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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE LA LEGISLATURA LOCAL SUSPENDA O REVOQUE EL MANDATO A ALGUNO DE LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO, ES NECESARIO QUE A ÉSTE LE CONCEDA DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2003. · Registro digital (IUS): 18604
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE PANOTLA, ESTADO DE TLAXCALA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, , Pág. 990.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2003. MUNICIPIO DE PANOTLA, ESTADO DE TLAXCALA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de noviembre de dos mil cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el diecisiete de octubre de dos mil tres, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Bertoldo Sánchez López, quien se ostentó como síndico del Municipio de Panotla, Estado de Tlaxcala, en su representación, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"Autoridades demandadas: A) Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con domicilio en el Palacio Legislativo sito en calle Ignacio Allende No. 31 Col. Centro de la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala. B) Al Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, con domicilio en Plaza de la Constitución No. 3 de la ciudad de Tlaxcala, en el propio Palacio de Gobierno. C) Al secretario general de Gobierno del Estado de Tlaxcala, con domicilio en Plaza de la Constitución No. 3 de la ciudad de Tlaxcala, en el propio Palacio de Gobierno del Estado. D) Al ciudadano oficial mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, con domicilio en Plaza de la Constitución No. 3 de la ciudad de Tlaxcala, en el propio Palacio de Gobierno del Estado, quien es el director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado. La norma o acto cuya invalidez se demanda: De las autoridades señaladas como demandadas son los siguientes: Del honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, le demando: 1. La aprobación y expedición del Decreto No. 164 el día veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y dos y publicado el diecisiete de agosto del año dos mil uno en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 2. La aprobación y expedición del Decreto No. 21 el día ocho de octubre del año dos mil dos, publicado el día dieciséis de octubre del año dos mil dos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 3. El oficio número OFS1198/2003, signado por el C. Florentino Flores Xelhuantzi, de fecha diez de julio del año dos mil tres, dirigido al C. Maurilio Palacios Montales, presidente municipal constitucional de Panotla, Tlaxcala. 4. La aprobación y expedición del Decreto No. 56 del día cuatro del mes de septiembre del año dos mil tres, publicado el día nueve de septiembre del año dos mil tres en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, le reclamo la sanción, promulgación y orden para la publicación de los decretos antes citados. Del secretario general de Gobierno del Estado de Tlaxcala, le demando la firma por la cual refrendó la sanción, promulgación y orden para la publicación de los decretos antes citados. Del ciudadano oficial mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, le demando la publicación de los decretos antes citados en su carácter de director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala."

SEGUNDO. En la demanda la parte actora señaló los antecedentes que estimó convenientes y en síntesis hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:

a) Que el Decreto 164 de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y dos, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete de agosto de dos mil uno, mediante el cual se crea la Agencia Municipal de la colonia Santa Elena del Municipio de Panotla, Estado de Tlaxcala, transgrede el principio de legalidad, pues la citada Agencia Municipal no cumple con los requisitos exigidos por la ley para ser considerada como tal.

b) Que todos los actos posteriores a la creación de la Agencia Municipal que tuvieron como fundamento el Decreto 164 deben seguir la misma suerte de éste y, por ende, declararse inconstitucionales, como son el Decreto 21, el oficio OFS/1198/2003 y el Decreto 56.

c) Que el Decreto 56 carece de la debida fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad, transgrediendo los artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que en el citado acto se estableció que no procede la abrogación del Decreto 164, sin fundar ni motivar la causa legal del procedimiento.

d) Que al expedir el Decreto 56 y con ello negar la abrogación del diverso 164, transgrede preceptos constitucionales, porque no funda ni motiva tal negativa, pues para la emisión del segundo de ellos, no se cumplieron con los requisitos previstos en la Ley Orgánica Municipal vigente en ese momento.

