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Modo: Corpus Pro

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO POR EL GOBERNADOR DE ESA ENTIDAD EL 20 DE OCTUBRE DE 2010, AL DECRETO 01 QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, APROBADO EL 2 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO Y PUBLICADO EN LA GACETA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO LOCAL EL 14 DE OCTUBRE SIGUIENTE, NO INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DE ESE ÓRGANO LEGISLATIVO Y, POR ENDE, ES CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo -con salvedades-, Luis María Aguilar Morales -con salvedades- y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández y Alberto Pérez Dayán. La Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas estuvo ausente) PODERES LEGISLATIVOS LOCALES. CUENTAN CON LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULAR EL RÉGIMEN QUE ADOPTARÁN EN SU ORGANIZACIÓN INTERNA. (Razones aprobadas por mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo -con salvedades-, Luis María Aguilar Morales -con salvedades- y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández y Alberto Pérez Dayán. La Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas estuvo ausente)

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 84/2010 (CONEXA CON LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 70/2010). · Registro digital (IUS): 25431
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-01-23
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, Pág. 463.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 84/2010 (CONEXA CON LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 70/2010). PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 18 DE MARZO DE 2014. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: ÓSCAR ECHENIQUE QUINTANA.

México, Distrito Federal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de marzo de dos mil catorce, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 84/2010 (conexa con la controversia constitucional 70/2010) y, resultando que, por oficio presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil diez en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo y Claudia Josefina Agatón Muñiz, quienes se ostentaron con el carácter de presidenta y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, promovieron, en representación del Poder Legislativo de la entidad, controversia constitucional en la que demandaron:

Autoridad demandada: Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.

Acto cuya invalidez se demanda: Las observaciones al Decreto No. 01 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, emitidas por el titular del Poder Ejecutivo de la misma entidad, mediante oficio de fecha veinte de octubre de dos mil diez, en el que textualmente declara: "... NIEGO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES SU SANCIÓN ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ..."

I. Antecedentes

1. El dos de octubre de dos mil diez, se celebró sesión ordinaria de la XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, previa notificación de la convocatoria a cada uno de los veinticinco diputados que la integran, anexándose el orden del día y copia de los documentos para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, de conformidad con lo previsto en el procedimiento relativo a las prácticas parlamentarias de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Baja California.

2. Durante el desarrollo de la sesión ordinaria antes señalada, con base en los artículos 27, fracción I, 28, fracción I y 31 de la Constitución Política del Estado de Baja California; así como en los numerales 110, 112 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Baja California, se presentó la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

3. A la iniciativa recayeron dos votaciones aprobatorias: una en relación con la dispensa para el trámite de remisión a la comisión correspondiente, por razones de urgencia y obvia resolución previstas en el artículo 31 de la Constitución Política de la entidad; y, la segunda, con la finalidad de aprobar la iniciativa en los términos presentados.

4. Una vez aprobado el decreto, el doce de octubre de dos mil diez, se remitió oficio 003091 signado por las diputadas Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo y Claudia Josefina Agatón Muñiz, presidenta y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la XX Legislatura del Congreso del Estado, dirigido al Gobernador Constitucional de la entidad, adjuntando las veintitrés fojas útiles del Decreto No. 01 conteniendo las reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en cumplimiento de lo señalado en los artículos 161 de esa ley y 3, fracción I, de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Baja California, para su debida publicación.

5. El veinte de octubre de dos mil diez, el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California dirigió un escrito a la diputada presidenta de la Mesa Directiva de la XX Legislatura, a través del cual manifestó: "... NIEGO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES SU SANCIÓN ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ...", especialmente por lo que hacía al artículo segundo transitorio que señala que éste entraría en vigor al momento de su publicación en la gaceta parlamentaria. Dicha controversia se registró en esta Suprema Corte con el número 70/2010.

