o autorice a los poderes demandados a disminuir el presupuesto de egresos originalmente aprobado, salvo en los casos previstos en el numeral 300 del Código Financiero de la entidad, que refieren que sólo podrán reducirse las asignaciones presupuestales originalmente aprobadas en los casos en que se presente una disminución no prevista de los ingresos.

g) Que por lo expuesto en los incisos precedentes, no se viola la garantía de audiencia al no estar previsto en la legislación aplicable procedimiento alguno que autorice una reducción presupuestal como la que se impugna.

h) Que conforme a lo reseñado en los incisos anteriores, resulta evidente que en el caso se transgrede el principio de competencia constitucional estatuido en el artículo 16 de la Constitución Federal, ya que como se observa las autoridades demandadas se arrogaron facultades que no les competen, por lo que resulta incuestionable que actuaron sin competencia alguna.

Que, con base en lo anterior, resulta inconcuso que los actos desplegados dentro del procedimiento de creación del decreto impugnado adolecen de la debida fundamentación, al no estar facultado el Congreso Local por la legislación aplicable para llevar a cabo la modificación y con ello la reducción al presupuesto de egresos asignado al poder actor.

i) Que, igualmente, los actos que originaron el decreto impugnado carecen de motivación ya que al no existir disposición legal que faculte al Congreso a reducir el presupuesto, resulta obvio que aun cuando existió la iniciativa del gobernador, ésta debió desestimarse por improcedente.

Que apoya sus afirmaciones en las tesis de rubros: "PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE ACTO." y "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA."

j) Que al haber resultado fundada la violación aducida al artículo 16 de la Constitución Federal, deberá declararse la invalidez del decreto impugnado, por lo que resulta innecesario el estudio de los demás argumentos aducidos por la actora.

Que apoya lo anterior en la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ."

OCTAVO. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO. Atendiendo a la solicitud formulada por el Ministro ponente a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.

DÉCIMO. En sesión de tres de octubre de dos mil tres, la Sala mencionada determinó, por unanimidad de votos, retirar el proyecto presentado por el Ministro ponente.

DÉCIMO PRIMERO. Conforme a la solicitud presentada a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte del Ministro ponente, se acordó remitir nuevamente el expediente en que se actúa al Tribunal Pleno para que éste se aboque a su resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial, todos del Estado de Tlaxcala.

SEGUNDO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se procede a analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

Del análisis integral de la demanda, se advierte que en la presente controversia constitucional se demanda la invalidez de la expedición, sanción, promulgación y publicación del "Decreto Número 49, por el que se reforman, adicionan, derogan, suprimen y fusionan diversos artículos del presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal del año 2003", por medio del cual se redujo al poder actor de su presupuesto la cantidad de $5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), y como consecuencia de ello se advierte, en suplencia de la queja deficiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que demanda la omisión de enterarle esa suma.

Por cuanto hace al decreto que se impugna en esta vía, resulta innecesario analizar si la demanda fue presentada en forma oportuna, en atención a que de autos se desprende que respecto de él se actualiza una causa de improcedencia que impide su estudio, motivo por el cual carece de trascendencia analizar dicho aspecto.

Ahora bien, en lo relativo a la omisión de enterarle la cantidad de $5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), debe tenerse en cuenta lo siguiente:

El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la contro

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17868-bebcb0a5/controversia-constitucional-la-omision-del-ejecutivo-local-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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