I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR, AL IMPUGNAR UNA NORMA GENERAL QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL (DECRETOS NÚMERO 410 Y 411 PUBLICADOS EL VEINTIUNO Y VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 76/2016. MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, ESTADO DE QUINTANA ROO. 31 DE ENERO DE 2018. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.
Vo. Bo.
Señor Ministro
V I S T O S; Y
R E S U L T A N D O:
Cotejó
PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridad demandada y acto impugnado. Por escrito presentado el uno de agosto de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, XXXXX, con el carácter de Síndico del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, promovió controversia constitucional en la que señaló como autoridades demandas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de esa entidad, y como normas generales y actos impugnados, los siguientes:
1. El Decreto 410 por el que se determina el cambio provisional de sede del Recinto Oficial del Poder Legislativo, publicado el veintiuno de junio de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
2. El Decreto 411 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en particular el artículo 96, publicado el veinticinco de junio de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
3. El Decreto 419 por el que se designa a XXXXX como titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, publicado el veinticinco de junio de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
4. El Decreto 420 por el que se designa a XXXXX, como titular suplente del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, publicado el veinticinco de junio de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
5. El artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.(1)
SEGUNDO. Antecedentes. En el escrito de demanda se narraron, en síntesis, los siguientes:
1. El catorce de junio de dos mil dieciséis, el Gobernador del Estado presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, ante la Mesa Directiva de la Diputación Permanente. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales que emitió la minuta y dictamen correspondiente.
2. De conformidad con el procedimiento legislativo, el Congreso del Estado remitió el dictamen aprobado a los Municipios del Estado de Quintana Roo a fin de que fuera sometido a consideración de sus respectivos Cabildos.
3. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, el Congreso del Estado efectuó el cómputo de votos de los municipios respecto de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Constitución del Estado de Quintana Roo, la cual fue aprobada por la mayoría de ellos, con excepción de los municipios de Othón P. Blanco y Cozumel.
4. El veinticinco de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto 411 de reformas a la Constitución del Estado de Quintana Roo.
5. Por otra parte, en virtud de la renuncia del titular y suplente del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, la Diputación Permanente convocó a un periodo extraordinario de sesiones para iniciar el procedimiento de designación, seguido lo cual, el veinticinco de junio de dos mil dieciséis fueron publicados los Decretos 419 y 420 por los que se aprobaron los nombramientos tanto del titular como del suplente del Órgano de Fiscalización Superior, respectivamente.
TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió, en síntesis, los siguientes:
1. El Decreto 411 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo es inconstitucional, toda vez que no se cumplieron todas las etapas del procedimiento de reforma constitucional que le dio origen.
El artículo 164 de la Constitución Local dispone que las reformas o adiciones a la misma deberán acordarse con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Legislatura del Estado y aprobarse por la mayoría de los ayuntamientos del Estado. La Legislatura o la Diputación Permanente, en su caso, debe hacer el cómputo de los votos de los ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.
Lo anterior involucra no únicamente la aceptación de una mayoría simple o calificada de los integrantes de la Legislatura, sino también el concurso de los órganos de gobierno municipales, de modo tal que las enmiendas a la Constitución Local sean el resultado del consenso de la mayor parte de las fuerzas políticas del Estado y el reflejo de la voluntad popular expresada a través de quienes representan a la población de las divisiones territoriales en que se divide el mismo.
Por tanto, resulta indispensable que el Poder Legislativo revise el desarrollo y el resultado de las sesiones en las cuales los ayuntamientos emiten su voto en relación con la enmienda constitucional, pues es la única forma en que puede conocerse con precisión si la determinación adoptada por ellos cumple con las mínimas formalidades legales: quorum para sesionar, lectura o distribución del texto de reforma, elaboración de acta circunstancia, así como nombre y firma de intervinientes. Sólo mediante la observancia de estos mínimos requisitos es posible concluir que los ayuntamientos han externado válidamente su postura.
En el caso, en sesión de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, se dio cuenta al Congreso del Estado con el cómputo de los votos de los ayuntamientos respecto de la minuta con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Constitución de Quintana Roo, y se informó que de las actas de cabildo se advertía la aprobación de la misma por la mayoría de los ayuntamientos, por lo que se declaró aprobada la reforma constitucional y se emitió el Decreto correspondiente. Sin embargo, se omitió señalar que de las actas de cabildo, se advertía que los municipios de Othón P. Blanco y Cozumel no aprobaron las reformas.