6. El veinticuatro de noviembre de dos mil diez, la XX Legislatura del Estado de Baja California promovió controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

II. Conceptos de invalidez

7. El Poder Legislativo actor esgrimió, en síntesis, las siguientes consideraciones en su único concepto de invalidez:

a) El Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, al expedir las observaciones al Decreto No. 01, negando en todas sus partes su sanción, así como su publicación en el Periódico Oficial, vulnera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se atendió a los mínimos jurídicos que se contemplan en los artículos 43 y 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al intentar materialmente establecer una especie de veto sobre las reformas que atañen únicamente al ámbito legislativo.

b) De la interpretación del artículo 70 constitucional, se desprende que las reformas que se hagan a las leyes orgánicas del Congreso Federal y de las Legislaturas Estatales, no podrán ser vetadas ni necesitarán de promulgación por parte del Ejecutivo Federal o de los titulares de los Poderes Ejecutivos estatales.

c) El Congreso del Estado, por imperativo constitucional tiene la capacidad para redactar y aprobar, sin intromisión de otros poderes, las normas que rigen su actuación interior y de acuerdo con las cuales ha de cumplir sus funciones, por lo que el actuar del Poder Ejecutivo se limita a la publicación del decreto, sin que pueda recurrir a la figura del veto.

d) Por otra parte, se aduce que el principio de división de poderes, previsto en los artículos 49 de la Constitución General de la República y 11 de la Constitución Local, implica una distribución de funciones hacia uno u otro de los Poderes del Estado, referidas preponderantemente a garantizar su buen funcionamiento, finalidad que se actualiza con la expedición de su ley orgánica. En este orden de ideas, se considera que la actuación del Poder Ejecutivo transgrede el principio de no intervención de un poder en otro consagrado en la Constitución Local, ya que violenta e invade la esfera política y administrativa del Poder Legislativo al tratar de obstaculizar e impedir que éste pueda organizarse de acuerdo a las necesidades que le son propias y singulares para el cumplimiento de sus fines.

e) El artículo 34, párrafo séptimo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, hace alusión a la posibilidad de observar leyes, ordenamientos y disposiciones de observancia general, carácter que no tiene la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por regular el funcionamiento interno del Congreso.

f) Los diputados en su totalidad decidieron obligarse a cumplir las disposiciones contenidas en la reforma desde el momento de su aprobación, por lo que adquirieron plena validez desde el momento mismo en que fueron aprobadas y tienen carácter obligatorio, por tanto, constituyen un acto consumado.

III. Artículos constitucionales violados

8. Los preceptos que se estiman infringidos son el artículo 43, en relación directa con el 70, segundo, tercer y cuarto párrafos, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Trámite de la controversia constitucional

9. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticuatro de noviembre de dos mil diez.(1)

10. Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 84/2010,(2) y determinó turnarla al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea por la conexidad que tiene con la diversa controversia constitucional 70/2010, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.

11. En sesión de siete de mayo de dos mil trece, la mayoría del Pleno de esta Suprema Corte votó en contra del proyecto originalmente propuesto y, en consecuencia, retiró la controversia constitucional 70/2012, conexa con el presente asunto.

12. El presidente del Máximo Tribunal decidió returnar la controversia discutida y su conexa, a fin de proponer un nuevo proyecto.

13. Ante esa decisión, las controversias constitucionales mencionadas fueron enviadas a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para la elaboración de los proyectos respectivos.

V. Contestación de la demanda

14. El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Baja California, señaló, en el escrito respectivo, sustancialmente, lo siguiente:

a) No es aplicable el artículo 70 de la Constitución General de la República, ya que éste regula el régimen federal, sin que tal prohibición se haga extensiva a los Poderes Ejecutivos Locales, ni incluya a las leyes orgánicas expedidas por los Poderes Legislativos Locales, ya que los Estados se rigen por su propio marco jurídico, en términos del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) En términos del referido precepto constitucional, es imperativo para los Estados darse su Constitución y, en ella, establecer la división de poderes, su organización y las reglas y principios básicos correspondientes, con apego a las normas de la Constitución Federal.