e) Que el Congreso del Estado en la elaboración del Decreto 56 pretende ocultar información con respecto al trámite que se siguió para la emisión del Decreto 164, pues en ninguna de sus partes se menciona el número de expediente parlamentario que le dio origen ni cuáles fueron las pruebas tendentes a demostrar que el fraccionamiento residencial privado Santa Elena en mil novecientos noventa y dos, cumplió con los requisitos para ser declarado Agencia Municipal.

f) Que para la elaboración del Decreto 56 únicamente se analizó el cumplimiento de las formalidades de las etapas del procedimiento legislativo llevado a cabo para la expedición del Decreto 164, habiéndose soslayado estudiar la creación de la Agencia Municipal, así como el análisis de las pruebas aportadas por el entonces Ayuntamiento en funciones a la Quincuagésima Tercera Legislatura Local.

Que la Comisión Dictaminadora de referencia tenía la obligación de estudiar el origen del Decreto 164, la existencia de las pruebas que demuestren fehacientemente que el fraccionamiento Santa Elena cumplió con los requisitos exigidos por la entonces vigente Ley Orgánica Municipal y hacer una relación sucinta de dichas probanzas, así como de los antecedentes existentes en los archivos del Palacio Legislativo para que el Decreto 56 estuviera debidamente fundado y motivado.

TERCERO. Los preceptos que se estiman violados son 14, 16, 39, 115 y 133 de la Constitución Federal.

CUARTO. Por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil tres, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 97/2003 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Humberto Román Palacios.

Mediante diverso proveído de veintiuno de octubre de dos mil tres, se requirió al Municipio actor para que aclarara el oficio de demanda y manifestara si también impugnaba la retención de los recursos económicos que le corresponden.

En oficio mediante el cual desahoga el requerimiento de mérito, la parte actora aclara que también impugna la "retención y suspensión de todos y cada uno de los recursos económicos públicos federales y estatales de los diversos programas que legalmente le corresponden al Municipio de Panotla, Tlaxcala", acto que de igual forma se tuvo como demandado.

Por auto de treinta y uno de octubre de dos mil tres, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, teniendo únicamente como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo, Ejecutivo, secretario de Gobierno y al Órgano de Fiscalización Superior, todos del Estado de Tlaxcala, a quienes ordenó emplazar para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde.

QUINTO. Las autoridades demandadas al dar contestación al oficio de demanda señalaron, en síntesis, lo siguiente:

1. El Órgano de Fiscalización Superior.

a) Que todos los actos realizados por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala han sido apegados a derecho, en virtud de que para expedir el oficio OFS/1198/2003, se estuvo al contenido de los Decretos 164, 21 y 56, los cuales fueron emitidos por el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y que por el hecho de publicarse en el Periódico Oficial de la entidad son obligatorios y, por ende, ese órgano debe cumplirlos.

b) Que el presidente y el Cabildo del Municipio de Panotla, Estado de Tlaxcala, son quienes han incurrido en desobediencia a la ley, pues han desacatado los Decretos 164, 21 y 56, discriminando a la comunidad de Santa Elena al no entregarle recursos económicos.

c) Que el Municipio actor por conducto de Bertoldo Sánchez López, síndico y procurador del mismo, ha promovido ante ese Órgano de Fiscalización Superior recurso de revocación en contra del oficio OFS/1198/2003, el que se encuentra pendiente de resolución, por lo que la presente controversia es improcedente respecto de tal acto, resultando aplicable la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PREVISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O SI HABIÉNDOLO HECHO ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA."

d) Que es de hacer notar que el citado síndico promovió la controversia constitucional mediante escrito presentado en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el diecisiete de octubre de dos mil tres, siendo que desde el seis de octubre de ese mismo año, ese Órgano de Fiscalización había otorgado el visto bueno para que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado liberara los recursos económicos a favor del Municipio de Panotla, Estado de Tlaxcala.

2. El secretario de Gobierno del Estado.

Que el refrendo de los decretos impugnados no es inconstitucional pues tiene como fundamento legal lo establecido por los artículos 69 de la Constitución Local y 28, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, y que con el refrendo, el secretario de Gobierno se convierte en un autentificador de la firma del titular del Ejecutivo Estatal, por lo que tal acto cumple una función meramente formal.