En efecto, la Legislatura no dio cuenta al Pleno de la totalidad de las actas de cabildo, lo que generó incertidumbre y falta de seguridad jurídica, al no tenerse conocimiento pleno de todas ellas, además de que no se emprendió una revisión detenida y rígida de cada una de las actas que sirvieron para validar la reforma constitucional, a fin de verificar que los ayuntamientos hayan emitido de manera indubitable y libre su voto, cumpliendo con las disposiciones jurídicas aplicables.
Consecuentemente, el Decreto 411 impugnado incurrió en un grave vicio por no generar certeza en cuanto al cómputo de las actas de cabildo, lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 164 de la Constitución Local.
2. El artículo 96, inciso b), de la Constitución del Estado de Quintana Roo invade la esfera de competencias del Congreso de la Unión en materia procedimental penal.
El precepto controvertido establece que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General como órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al que corresponde la persecución de los delitos del orden común; que puede solicitar las medidas cautelares contra los imputados, así como buscar y presentar las pruebas que acrediten la participación de estos en los delitos; que procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad, y que pedirá la aplicación de las penas e intervendrá en los asuntos que la ley determine.
Tal disposición forma parte de la normatividad procesal penal, puesto que regula una cuestión de investigación y persecución del delito y, por ende, el Legislador Local al emitir el artículo impugnado vulneró el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución General.
3. Los Decretos 419 y 420 que aprueban el nombramiento del titular del Órgano de Fiscalización Superior y su suplente carecen de fundamentación y motivación.
Los Decretos impugnados fueron emitidos en una sesión extraordinaria convocada por la Diputación Permanente, la cual sólo está facultada para nombrar al titular del Órgano de Fiscalización Superior con el carácter de interino en caso de ausencia o falta definitiva del Auditor Superior suplente, en términos de los artículos 76, fracción III de la Constitución Local y 65 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, y no para aprobar el nombramiento del Auditor Superior del Estado, por lo que el acto fue dictado por una autoridad incompetente.
4. El Decreto 410 que determina el cambio provisional de la sede del Poder Legislativo vulnera el artículo 67 de la Constitución Local que dispone la posibilidad de cambiar la sede, siempre y cuando así se acuerde por las dos terceras partes de la totalidad de los diputados, lo cual no aconteció en el caso.
Si bien el Poder Legislativo tiene la facultad de cambiar su sede, lo cierto es que ésta no puede ejercerse de forma arbitraria, pues la excepción debe estar motivada en hechos y razones suficientes que satisfagan la necesidad de su aplicación.
Por lo tanto, el cambio de sede del Poder Legislativo a un recinto privado para efectuar la elección del titular del Órgano de Fiscalización Superior y su suplente no es motivo suficiente para actualizar la excepción relativa a cambiar el recinto de este poder, por ende, los actos derivados de carecen de validez.
5. El artículo 77 en relación con los artículos 101, fracciones I, II, IV y V de la Constitución Local y 66 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado vulneran los artículos 1º y 32 de la Constitución General por establecer como requisito para elegir al titular del Órgano de Fiscalización Superior y su suplente, que el aspirante sea mexicano por nacimiento, medida que resulta discriminatoria al no considerar si tal función tiene relación directa con aspectos que pongan en riesgo la soberanía del Estado, por lo que exigir la satisfacción de tal requisito respecto de empleos públicos no estratégicos o prioritarios y estrechamente vinculados con la representación popular, resulta arbitrario.
CUARTO. Artículos que se estiman violados. Los preceptos que se indicaron como vulnerados son los artículos 14, 16, 41, 73, fracción XXI, inciso c) y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Admisión y Trámite. Por acuerdo de dos de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 76/2016 y remitirlo al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para su instrucción.
En proveído de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro instructor desechó la demanda respecto de los Decretos 410, 419 y 420, así como en contra del artículo 77 de la Constitución del Estado de Quintana Roo, por actualizarse la causa de improcedencia relativa a la falta de interés legítimo del promovente. En cambio, se admitió a trámite la controversia constitucional en contra del Decreto 411, teniendo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, a quienes se mandó emplazar, y se ordenó dar vista al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. El Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente adujo en síntesis:
1. Causas de improcedencia.
a) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la materia porque el acto impugnado ha cesado sus efectos.
