I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO ESTATAL RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO QUE CONTIENE LAS REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO LOCAL, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (DECRETO POR EL QUE SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 67, PÁRRAFO PRIMERO, 68, PÁRRAFO PRIMERO, Y 73 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA. IV. DERECHO DE VETO. ES UN ACTO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO, Y UN MECANISMO A TRAVÉS DEL CUAL LA CONSTITUCIÓN EVITA QUE UN PODER SE SOBREPONGA A OTRO, ESTABLECIENDO ASÍ UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS. V. DERECHO DE VETO. ES UNA PRERROGATIVA DEL PODER EJECUTIVO PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO LOCAL, A TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES, OBJECIONES Y CUESTIONAMIENTOS ADICIONALES QUE PROBABLEMENTE NO SE TOMARON EN CUENTA DURANTE EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. VI. DERECHO DE VETO. SU EJERCICIO NO ES ILIMITADO EN TANTO QUE EXISTEN ACTOS QUE NO PUEDEN SER OBJETO DE AQUÉL, ATENTO AL PRINCIPIO DE LA NO INTERVENCIÓN DE UN PODER EN OTRO TRATÁNDOSE DE ACTOS DE DETERMINADA NATURALEZA. VII. DERECHO DE VETO. LOS SUPUESTOS EN LOS QUE PUEDE SER LIMITADO SU EJERCICIO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁMBITO DE LIBERTAD CONFIGURATIVA DE LOS ESTADOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. DERECHO DE VETO. SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PARA SU EJERCICIO CUANDO SE TRATE DE DISPOSICIONES NORMATIVAS A TRAVÉS DE LAS CUALES EL CONGRESO LOCAL REGULA SU ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS CON EL OBJETO DE EVITAR QUE EL PODER EJECUTIVO ESTATAL INTERFIERA EN SU ESFERA DE ATRIBUCIONES. IX. DERECHO DE VETO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. MARCO CONSTITUCIONAL QUE LO RIGE. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL EXPEDIR LA LEY QUE REGULA SU ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS, LA CUAL NO PUEDE SER INICIADA NI OBJETO DE OBSERVACIONES POR EL PODER EJECUTIVO ESTATAL, QUIEN DEBE PROMULGARLA Y PUBLICARLA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU RECEPCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN XLIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VETO CUANDO SE TRATA DE DISPOSICIONES NORMATIVAS RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO LOCAL, EN TANTO QUE MATERIALMENTE TIENEN RELACIÓN CON SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS, AUNQUE EL GOBERNADOR DEL ESTADO ADVIERTA UNA EVIDENTE VULNERACIÓN A LA CONSTITUCIÓN LOCAL (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 67, PÁRRAFO PRIMERO, 68, PÁRRAFO PRIMERO, Y 73 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. ES INFUNDADA LA SUPUESTA VULNERACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL PREVISTO EN SU ARTÍCULO 202, EN TANTO QUE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD, POR LO CUAL LOS LEGISLADORES ESTATALES NO SE ENCONTRABAN OBLIGADOS A CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL REFERIDO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 67, PÁRRAFO PRIMERO, 68, PÁRRAFO PRIMERO, Y 73 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIII. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ANÁLISIS DE LA PORCIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO IMPUGNADO QUE PERMITE LA REELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO LOCAL (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 67, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y PODRÁN REELEGIRSE", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIV. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LOS PRECEPTOS DE SU LEY ORGÁNICA IMPUGNADOS COMO SIS
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 197/2023. DIVERSOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 24 DE MARZO DE 2025. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOZUE TONATIUH ROMERO MENDOZA.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 197/2023, promovida por Diputadas y Diputados del Congreso del Estado de Chihuahua, contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de dicha entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito de demanda. Diversos Diputados y Diputadas integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, promovieron acción de inconstitucionalidad contra la reforma de los artículos 67, párrafo primero; 68, párrafo primero y 73 todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial de la entidad correspondiente el diecinueve de agosto de dos mil veintitrés.
3. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan. Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua.
4. Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez manifestaron, en síntesis, lo siguiente:
• Primer concepto de invalidez. Reelección de la Presidencia de la Mesa Directiva. Los artículos 67, 68 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, al permitir la reelección del Presidente de la Mesa Directiva, vulneran los derechos humanos de seguridad jurídica y principio de legalidad, porque el legislador inobservó las bases mínimas previstas en el artículo 61 de la Constitución Local(1) que prevé la alternancia, como un principio que se debe de seguir en la designación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por lo que existe una contradicción entre lo establecido por la Constitución de la entidad federativa y la ley secundaria que regula el funcionamiento del Congreso, siendo que la primera goza de una jerarquía superior al resto de las leyes locales.
• En efecto, los promoventes señalan que la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establecía en el artículo 69 que la Presidencia de la Mesa Directiva se ejercería de manera alternada, asimismo el artículo 73 prohibía la reelección de la Presidencia de la Mesa Directiva. Ambas disposiciones resultaban acordes al artículo 61 de la Constitución Local, el cual establece que "La Presidencia de la Mesa Directiva se ejercerá de manera alternada entre los integrantes de los grupos y coaliciones parlamentarios".
• Dicen que la intención del legislador de evadir el mandato ordenado por la Constitución Local fue evidente y explicita, ya que eliminó el principio de alternancia del artículo 68 y estableció a su vez la facultad de que todos integrantes de la Mesa Directiva pudieran reelegirse.
• Indican que, si bien es cierto, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no establece ninguna base obligatoria en relación con la conformación de los órganos internos de los Congresos locales, y que por tanto estos gozan de un amplio margen de acción para normar su organización interna, también lo es que no pueden legislar arbitrariamente o al margen de toda razonabilidad. Lo anterior, porque de acuerdo con el principio de legalidad, el Legislador no puede actuar en exceso de poder, ni arbitrariamente, muchos menos cuando se evidencia una contradicción con la Constitución Local.
• Segundo concepto de invalidez. Inconstitucionalidad de la promulgación de los artículos 67, 68 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, respecto a las facultades de la Gobernadora Constitucional del Estado, establecidas en el artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.
• Al respecto, los promoventes indican que la Gobernadora del Estado fue omisa en cumplir con sus facultades de hacer observaciones a algún proyecto de ley o de decreto, suspender su promulgación y devolverlo con ellas, conforme al artículo 70 de la Constitución Local.
• En efecto, refieren que el Congreso del Estado de Chihuahua actuó inconstitucionalmente, porque la Constitución Federal prevé en su artículo 116, que cada entidad federativa podrá organizarse en lo relativo a sus atribuciones y competencia, conforme a lo establecido por sus constituciones, las cuales fungen como ordenamientos supremos y reguladores dentro de sus respectivos espacios territoriales. Por lo que toda acción legislativa, judicial y gubernamental que se efectúe en el espacio y materia estatal, debe supeditarse a los contenidos constitucionales, de lo contrario carecerá de validez. De forma indirecta, cualquier vulneración al orden constitucional local se entenderá como una alteración a la Constitución Federal, que es quien dota de supremacía y autonomía a las leyes fundamentales locales.
• Así, consideran los demandantes que la Gobernadora del Estado de Chihuahua actuó de forma inconstitucional, al promulgar el Decreto 595/23, puesto que lo hubiera podido haber devuelto o bien hecho observaciones necesarias, ya que hubo una violación evidente de conocimiento y ejecución de control de convencionalidad.
• También, señalan que la limitante prevista en el artículo 64 de la Constitución Política de Chihuahua, que señala que la ley que regula la estructura y funcionamiento interno del Congreso no podrá ser objeto de observación por el Ejecutivo, quien la promulgara y publicará dentro de los días siguientes a su recepción; no es aplicable en el presente caso, porque dicha restricción no es absoluta cuando se trata de evidentes violaciones a la constitución local, los parámetros de control de regularidad de constitucionalidad obligan a todas las autoridades dentro del ámbito de su competencia, a conocer el alcance de este deber y ejercer la función esencial para garantizar la eficacia del sistema jurídico, por lo que cualquier prohibición o restricción a la autoridad administrativa para ejercer un control de constitucionalidad, merma de forma significativa la protección y ejercicio de los derechos humanos.
