I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE DE UN AYUNTAMIENTO ES UN ACTO QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE ESE ÓRGANO, LO QUE JUSTIFICA SU INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE UN AYUNTAMIENTO (ACUERDO POR EL QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ORDENA DESTITUIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUENTE DE IXTLA DE ESA ENTIDAD). V. DESTITUCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA NORMATIVA QUE LA REGULA PERMITE CONSIDERAR QUE EL VOCABLO "INFRACTOR" NO INCLUYE A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). VI. DESTITUCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUENTE DE IXTLA DE ESA ENTIDAD). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE ÚNICAMENTE TIENE EFECTOS RESPECTO DEL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ACUERDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUENTE DE IXTLA DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 94/2018. MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, ESTADO DE MORELOS. 7 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. AUSENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de noviembre de dos mil dieciocho.
VISTOS, para resolver el expediente de la controversia constitucional identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Demanda. Por escrito recibido el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, en su carácter de presidenta y ********** en su carácter de síndico, ambos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Estado de Morelos, promovieron controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandaron la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades del Estado de Morelos que a continuación se señalan:
Autoridades demandadas:
1.Poder Legislativo.
2.Poder Ejecutivo.
3.Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad".
4.Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y su presidente ejecutor.
5.Secretario de Gobierno.
Norma general o acto cuya invalidez se demanda:
1.De las autoridades ordenadoras Congreso, Poder Ejecutivo, director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, se demanda la aprobación, expedición y promulgación, en sus respectivas esferas de competencia del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, relativa a la declaración del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para determinar que un servidor público incurrió en desobediencia, procediendo a su destitución, aprobada el veintidós de agosto de dos mil, promulgada el uno de septiembre siguiente y publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el seis de septiembre del mismo año, el cual es contrario al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (sic).
2.La inconstitucionalidad del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por contravenir lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Federal al violentar el principio de exacta aplicación, toda vez que no menciona el orden en que deberá ser impuesta la sanción.
3.De las autoridades ejecutoras Pleno y presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la asunción de competencia para el efecto de ordenar la revocación de mandato o destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, así como la sesión de Pleno de ocho de febrero de dos mil dieciocho y el acuerdo de la misma fecha por medio de la cual determinó destituir como presidenta municipal del citado Ayuntamiento, conforme a la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
4.La invalidez por la inconstitucional orden de destitución de la presidenta municipal en el acuerdo de ocho de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente **********.
5.Se reclama la invalidez del oficio número **********, de requerimiento de destitución de nueve de febrero de dos mil dieciocho, emitido dentro del expediente laboral burocrático identificado con el número de expediente ********** y, en cuyo contenido se hace del conocimiento de manera precaria y deficiente la supuesta sesión del Pleno del referido tribunal celebrada con fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, así como el acuerdo en el que supuestamente determinaron hacer efectivo al Ayuntamiento demandado el apercibimiento decretado mediante acuerdo de diez de noviembre de dos mil dieciséis y en consecuencia determinaron la destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos.
6.Todos los actos de aplicación o ejecución que pretendan darle en adelante al artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, relativa a la resolución de destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, impuestas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el cual es violatorio del artículo 115 de la Constitución Federal.
SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
1. Con fecha uno de enero de dos mil dieciséis se integró el nuevo Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Estado de Morelos,(1) siendo presidenta municipal la C. **********.
2. El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho se enteró la presidenta del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, de la determinación tomada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de la entidad el ocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente laboral **********, de declarar procedente la imposición de la sanción de destitución del cargo de presidenta, fundándose en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, en contravención al numeral 115 de la Constitución General de la República.
TERCERO.—Preceptos constitucionales señalados como violados y concepto de invalidez. El Municipio actor señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 115, fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y planteó, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
La invalidez del decreto legislativo de veintidós de agosto de dos mil en el cual se aprobó el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en lo concerniente a su inexactitud, por no establecer los lineamientos para su aplicación, pudiendo aplicar todas las sanciones previstas en un solo acto y, porque en su fracción II, relativa a la destitución, resulta inconstitucional por violar lo preceptuado en el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, toda vez que no se establecen cuáles son y en qué consisten las causas graves para su aplicación, aunado a que no hace remisión a alguna otra ley local que pudiera contenerlas.
