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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE UN AYUNTAMIENTO (RESOLUCIÓN POR LA QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ORDENA DESTITUIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO DE ESA ENTIDAD). III. DESTITUCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO DE ESA ENTIDAD).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 228/2017. · Registro digital (IUS): 200427
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 228/2017. MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS. 3 DE OCTUBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al tres de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el uno de agosto de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Velázquez Flores, en su carácter de Síndica del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, promovió controversia constitucional en representación de la propia municipalidad, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:

Entidad, poder u órgano demandado:

• Poder Legislativo del Estado de Morelos.

• Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

• Secretario de Gobierno del Estado de Morelos.

• Secretario de Trabajo del Estado de Morelos.

Norma general o acto cuya invalidez se demanda:

• El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

• La resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente laboral 01/1197/13, en la que se declara procedente la destitución del presidente municipal, del municipio de Tlaquiltenango, Morelos.

• La orden al presidente municipal, del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, de abstenerse de realizar todo tipo de actos jurídicos y administrativos que correspondan a su cargo, apercibido de que, en caso de no acatar la destitución ordenada, podría encuadrarse la conducta estipulada en el artículo 295 del Código Penal para el Estado de Morelos.

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

1. El uno de enero de dos mil dieciséis se integró el actual Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos.

2. El once de julio de dos mil diecisiete, el Presidente Municipal le hizo saber a la Síndica Municipal, que el actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, le había comunicado la resolución dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis dentro del expediente laboral 01/1197/13, en el cual se resolvió declarar procedente la orden de destitución de dicho funcionario, decretada mediante acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, conforme a lo previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; además, en la misma resolución se ordenó al citado funcionario que se abstuviera de realizar todo tipo de actos, tanto jurídicos como administrativos, que en razón de su función le corresponden.

TERCERO. Conceptos de invalidez.

• Del apartado de la demanda denominado “IV.- NORMA CUYA INVALIDEZ SE IMPUGNA”, se desprende que el órgano actor hizo valer el siguiente motivo de disenso:

1. Que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no cumple con las formalidades del proceso legislativo previsto en el numeral 72 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.

• Por otro lado, en los párrafos que conforman la porción denominada “VII. CONCEPTOS DE INVALIDEZ”, el ayuntamiento promovente expresó lo siguiente:

2. Refiere, que con la aplicación del artículo 124, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se viola en su perjuicio lo previsto en el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se violó el debido proceso legislativo de creación de la norma al no cumplir con los requisitos del proceso legislativo para su creación, esto es, iniciativa de ley, dictamen, proceso parlamentario, aprobación, expedición, sanción, refrendo, promulgación y publicación.

Además, que la referida norma es contraria a lo previsto en el artículo 115 de la Constitución Federal, pues implica la invasión de esferas competenciales de la legislatura estatal, en razón que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se arroga la atribución para destituir servidores públicos, cuando tal facultad le corresponde al Poder Legislativo.

3. Apunta que el acuerdo en el cual se decreta la destitución del presidente municipal de Tlaquiltenango, Morelos, contraviene el contenido del artículo 14 constitucional, al no otorgar al afectado, previo al acto de autoridad, la oportunidad razonable de defenderse en juicio.

4. Indica que la orden de destitución del funcionario municipal carece de adecuada fundamentación y motivación, trasgrediendo lo previsto en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no explica las razones bajo las cuales el Tribunal se arroga la facultad constitucional de separar, revocar o destituir a algún miembro del municipio.

5. Que la destitución ordenada del presidente municipal provoca incertidumbre jurídica para el ayuntamiento, al ordenar que no efectúe actos jurídicos o administrativos que a su cargo corresponden.

6. Manifiesta que la norma legal impugnada, es contraria a lo previsto en los artículos 115, fracción I, de la Constitución General, 41 de la Constitución Local y 178, 181, 182, 183, y 184 de la Ley Orgánica de la Entidad, pues conforme a dichos preceptos, le corresponde a las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender o revocar el mandato a alguno de los miembros del ayuntamiento, por alguna de las causas graves que la ley local prevea.