• En el mismo sentido, indican que la reforma a la constitución local se encuentra regulada en el artículo 202 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y se encuentra estrictamente reservadas al Poder Legislativo Constituyente, por lo que el poder legislativo constituido, sin facultades para ello, deroga el primer párrafo del artículo 61 de la Constitución Federal, por ende, ante una evidente vulneración a la constitución local, debió de ejercer su facultad de realizar observaciones al decreto de reforma.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. El once de diciembre de dos mil veintitrés, Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, Subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, rindió el informe en los términos siguientes:
• Es cierto que, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 93, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se promulgó y publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, de diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, el Decreto LXVII/RFLEY/0595/2023 XI P.E., mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.
• Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vinculada con el artículo 19, fracción VIII, ya que los promoventes no señalaron vicios propios sobre la promulgación y publicación de los decretos impugnados.
• Que el primer concepto de invalidez es infundado, ya que resulta evidente que la Constitución del Estado, no prohíbe la reelección de integrantes de la Mesa Directiva, pues únicamente se limita a señalar que su Presidencia "se ejercerá de manera alternada entre los integrantes de los grupos y coaliciones parlamentarios", de manera que un integrante de la Mesa Directiva puede ser reelecto sin ocupar la Presidencia.
• De la misma forma, no contradicen lo estipulado en la Constitución local ya que no prohíbe la reelección de los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chihuahua, sino que obliga a la Junta de Coordinación Política a alterar el orden que disponga para que distintos grupos y coaliciones parlamentarios ocupen la Presidencia, situación que no modifican las normas impugnadas.
• En cuanto al segundo concepto de invalidez, indican que el artículo 64, fracción XLIII, de la Constitución local del Estado de Chihuahua no puede ser materia de análisis en la presente acción de inconstitucionalidad ya que no fue impugnada por los accionantes, de manera que, al encontrarse vigente y presumirse su constitucionalidad, el Ejecutivo del Estado se encontraba impedido de realizar observación alguna en el proceso legislativo del que derivan las normas impugnadas. Por ende, la Gobernadora no tiene las facultades para ejercer el derecho al veto sobre las disposiciones de la Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua ni para realizar un supuesto control de constitucionalidad y convencionalidad.
6. Informe de la Cámara Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. El veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, Everardo Rojas Soriano, titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, rindió el informe correspondiente, en el que expuso los argumentos siguientes:
• La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, no es contraria con el artículo 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pues la norma constitucional solo prevé la libertad configurativa legislativa sobre la forma de organización de las diputaciones locales. Tal libertad de configuración legislativa conlleva en la posibilidad para el Poder Legislativo de reelegir a las personas en los puestos al interior del congreso local.
7. Ausencia de pedimento de la Fiscalía General de la República y de opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El Fiscal General de la República no formuló pedimento en el presente asunto, de igual manera, la Consejera Jurídica del Gobierno Federal no realizó manifestación alguna.
8. Alegatos. Everardo Rojas Soriano, titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, mediante escrito presentado el doce de febrero de dos mil veinticuatro, formuló los alegatos de su parte.
9. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
10. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal,(2) 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario 1/2023,(4) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, toda vez que se demanda la invalidez de los artículos 67, párrafo primero; 68, párrafo primero, y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, reformados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua, el diecinueve de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, se actualiza la competencia de este Tribunal Pleno para resolver las presentes acciones de inconstitucionalidad.
11. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(5) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(6)
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
12. Del análisis del escrito de demanda, se aprecia que los conceptos de invalidez están encaminados específicamente a cuestionar la reforma de los artículos 67, párrafo primero; 68, párrafo primero y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, cuyo contenido es el siguiente:
“ARTÍCULO 67. La Mesa Directiva es el órgano encargado de dirigir los trabajos del Congreso; se integra con una presidencia, dos vicepresidencias, dos secretarías y cuatro prosecretarías. Sus integrantes durarán en sus funciones un año y podrán reelegirse....
ARTÍCULO 68. La Presidencia de la Mesa Directiva se ejercerá entre las y los integrantes de los grupos parlamentarios, coaliciones, representaciones parlamentarias, diputaciones independientes y sin partido, considerando de manera prioritaria, a las diputadas y diputados representantes de los partidos políticos que por sí mismos constituyan la primera y segunda fuerza política. El orden para presidir este órgano será acordado por la Junta de Coordinación Política...
