I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES DE UN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO QUE HACEN EFECTIVA LA SANCIÓN ORDENADA POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO, CUANDO NO SE PLANTEA LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO (RESOLUCIÓN DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE POR LA QUE EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ORDENA DESTITUIR AL TESORERO MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO DE ESA ENTIDAD). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE UN AYUNTAMIENTO (RESOLUCIÓN DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE POR LA QUE EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ORDENA DESTITUIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO DE ESA ENTIDAD). IV. DESTITUCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 167/2017. MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS. 9 DE MAYO DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO DE FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y PRESIDENTA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ QUIEN MANIFESTÓ ESTAR CON EL SENTIDO PERO CON SALVEDAD EN LAS CONSIDERACIONES. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de mayo de dos mil dieciocho.
V I S T O S; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yazmín Velázquez Flores, en su carácter de síndica del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, promovió controversia constitucional en representación de la propia municipalidad, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:
Entidad, poder u órgano demandado:
• Poder Legislativo del Estado de Morelos.
• Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
• Secretario de Gobierno del Estado de Morelos.
• Secretario de Trabajo del Estado de Morelos.
Norma general o acto cuya invalidez se demanda:
• El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
• La resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral 01/14/07, en la que se declara procedente la destitución del tesorero y del presidente municipal, ambos del municipio de Tlaquiltenango, Morelos.
• La orden al tesorero y al presidente municipal, ambos del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, de abstenerse de realizar todo tipo de actos jurídicos y administrativos que correspondan a sus cargos, apercibidos de que en caso de no acatar la destitución ordenada podría encuadrarse la conducta estipulada en el artículo 295 del Código Penal para el Estado de Morelos.
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
a) El uno de enero de dos mil dieciséis se integró el actual cabildo de Tlaquiltenango, Morelos, y en ejercicio de las facultades que le corresponden, el presidente municipal nombró al tesorero municipal.
b) El cinco de abril de dos mil diecisiete, la síndica municipal se enteró que el actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, le había comunicado al presidente municipal de Tlaquiltenango, Morelos, la resolución dictada el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete dentro del expediente laboral 01/14/07, en el cual se resolvió declarar procedente la orden de destitución de dicho funcionario y del tesorero municipal, decretada mediante acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, conforme a lo previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; además, en la misma resolución se ordenó a los referidos funcionarios que se abstuvieran de realizar todo tipo de actos, tanto jurídico como administrativos, que en razón de sus funciones les corresponden.
TERCERO. Conceptos de invalidez.
• Del apartado de la demanda denominado “IV.- NORMA INVALIDEZ SE IMPUGNA”, se desprende que el órgano actor hizo valer el siguiente motivo de disenso:
1. Que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no cumple con las formalidades del proceso legislativo previsto en el numeral 72 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.
• Por otro lado, del apartado que se titula “IV.- ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA”, se desprende que el municipio actor planteó los siguientes conceptos de invalidez:
2. Que la aplicación de la fracción II, del artículo 124, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, implica la invasión de esferas competenciales de la legislatura estatal.
3. Que resulta inconstitucional la resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral 01/14/07, en la que se declara procedente la destitución del tesorero y del presidente municipal, ambos del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, decretada mediante acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, pues se encuentra fundada en un precepto que resulta contrario a los artículos 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 41, 42, 44, 47, 70, fracciones XVII y XXVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
4. Que la destitución ordenada del presidente municipal y tesorero, ambos de Tlaquiltenango, Morelos, provoca inestabilidad en la integración del ayuntamiento, y daña a la colectividad y al interés social.
• Finalmente, en los párrafos que conforman la porción denominada “VII. CONCEPTOS DE INVALIDEZ”, el ayuntamiento promovente expresó lo siguiente:
5. Reitera que, el artículo 124, fracción II, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no cumple con los requisitos constitucionales de creación de las normas, por lo que vulnera en perjuicio del municipio actor, el derecho al debido proceso previsto en el artículo 14 de la Carta Magna.