Para sustentar lo anterior, cita los criterios de rubro: “CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO”, así como “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTO POR EL CUAL LA LEGISLATURA DE UN ESTADO DECLARA LA SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE UN AYUNTAMIENTO, SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TRANSGREDE LA PRERROGATIVA CONCEDIDA A DICHO ENTE MUNICIPAL, CONSISTENTE EN SALVAGUARDAR SU INTEGRACIÓN Y CONTINUIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE GOBIERNO.”

Finalmente, reitera la inconstitucionalidad de la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente laboral 01/1197/13, en la que se declara procedente la destitución del presidente municipal de Tlaquiltenango, Morelos, decretada mediante acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, y que se encuentra fundada en el artículo 124, fracción II, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. La parte actora estima violados los artículos 14, 16 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de uno de agosto de dos mil diecisiete, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 228/2017, y por razón de turno designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento.

Mediante proveído de dos de agosto siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda, tuvo promoviendo la presente controversia constitucional a Yasmín Velázquez Flores, Síndica del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos; y como demandados tuvo únicamente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los Secretarios de Gobierno y de Trabajo, todos del Estado de Morelos, estos dos últimos sólo por lo que hace al refrendo de la norma impugnada; destacando que no se tuvo como demandado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje al considerar que es un órgano interno o subordinado del Poder Ejecutivo local.(1) A los cuales, ordenó emplazarlos para que formularan su respectiva contestación; asimismo ordenó dar vista al Procurador General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera, quien se abstuvo de formular opinión.

SEXTO. Contestaciones a la demanda.

• El Secretario del Trabajo del Estado de Morelos, al rendir su contestación a la demanda de controversia constitucional, manifestó, en resumen, lo siguiente:

1. Que el municipio actor tenía conocimiento del juicio laboral seguido en su contra, así como de la resolución dictada en dicho procedimiento, por lo que tuvo la oportunidad de interponer los medios legales correspondientes.

2. Señala que la norma cuya invalidez se reclama, concede al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos la facultad de destituir al funcionario que desobedezca sus resoluciones.

3. Que el titular de la Secretaría del Trabajo carece de atribuciones para refrendar el decreto promulgatorio que realice el gobernador del Estado respecto de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que esto le corresponde únicamente al Secretario de Gobierno, en términos de los artículos 70, fracción XVII, y 76, de la Constitución Política de dicha entidad, razón por la que resultan improcedentes los argumentos relativos a las violaciones del proceso legislativo de la norma impugnada.

4. Finalmente enfatiza, que la ley impugnada no contiene vicios por cuanto a su observancia y validez, ya que fue creada conforme a las formalidades que exigían las leyes vigentes.

• Por su parte, la autoridad demandada Poder Legislativo del Estado de Morelos, manifestó en su contestación, sucintamente, lo siguiente:

1. Refirió que la controversia constitucional resulta improcedente en términos del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, toda vez que el ayuntamiento actor no cuenta con interés legítimo para promoverla, ya que la legislatura estatal de ninguna manera invade la esfera competencial del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, ni vulnera su autonomía, pues de conformidad con el artículo 40, fracción II de la Constitución del Estado, el congreso local cuenta con las facultades constitucionales para expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administración interior de la entidad; aunado a que tampoco se vulnera la autonomía presupuestal.

2. Que la emisión de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, si cumplió con el proceso legislativo tal y como se aprecia del semanario de debates de la sesión ordinaria de la Cuadragésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, correspondiente al veintidós de agosto del año dos mil.