ARTÍCULO 73. Quien presida la Mesa Directiva será quien presida el Congreso. Garantizará el fuero constitucional de las diputadas y diputados y velará por la inviolabilidad del Recinto Oficial.
13. Lo anterior se reclama como un sistema normativo, porque los promoventes refieren que al primer artículo se le agregó la posibilidad de que los integrantes de la mesa directiva pudieran reelegirse, en el segundo se eliminó el fragmento normativo ''se ejercerá de manera alternada"; y el último eliminó el enunciado "Quien presida la Mesa Directiva saliente no podrá formar parte de la Mesa Directiva inmediata posterior"; en ese sentido, las normas reclamadas se analizan de forma conjunta.
III. OPORTUNIDAD
14. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente, con la precisión de que en materia electoral todos los días se consideran hábiles.(7)
15. En este caso, la acción es oportuna, pues el decreto, por el que se reformaron los artículos 67, párrafo primero; 68, párrafo primero y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, fue publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de treinta días naturales para promoverla transcurrió del veinte de agosto al dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés.
16. En ese sentido, si el escrito de demanda fue depositado en la oficina de correos de México el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, su presentación resulta oportuna, en virtud de que se presentó el último día a que finalizara el término con que contaba para ello.
17. Lo anterior, de conformidad con el artículo 8° de la Ley Reglamentaria en la materia(8) y por analogía la jurisprudencia 35/2003, de este Alto Tribunal de título siguiente: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES, PROMOCIONES POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO. FECHA EN QUE DEBERÁN TENERSE POR PRESENTADAS CUANDO LA SEDE DE UN MUNICIPIO ESTÁ CONURBADA CON LA POBLACIÓN DE OTRO”.(9)
IV. LEGITIMACIÓN
18. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(10) entre los sujetos legitimados para ejercer una acción de inconstitucionalidad se encuentran: I) el equivalente al treinta y tres por ciento de quienes integran una legislatura de una entidad federativa en contra de las leyes expedidas por el propio órgano (inciso d); II) los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales, y III) los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura del estado en el que se les otorgó el registro (inciso f).(11)
19. La presente acción de inconstitucionalidad fue planteada por más del treinta y tres por ciento de las diputaciones del congreso del Estado de Chihuahua, siendo el mínimo en términos del artículo 105, fracción II, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la Ley Reglamentaria, del Artículo 105 de la Constitución Federal.
20. En efecto, el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua,(12) establece que el Congreso local estará integrado por treinta y tres diputaciones (de los cuales veintidós serán electos en distritos electorales uninominales, según el principio de mayoría relativa, y once por el principio de representación proporcional), para lograr el treinta y tres por ciento del órgano es necesario que el escrito esté suscrito –al menos– por diez punto ochenta y nueve (10.89) diputaciones.
21. En el caso, la demanda cuenta con la firma autógrafa de once personas diputadas y diputados que se identifican a continuación: 1) Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo; 2) Leticia Ortega Máynez; 3) Óscar Daniel Avitia Arellanes; 4) Rosana Díaz Reyes; 5) Gustavo De la Rosa Hickerson; 6) Magdalena Rentería Pérez; 7) María Antonieta Pérez Reyes; 8) Benjamín Carrera Chávez; 9) David Óscar Castrejón Rivas; 10) Ilse América García Soto y 11) Jael Argüelles Díaz.
22. Por lo tanto, si el escrito de demanda está firmado por once de las diputaciones integrantes del Congreso del Estado de Chihuahua, quienes representan más del treinta y tres por ciento de dicho órgano legislativo, se demuestra la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad. Además, las diputaciones promoventes pretenden controvertir un decreto emitido por la propia legislatura estatal a la que pertenecen, a través de la cual se modificaron los artículos 67, párrafo primero; 68, párrafo primero y 73 todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, por lo que se cumple con el requisito para la procedencia de la acción.
23. En atención a las consideraciones desarrolladas, la acción se promueve por parte legitimada, a través de personas con atribuciones de representación, de conformidad con la normativa aplicable.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
24. El Poder Ejecutivo plantea en su informe que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vinculada con el artículo 19, fracción VIII, ya que los promoventes no señalaron vicios propios sobre la promulgación y publicación de los decretos impugnados. Además, al tratarse de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se encontraba impedido para realizar observaciones.