Afirma que son evidentes los vicios legislativos del precepto que se combate, pues nunca existió iniciativa de ley, discusión o votación, así como tampoco se sometió al refrendo requerido.
6. Que la norma legal impugnada es contraria a lo previsto en el artículo 115 de la Constitución General, ya que conforme a dicho precepto, le corresponde a las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender o revocar el mandato a alguno de los miembros del ayuntamiento por alguna de las causas graves que la ley local prevea, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y formular alegatos.
De manera que, se reitera la inconstitucionalidad del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues otorga al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje la atribución para destituir miembros de los ayuntamientos, facultad que le corresponde al legislador local.
7. Que el acuerdo en el cual se decreta la destitución del presidente y tesorero municipal de Tlaquiltenango, Morelos, contraviene el contenido del artículo 14 constitucional, al no otorgar al afectado, previo al acto de autoridad, la oportunidad razonable de defenderse en juicio.
8. Que la orden de destitución de los funcionarios municipales carece de adecuada fundamentación y motivación, trasgrediendo lo previsto en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
9. Que la remoción del tesorero municipal invade la esfera de competencias del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, pues conforme a la fracción III, de la Ley Orgánica Municipal, es facultad exclusiva del presidente municipal el nombramiento y la remoción de dicho funcionario.
CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. La parte actora estima violados los artículos 14, 16 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, el Ministro Decano José Ramón Cossío Díaz, Presidente en funciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 167/2017, y por razón de turno designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento.
Mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió la demanda, tuvo promoviendo la presente controversia constitucional a Yazmín Velázquez Flores, síndica del municipio de Tlaquiltenango, Morelos; y como demandados únicamente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos, así como al Secretario de Gobierno y del Trabajo de la entidad, estos dos últimos sólo por lo que hace al refrendo de la norma impugnada; destacando que no se tuvo como demandado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje al considerar que es un órgano interno o subordinado del Poder Ejecutivo local.(1) A los cuales, ordenó emplazarlos para que formularan su respectiva contestación; asimismo ordenó dar vista al Procurador General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera, quien se abstuvo de formular opinión.
SEXTO. Contestaciones a la demanda.
• El Secretario del Trabajo del Estado de Morelos, al rendir su contestación a la demanda de controversia constitucional, manifestó, en resumen, lo siguiente:
1. Que el municipio actor tenía conocimiento del juicio laboral seguido en su contra, así como de la resolución dictada en dicho procedimiento, por lo que tuvo la oportunidad de hacer valer los medios legales correspondientes.
2. Que la norma cuya invalidez se reclama, concede al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos la facultad de destituir al funcionario que desobedezca sus resoluciones.
3. Que el titular de la Secretaría del Trabajo carece de atribuciones para refrendar el decreto promulgatorio que realice el Gobernador del Estado respecto de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que esto le corresponde únicamente al Secretario de Gobierno, en términos de los artículos 70, fracción XVII, y 76, de la Constitución Política de dicha entidad.
• El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el Secretario de Gobierno de la referida entidad, señalaron coincidentemente en sus contestaciones a la demanda de controversia constitucional, en síntesis, lo siguiente:
1. Que contrario a lo manifestado por el municipio actor, las destituciones ordenadas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el expediente 01/14/07, no constituyen el primer acto de aplicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues el propio Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, promovió un juicio de amparo indirecto en contra de la aplicación del artículo 124, fracción II, del citado cuerpo normativo, el cual se encuentra registrado bajo el número de expediente 1669/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito del Decimoctavo Circuito; asimismo, se promovieron las diversas controversias constitucionales identificadas con los números 58/2017 y 113/2017.
En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 21, fracción II, en relación con el diverso 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Que el acto reclamado no afecta la integración ni el ejercicio de las funciones del ayuntamiento actor, pues los funcionarios cuya destitución se ordena tienen suplentes designados para que, cuando sea necesario sustituir al servidor público electo —como es el caso del Presidente Municipal—, el suplente asuma el cargo y garantice la continuidad del ejercicio de las facultades y atribuciones con las que contaba el titular del puesto.