c) La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California es clara en establecer las normas que rigen las distintas etapas del proceso legislativo para la formación de leyes y decretos en el Estado, las cuales a su vez se desarrollan en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado de Baja California.

d) El artículo 34 de la Constitución Local prevé expresamente la facultad del Ejecutivo Estatal de hacer observaciones a los proyectos de ley aprobados por el Congreso del Estado, con excepción de los supuestos expresamente señalados en el citado numeral y en el diverso 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a saber, cuando se trate de decretos que manden abrir o cerrar sesiones, los emitidos cuando el Congreso Local actúe en funciones de jurado de sentencias y los que se refieran a reformas constitucionales, sin que esté incluido en estas excepciones el decreto relativo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Por tanto, se colige que el acto impugnado fue emitido en el marco de lo que señala la legislación local.

e) La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado es una ley en sentido formal y material, a la cual le son inherentes las características de generalidad, abstracción, impersonalidad y permanencia, pues la norma en cuestión es de observancia general en tanto rige la estructura, organización y funcionamiento del Poder Legislativo; por tanto, sí podía ser objeto de observaciones.

f) Para la plena validez de una ley, necesariamente debe ser promulgada por el Ejecutivo del Estado y publicada en el Periódico Oficial, por tanto, se puede concluir que, en forma alguna se esté ante la presencia de actos consumados, ya que en estricta observancia a la Constitución Estatal y a la ley orgánica, el decreto no ha adquirido plena validez.

g) El Poder Ejecutivo Estatal, al ejercer el derecho de veto, no obstruye facultades que no sean de su competencia, ni invade la esfera del Poder Legislativo, ya que el sentido del veto consiste en un mecanismo de control político que impide que el Poder Legislativo se exceda en sus facultades. Asimismo, el hecho de que se hagan observaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, no significa que el Poder Ejecutivo se entrometa en una cuestión del Poder Legislativo, porque es una facultad constitucional del Ejecutivo para participar en la creación de leyes.

VI. Consideraciones del procurador general de la República

15. El procurador general de la República, a través del oficio PGR/531/2010,(3) manifestó que de la interpretación integral y sistemática de los artículos 49 y 116 de la Constitución Federal, se advierte que la división de poderes opera de manera flexible, ya que la distribución de atribuciones y funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante; sino que, entre ellas, se presenta una colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado en beneficio del pueblo mexicano.

16. Aduce que, de acuerdo con los precedentes del Máximo Tribunal del país, la no intromisión, la no dependencia y la no subordinación son grados de una prohibición establecida en la Constitución General, con el objeto de que los poderes instituidos en la propia Ley Fundamental no puedan ejercer toda la potestad e imperio en su propio interés, de manera que cuando se actualiza cualquiera de esa prohibiciones, se vulnera el postulado de la división de poderes.

17. Por tanto -continúa-, la facultad de veto es una prerrogativa del órgano ejecutivo consistente en la posibilidad de hacer llegar al órgano legislativo información, objeciones y cuestionamientos adicionales que pudieron no haberse tomado en cuenta en el momento de discutirse la iniciativa durante el procedimiento legislativo, pues el veto es un medio de participación para una colaboración efectiva entre poderes.

18. Así, existen actos que, por su naturaleza no requieren de colaboración entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, como en el caso de las facultades propias del órgano legislativo, por ser una facultad excepcional, por lo que el veto conferido al Poder Ejecutivo, conforme al artículo 34 de la Constitución Local, no es ilimitado, sino que existen actos que no pueden ser objeto de ese control, porque vulneraría la independencia del Poder Legislativo y paralizaría su vida interna.

19. Finalmente, concluye sus argumentos en el sentido de que, al ser fundado el concepto de invalidez, debe declararse la inconstitucionalidad del acto reclamado, por violentar el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal, siendo innecesario ocuparse de los restantes argumentos.