Que además, el refrendo no se combate por vicios propios, ni es señalado como acto aislado de autoridad, por lo que con su emisión se cumplió con los requisitos de legalidad y seguridad jurídicas previstos por el artículo 16 constitucional, resultando aplicables las tesis de rubros: "REFRENDO DE UNA LEY, NATURALEZA DEL." y "REFRENDO DE UNA LEY, CONSTITUCIONALIDAD DEL."

3. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

a) Que la orden de impresión, publicación, circulación y el proveer lo necesario para que se dé debido cumplimiento a un decreto, tiene como fundamento lo previsto por los artículos 49 y 70, fracción II, de la Constitución del Estado de Tlaxcala.

Que los citados actos no son aislados, sino que forman la fase final del procedimiento legislativo que culmina con el acto mediante el cual el Ejecutivo Estatal da a conocer la ley a los habitantes a través del órgano masivo de difusión oficial, esto es, el periódico oficial y que para el cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación de dichos actos solamente se requiere: 1) Que provengan de autoridad competente para emitirlos; y 2) Que se cumplan las formalidades exigidas por la ley para ello; requisitos que en el presente caso se cumplieron y respecto de los cuales no se requiere que se hagan constar en las actas de promulgación correspondiente; lo cual aunado a que en contra de dichos actos promulgatorios no se hace valer ningún concepto de violación por vicios propios, por lo que respecto de ellos debe decretarse el sobreseimiento, resultando aplicable la tesis de rubro: "PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESE ACTO."

4. El Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

a) Que no asiste razón al promovente en virtud de que el Decreto 164 por el cual se creó la Agencia Municipal de Santa Elena, ahora Presidencia de Comunidad de la colonia Santa Elena, fue realizado conforme a derecho, de acuerdo a las facultades del Congreso del Estado y ajustado a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Tlaxcala vigente en ese momento.

b) Que respecto del decreto de referencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el diecisiete de agosto de dos mil uno, por lo que la promoción de la controversia constitucional se realizó en forma extemporánea.

c) Que debe tomarse en cuenta que con la emisión del Decreto 164 el Congreso del Estado no ejerció funciones legislativas, pues dicho acto no comparte las características de una norma general, abstracta, impersonal y heterónoma, sino que se refiere a una situación concreta, consistente en la creación de una Presidencia de Comunidad denominada Santa Elena y en dar los lineamientos a seguir para que eligieran a sus representantes por usos y costumbres.

d) Que respecto del Decreto 21 publicado el dieciséis de octubre de dos mil dos, también se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, por lo que con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la citada ley, debe sobreseerse.

Que aunado a lo anterior, el citado decreto fue apegado a derecho y emitido de acuerdo con las facultades legales que tiene la legislatura.

e) Que también resulta improcedente la controversia constitucional para impugnar el decreto de referencia, en virtud de que se trata de un acto de carácter electoral, pues en él se calificó la elección de presidente de la comunidad de "Santa Elena", Municipio de Panotla, Estado de Tlaxcala, citando la tesis de rubro: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZACIÓN O CALIFICACIÓN DE COMICIOS LOCALES. SON IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.", por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción II del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia.

f) Que por lo que hace al Decreto 56 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el nueve de septiembre de dos mil tres, es válido en virtud de que los razonamientos realizados por los solicitantes para la abrogación del Decreto 164 eran inoperantes, puesto que el procedimiento parlamentario que se siguió para su publicación fue el correcto, aunado a que no existe una prueba tendente a demostrar que existe un vicio en el procedimiento legislativo respecto del citado decreto.

Que asimismo, es necesario establecer que el artículo 14 de la Constitución Federal establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, por lo que aunque procediera la abrogación del Decreto 164, se contravendría la garantía de seguridad jurídica consagrada por dicho precepto constitucional, por lo que se violarían garantías a particulares y a terceros.