Del referido documento se aprecia que, fueron las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, y de Trabajo y Previsión Social, las que emitieron el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada por el entonces Diputado Noé Suárez López, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; así como a la iniciativa que adicionaba un párrafo al artículo 39, del cuerpo normativo impugnado, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En dicha sesión, se dio lectura al dictamen y se sometió a votación del Pleno del Congreso del Estado, obteniendo veintiséis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

3. Agregó, que el Tribunal Estatal si bien depende del Ejecutivo del Estado presupuestalmente, lo cierto es que tiene plena autonomía y jurisdicción para el conocimiento y toma de decisiones de los asuntos que señala la ley, desde su inicio hasta su conclusión incluyendo la ejecución.

Razón por la cual, la orden de destitución del presidente del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, fue apegada a las facultades previstas en el artículo 124, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, dotadas al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje por el Legislador local, para efecto de hacer cumplir sus resoluciones.

4. Que al ordenar la destitución del referido funcionario municipal, no se puede considerar afectada la esfera de atribuciones del municipio, pues no se invade la esfera de competencia local ya que se actúa con base en el mandato constitucional y por tanto, no se actualiza el requisito de agravio para el municipio.

Finalmente, enfatiza que con la promoción de la presente controversia en contra de la resolución impugnada, se transforma el sentido original del medio constitucional para convertirla como el amparo, en un medio más por el que el Poder Judicial de la Federación puede ser una instancia de los actos jurisdiccionales.

• El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el Secretario de Gobierno de la referida entidad, señalaron coincidentemente en sus contestaciones a la demanda de controversia constitucional, en síntesis, lo siguiente:

1. Oponen la falta de legitimación del municipio actor al carecer de la titularidad del derecho que pretende hacer valer a través de la presente controversia, en virtud que estos no han realizado acto alguno que invada o afecte su órbita competencial.

2. Señalan que contrario a lo manifestado por el municipio actor, la destitución ordenada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el expediente 01/1197/13, no constituye el primer acto de aplicación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues el propio Presidente Municipal de Tlaquiltenango, Morelos, ya que se encuentran en trámite diversos juicios de amparo indirecto en contra de la aplicación del artículo 124, fracción II, del citado cuerpo normativo, los cuales se encuentran registrados bajo los números de expediente 565/2017-5, 814/2017, 850/2017, 1368/2017, 1384/2017, 1359/2017-IX y 1371/2017-B, en su caso, en los Juzgados Primero, Séptimo, Sexto y Octavo, todos en el Estado de Morelos; asimismo, se promovieron las diversas controversias constitucionales identificadas con los números 113/2017, 167/2017 y 223/2017.

En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 21, fracción II, en relación con el diverso 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Que el acto reclamado no afecta la integración ni el ejercicio de las funciones del ayuntamiento actor, pues los funcionarios tienen suplentes designados para que, cuando sea necesario sustituir al servidor público electo -como es el caso del presidente municipal-, el suplente asuma el cargo y garantice la continuidad del ejercicio de las facultades y atribuciones con las que contaba el titular del puesto.

4. Indican que resulta inoportuna la impugnación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que el término de treinta días para promover el presente medio de defensa constitucional feneció desde el dieciocho de octubre del año dos mil, por lo que debe sobreseerse en la presente controversia.

5. Que conforme al artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Morelos, la Ley del Servicio Civil de dicha entidad es producto de un proceso legislativo, es decir, su contenido emanó del Congreso local; además, el titular del Poder Ejecutivo se encargó de publicar el decreto promulgatorio correspondiente en el Periódico Oficial del Estado.

Apuntan que, el mencionado precepto constitucional establece que el decreto promulgatorio que realice el Gobernador del Estado, respecto de las leyes y decretos legislativos, deberá ser refrendado únicamente por el Secretario de Gobierno, como ocurrió en el caso de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, tal y como consta en la publicación del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, correspondiente al seis de septiembre del año dos mil.

6. Que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al imponer la sanción correspondiente al funcionario infractor, actuó conforme a las atribuciones que le confiere la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en los artículos 123 y 124, fracción II, de los cuales se desprende la facultad de dicho órgano jurisdiccional para hacer efectivos los apercibimientos a los funcionarios que se nieguen a cumplir las resoluciones que emite.