El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, invade la esfera competencial de la Legislatura Local y se contrapone a la Ley de Justicia Administrativa, lo cual viola los principios de certeza, seguridad jurídica y audiencia de la presidenta municipal, violando con ello el debido proceso tutelado por el artículo 14 de la Ley Suprema.
Por otro lado, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos transgrede el numeral 115 de la Constitución General de la República, al establecer que las infracciones a la citada ley del servicio civil que no tengan prevista otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, sanción que será impuesta en su caso, por el mencionado tribunal, desconociendo que esa atribución corresponde a las Legislaturas de los Estados, únicas facultadas para determinar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, la suspensión de Ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que prevenga la ley local, siempre que se dé a sus miembros la oportunidad suficiente para rendir pruebas y plantear los alegatos que a su interés convengan.
Que los procedimientos para la aplicación de las sanciones que correspondan, deberán en todos los casos sujetarse a las prevenciones establecidas en los artículos 109 y 110 de la Constitución Federal, por ser ésta una facultad expresa a favor de la Federación, en términos del principio de supremacía constitucional, siendo a través de este principio consagrado en el artículo 133 constitucional como se garantiza la unidad del sistema normativo mexicano y desde el punto de vista jurídico existen mayores márgenes de seguridad en los procesos legislativos, existiendo plena separación de los diferentes niveles competenciales que señala elTexto Constitucional.
Que es inconstitucional la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, porque contraviene los artículos 115, fracción I, 36, fracción IV y 16 de la Constitución General, pues le impide desempeñar el cargo de elección popular que tiene la obligación de prestar, fundándose en una norma legal que no tiene sustento en el Máximo Ordenamiento, pues su título cuarto, en sus artículos del 108 al 115, fracción I, solamente autorizan la destitución del cargo, con motivo de un juicio político y no de una sanción disciplinaria, por tanto, solicita se declare la inconstitucionalidad en los términos propuestos y, como consecuencia de ello, la invalidez de los actos reclamados y derivados de la aplicación de dicho precepto.
Que no es verdad que haya una negativa de parte de la presidenta municipal a dar cumplimiento a las determinaciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, toda vez que no ha sido requerido conforme a las normas aplicables para dar cumplimiento a la determinación dictada, tomando en consideración que es un hecho notorio para dicho órgano burocrático que el Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, se encuentra dando cumplimiento a laudos y convenios celebrados dentro de los juicios laborales que se encuentran radicados ante él, por lo que el fundamento de la resolución impugnada de que existe una negativa que justifica la destitución de su encargo como presidenta municipal, es infundada y carente de motivación. Además de que se violan el derecho de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento de ejecución, pues nunca se le ha otorgado un término prudente para dar cumplimiento al laudo, puesto que no ha tenido presencia en el procedimiento de ejecución al no haber notificación personal de la resolución del Pleno del Tribunal Estatal. De ahí que la responsable se encuentra obligada a administrar justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, de acuerdo al artículo 17 constitucional, por lo que como se ha dicho, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no establece el procedimiento que debe seguirse en la ejecución de los laudos, por lo que debe aplicarse supletoriamente la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado particularmente lo previsto en sus artículos 150 y 151.
Que solicita se otorgue el amparo solicitado (sic) para que la responsable deje sin efectos su resolución de fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho y actos derivados de la misma como lo es el oficio número ********** para que en observancia a las normas esenciales del procedimiento proceda a reiniciar de forma correcta el procedimiento de ejecución dentro del expediente laboral ********** para que una vez que se cumplan los requisitos que establecen los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y una vez transcurrido el plazo legal que se conceda debidamente fundado y motivado a la parte demandada para dar cumplimiento al laudo de fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis, hasta ese momento se determine si existe negativa o no a cumplir con la determinación y solo en caso injustificado de negativa se puedan aplicar las sanciones a que se refieren las dos fracciones del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
Asimismo, que la destitución que se pretende aplicar fue ordenada con bases, antecedentes y premisas ilegales que se encuentran viciadas, lo que se traduce en que el acto reclamado resulta ser de imposible reparación ya que deriva de un procedimiento ilegal y de actos preexistentes de diversas personas a la suscrita presidenta municipal, vulnerando los derechos de audiencia, seguridad y legalidad jurídicas.