25. Este Tribunal Pleno considera que no le asiste razón al Poder Ejecutivo local, porque de conformidad con el artículo 61, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, la demanda deberá contener los órganos legislativo y ejecutivo que hubieren emitido y promulgado las normas generales impugnadas. En correspondencia, el artículo 64 prevé que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, a fin de que rindan el informe correspondiente. Esto, con el objetivo de garantizar la oportunidad de dichas autoridades de defender la constitucionalidad de la norma impugnada. 26. Ahora bien, de conformidad con el artículo 64, fracción XLIII,(13) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, es facultad del Congreso de dicho Estado, expedir la ley que regula su estructura y funcionamiento internos, la que determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados según su afiliación de partido y que no podrá ser iniciada ni objeto de observaciones por el Ejecutivo, que la promulgará y publicará dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción. Lo cual se refrendó en el artículo 11(14) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.
27. Luego, las reformas a los artículos reclamados versan sobre reformas y adiciones a la legislación interna del Congreso local, por ende, el Poder Ejecutivo no tiene facultades para presentar iniciativas de reforma ni de realizar observaciones a las mismas, pero sí tiene la obligación de promulgarla y publicarla.
28. En tal contexto, si la constitución local obliga al Ejecutivo Estatal a promulgar y publicar las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, es inconcuso que tiene legitimación pasiva en la presente acción de inconstitucionalidad. Además, en los conceptos de invalidez se reprocha que el ejecutivo estatal no ejerció sus facultades de realizar observaciones y vetar la ley, en términos del artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, lo cual es una cuestión que se debe analizar en el fondo del asunto.
29. No obsta a lo anterior, que en la acción de inconstitucionalidad 160/2023,(15) resuelta el catorce de mayo de dos mil veinticuatro, por mayoría de votos, se decretó el sobreseimiento por los actos atribuidos al Ejecutivo estatal, porque no participó como autoridad promulgadora de las reformas a la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
30. Sin embargo, la Constitución del Estado de Tamaulipas exceptúa la participación del Ejecutivo estatal en el procedimiento legislativo de la ley mencionada en el párrafo anterior, mientras que la Constitución del Estado de Chihuahua, sí establece que la promulgación y publicación de la ley a cargo del ejecutivo estatal como se ve a continuación.
Ver comparativo
31. Como se aprecia, el artículo 40 de la Constitución de Tamaulipas, establece claramente que en las normas de organización y funcionamiento internos del Congreso no necesitarán de promulgación del Ejecutivo y que serán publicadas inmediatamente en el Periódico Oficial del Estado. Mientras que, el correlativo 64, fracción XLIII, de la Constitución de Chihuahua, indica que la ley que regula la estructura y funcionamiento internos del Congreso no podrá ser iniciada ni objeto de observaciones por el Ejecutivo, pero sí señala que éste la promulgará y publicará dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción.
32. En tal contexto, en el presente asunto, el Ejecutivo estatal sí participa en la promulgación y publicación de las reformas a las leyes internas del congreso local, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
33. Toda vez que no existe diversa causal de improcedencia alegada por las partes ni advertida de oficio por este Alto Tribunal, corresponde estudiar el fondo de la cuestión planteada.
VI. ESTUDIO DE FONDO
VI. 1. Omisión de la Gobernadora de hacer observaciones, conforme al artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua
34. En atención al criterio reiterado por este Tribunal Pleno, previo al estudio de los planteamientos sobre la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas, deben estudiarse preferentemente los conceptos de invalidez relacionados con las violaciones al procedimiento legislativo. Por tal motivo, se analiza primero el segundo concepto de invalidez.
35. Al respecto, los promoventes señalan que la Gobernadora del Estado fue omisa en cumplir con sus facultades de hacer observaciones al proyecto de ley o de decreto, suspender su promulgación y devolverlo, conforme al artículo 70 de la Constitución Local.
36. También, señalan que la limitante prevista en el artículo 64 de la Constitución Política de Chihuahua, que señala que la ley que regula la estructura y funcionamiento interno del Congreso no podrá ser objeto de observación por el Ejecutivo, quien la promulgará y publicará dentro de los días siguientes a su recepción; no es aplicable en el presente caso, porque dicha restricción no es absoluta cuando se trata de evidentes violaciones a la constitución local.