3. Que resulta inoportuna la impugnación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que el término de treinta días para hacer valer el presente medio de defensa constitucional feneció desde el dieciocho de octubre del año dos mil, por lo que debe sobreseerse en la presente controversia.
4. Que conforme al artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Morelos, la Ley del Servicio Civil de dicha entidad es producto de un proceso legislativo, es decir, su contenido emanó del Congreso local; además, el titular del Poder Ejecutivo se encargó de publicar el decreto promulgatorio correspondiente en el Periódico Oficial del Estado.
Señala que, el mencionado precepto constitucional establece que el decreto promulgatorio que realice el Gobernador del Estado, respecto de las leyes y decretos legislativos, deberá ser refrendado únicamente por el Secretario de Gobierno, como ocurrió en el caso de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, tal y como consta en la publicación del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, correspondiente al seis de septiembre del año dos mil.
5. Que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al imponer las sanciones correspondientes a los funcionarios infractores, actuó conforme a las atribuciones que le confiere la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en los artículos 123 y 124, fracción II, de los cuales se desprende la facultad de dicho órgano jurisdiccional para hacer efectivos los apercibimientos a los funcionarios que se nieguen a cumplir las resoluciones que emite.
6. Que el artículo 41, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que el Presidente Municipal, como representante político, jurídico y administrativo del ayuntamiento, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
7. Que en términos del artículo 25, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta manifiesta e indudable la improcedencia del medio de protección constitucional, pues el acto cuya invalidez se demanda proviene de una resolución jurisdiccional.
• Por su parte, la autoridad demandada Poder Legislativo del Estado de Morelos, manifestó en su contestación, sucintamente, lo siguiente:
1. Que la controversia constitucional resulta improcedente en términos del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, toda vez que el ayuntamiento actor no cuenta con interés legítimo para promoverla, ya que la legislatura estatal de ninguna manera invade la esfera competencial del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, ni vulnera su autonomía, pues el congreso local cuenta con las facultades constitucionales para expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administración interior de la entidad.
2. Que la emisión de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, si cumplió con el proceso legislativo, tal y como se aprecia del semanario de debates de la sesión ordinaria de la Cuadragésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, correspondiente al veintidós de agosto del año dos mil.
De dicho documento se aprecia, que fueron las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, y de Trabajo y Previsión Social, las que emitieron el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada por el entonces Diputado Noé Suárez López, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; así como a la iniciativa que adicionaba un párrafo al artículo 39, del cuerpo normativo impugnado, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En dicha sesión, se dio lectura al dictamen y se sometió a votación del Pleno del Congreso del Estado, obteniendo veintiséis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
3. Que la orden de destitución del alcalde y del tesorero del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, fue apegada a las facultades previstas en el artículo 124, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dotadas al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por el Legislador local, para efecto de hacer cumplir sus resoluciones.
4. Que al ordenar la destitución de los referidos funcionarios municipales, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos no juzga la responsabilidad sobre el actuar del municipio, sino que únicamente decide sobre la responsabilidad de titulares de los órganos vinculados directamente con el cumplimiento de los laudos; por lo tanto, no se puede considerar afectada la esfera de atribuciones del municipio, pues solo existe afectación directa para la persona física destituida.
SÉPTIMO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
OCTAVO. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictado por la Ministra Presidenta de la Primera Sala, se AVOCÓ al conocimiento del asunto y además, determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en el punto Segundo, fracción II, a contrario sensu, y punto Tercero del Acuerdo 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, dado el sentido del fallo.
SEGUNDO. Fijación de la Litis. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a precisar los actos que son objeto de la controversia constitucional.
En el apartado denominado actos cuya invalidez se demanda, señaló como tales los siguientes:
• El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
• La resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral 01/14/07, en la que se declara procedente la destitución del tesorero y del presidente municipal, ambos del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, decretada mediante acuerdo de dieciocho de abril de dos mil dieciséis.
