CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN CONTRA DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO 01 QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD, PUBLICADO EN LA GACETA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO LOCAL EL 14 DE OCTUBRE DE 2010, POR TRATARSE DE UNA NORMA GENERAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. La Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas estuvo ausente) CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS RESPECTO DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO 01 QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN LA GACETA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO LOCAL EL 14 DE OCTUBRE DE 2010, QUE PREVÉ LA ENTRADA EN VIGOR DE ESE DECRETO A PARTIR DE SU APROBACIÓN POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO Y SU PUBLICACIÓN EN DICHO MEDIO DE DIFUSIÓN. (Razones aprobadas por mayoría de seis votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández y Alberto Pérez Dayán, en contra del voto de los Ministros José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo y presidente Juan N. Silva Meza. La Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas estuvo ausente) CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO 01 QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN LA GACETA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO LOCAL EL 14 DE OCTUBRE DE 2010, DEBE TOMARSE EN CUENTA LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE DICHO DECRETO EN EL MENCIONADO MEDIO DE DIFUSIÓN. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. La Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas estuvo ausente) PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO 01 QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, PUBLICADO EN LA GACETA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO LOCAL EL 14 DE OCTUBRE DE 2010, QUE ESTABLECE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESE DECRETO A PARTIR DE SU APROBACIÓN POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO Y SU PUBLICACIÓN EN DICHO MEDIO DE DIFUSIÓN, VULNERA EL DERECHO DE VETO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE AQUELLA ENTIDAD Y, POR ENDE, EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas -con salvedades-, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández -con salvedades- y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto del Ministro Alberto Pérez Dayán. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea precisó que votaría por el sentido del proyecto al ser acorde a su propuesta inicial pero en contra de las consideraciones sobre la facultad de veto del gobernador. La Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas estuvo ausente)
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 70/2010 (CONEXA CON LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 84/2010). PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 18 DE MARZO DE 2014. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: ÓSCAR ECHENIQUE QUINTANA.
México, Distrito Federal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de marzo de dos mil catorce, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la cual se resuelven la controversia constitucional 70/2010 (conexa con la controversia constitucional 84/2010) y resultando que por oficio presentado el once de octubre de dos mil diez, a través del cual el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, por conducto del gobernador del Estado, demandó la invalidez del "Decreto No. 01 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California", aprobado en sesión de dos de octubre de dos mil diez, específicamente del artículo segundo transitorio y señaló como autoridades demandadas a la XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California.
I. Antecedentes
1. El dos de octubre de dos mil diez, los legisladores integrantes de la XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, presentaron ante el Pleno la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.
2. El Pleno del Congreso de Baja California aprobó, en esa misma fecha, el decreto de la iniciativa mencionada, en el cual al parecer, se estableció en el artículo segundo transitorio: "Toda vez que las presentes reformas sólo implican modificaciones al régimen interno del Poder Legislativo, entrarán en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado y se publicarán en la Gaceta del Poder Legislativo", sin que a la fecha de la promoción de la controversia constitucional, se hubiera publicado en la Gaceta del Poder Legislativo el mencionado decreto ni dado a conocer al gobernador del Estado, según el dicho del actor.
3. Una vez aprobado el decreto, el doce de octubre de dos mil diez, se remitió el oficio 003091 signado por las diputadas Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo y Claudia Josefina Agatón Muñiz, presidenta y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la XX Legislatura del Congreso del Estado, dirigido al Gobernador Constitucional de la entidad, adjuntando las veintitrés fojas útiles del Decreto No. 01, conteniendo las reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 161 de esa ley, 3, fracción I, de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Baja California, para su debida publicación.
4. El catorce de octubre de dos mil diez, se publicó el referido decreto en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de Baja California.
5. El gobernador de la entidad emitió oficio de observaciones el veinte de octubre de dos mil diez, a través del cual negó su sanción en los siguientes términos: "... niego en todas y cada una de sus partes su sanción así como su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, ...".