VII. Cierre de la instrucción

20. Agotado en sus términos el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución y se puso el expediente en estado de resolución.

VIII. Conexidad

21. Con fundamento en el artículo 38 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dada la relación que existe entre el presente asunto y la diversa controversia constitucional 70/2010, ambos serán resueltos en la misma sesión; lo cual se acordó en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diez.

IX. Competencia

22. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Baja California. Ver votación 1

X. Existencia del acto impugnado

23. El acto impugnado en la presente controversia es el oficio emitido por el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California el veinte de octubre de dos mil diez, a través del cual efectuó observaciones al Decreto No. 01 del Congreso del Estado de Baja California por el que se reformaron diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad. Ver votación 2

24. La existencia de dicho acto se acredita con la copia certificada que la parte actora exhibió del oficio respectivo,(4) cuyo primer párrafo dice:

"En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y estando dentro de la fase del proceso legislativo en que me corresponde intervenir, presento observaciones al Decreto Número 01, aprobado en la sesión ordinaria de la XX Legislatura celebrada el día 02 de octubre del año en curso, mediante el cual, se decretaron diversas reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California (la ley orgánica) y, en consecuencia, NIEGO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES SU SANCIÓN ASÍ COMO SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, basándome en las consideraciones siguientes: ..."

XI. Oportunidad

25. La presente controversia se hace valer en contra de un acto del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, consistente en la realización de observaciones a un decreto legislativo, por lo que debe estarse a lo dispuesto por el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) conforme al cual, cuando se impugnan actos en la controversia constitucional, el actor cuenta con un plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al en que: a) surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) se ostente sabedor de los mismos. Ver votación 3

26. De las constancias de autos se desprende que la parte actora tuvo conocimiento del oficio impugnado en la misma fecha de su emisión, el veinte de octubre de dos mil diez, según consta en la copia certificada del propio documento, en la que aparece un sello de recibido de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Baja California, con esa fecha.

27. Por tanto, el plazo de treinta días para la promoción de la demanda transcurrió del veintiuno de octubre al seis de diciembre de dos mil diez, descontándose los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de octubre, seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre, y cuatro y cinco de diciembre, todos ellos por ser sábados y domingos; así como los días uno, dos y quince de noviembre por ser inhábiles, de conformidad con lo establecido por los artículos 2 y 3 de la ley reglamentaria de la materia,(6) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(7) y el punto primero, incisos a), b) y c) (este último en relación con el artículo 74, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo) y del Acuerdo General 2/2006 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de treinta de enero de dos mil seis, relativo a la determinación de los días inhábiles y de descanso.

28. Por tanto, al haberse recibido la demanda el veinticuatro de noviembre de dos mil diez, debe concluirse que su presentación fue oportuna.

XII. Legitimación

29. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(8) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo. Ver votación 4

30. En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por las diputadas Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo y Claudia Josefina Agatón Muñiz, presidenta y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, cuyos cargos acreditaron con copia certificada de las actas de sesión previa y de instalación de treinta de septiembre y primero de octubre de dos mil diez.(9)

31. Conforme al artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California,(10) se advierte que la representación legal del Congreso Estatal, ante toda autoridad, recae en la mesa directiva, órgano compuesto por su presidente y secretario; por lo anterior, se concluye que las promoventes se encuentran debidamente legitimadas para promover la presente controversia constitucional, además de que el Poder Legislativo es de los entes enunciados en el artículo 105, fracción I, constitucional.

32. Por su parte, del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California compareció Cuauhtémoc Cardona Benavides, secretario general del Gobierno del Estado de Baja California, en su carácter de representante legal del Poder Ejecutivo, cargo que acreditó con el nombramiento expedido por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California, de diecinueve de julio de dos mil diez.(11)

33. De conformidad con el artículo 19, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California,(12) corresponde al secretario de Gobierno representar legalmente al Poder Ejecutivo del Estado en las acciones y controversias constitucionales a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se concluye que el secretario general de Gobierno se encuentra legitimado para comparecer en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, quien expidió las observaciones que constituyen el acto impugnado.