• La orden al tesorero y al presidente municipal, ambos del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, de abstenerse de realizar todo tipo de actos jurídicos y administrativos que correspondan a sus cargos, apercibidos de que en caso de no acatar la destitución ordenada podría encuadrarse la conducta estipulada en el artículo 295 del Código Penal para el Estado de Morelos.
No obstante tal señalamiento, esta Primera Sala considera que del análisis integral de la demanda, lo efectivamente impugnado es el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y la resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral 01/14/07, en la que se declara procedente la destitución del tesorero y del presidente municipal, ambos del municipio de Tlaquiltenango, Morelos.
Esto pues, en su demanda el actor no se duele de la orden al tesorero y al presidente municipal, ambos del municipio actor de abstenerse de realizar todo tipo de actos jurídicos y administrativos que correspondan a sus cargos, apercibidos de que en caso de no acatar la destitución ordenada podría encuadrarse la conducta estipulada en el artículo 295 del Código Penal para el Estado de Morelos, sino que únicamente ataca las destituciones decretadas, siendo las órdenes y apercibimiento señalados, consecuencia de la destitución que en realidad controvierte, por lo que, es ese sólo acto el que debe tenerse por impugnado.
Lo anterior, en atención a la jurisprudencia P. /J. 98/2009,(2) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente:
“CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA. El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.”
TERCERO. Oportunidad. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia, establece en sus fracciones I y II el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará de la siguiente forma.(3)
Tratándose de actos:
a. A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;
b. A partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución;
c. A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
En el caso de normas generales:(4)
a. A partir del día siguiente a la fecha de su publicación;
b. A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
En primer lugar deberá analizarse la oportunidad de la demanda respecto de la resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral 01/14/07, en atención a lo siguiente:
• El martes cuatro de abril de dos mil diecisiete se notificó al municipio actor mediante el oficio TECyA/696/2017, la determinación impugnada (foja 27 del expediente).
• La notificación surtió efectos el miércoles cinco de abril siguiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley de la materia.(5)
• El plazo legal de treinta días hábiles para impugnar el acto reclamado, transcurrió del jueves seis de abril, al miércoles veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, descontándose los días doce, trece y catorce de abril, por ser días no laborables acordados por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de igual manera, deben omitirse del cómputo los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, y uno, seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de mayo, todos de dos mil diecisiete, por ser inhábiles conforme al artículo 2° de la Ley Reglamentaria de la materia,(6) en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(7) finalmente, no se incluye en el conteo del plazo el día cinco de mayo de dos mil diecisiete, pues resulta inhábil conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo(8) y en consecuencia se suspendieron las labores en este Alto Tribunal.
• La demanda se interpuso oportunamente respecto de la resolución impugnada, al haberse presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de éste Máximo Tribunal el jueves dieciocho de mayo de dos mil diecisiete (foja 25 reverso del expediente).
Ahora, en el escrito inicial de demanda se impugnó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con motivo de su aplicación en la resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral 01/14/07, cuya impugnación –como quedó establecido– fue oportuna; en ese sentido, debe analizarse si en el caso efectivamente se trata del primer acto de aplicación, pues de lo contrario el cómputo de la oportunidad debe hacerse a partir de la publicación de las normas generales impugnadas.
El contenido de la resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral 01/14/07, es el siguiente:
“SANTIGO GUTIÉRREZ RAMÍREZ
VS
H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS
EXP: 01/14/07
Cuernavaca, Morelos; a veinticuatro de enero del año dos mil diecisiete. Y estando debidamente integrado el Pleno de este Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se procede a resolver sobre la imposición de la medida de apremio decretada mediante acuerdo de fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente 01/14/07, promovido por el actor (a) C. Santiago Gutiérrez Ramírez, consistente en la DESTITUCIÓN del Tesorero y Presidente municipal del H. Ayuntamiento constitucional de Tlaquiltenango, Morelos, en virtud de no haber dado cumplimiento al LAUDO de fecha veintiuno de diciembre de dos mil nueve. Por lo que esta autoridad reunida, ordena traer a la vista los autos del expediente al rubro citado, en los que se encuentra glosada la diligencia de requerimiento de pago de fecha doce y quince de agosto de dos mil dieciséis, llevada a cabo por el fedatario adscrito a este Tribunal y que obra a fojas 212-214 del expediente citado al rubro, por lo anterior:
LA SECRETARÍA GENERAL HACE CONSTAR: Que se traen a la vista los autos del expediente 01/14/07, promovido por Santiago Gutiérrez Ramírez en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tlaquiltenango, Morelos, el cual se pone a la vista de los integrantes del pleno. DOY FE.