Que, por tanto, los conceptos de invalidez que hace valer la parte actora resultan inoperantes respecto de los actos que reclama del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, por lo que sus apreciaciones respecto de los preceptos constitucionales que estima violados son infundadas.

SEXTO. El procurador general de la República al rendir su opinión en lo sustancial dijo:

a) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para sustanciar y resolver la presente controversia constitucional en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal.

b) Que la parte actora cuenta con legitimación para promover la presente controversia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42, fracción III, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.

c) Que en el presente caso, la impugnación de los Decretos 164, 21, el oficio OFS/1198/2003, así como la suspensión y retención de los recursos federales y estatales resulta extemporánea; que por lo que hace al Decreto 56 la presentación de la demanda es oportuna; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia que hace valer el Congreso del Estado de Tlaxcala, prevista por el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21 de la ley reglamentaria de la materia, relativa a la extemporaneidad en la impugnación de los Decretos 164 y 21, por lo que respecto de ellos procede sobreseer la presente controversia constitucional.

d) Que por lo que hace al argumento aducido por el Congreso Local respecto a que la controversia constitucional no es la vía idónea para impugnar el Decreto 21 en virtud de que versa sobre cuestiones electorales y, por tanto, se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 19, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, es infundada, puesto que el decreto de mérito no se refiere a cuestiones electorales, sino que se combate por su inconstitucionalidad.

e) Que respecto del acto consistente en la suspensión y retención de los recursos federales y estatales que corresponden al Municipio de Panotla, Estado de Tlaxcala, se actualiza la causa de improcedencia que se prevé en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que su ámbito temporal de validez se limitó al año de dos mil tres, ya que la distribución de los recursos se realizan durante un año fiscal, tal como lo indica el artículo primero transitorio del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil tres del Estado de Tlaxcala, por lo que es evidente que los actos han cesado, resultando innecesario entrar a su estudio, puesto que de conformidad con el artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia, la declaración de invalidez no tendría efectos retroactivos.

f) Que el Congreso del Estado de Tlaxcala al momento de expedir los Decretos 164 y 21 cumplió con la fundamentación exigida por el artículo 16, primer párrafo, constitucional, ya que su actuación se basó en las facultades que tanto la Constitución Local como la Ley Orgánica Municipal le conceden.

Que respecto de la motivación, de acuerdo con las pruebas aportadas por las partes, se acreditó la necesidad de crear la Agencia Municipal y la revalidación de la elección de la Presidencia de Comunidad de la colonia de Santa Elena, por lo que la Legislatura Local hizo una adecuada valoración de las mismas.

Que al demostrarse que las violaciones de carácter formal no trascendieron de manera fundamental a la expedición y publicación de los Decretos 164 y 21, devienen infundados los argumentos del Municipio actor y procede declarar su validez, resultando aplicable la tesis de rubro: "VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA."

g) Que por lo que hace al Decreto 56 que resuelve la improcedencia de la abrogación del diverso 164, no asiste la razón al Municipio actor, toda vez que no existió prueba contundente que demostrara irregularidades o vicios en el procedimiento legislativo que creó la Agencia Municipal, por lo que procede declarar su validez.

h) Que en relación con el oficio OFS/1198/2003 emitido por el Órgano de Fiscalización Superior, se desprende que el Municipio actor argumentó que dicho oficio tiene su origen en el Decreto 164, por lo que si éste se emitió conforme a los requisitos establecidos por las leyes locales, el citado oficio tiene validez constitucional.

i) Que toda vez que del escrito de demanda no se advierte argumento alguno tendente a demostrar la violación aducida a los preceptos 39 y 115 de la Constitución Federal, resulta inatendible entrar a su estudio.

Que, por tanto, devienen infundados los argumentos del Municipio actor y procede declarar la validez de los Decretos 164, 21 y 56.