XIII. Procedencia y sobreseimiento

34. No se hacen valer, ni de oficio se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia. Ver votación 5

35. Este Tribunal Pleno observa que el acto impugnado consiste en el oficio de observaciones de veinte de octubre de dos mil diez, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, en el cual se abordaron dos vertientes: a) señalar la ilegalidad del artículo segundo transitorio del Decreto No. 01 de dos de octubre de dos mil diez, y; b) mencionar aspectos particulares de determinados artículos reformados mediante el decreto mencionado.

36. Al respecto, no pasa desapercibido que, desde el dos de octubre de dos mil diez, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California ha sido modificada en diversas ocasiones; reformas que comprendieron artículos cuya modificación se pretendió a través del Decreto No. 01 referido. En el caso de que dichas modificaciones tengan alguna trascendencia en la materia de la controversia, deberán determinarse en el estudio del fondo de la misma.

XIV. Cuestiones preliminares

XIV.1. Problemática en la presente controversia constitucional

37. En el presente caso se presenta una problemática relacionada con la producción de una norma con naturaleza de ley, emitida por el cuerpo legislativo de una entidad federativa, respecto de la cual el titular del Poder Ejecutivo Local ejerció derecho de veto. Ver votación 6

38. Sobre dicha problemática, este Tribunal Pleno considera relevante tener presente dos premisas: 1) las Constituciones deben interpretarse con base en principios; 2) siguiendo estos últimos, debe respetarse la libertad que corresponda al Legislador Constituyente, en el ámbito federal o local, para configurar el régimen constitucional que consideren conveniente.

39. En el caso, el principio que debe regir el análisis y conclusión de la controversia es el principio de división de poderes que establece el régimen constitucional federal. A partir de ello, debe analizarse el régimen constitucional local para determinar si éste se encuentra conforme al régimen federal, en cuanto a lo que la Constitución Federal le manda establecer, y si las consecuencias que derivan del procedimiento legislativo configurado por el legislador local deben o no apegarse a los términos del procedimiento legislativo federal. Finalmente, de lo anterior, desprender si el legislador ordinario local puede privar al Poder Ejecutivo Local del derecho de veto que le confiere la Constitución de la entidad federativa.

XIV.2. El principio de división de poderes

40. En el orden federal, el principio de división de poderes fue expresado por el legislador Constituyente en el artículo 49(13) de la Constitución Federal. Dicha disposición establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Adicionalmente, señala que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación.

41. Debido a su eminente relevancia en el régimen constitucional mexicano, el principio de división de poderes ha sido abordado en diversas ocasiones por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte. De ello, este Tribunal Pleno retoma el criterio expresado en la tesis jurisprudencial P./J. 52/2005, a través de la cual destacó que en el núcleo del principio de división de poderes se encuentra la exigencia de un equilibrio interinstitucional entre los poderes del Estado.(14)

42. Este equilibrio es alcanzado a través de un sistema de pesos y contrapesos que hace prevalecer el sistema de competencias previsto constitucionalmente, asegura la vigencia del principio democrático y evita afectaciones a los derechos fundamentales y a sus garantías.

43. Adicionalmente, este Tribunal Pleno ha establecido que el principio de división de poderes se desarrolla constitucionalmente a través de una división funcional de los mismos, estableciendo las facultades o competencias a los órganos correspondientes en el seguimiento al principio por el cual las autoridades sólo pueden realizar lo que expresamente les ha sido facultado. Véase al respecto el criterio jurisprudencial P./J. 9/2006.(15)

44. De lo anterior, se desprende que el Tribunal Pleno ha interpretado la norma constitucional para señalar que los derechos fundamentales, el principio democrático y el sistema competencial que reconoce y establece la Constitución Federal son posibles a través del adecuado equilibrio interinstitucional que el principio de división de poderes -en su distribución funcional- produce. En dichos términos, el principio de división de poderes, conforme al orden constitucional vigente, se erige como una garantía constitucional que protege los derechos, principios y competencias de nuestro sistema jurídico.