De igual manera, el acuerdo de destitución de la presidenta municipal transgrede lo establecido por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Suprema, que consagra el derecho de toda persona a que con anterioridad a la emisión de un acto de autoridad que pueda privarla de sus derechos o posesiones, se le conceda la oportunidad razonable de defenderse en juicio, de probar y alegar ante tribunales independientes, imparciales y previamente establecidos. Además señala que las autoridades demandadas no fundan ni motivan el acto de destitución.
El acuerdo de destitución impugnado transgrede lo señalado en la fracción I del artículo 115 del Ordenamiento Supremo pues se decretó la destitución de la presidenta municipal sin notificar al nuevo Ayuntamiento el inicio del procedimiento relativo para darle oportunidad de defensa, desconociéndose que el poder reformador de la Constitución salvaguardó la integración y la continuidad en el ejercicio de las funciones de los Municipios, al facultar de manera exclusiva a los Congresos Locales para afectar dicha integración, lo que reconoció el Congreso del Estado de Morelos al establecer el procedimiento relativo en la Ley Orgánica Municipal de la entidad.
Finalmente, insiste en que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, carece de competencia para decretar la destitución de presidente municipal, por lo que debe declararse la invalidez del acto, atento a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 27/2000.
CUARTO.—Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, el Ministro Luis María Aguilar Morales presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 94/2018 y, por razón de turno, se designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.
En auto de dos de mayo del año en curso, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como presentado únicamente al síndico del Municipio actor pero no a la presidenta municipal, esto interpretando en sentido contrario lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que regula los supuestos en que el presidente municipal asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento; y como demandados únicamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación; por último, mandó dar vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
QUINTO.—Contestaciones de demanda. En la contestación de demanda formulada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, compareció su presidente y tercer árbitro aduciendo que se configuran las siguientes causas de improcedencia: a) la determinación de destitución de la presidenta municipal de Puente de Ixtla, Estado de Morelos, que se combate, constituye una resolución de carácter jurisdiccional en términos de los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, por lo que en su contra es improcedente la controversia constitucional de conformidad con la tesis número 2a. CVII/2009, intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."; y, b) la aplicación de la sanción que prevé el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se hizo válida a partir de la entrada en vigor de la reforma realizada a la Ley Orgánica Municipal, en específico la fracción XXXIX de su artículo 41, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de veintitrés de enero de dos mil catorce, que establece la obligación de la presidenta y del síndico municipales de cumplir y hacer cumplir los laudos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, razón suficiente para considerar que se actualiza el supuesto explicado en la tesis jurisprudencial (sic) «P. XV/2009», que lleva por rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES A PARTIR DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA."
En cuanto al fondo, sostiene, esencialmente, que no tiene razón el Municipio actor al pretender que se declare la invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y su acto de aplicación, ya que el artículo 41, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal de la entidad establece la obligación a cargo de los presidentes municipales de dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por lo que si en términos del numeral 123 de la Ley del Servicio Civil, las resoluciones dictadas por dicho tribunal son inapelables y se cumplirán por la autoridad correspondiente, no hay duda que procede aplicar la sanción prevista en la fracción II del diverso numeral 124 de la citada ley, al funcionario que no cumpla lo ordenado en un laudo, como ocurrió en el caso, ya que la presidenta municipal de Puente de Ixtla, Morelos, desatendió el laudo dictado en el expediente **********.