37. Por ello, indican que la reforma a la Constitución local se encuentra regulada en el artículo 202 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y se encuentra estrictamente reservadas al Poder Legislativo Constituyente, por lo que el Poder Legislativo constituido, sin facultades para ello, deroga el primer párrafo del artículo 61 de la Constitución Federal, por ende, ante una evidente vulneración a la Constitución local, debió de ejercer su facultad de realizar observaciones al decreto de reforma.
38. Para analizar dicha inconformidad, es necesario indicar que, en términos de lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las acciones de inconstitucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero la finalidad perseguida por dichas acciones es someter a la decisión judicial el examen integral de las normas cuya invalidez se reclame, por ello, debe comprender también las violaciones indirectas a la Constitución Federal, siempre que estén vinculadas de modo fundamental con la ley impugnada; esto es, no cualquier tipo de violación a disposiciones secundarias o locales, sino cuando trasciendan al contenido mismo de la norma impugnada.
39. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 4/99,(16) emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, del título, subtítulo y texto siguientes:
“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA. Resulta procedente el estudio del concepto de invalidez invocado en una acción de inconstitucionalidad, si en él se alega contravención al artículo 16 de la Constitución Federal, en relación con otras disposiciones, sean de la Constitución Local o de leyes secundarias, siempre que estén vinculadas de modo fundamental con el acto o la ley reclamados, como sucede en el caso en que se invocan transgresiones a disposiciones ordinarias y de la Constitución Local dentro del proceso legislativo que culminó con el ordenamiento combatido que, de ser fundadas, lo invalidarían. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida en el artículo 105 de la Carta Magna, de someter a la decisión judicial el examen integral de validez de las leyes impugnadas.”
40. Son infundados los conceptos de invalidez.
41. Al respecto, es importante indicar que al resolver la Controversia Constitucional 52/2004,(17) este Tribunal Pleno determinó que “... el veto es un acto de colaboración entre los poderes legislativo y ejecutivo, y un mecanismo a través del cual la Constitución evita que un poder se sobreponga a otro, estableciendo así un sistema de pesos y contrapesos, esto es, si la función esencial del Poder Legislativo es expedir leyes, al Poder Ejecutivo se le confiere la facultad mediante el ejercicio del veto de neutralizar, temporalmente, todo acto que considere lesivo...”.
42. Asimismo, se estableció que, a través de esta facultad, “... el Ejecutivo participa en el procedimiento legislativo, puesto que el proyecto de ley o decreto aprobado por el Legislativo no alcanza ese carácter, sino hasta después de que precluye para el Ejecutivo el plazo para emitir sus observaciones, o bien porque, habiéndolas presentado, el Congreso no las aceptó o, aceptándolas, modificó el proyecto original, en donde al término de cualquiera de estas hipótesis, el Ejecutivo tiene entonces la obligación de promulgar y publicar la norma o decreto ...”.
43. En este sentido, el Tribunal Pleno definió esta facultad como “... una prerrogativa del órgano ejecutivo consistente en la posibilidad de hacer llegar al órgano Legislativo información, objeciones y cuestionamientos adicionales, que pudieron no haberse tomado en cuenta en el momento de discutirse la iniciativa durante el procedimiento legislativo respectivo; en este sentido, el veto, es un medio de control o neutralizador del ejercicio del Poder Legislativo...”.
44. Además, en el citado precedente, se sostuvo que la facultad de formular observaciones a las leyes o decretos que apruebe el Congreso no es ilimitada, pues podrán existir supuestos en los que, ante la naturaleza de la norma, el ejercicio de esa atribución pueda generar un desequilibrio en el sistema de pesos y contrapesos, al implicar una interferencia en la función esencial del órgano legislativo.
45. Por su parte, en la Controversia Constitucional 84/2010,(18) este Tribunal Pleno sostuvo que la referida atribución del Ejecutivo puede ser limitada si la normatividad legal así lo establece, como puede suceder en el caso de aquellas normas que rijan la estructura y la actuación interior del Legislativo.
46. Dichos supuestos se encuentran dentro del ámbito de libe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33566-cf6f597f/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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