SÉPTIMO. Mediante oficio presentado el doce de marzo de dos mil cuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el actor en el presente juicio promovió ampliación de demanda respecto de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que enseguida se señalan:

"Autoridades demandadas: A) Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala ... B) Al Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala ... C) Al secretario general de Gobierno del Estado de Tlaxcala ... D) La Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes del honorable Congreso del Estado de Tlaxcala ... E) Al secretario parlamentario del honorable Congreso del Estado de Tlaxcala ... La norma o acto cuya invalidez se demanda, de las autoridades señaladas como demandadas son las siguientes: Del honorable Congreso del Estado de Tlaxcala. El dictamen de sentencia emitido por los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, el día veinticuatro de febrero del año dos mil cuatro, y signado por los integrantes de la mesa directiva, en el expediente parlamentario número 103/2003, a través del cual se le revocó el mandato como presidente municipal constitucional de Panotla, Tlaxcala, al ciudadano Maurilio Palacios Montales (dicho dictamen de sentencia no fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, a pesar de que así se ordenó en el séptimo resolutivo del referido dictamen). Así como también le demando la aprobación y expedición del acuerdo de fecha diecisiete de febrero de dos mil cuatro, publicado el mismo, el día veintitrés de febrero de dos mil cuatro, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el cual contiene los puntos resolutivos del dictamen de procedencia emitido el tres de diciembre de dos mil tres, por la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes del honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual la Comisión Instructora de Juicio Político propuso revocar el mandato al ciudadano Maurilio Palacios Montales, como presidente municipal constitucional del Municipio de Panotla, Estado de Tlaxcala. Del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, le reclamo la sanción, promulgación y orden para la publicación del acuerdo de fecha diecisiete de febrero de dos mil cuatro y publicado el veintitrés de febrero del año dos mil cuatro, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Del secretario general de Gobierno del Estado de Tlaxcala, le demando la firma por la cual refrendó la sanción, promulgación y publicación del acuerdo antes aludido. De la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes del honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, le demando el procedimiento fraudulento ilegal y arbitrario, seguido dentro del expediente parlamentario 103/2003, en contra del ciudadano Maurilio Palacios Montales, como presidente municipal constitucional del Municipio de Panotla, Estado de Tlaxcala. Así como también le demando a dicha comisión el dictamen de procedencia emitido por los integrantes de dicha comisión, dentro del expediente parlamentario antes citado, pues dicha comisión propuso el referido dictamen de procedencia ante el Pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, para que el Pleno de la Legislatura del Estado de Tlaxcala, lo sometiera a votación tal como sucedió el día veinticuatro de febrero del año en curso, fecha en la que el Pleno del honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, en sesión privada se erigió en jurado de acusación o sentencia y determinó por mayoría de votos aprobar el dictamen de procedencia propuesto por la Comisión Instructora de Juicio Político del Congreso Local, revocándole con esta fecha el mandato como presidente municipal constitucional de Panotla, Tlaxcala, al ciudadano Maurilio Palacios Montales. Al secretario parlamentario del honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, le demando la ilegal notificación realizada al honorable Ayuntamiento de Panotla, Tlaxcala, de los actos que se le reclaman al honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, y a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes del honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, ya que en las diligencias de notificación realizadas por el secretario parlamentario del honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, dicho funcionario jamás se apegó a lo que de estricto derecho dispone el ordenamiento legal aplicable al caso concreto."

OCTAVO. En la ampliación de demanda se señalaron los antecedentes que se estimaron pertinentes y en lo toral se adujeron los siguientes conceptos de invalidez:

a) Que es inconstitucional la revocación del mandato a Maurilio Palacios Montales, presidente municipal de Panotla, Estado de Tlaxcala, puesto que el Congreso viola lo dispuesto por el artículo 115, fracción I, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal, ya que no se demostró que el citado alcalde haya incurrido en alguna de las causas graves a las que se refiere el citado artículo.