II. Conceptos de invalidez
6. En el concepto de invalidez único, el actor manifestó que el artículo segundo transitorio del Decreto No. 01 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, así como los actos que se hayan emitido en aplicación al mismo, resultan contrarios a los artículos 14 y 16, primer párrafo, 39, 40, 41, párrafo primero, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dejar de observar lo dispuesto en los numerales 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 49, fracción I, 52, fracción I y 97, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como los artículos 160 al 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California y los artículos 2, 17, 19, fracción III, y 20, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
7. El actor alega que, el Poder Legislativo de la entidad vulneró los dispositivos legales y constitucionales antes señalados, al estimar que:
a) Transgrede el principio de debido proceso previsto en el numeral 14 de la Carta Magna, en virtud de que el Poder Legislativo no respetó las etapas fundamentales del proceso de reforma, adición y derogación de leyes para su respectiva validez, al ordenar que cobre vigencia el decreto de mérito una vez aprobado, sin que éste haya sido promulgado por el Ejecutivo Estatal o, en su caso, vetado por el mismo, autorizado por el secretario general de Gobierno y publicado el Periódico Oficial del Estado por el Oficial Mayor de Gobierno y director del Periódico Oficial.
El marco jurídico estatal no prevé excepción alguna que permita dejar de cumplir con la fase de promulgación de una ley o decreto, por lo que esa fase es indispensable para la culminación del proceso legislativo. Además, por cuanto hace al derecho de veto, los únicos supuestos en que conforme a la normativa local no procede, son respecto de los decretos que manden abrir o cerrar sesiones, los emitidos por el Congreso cuando actúe en funciones de Jurado de Sentencia y los que contienen reformas a la Constitución Local.
b) Actúa fuera de su esfera de atribuciones, al ordenar que entrara en vigor el decreto en cuestión una vez aprobado, sin haber agotado la fase de promulgación, conculcando el principio de legalidad previsto en el artículo 16 del Pacto Federal y, consecuentemente, el diverso artículo 97, párrafo primero, de la Constitución Local.
c) Vulnera los principios de soberanía popular, forma de Estado federal, representación y democrático, así como la división de poderes, consagrados en los ordinales 39, 40, 41 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al impedir que el Poder Ejecutivo de Baja California ejerza las facultades que le son exclusivas de promulgar y vetar leyes, además de que invade la esfera competencial de este último al intentar sustituirse en su respectivo ejercicio, haciendo nugatorio el objeto de esas atribuciones, al desequilibrar los poderes.
Esto, porque la participación del Ejecutivo en el proceso de leyes, constituye un control político para evitar alguna actuación excesiva por parte del Poder Legislativo y, en este sentido, la actuación de éste trastoca el sistema de pesos y contrapesos de orden constitucional.
d) Corrompe el esquema jurídico y político de la entidad, al transgredir el proceso de creación, reforma y derogación de leyes y decretos, la esfera de atribuciones dotadas a los poderes Ejecutivo y Legislativo, y el mecanismo de control político que constituye el veto, claramente previsto en el numeral 116 de la Carta Magna y el marco jurídico estatal.
Lo anterior, sin que sea óbice que las reformas que se aprueben en el decreto, sólo impliquen modificaciones al régimen interno del Poder Legislativo de Baja California, porque el sistema jurídico local no prevé excepción alguna para incumplir con la etapa de promulgación de alguna ley o decreto, sino que establece que estos actos son relevantes para la validez de la norma.
Asimismo, por cuanto hace al ejercicio del veto, la Constitución Local sólo establece tres supuestos de excepción -cierre o apertura de sesiones, jurado de sentencia, reformas constitucionales-, ninguno de los cuales se actualiza en el caso.
III. Artículos constitucionales violados
8. El Poder Ejecutivo actor estimó violados los artículos 14, 16, 39, 40, 41, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IV. Trámite de la controversia constitucional
9. La demanda de controversia constitucional se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de octubre de dos mil diez.(1)
10. El presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 70/2010 y, de conformidad con la certificación respectiva, lo turnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para la elaboración del proyecto respectivo.(2)
11. El trece de octubre de dos mil diez, el Ministro instructor previno al promovente a fin de que aclarara su escrito, las razones por las cuales el secretario de Gobierno puede representar al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en sustitución del gobernador de la entidad,(3) lo cual fue desahogado por el actor y el veintiuno de octubre siguiente, se tuvo como representante legal de Poder Ejecutivo de la entidad.(4)
12. Posteriormente, el secretario general de Gobierno de la entidad demandante, presentó desistimiento de la demanda, por lo que el veintiséis de octubre de dos mil diez, este Alto Tribunal le apercibió para que en el plazo de tres días hábiles, ratificara el contenido y firma de su escrito de desistimiento,(5) lo cual aconteció el tres de noviembre de ese año y el día ocho siguiente.