Vistos para resolver, este H. Tribunal procede a pronunciarse respecto de la aplicación de la sanción prevista en el artículo 124 fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, misma con la que se apercibió al Tesorero y Presidente del Ayuntamiento demandado, mediante acuerdo de fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciséis, por lo que a continuación se ordena a realizar la certificación correspondiente:
LA SECRETARÍA GENERAL CERTIFICA: Que a la presente fecha la parte demandada H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS, ha sido omisa en dar cumplimiento al requerimiento realizado por esta Autoridad con fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciséis, para el efecto de dar cumplimiento al LAUDO, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil nueve; Así mismo, después de haber realizado una búsqueda minuciosa en los libros de gobierno de la sección de amparos de este H. Tribunal. Se advierte que a la presente fecha no existe juicio de garantías promovido por las partes que impida la ejecución del juicio que nos ocupa, así como la aplicación de la sanción señalada.- CONSTE.
En razón de lo anterior es de resolver, lo siguiente:
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver sobre la aplicación de la sanción decretada en líneas que anteceden con fundamento en los artículos 1, 109, 114, 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos ; 10 y 11 fracción I del Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.
SEGUNDO: Con fecha veintiuno de diciembre del dos mil nueve, este Tribunal dictó el laudo por el que se condena a la parte demandada al pago de diversas prestaciones, las cuales al día 24 de enero del 2017 ascienden a la cantidad de $2,757,732.94 (dos millones setecientos cincuenta y siete mil setecientos treinta y dos pesos 80/100 M.N.), así como la exhibición de las constancias de aportaciones obrero patronales.
TERCERO: Con fechas doce y quince de agosto del dos mil dieciséis, se ha requerido de pago a la demandada, sin que a la fecha se haya cubierto pago alguno, en tal sentido y en seguimiento al proceso de ejecución promovido por la parte actora, el Presidente Ejecutor de este Tribunal, con fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciséis dictó un auto de requerimiento de pago por la cantidad de $2,539,927.80 (dos millones quinientos treinta mil novecientos veintisiete pesos 80/100 M.N.), a cargo de la parte demandada por conducto del TESORERO y PRESIDENTE del Ayuntamiento Constitucional de Tlaquiltenango, Morelos.
CUARTO.- El día quince de agosto del dos mil dieciséis, el fedatario adscrito a este Tribunal, en debido cumplimiento al requerimiento dictado, en compañía de la parte actora, se constituyó en las instalaciones que ocupa el Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, y requirió de pago la cantidad de $2,539,927.80 (dos millones quinientos treinta mil novecientos veintisiete pesos 80/100 M.N.) diligencia en la cual la parte demandada por conducto de Tesorero y Presidente no dio cumplimiento a lo solicitado.
Precisando que a la fecha la parte demandada, ha sido omisa en realizar el pago requerido, en tal sentido este órgano colegiado:
RESUELVE:
ÚNICO: EN ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE DECLARA PRO
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200428-8ceb7c85/i-controversia-constitucional-es-improcedente-contra-un-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN AYUNTAMIENTO EN UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA, SEGUIDO EN CONTRA DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL, ES VIOLATORIA D (213)
- JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE MORELOS. LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN DE DESTITUCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO PROCEDE HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN POR EL JURADO DE SENTENCIA EN LA Q (P. LVIII/2005)
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