Lo anterior, puesto que el Municipio actor controvierte la omisión del Poder Legislativo de dar cuenta en el cómputo de votos que el Municipio de Othón P. Blanco no aprobó la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución del Estado de Quintana Roo; etapa del proceso legislativo que ha culminado, por lo que ha habido un cambio de situación jurídica al haberse efectuado la declaratoria correspondiente.
b) Se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia en relación con el numeral 105, fracción I, de la Constitución General por falta de interés legítimo del Municipio actor para impugnar el artículo 96 de la Constitución Local, ya que plantea una invasión a la esfera competencial del Congreso de la Unión, prevista en el artículo 73 de la Constitución, y no a su propio ámbito competencial, máxime que del artículo 115 constitucional no se desprende facultad alguna en relación con la materia procedimental penal.
2. Contestación de los conceptos de invalidez.
a) El proceso legislativo por el que se reforman y adicionan diversos dispositivos de la Constitución del Estado de Quintana Roo que dio origen al Decreto 411 cumplió con los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica por cumplirse cada uno de los requisitos previstos en el artículo 164 de la Constitución Local.
Si bien no se dio cuenta ante el Pleno del Congreso Local con el sentido de la votación del ayuntamiento de Othón P. Blanco, al haberse aprobado la Minuta por la mayoría de los ayuntamientos del Estado, lo cierto es que el hecho de no haber dado cuenta de ello no transciende de forma fundamental al procedimiento legislativo.
En este sentido, no se observan vicios esenciales en el procedimiento legislativo que pudieran incidir directamente en la validez del acto legislativo, como lo sostiene el Municipio actor.
b) El artículo 96 de la Constitución del Estado de Quintana Roo no invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión en materia de procedimiento penal.
El precepto impugnado se circunscribió a dotar de facultades al Ministerio Público Local en la investigación de los delitos, así como a garantizar su autonomía en el desarrollo de sus funciones, de acuerdo con los artículos 21 y 116, fracción IX de la Constitución General; cuestiones que pertenecen al ámbito residual en materia orgánica o administrativa a cargo de los Estados.
Por otra parte, el artículo 102, apartado A, cuarto párrafo de la Constitución General únicamente regula la actuación del Ministerio Público Federal sin hacer referencia al Ministerio Público Local, situación que no podía permanecer al generar incertidumbre jurídica dado que esta institución es la encargada de la investigación y persecución de los delitos en el orden común.
SÉPTIMO. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. El Consejero Jurídico aduce en síntesis lo siguientes:
1. Causas de improcedencia.
Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 en relación con el numeral 10, fracción I, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia porque el Síndico municipal carece de legitimación ad causam para promover la presente controversia constitucional.
De la lectura de los artículos 3, 66, fracción I, incisos r) y u) y 92, fracción V de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, se advierte que el ayuntamiento tiene la facultad de promover las acciones legales correspondientes, cuando los gobiernos federal o estatal expidan leyes o decretos que invadan la esfera competencial; que la representación del Municipio corresponde al ayuntamiento; y, que el Síndico es el apoderado jurídico del mismo.
En este sentido, la representación jurídica le corresponde al ayuntamiento y no al Síndico municipal que sólo tiene el carácter de apoderado jurídico, puesto que el titular de la acción le corresponde al cuerpo colegiado y no al servidor público municipal.
Por tanto, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco no promovió la demanda de controversia constitucional y la acción intentada por el Síndico municipal carece de legitimación.
2. Contestación de los conceptos de invalidez.
a) En cuanto a la violación del procedimiento legislativo, el artículo 164 de la Constitución Local establece que las adiciones o reformas a ella requieren, además de la aprobación por parte de la Legislatura, la aprobación por la mayoría de los ayuntamientos del Estado.
En el caso, obran las actas de cabildo de los municipios en las que consta la votación de nueve municipios aprobando la reforma a la Constitución Local. Asimismo, el conteo de los votos se llevó a cabo en presencia de los diputados integrantes de la Legislatura.
b) Es infundada la impugnación del artículo 96 de la Constitución Local por la vulneración de los derechos de seguridad jurídica, debido proceso, de propiedad, así como de los principios pro persona y de legalidad, puesto que el Municipio actor realiza una interpretación errónea del numeral 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución General.