13. El Ministro instructor acordó que el estudio sobre la procedencia o improcedencia del desistimiento se haría en la sentencia, ya que la determinación de si el decreto impugnado constituye una norma general respecto de la cual, no procede el desistimiento con fundamento en el artículo 20, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, implica un tema relacionado con el fondo del asunto.
14. En sesión de siete de mayo de dos mil trece, el Pleno de esta Suprema Corte retiró la presente controversia constitucional, toda vez que la mayoría del Tribunal Pleno desestimó el proyecto de la controversia constitucional 84/2010 conexa con el asunto en cuestión.
15. En dicha sesión, el presidente del Máximo Tribunal decidió returnar la controversia discutida y su conexa, a fin de preparar un nuevo proyecto, en el cual se fijara la posición de la mayoría del Pleno.
16. Ante esa decisión, las controversias constitucionales mencionadas, fueron enviadas a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para la elaboración de los proyectos respectivos.
V. Contestación de la demanda
17. En el escrito respectivo, la presidenta y secretaria de la Mesa Directiva de la XX Legislatura del Estado de Baja California, como representantes legales del Congreso del Estado, sustancialmente, expusieron:
a) Es cierto que los integrantes de esa legislatura emitieron de común acuerdo y, en consecuencia, suscribieron la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en sesión ordinaria de dos de octubre de dos mil diez.
b) El decreto no genera incertidumbre legal, toda vez que no se sometió a votación de los diputados que integran el Pleno de la XX Legislatura, sino que se votó la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.
c) Como lo adujo el demandante, la iniciativa en cita contiene el artículo segundo transitorio, el cual ya ha cumplido su objeto, toda vez que establece que el decreto entraría en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado; por ende, deberá sobreseerse en la controversia constitucional, conforme a la jurisprudencia P./J. 8/2008, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE PROMUEVE CONTRA UN PRECEPTO TRANSITORIO QUE YA CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ, DEBE SOBRESEERSE AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
Además, el artículo transitorio aludido estableció que, al tratarse de reformas al régimen interno del Poder Legislativo, no tienen impacto en los demás Poderes del Estado de Baja California y que, por su naturaleza, se requería que las reformas fueran del conocimiento oportuno de sus destinatarios, a fin de proceder a su cumplimiento, por tanto, debe sobreseerse la controversia constitucional.
d) Con la expedición del decreto no se violentó ningún precepto constitucional o normativo, puesto que en el acto legislativo que, supuestamente, afecta al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, atañe, única y exclusivamente, al Poder Legislativo de la entidad federativa, al regular la estructura y funcionamiento interno del mismo. Por ende, no podrá vetarse ni requiere ser promulgada por el Ejecutivo, tal como lo señala la tesis XXVIII/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "DERECHO DE VETO. SU EJERCICIO NO ES ILIMITADO, EN TANTO QUE EXISTE ACTOS QUE NO PUEDEN SER OBJETO DE AQUÉL, ATENTO AL PRINCIPIO DE LA NO INTERVENCIÓN DE UN PODER EN OTRO TRATÁNDOSE DE ACTOS DE DETERMINADA NATURALEZA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO)."
e) La parte demandante pretende inmiscuirse en asuntos que corresponden, en exclusiva, al órgano legislativo y, por tanto, esa intromisión se traduciría en la violación al principio de división de poderes, que exige un equilibrio a través del sistema de pesos y contrapesos, tendente a evitar la hegemonía o consolidación de un poder u órgano absoluto, pues del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la ley que rige la vida interna del Poder Legislativo no podrá ser vetada ni requiere promulgación, ya que el espíritu del legislador fue el de evitar una intromisión por parte del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo.