En representación del Poder Legislativo del Estado de Morelos compareció la vicepresidenta de la mesa directiva, quien señala que el Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, carece de interés legítimo para acudir a la vía de la controversia constitucional, ya que para la existencia de este derecho se requiere de una afectación que resientan en su esfera de atribuciones las entidades, poderes y órganos a que se refiere la fracción primera del artículo 105 de la Carta Magna, lo que no ocurre en el presente caso, pues el Poder Legislativo cuenta con las facultades constitucionales para expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y administración interior del Estado, de donde se concluye que la Legislatura Estatal en ninguna forma invade la esfera competencial del Municipio ni vulnera su autonomía municipal consagrada en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal y es evidente que dicho Municipio carece de interés legítimo para promover la presente controversia constitucional, por lo que deberá decretarse el sobreseimiento con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con el artículo 19, fracción VII, ambos de la ley reglamentaria de la materia y 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En consecuencia, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que es una norma estatal que no es susceptible de afectar específicamente el ámbito de competencia del Municipio actor, por no estar dirigida su aplicación a los miembros de los Ayuntamientos, con independencia de así haberlo considerado el tribunal responsable, lo que de ninguna forma implica que sea declarada la invalidez de la norma aplicada por lo que ante la falta de afectación de la esfera competencial se actualiza la causa de improcedencia referida.
Asimismo, el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil de Estado de Morelos, persigue una finalidad constitucionalmente válida que se desprende del artículo 17 constitucional, porque protege el derecho a la completitud en la administración de justicia, pues la finalidad de tal precepto es que las resoluciones emitidas por ese órgano jurisdiccional se cumplan o ejecuten en los términos ordenados, tal como ocurre en el presente caso.
Se hace del conocimiento a los integrantes de esta Segunda Sala que en proveído de uno de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado dando contestación a la demanda de controversia constitucional de manera extemporánea.
Por último, el consejero jurídico, en representación del Poder Ejecutivo de la entidad, en su contestación de demanda planteó la improcedencia del juicio por considerar que se actualiza la causal prevista en el artículo 21, fracción II, en relación con el 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, ya que el acuerdo de destitución en el expediente laboral ********** no es el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; tan es así que se promovieron los diversos juicios de amparo indirecto números ********** y ********** del Juzgado Segundo; ********** del Juzgado Tercero; **********, **********, **********, **********, ********** y ********** del Juzgado Cuarto; ********** y ********** del Juzgado Quinto; ********** del Juzgado Sexto; ********** y ********** del Juzgado Séptimo, y ********** del Juzgado Octavo, todos del Distrito de Morelos, con motivo de otro acto de aplicación.
En cuanto al fondo, sostienen que el Municipio actor no da razones para sustentar su afirmación en cuanto a la falta de cumplimiento de los requisitos para la creación de normas, advirtiéndose que la sanción, promulgación y publicación de la disposición impugnada se ajusta a las facultades constitucionales y legales que corresponden al Ejecutivo Local, además de que la sanción de destitución de la presidenta municipal de Puente de Ixtla, Morelos, constituye sólo una medida de apremio para hacer efectivas las determinaciones del órgano jurisdiccional laboral, misma que cuenta con la debida fundamentación y motivación, además de que en el procedimiento relativo se dio intervención a la autoridad municipal.
SEXTO.—Opinión del procurador general de la República. No formuló opinión en el presente asunto.
SÉPTIMO.—Audiencia, cierre de instrucción y avocamiento. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el trece de septiembre de dos mil dieciocho se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas y aportadas durante la instrucción del juicio, se asentó que las partes no formularon alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
Posteriormente, el presidente de esta Suprema Corte, visto el dictamen formulado por el Ministro instructor, envió el asunto para su resolución a la Segunda Sala, en donde se radicó.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de mayo siguiente, ya que se plantea un conflicto entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los secretarios de Gobierno y del Trabajo y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de Morelos, y uno de sus Municipios, el de Puente de Ixtla, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno debido a que el estudio de fondo versará únicamente sobre actos y no sobre alguna norma de carácter general.
SEGUNDO.—Oportunidad. Procede examinar si la demanda de controversia constitucional se presentó dentro del plazo legal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.