7. Puntualizan que el artículo 41, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que el Presidente Municipal, como representante político, jurídico y administrativo del ayuntamiento, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma los laudos que en materia laboral dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por tanto, si es el sujeto obligado con su acatamiento, deben aplicársele las medidas de apremio contenidas en el artículo tildado de inconstitucional, a más que se le aplicó dado la reiterada desobediencia de su cumplimiento.

8. Enfatizan que resulta inoperante que se transgreda el contenido del artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que el juicio político o el procedimiento para suspender o revocar un mandato, son cuestiones totalmente distintas a la aplicación de medidas de apremio por incumplimiento de obligaciones de naturaleza jurisdiccional -como en el caso-, ya que las primeras se actualizan por alguna causa grave prevista en la Constitución Local y las segundas como sanción por contumacia reiterada en el cumplimiento de una resolución dictada por un Tribunal autónomo.

Por lo que pretende el actor es controvertir temas de legalidad mas no de constitucionalidad y por tanto, en términos del artículo 25, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta manifiesta e indudable la improcedencia del medio de protección constitucional, pues el acto cuya invalidez se demanda proviene de una resolución jurisdiccional.

SÉPTIMO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

OCTAVO. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado por la Ministra Presidenta de la Primera Sala, se AVOCÓ al conocimiento del asunto y además, determinó enviar nuevamente los autos a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y II, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en el punto Segundo, fracción II, a contrario sensu, y punto Tercero del Acuerdo 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, dado el sentido del fallo.

SEGUNDO. Fijación de la Litis. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a precisar los actos que son objeto de la controversia constitucional.

En el apartado denominado actos cuya invalidez se demanda, señaló como tales los siguientes:

• El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

• La resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente laboral 01/1197/13, en la que se declara procedente la destitución del presidente municipal, del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, decretada mediante acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis.

• La orden al presidente municipal, del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, de abstenerse de realizar todo tipo de actos jurídicos y administrativos que correspondan a su cargo, apercibido que en caso de no acatar la destitución ordenada podría encuadrarse la conducta estipulada en el artículo 295 del Código Penal para el Estado de Morelos.

No obstante tal señalamiento, esta Primera Sala considera que del análisis integral de la demanda, lo efectivamente impugnado es el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente laboral 01/1197/13, en la que se declara procedente la destitución del presidente municipal, del municipio de Tlaquiltenango, Morelos.

Esto pues, en sus conceptos de invalidez el actor no se duele de la orden al tesorero y al presidente municipal, ambos del municipio actor de abstenerse de realizar todo tipo de actos jurídicos y administrativos que correspondan a sus cargos, apercibidos de que en caso de no acatar la destitución ordenada podría encuadrarse la conducta estipulada en el artículo 295 del Código Penal para el Estado de Morelos, sino que únicamente ataca la destitución decretada, siendo la orden y apercibimiento señalados, consecuencia de la destitución que en realidad controvierte, por lo que, ese sólo acto es el que debe tenerse por impugnado.

Lo anterior, en atención a la jurisprudencia P. /J. 98/2009,(2) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA. El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."

TERCERO. Oportunidad. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia, establece en sus fracciones I y II el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará de la siguiente forma.(3)

Tratándose de actos:

a. A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;

b. A partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución;

c. A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

En el caso de normas generales:(4)

a. A partir del día siguiente a la fecha de su publicación;

b. A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

En primer lugar deberá analizarse la oportunidad de la demanda respecto de la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente laboral 01/1197/13, en atención a lo siguiente:

• El martes once de julio de dos mil diecisiete se notificó al municipio actor mediante el oficio TECyA/6381/2016, la determinación impugnada (foja 625 del expediente).