Consecuentemente, el Poder Legislativo está dotado de plena competencia para decretar, la reforma, modificación, derogación o abrogación de leyes, y ordenar la fecha de su inicio de cumplimiento y, fijar o delimitar su vigencia temporal y legal.
f) El actor carece de interés jurídico en el asunto, toda vez que, por decisión propia, decidió desistirse de la controversia constitucional, y
g) Tratándose de actos legislativos, no se exige que expresen de manera concreta los fundamentos y motivos en que se sustentan, dada su propia y especial naturaleza; siempre que el Congreso actúe dentro de los límites que la Constitución le confiere.
VI. Solicitud de sobreseimiento
18. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veinticinco de noviembre de dos mil diez, la delegada del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California solicitó el sobreseimiento fuera de audiencia de la controversia, por actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la cesación de efectos del acto impugnado.
19. Al respecto, manifestó que recibió el oficio 003091 suscrito por las diputadas presidenta y secretaria de la XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, a través del cual, le fue remitido el decreto impugnado, por lo que en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 34 de la Constitución Local negó su sanción y presentó observaciones al mismo, devolviéndolo al Congreso del Estado para sus correspondientes análisis y consideración.
20. Por tanto, afirmó que han cesado los efectos de los actos impugnados, pues al haberse remitido el decreto para su publicación por parte del Ejecutivo Estatal, se han subsanado los vicios de inconstitucionalidad que se hicieron valer en la demanda, en tanto se ha cumplido con la etapa del procedimiento legislativo consistente en la remisión al Ejecutivo para su correspondiente promulgación o, en su caso, para el ejercicio del derecho de veto.
21. Mediante acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diez, el Ministro instructor determinó que no era manifiesto ni notorio el hecho de que hubiera sobrevenido la referida causa de improcedencia, por lo que los argumentos respectivos se tomarían en cuenta al momento de dictarse sentencia.
VII. Consideraciones del procurador general de la República
22. Por escrito de veinticuatro de enero de dos mil once, el procurador general de la República, argumentó que la causal de improcedencia y sobreseimiento que hace valer el Poder Legislativo del Estado de Baja California, por cesación de efectos de la norma cuya invalidez se demanda, procede desestimarla, en razón de que además de impugnar el artículo segundo transitorio del decreto impugnado, también cuestiona la falta de promulgación y publicación. En este sentido, lo aseverado por la demandada atañe a cuestiones vinculadas con el fondo de la controversia constitucional.
23. Asimismo, en relación con la omisión de una etapa esencial del procedimiento legislativo, resulta infundado el argumento esgrimido por la actora, en virtud de que el Poder Ejecutivo no tiene facultad alguna para intervenir, ni mucho menos para vetar las actuaciones que el propio órgano legislativo realice respecto de su ley orgánica, lo cual es un acto que por su propia naturaleza no requiere de colaboración entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en la medida en que la ley que regula la estructura y funcionamiento internos del Congreso, no trasciende, en sí misma, al desarrollo de las atribuciones encomendadas al Ejecutivo.
24. En este aspecto, el hecho de que el titular del Poder Ejecutivo estime que el Congreso Local incurrió en violaciones procedimentales al emitir el Decreto No. 01, no lo autoriza a desecharlo o negarse a publicarlo, sin que exista alguna norma de excepción en la Constitución Local que lo faculte a intervenir en dichas determinaciones, por lo que su obligación era publicar tal resolución.
25. Sobre la presunta violación al artículo 16 constitucional, resulta infundado el argumento, ya que en los actos de autoridad legislativa, el requisito de fundamentación se cumple cuando el órgano legislativo que emite una norma general está facultado constitucionalmente para ello; el requisito de motivación se colma, cuando la ley emitida alude a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas.
26. La supuesta violación del principio de división de poderes, establecido en los numerales 49 y 116 de la Constitución Federal es infundada, ya que el Congreso del Estado de Baja California actuó con base en la Constitución Estatal, que lo faculta para reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidiere, así como expedir su reglamento interior y demás acuerdos que resulten necesarios para la adecuada organización administrativa del Congreso. Si es facultad del órgano legislativo local todo lo concerniente a su estructura interna, el Poder Ejecutivo no tiene facultad alguna para intervenir, ni mucho menos para vetar las actuaciones que el propio órgano legislativo realice al respecto.