El Municipio actor impugna el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil, con motivo de su aplicación efectuada en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el ocho de febrero de dos mil dieciocho, en la que (en virtud del acto de ejecución de ocho de diciembre de dos mil diecisiete) se declaró procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución de la presidenta del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, dentro del expediente del juicio laboral **********, así como su notificación y la comunicación contenida en el oficio **********.
Al respecto, importa tener presente que el numeral 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos(2) establece que la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán con la destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, así como que tal sanción será impuesta en su caso, por el mencionado Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Ahora bien, de la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos el ocho de febrero de dos mil dieciocho,(3) en relación con la determinación de imponer la sanción de destitución a la presidenta del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, por hacer caso omiso al último requerimiento que se le hizo en auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, con el fin de dar cumplimiento al convenio celebrado entre las partes el día veintiséis de junio de dos mil quince, dentro del expediente laboral **********, se lee:
"Cuernavaca, Morelos; a ocho de febrero del año dos mil dieciocho. Y estando debidamente integrado el Pleno de este Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se procede a resolver sobre la imposición de la medida de apremio decretada mediante acuerdo de fecha 10 de noviembre del año 2016, dictado dentro del expediente **********, promovido por el actor (a) C. **********, consistente en destitución del presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Puente de Ixtla, Morelos, en virtud de no haber dado cumplimiento al convenio de fecha 26 de Junio del año 2015. Por lo que esta autoridad reunida, ordena traer a la vista los autos del expediente al rubro citado, en los que se encuentra glosada la diligencia de requerimiento de pago de fecha 8 de diciembre de 2017, así como el acta llevada a cabo por el fedatario adscrito a este tribunal y que obra a fojas 98 a la 101 del expediente citado al rubro, por lo anterior: ...
"Resuelve:
"Único: En atención a los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto, por unanimidad de votos, se declara procedente la aplicación de la sanción decretada mediante acuerdo de fecha 10 de noviembre de 2016, dictada en los autos del expediente al rubro citado, ante la contumacia en que ha incurrido la parte demandada, esto es:
"Se decreta la destitución del cargo de presidente del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, en virtud de no haber dado cumplimiento al requerimiento realizado por esta autoridad, por lo que se ordena girar oficio al Cabildo para que de manera inmediata hagan efectiva la separación del cargo declarada y lo informen a este tribunal.
"Lo anterior, al haberse aplicado la destitución en caso de incumplimiento a los requerimientos realizados por este H. Tribunal al C. Presidente ********** (sic) del H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos; en consecuencia, y teniendo en cuenta que resulta una obligación del H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, el acatar el convenio celebrado entre las partes y elevado a la categoría de laudo por este H. Tribunal, tal y como lo establece el artículo 45 de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, ... .
"De lo que se advierte que resulta una obligación del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, el dar total y cabal cumplimiento al convenio celebrado en todas y cada una de las cláusulas pactadas de fecha 26 de junio del año 2015 y que fue elevado a la categoría de laudo. De igual forma este tribunal de acuerdo a lo establecido en el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de aplicación supletoria al presente procedimiento, tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, dictando todas las medidas a su alcance a fin de lograr el cumplimiento del convenio por parte del Ayuntamiento demandado. Asimismo, los artículos 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen las medidas legales con las que cuenta este tribunal para efecto de hacer cumplir sus resoluciones, artículos que a la letra indican: ...
"Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo resolvieron y firmaron al margen para constancia legal y al margen los CC. Integrantes de este H. Tribunal Estatal... ."
En cumplimiento a la determinación del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, su presidente ejecutor, mediante oficios **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y ********** de nueve de febrero de dos mil dieciocho, hizo del conocimiento tanto de la presidenta como del resto de los integrantes del Cabildo municipal de Puente de Ixtla, Morelos, la referida determinación plenaria.
Se sigue de lo anterior, que si en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos el ocho de febrero de dos mil dieciocho, se hizo efectivo el apercibimiento hecho en el acuerdo de diez de noviembre de dos mil dieciséis, declar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28946-41d5b7ed/i-controversia-constitucional-es-improcedente-contra-un-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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