El Decreto impugnado cumple con los requisitos de fundamentación y motivación, toda vez que el Poder Legislativo actuó dentro de los límites establecidos en la Constitución Federal y Local. En este sentido, no existe vulneración al artículo 73 constitucional pues la norma impugnada se realizó en cumplimiento a la reforma constitucional que implementó el nuevo sistema penal acusatorio y dentro del marco competencial que tiene la Legislatura Estatal.
OCTAVO. Recurso de reclamación. Por escrito recibido el doce de septiembre de dos mil dieciséis, el Síndico del Municipio de Othón P. Blanco interpuso recurso de reclamación en contra del auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, por el desechamiento de la controversia en contra de los Decretos 410, 419 y 420, así como del artículo 77 de la Constitución Local.
En sesión de uno de marzo de dos mil diecisiete, la Primera Sala resolvió por unanimidad de votos el recurso de reclamación 70/2016-CA derivado de la presente controversia en el sentido de confirmar el auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis que desechó parcialmente la demanda.
NOVENO. Opinión del Procurador General de la República. El Procurador General de la República no formuló opinión en el presente asunto.
DÉCIMO. Cierre de la instrucción. Agotado el trámite, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO PRIMERO. Radicación. Previo dictamen del Ministro instructor, la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y los autos le fueron devueltos para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en los puntos Segundo, fracción I, a contrario sensu, y Tercero, del Acuerdo 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno dado el sentido del fallo.
SEGUNDO. Causas de improcedencia. Es innecesario el estudio de las cuestiones relativas a la oportunidad de la demanda y la legitimación de las partes, en virtud de que procede decretar el sobreseimiento del asunto, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la falta de interés legítimo del municipio actor.
En relación con el interés legítimo, el criterio prevaleciente en esta Suprema Corte, se sustenta en la naturaleza de este medio de control constitucional, cuyo objeto principal de tutela radica en el ámbito de atribuciones que la Constitución General confiere a los órganos legitimados para su promoción en el artículo 105, fracción I, de la Norma Fundamental. Por tanto, para que dichos órganos cuenten con interés legítimo para acudir a este juicio, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de afectación,(2) el cual puede derivar no sólo de una invasión a sus competencias, sino de cualquier afectación que incida en su esfera jurídica regulada directamente desde la Constitución General, como las garantías institucionales establecidas en su favor, o bien de otro tipo de prerrogativas como las relativas a cuestiones presupuestales.(3)
Si bien en ocasiones el estudio del interés legítimo debe reservarse hasta el análisis de fondo a fin de determinar si existió o no la invasión competencial acusada, hay casos, como el que nos ocupa, en los que resulta evidente la inviabilidad de la acción, porque el acto impugnado no es susceptible de afectar en modo alguno a la entidad actora, circunstancia que debe llevar al sobreseimiento.(4)
En el presente caso, la controversia constitucional fue admitida a trámite únicamente en contra del Decreto 411 por el que se hicieron diversas modificaciones a la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. En específico, dicho decreto reforma los artículos 21, tercer párrafo; 49, párrafo décimo sexto; 56, fracción II; 67; 75 fracciones XLIV y L; 76, primer párrafo y las fracciones X y XIV; 77, primer párrafo; 80, fracciones V y VI; 90, fracciones XVII y XIX; 94, segundo párrafo; el capítulo IV del Título Quinto para denominarse “De la Fiscalía General del Estado”; el artículo 96 para quedar comprendido en el capítulo V del Título Quinto ; 98(5), párrafos tercero y cuarto; 99, párrafo primero; 101, fracción VII; 102; 105, en sus párrafos primero y cuarto y la fracción II, inciso B); 106; 107; 108; 109; 110; 111; 160, primer párrafo y fracción I; y, adiciona un párrafo segundo al artículo 61; la fracción LI al artículo 75; la fracción XV al artículo 76; la fracción XX al artículo 90; un capítulo V al Título Quinto denominado “Del Poder Judicial”, que comprende los artículos 97 al 109, y un capítulo VI al Título Quinto denominado “Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo” que comprende los artículos 110 y 111, todos de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.
Dicho decreto se impugna, por un lado, por vicios del procedimiento —concretamente la omisión de dar cuenta con el voto del municipio actor en contra de la reforma y de cerciorarse de que las actas de cabildo cumplían con los requisitos legales— y por otro lado, se plantea específicamente la inconstitucionalidad del artículo 96 de la Constitución Local, por invasión a la esfera competencial del Congreso de la Unión.