VIII. Cierre de la instrucción
27. Agotado en sus términos el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, y se puso el expediente en estado de resolución.
IX. Competencia
Ver votación 1 28. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Baja California.
X. Oportunidad
Ver votación 2 29. Este Tribunal Pleno advierte que la materia de la controversia versa sobre la supuesta invalidez del Decreto No. 01 de dos de octubre de dos mil diez, en particular lo que respecta al artículo segundo transitorio.
30. No obstante lo anterior, con independencia de lo que al respecto se determine en el estudio de fondo de la presente resolución, se observan las siguientes circunstancias: a) las características del artículo segundo transitorio que revisten las de una norma general en cuanto a su contenido; y, b) que la intención del cuerpo legislativo que lo ha creado es que esta norma produzca los efectos de una norma general vigente en el Estado de Baja California.
31. Por lo anterior, se considera que el precepto impugnado debe calificarse como norma general para los efectos de analizar su oportunidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia,(6) el cual señala que tratándose de normas generales, el plazo para la promoción de la controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o al en que se produzca el primer acto de aplicación de las mismas.
32. En el caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California manifiesta que, al momento de presentar la demanda, desconocía el contenido del decreto impugnado, ya que el mismo no había sido publicado en medio de difusión alguno ni le había sido remitido para su conocimiento.
33. En efecto, este asunto presenta la peculiaridad de que la norma cuya invalidez se aduce, tiene por objeto: a) establecer como fecha de entrada en vigor de un proyecto de reformas, el momento de su aprobación por el Congreso Local; y, b) ordenar su publicación en la Gaceta Parlamentaria; cuestiones que la parte actora estima violatorias de los principios de legalidad y de división de poderes, en tanto no respetan las reglas del procedimiento legislativo y vulneran su derecho al veto.
34. Cabe señalar que con posterioridad a la presentación de la demanda, el Congreso Local remitió al Gobernador del Estado el decreto impugnado para su publicación en el medio de difusión oficial. Sin embargo, dicha publicación no se llevó a cabo, toda vez que el Ejecutivo Local formuló observaciones al decreto, en contra de lo cual, a su vez, el Congreso promovió la controversia constitucional 84/2010.
35. Todo lo anterior explica que, el Decreto No. 01que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, aprobado el dos de octubre de dos mil diez, al día de hoy no haya sido publicado en el Periódico Oficial, sino únicamente en la Gaceta Parlamentaria de catorce de octubre de dos mil diez.
36. Este Alto Tribunal ha señalado que la controversia constitucional no procede respecto de normas generales que aún no han sido publicadas en el medio de difusión oficial, tal como lo prevén las jurisprudencias P./J. 129/2001, P./J. 130/2001, P./J. 67/2003, P./J. 21/2008, de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS VICIOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.",(7) "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN LA DEMANDA SÓLO SE IMPUGNAN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA GENERAL QUE NO HA SIDO PUBLICADA, DEBE DESECHARSE POR EXISTIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."(8), "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE NO HA SIDO PROMULGADO NI PUBLICADO."(9) y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA IMPUGNAR UN ACTO CUYA PUBLICACIÓN QUEDÓ EN SUSPENSO EN VIRTUD DE QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO LOCAL EJERCIÓ SU DERECHO DE VETO, Y CONTRA ÉSTE SE PROMOVIÓ UNA DIVERSA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, INICIA AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE REALIZA LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE AQUÉL.",(10) respectivamente.
37. Sin embargo, en la presente controversia la falta de publicación en el Periódico Oficial constituye la materia misma de la impugnación, en tanto se aduce que el artículo segundo transitorio impide que se cumpla dicha etapa del procedimiento legislativo.
38. En este contexto, este Pleno encuentra que el decreto, en particular lo relativo al artículo segundo transitorio, impugnado se combate con motivo de su publicación en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado. Por tanto, para los efectos de la oportunidad de su impugnación, debe tomarse en cuenta la fecha de publicación del Decreto No. 01 en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de Baja California, como único medio de difusión existente, lo que ocurrió el catorce de octubre de dos mil diez, de donde se concluye que la demanda presentada el once de octubre resulta manifiestamente oportuna.