• La notificación surtió efectos el miércoles doce de julio siguiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de la ley de la materia.(5)

• El plazo legal de treinta días hábiles para impugnar el acto reclamado, transcurrió del jueves trece de julio, al jueves siete de septiembre de dos mil diecisiete, descontándose los días del quince al treinta y uno de julio, por ser días no laborables al haber correspondido al período de receso de este Alto Tribunal; de igual manera, deben omitirse del cómputo los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de agosto, así como dos y tres de septiembre, todos de dos mil diecisiete, por ser inhábiles conforme al artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de la materia,(6) en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(7)

• La demanda se interpuso oportunamente respecto de la resolución impugnada, al haberse presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de éste Máximo Tribunal el martes uno de agosto de dos mil diecisiete (foja 20 reverso del expediente).

Ahora, en el escrito inicial de demanda se impugnó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, con motivo de su aplicación en la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente laboral 01/1197/13, cuya impugnación –como quedó establecido– fue oportuna; en ese sentido, debe analizarse si en el caso efectivamente se trata del primer acto de aplicación, pues de lo contrario el cómputo de la oportunidad debe hacerse a partir de la publicación de las normas generales impugnadas.

El contenido de la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, dictada dentro del expediente laboral 01/1197/13, es el siguiente:

“ORLANDO FLORES VARGAS

VS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE TLAQUILTENANGO, MORELOS

EXP: 01/1197/13

Cuernavaca, Morelos; a treinta y uno de octubre del año dos mil dieciséis. Y estando debidamente integrado el Pleno de este Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se procede a resolver sobre la imposición de la medida de apremio decretada mediante acuerdo de fecha diecinueve de febrero del año dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente 01/1197/13, promovido por el actor el C. ORLANDO FLORES VARGAS, consistente en la DESTITUCIÓN del Presidente del H. Ayuntamiento constitucional de Tlaquiltenango, Morelos, en virtud de no haber dado cumplimiento al LAUDO de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce. Por lo que esta autoridad reunida, ordena traer a la vista los autos del expediente al rubro citado, en los que se encuentra glosada la diligencia de requerimiento de pago de fecha once de abril del año dos mil dieciséis, llevada a cabo por el fedatario adscrito a este Tribunal y que obra a fojas de la 140 a 143 del expediente citado al rubro, por lo anterior:

LA SECRETARÍA GENERAL HACE CONSTAR: Que se traen a la vista los autos del expediente 01/1197/13, promovido por el C. ORLANDO FLORES VARGAS en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tlaquiltenango, Morelos, ahora bien y toda vez que no se celebró la sesión del pleno ordenada para el veinticuatro de junio del dos mil dieciséis, en virtud de que los autos del presente expediente se encontraban en suspensión ordenada en el juicio de garantías número 716/2016 radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, por lo cual una vez que se ha levantado la suspensión de los autos, se ponen a la vista del pleno los presentes autos. DOY FE.

Vistos para resolver, este H. Tribunal procede a pronunciarse respecto de la aplicación de la sanción prevista en el artículo 124 fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, misma con la que se apercibió al presidente del Ayuntamiento demandado, mediante acuerdo de fecha diecinueve de febrero del año dos mil dieciséis, por lo que a continuación se ordena a realizar la certificación correspondiente:

LA SECRETARÍA GENERAL CERTIFICA: Que a la presente fecha la parte demandada H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS, ha sido omisa en dar cumplimiento al requerimiento realizado por esta Autoridad con fecha diecinueve de febrero del año dos mil dieciséis, y cuya diligencia se llevó a cabo el día once de abril del dos mil dieciséis, para el efecto de dar cumplimiento al LAUDO, de fecha veinte de noviembre del dos mil catorce; Así mismo, después de haber realizado una búsqueda minuciosa en los libros de gobierno de la sección de amparos de este H. Tribunal, se advierte que a la presente fecha no existe juicio de garantías promovido por las partes que impida la ejecución del juicio que nos ocupa, así como la aplicación de la sanción señalada.- CONSTE.

En razón de lo anterior es de resolver, lo siguiente:

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver sobre la aplicación de la sanción decretada en líneas que anteceden con fundamento

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200427-ba14abf9/i-controversia-constitucional-es-improcedente-contra-un-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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