45. Para los propósitos de la presente controversia constitucional, este Tribunal Pleno considera necesario profundizar en el principio de división de poderes y abordar analíticamente algunos de sus elementos relevantes, particularmente: el sistema de pesos y contrapesos que este principio supone.

46. Como lo observa la jurisprudencia establecida de esta Suprema Corte, el principio de división de poderes nace sobre la idea de evitar la concentración de poder en alguna de las funciones esenciales del Estado y, en ese sentido, la división de poderes es inherente a los fundamentos básicos de un régimen constitucional moderno.

47. El régimen constitucional no divide los poderes del Estado conforme a un esquema jerárquico; por el contrario, su esencia se desenvuelve únicamente en la igualdad que entre ellos debe imperar. Por ello, eliminar la concentración de poder es posible sólo si cada poder es límite y contrapeso de los demás. De ahí que el constitucionalismo moderno explique la división de poderes a través de un diseño de pesos y contrapesos; es decir, organizando la estructura estatal -y sus respectivas funciones- de modo tal que cada una de ellas sea contrapeso de la otra.

48. En ese sentido, el sistema de pesos y contrapesos busca que los mismos poderes del Estado se conserven, a través de las relaciones mutuas, en su sitio y conforme al ámbito de poder que la Constitución les confiere.

49. Lo anterior provoca un cuestionamiento relevante, en el sentido de entender si el objetivo de evitar la acumulación de poder implica la separación y diferenciación absoluta entre los poderes del Estado; es decir, si se considera que la división de poderes es respetada únicamente cuando las funciones estatales se encuentran absolutamente separadas y diferenciadas entre sí.

50. En un plano práctico, este planteamiento puede traducirse en cuestionar si "pesos y contrapesos" es un esquema para que un poder se oponga a otro solamente cuando la actuación de este último invada el ámbito de poder del primero.

51. El diseño constitucional que establece la Constitución Federal arroja una respuesta negativa. Diversos ejemplos en las normas constitucionales revelan la posibilidad de que un poder actúe o reaccione ante los actos de otro poder, independientemente de que estas últimas tengan como fin explícito o implícito la invasión del ámbito de actuación del otro.

52. De manera ilustrativa, deben tenerse presente tres situaciones relevantes que regulan las normas constitucionales: i) importantes funciones de la administración pública son ejercidas por funcionarios públicos, cuyo nombramiento depende de la ratificación del cuerpo legislativo;(16) ii) la función jurisdiccional puede, en ocasiones, quedar en manos de este último(17) -lo que incluye la posibilidad de realizar decisiones jurisdiccionales sobre las personas a quienes compete la función judicial- y, finalmente, iii) el legislador no puede hacer ley por sí solo, dada la participación que la Constitución otorga al titular de la función ejecutiva.(18)

53. Los tres ejemplos revelan pesos y contrapesos del Poder Legislativo al Ejecutivo, al participar en la elección de los colaboradores del presidente; del Poder Legislativo al Judicial ante la posibilidad de realizar una función materialmente jurisdiccional; y del Poder Ejecutivo al Legislativo al intervenir en la conformación y aprobación de la ley. Por su parte, el contrapeso que compete ejercer al Poder Judicial, sobre los otros dos, radica en su facultad para emitir decisiones que invaliden la actuación de estos últimos.(19)

54. Como puede notarse, en lo que se refiere a las relaciones mutuas referidas en el párrafo anterior, entre las que se encuentran las relacionadas con los poderes cuya actuación ha dado lugar a la controversia en la que se actúa (funciones legislativas y ejecutivas), se trata de pesos y contrapesos que se materia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25431-554b10e5/poder-legislativo-del-estado-de-baja-california-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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