Que aunado a lo anterior, las causas por las cuales se siguió el procedimiento dentro del expediente parlamentario 103/2003, no constituyen ninguna de las causas graves previstas por la Ley Municipal para la revocación del mandato, por lo que dicha revocación no se encuentra fundada y motivada.

b) Que el procedimiento seguido únicamente al presidente municipal, es infundado, puesto que la determinación de no tomarle la protesta a Josefina Stevenson González como presidenta de Comunidad, fue tomada por la mayoría de los integrantes del Cabildo y no en forma unilateral, por lo que en todo caso el procedimiento debió seguirse a todos ellos.

c) Que en el procedimiento seguido al presidente municipal, incorrectamente se desestimó la prueba testimonial ofrecida respecto de la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento de Panotla, por considerar que fueron presionados o inducidos por el presidente municipal para rendir su testimonio a favor de éste; que lo anterior es así puesto que entre los miembros del Ayuntamiento únicamente existe una relación de coordinación y no de subordinación, según se desprende de las disposiciones legales aplicables.

d) Que de manera infundada e ilegal el Congreso del Estado revocó el mandato del presidente municipal bajo el argumento de que desacató la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictada en el expediente SUP-JDC-770/2002, siendo que dicha resolución va dirigida al Ayuntamiento de Panotla, por lo que de haberse incumplido, tal situación no es imputable al presidente municipal, sino a los integrantes del citado Ayuntamiento, aclarando que es falso que no se haya dado cumplimiento a la resolución de referencia, además de que no es facultad de la legislatura sancionar por desacato a una resolución que ella no emitió.

e) Que no se acreditó la acusación consistente en que el alcalde revocado, discriminó a los vecinos del fraccionamiento Santa Elena, ni se señalaron cuáles eran los argumentos en que se basaba tal afirmación.

f) Que tampoco se demostró con pruebas fehacientes que el presidente municipal de Panotla, hubiera desviado recursos públicos para eventos del Partido del Trabajo, pues en el dictamen de procedencia aprobado por la comisión instructora no se señala en qué pruebas se basó para acreditar tal acusación, ni cuál es el monto del mismo.

Que aunado a lo anterior, de haber existido el citado desvío, la comisión instructora tenía la obligación de solicitar el apoyo del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, pues dicho órgano es quien revisa y audita las finanzas públicas del Municipio, por lo que aunado a ello, si hubiera existido dicho desvío, debió haberlo detectado.

g) Que existieron múltiples violaciones dentro del procedimiento que se siguió al presidente municipal, consistentes en:

1. Que se dio valor de prueba plena a indicios y suposiciones, con lo que se viola la garantía de legalidad, pues se hace una valoración inexacta de los argumentos y pruebas aportados.

2. Que es inconstitucional que el Congreso del Estado haya emitido el dictamen de sentencia en los términos que se hizo, en virtud de que una de las causas principales en que se basó fue en la negativa del presidente municipal de rendir la protesta a la presidenta de comunidad de la colonia Santa Elena, siendo que tenía conocimiento de que el once de febrero de dos mil cuatro, se concedió la suspensión al Municipio actor respecto de los efectos del artículo segundo del Decreto 21.

3. Que dentro de la sustanciación del trámite, se abrió un periodo "extraordinario" de pruebas sin que haya existido uno ordinario, aunado a que no se respetaron los plazos que para tal efecto establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, violaciones que trascendieron al resultado del fallo.

4. Que durante el desarrollo del procedimiento, no se designó a un diputado que actuara como ponente, tal como lo dispone el artículo 63 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

NOVENO. Los artículos de la Constitución Federal que la parte actora estima violados con los actos materia de la ampliación son: 1o., 8o., 14 y 16 en relación con los artículos 39, 41, primer párrafo, 115, fracción I y 133.

DÉCIMO. Por acuerdo de doce de marzo de dos mil cuatro, el Ministro instructor admitió la ampliación a la demanda, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, del secretario general de Gobierno del Ejecutivo, de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes y del secretario parlamentario, ambos del Congreso del Estado, a quienes ordenó notificar para que formularan contestación al respecto y dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde.

DÉCIMO PRIMERO. Las autoridades demandadas al dar contestación a la ampliación de demanda, sustancialmente manifestaron:

1. El Poder L

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18604-1f95ec45/controversia-constitucional-para-que-la-legislatura-local-suspenda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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