39. Lo anterior, sin que sea óbice que la presentación del escrito de controversia constitucional se haya presentado con anterioridad a la publicación en el medio de difusión mencionado; debido a que esa circunstancia en nada afecta al cómputo del plazo.
XI. Legitimación
Ver votación 3 40. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(11) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
41. En el caso, promovió la controversia constitucional Cuauhtémoc Cardona Benavides, secretario general de Gobierno del Estado de Baja California, en su carácter de representante legal del Poder Ejecutivo, cargo que acreditó con copia certificada del nombramiento respectivo.(12)
42. En términos del artículo 19, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California,(13) el secretario general de Gobierno tiene facultad para representar al Poder Ejecutivo del Estado en las controversias constitucionales a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en términos de las normas legales aplicables, el promovente cuenta con la legitimación necesaria para ejercer la presente acción, además de que se trata de uno de los entes enunciados en el referido precepto constitucional.
43. Por su parte, en representación del Congreso del Estado de Baja California comparecieron las diputadas Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo y Claudia Josefina Agatón Muñiz, presidenta y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, carácter que acreditaron con copias certificadas de las actas de sesión previa y de instalación, de fechas treinta de septiembre y primero de octubre de dos mil diez, respectivamente.(14)
44. Conforme al artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California,(15) la representación legal del Congreso estatal ante toda autoridad, recae sobre el presidente y secretario de la mesa directiva, por lo que se les reconoce legitimación pasiva a dichas funcionarias para comparecer a la presente controversia constitucional al ser el Congreso del Estado de Baja California quien expidió el decreto impugnado.
XII. Desistimiento
45. El secretario general de Gobierno del Estado de Baja California, en representación del Poder Ejecutivo Estatal, presentó escrito en el que manifestó su voluntad de desistirse de la presente controversia constitucional, lo cual se reservó para el dictado de este fallo. Ver votación 4
46. A fin de resolver sobre la procedencia de dicho desistimiento es necesario determinar si lo impugnado por la parte actora constituye actos o normas generales, pues en términos del artículo 20, fracción I,(16) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el desistimiento procede únicamente respecto de actos.
47. Sobre el tema, resultan aplicables las jurisprudencias de rubros: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA."(17) y "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA PUEDE HACERSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SEA EXPRESO Y SE REFIERA A ACTOS Y NO A NORMAS GENERALES."(18)
48. En el caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California impugna el Decreto No. 01 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad, específicamente por cuanto hace a su artículo segundo transitorio, relativo a la entrada en vigor y publicación del mismo.
49. Al tratarse de un decreto de reformas a la Ley Orgánica del Congreso Local, este Tribunal Pleno advierte que el acto impugnado constituye un acto formal y materialmente legislativo, en tanto está referido a la organización interna del Poder Legislativo del Estado de Baja California, de manera general, impersonal y abstracta.(19)
50. En efecto, la reforma no está dirigida a una persona o grupo de individuos nominalmente determinados, sino que está diseñada para regir el funcionamiento cotidiano del Congreso Local; al tratarse de lineamientos generales que regulan la estructura, organización y funcionamiento interno del Congreso, de manera que los preceptos en ella establecidos deben aplicarse cuantas veces se den los supuestos en ella previstos y sin distinción de persona.(20)
51. Por otro lado, el hecho de que el artículo segundo transitorio del decreto -que es el específicamente impugnado- se refiera al momento de entrada en vigor del mismo y establezca el medio para su publicación, no implica que se trate de un acto concreto.
52. Las normas de tránsito tienen una función instrumental, por virtud de la cual no pueden desvincularse de las normas generales que pretenden implementar, a pesar de que se dirijan a casos concretos, pues su aplicación se agota una vez alcanzados los fines para los cuales se emiten, son accesorias a las normas generales y respecto de éstas no tienen una existencia autónoma,(21) en la medida en que son producto de un mismo procedimiento legislativo.
53. En estas condiciones, al impugnarse una norma general, este Pleno concluye que no es procedente el desistimiento de la presente controversia constitucional que plantea el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.
XIII. Causales de improcedencia
Ver votación 5 54. El Poder Legislativo del Estado de B
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25433-33b260f9/controversia-constitucional-es-improcedente-el-desistimiento-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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