El citado precepto —único que se combate por una violación sustantiva— señala:
Artículo 96.- El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Para ser Fiscal General se requiere:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento;
II.- Haber nacido en el Estado o tener una residencia efectiva en él no menor de 5 años anteriores a la designación;
III.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
IV.- Ser licenciado en derecho con título y cédula debidamente registrados, con antigüedad mínima de diez años anteriores a la designación;
V.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
VI.- Tener modo honesto de vivir, y
VII.- No haber sido condenado por delito doloso.
A.- El Fiscal General del Estado durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:
a) A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado, la Legislatura del Estado contará con veinte días naturales para integrar una lista de diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura, la cual se enviará al Ejecutivo Estatal.
La presidencia de la Legislatura o de la Diputación Permanente, convocará a los Grupos parlamentarios representados en la Legislatura, para que presenten hasta dos propuestas para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Legislatura, dictaminará sobre el cumplimiento de los requisitos de los candidatos para integrar la lista a que refiere el párrafo anterior.
b) Recibida la lista a que se refiere el inciso anterior, dentro de los diez días naturales siguientes el Ejecutivo formulará la terna y la enviará a la consideración de la Legislatura del Estado.
c) La Legislatura del Estado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General del Estado con el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura, dentro del plazo de diez días naturales.
En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere el párrafo anterior, la Legislatura del Estado tendrá diez días naturales para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala el inciso a) del presente apartado.
d) El Fiscal General del Estado podrá ser removido por la Legislatura del Estado, por determinación de ésta o a solicitud del Ejecutivo Estatal ante la Legislatura del Estado por las causas graves y el procedimiento que establezca la ley. La remoción deberá ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura del Estado.
e) En los recesos de la Legislatura del Estado, la Diputación Permanente convocará de inmediato a periodo extraordinario para la designación o remoción del Fiscal General del Estado.
f) Las ausencias del Fiscal General del Estado serán suplidas en los términos que determiné la ley.
B.- Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden común; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
El Fiscal General del Estado presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo un informe de actividades. Comparecerá ante el Poder Legislativo cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.
El Fiscal General del Estado y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.
C.- La Fiscalía General del Estado administrará con autonomía su presupuesto; el Fiscal General del Estado elaborará el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Fiscalía General.
En todo caso, el anteproyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. El Fiscal General del Estado remitirá dicho anteproyecto a la Legislatura del Estado para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda.
El presupuesto de egresos para la Fiscalía General del Estado no podrá ser menor al dos punto cero cinco por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate, y en ningún caso será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior.
La Cuenta Pública de la Fiscalía General del Estado se sujetará a lo dispuesto por esta Constitución y las leyes aplicables en la materia.
D.- La Fiscalía General del Estado contará con una Contraloría Interna con autonomía técnica y de gestión, responsable de la fiscalización, vigilancia y control del uso, manejo y destino de los recursos, así como del desempeño de los órganos, direcciones, funcionarios y personal. El contralor interno de la Fiscalía General del Estado, durará en su encargo seis años y será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura del Estado, de entre las propuestas que formulen los Grupos Parlamentarios, con base en los requisitos y en los términos que disponga la ley, y estará sujeto al régimen de responsabilidades públicas previsto por esta Constitución para los Servidores Públicos del Estado.
El Contralor interno de la Fiscalía General del Estado no podrá, durante su ejercicio, desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión oficial y sólo podrá recibir percepciones derivadas de la docencia, regalías, derechos de autor o publicaciones siempre que no se afecte la independencia, imparcialidad y equidad que debe regir el ejercicio de su función; también podrá ejercer cargos no remunerados en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia.
La retribución del Contralor interno de la Fiscalía General del Estado será la que corresponda a las obligaciones y responsabilidades del desempeño del cargo.
Como puede verse, el precepto en cuestión establece que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General con carácter de órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; los requisitos para ser Fiscal General; su duración en el cargo y los mecanismos para su designación y remoción; su competencia y facultades; su autonomía presupuestal; y, la regulación de su Contraloría Interna.
Nada de lo establecido en el artículo 96 tiene punto de intersección con las competencias que la Constitución G
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200475-55a0669f/i-controversia-constitucional-interes-legitimo-para-promoverla-ii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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