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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL HECHO DE QUE NO SE HUBIERA IMPLEMENTADO UN MECANISMO DE PARLAMENTO ABIERTO NO VIOLA DICHO PROCEDIMIENTO (DECRETO NO. LXVII/RFLEY/0946/2024 XVI P.E., MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 32, 54, 57, FRACCIÓN I, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO). III. REVOCACIÓN DE MANDATO. LA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE ADECUAR SUS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS CUANDO YA TUVIERAN INCORPORADA ESA FIGURA DERIVA DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CONSULTA POPULAR Y REVOCACIÓN DE MANDATO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, DENTRO DE LOS DIECIOCHO MESES SIGUIENTES A LA ENTRADA EN VIGOR DEL SEÑALADO DECRETO (DECRETO NO. LXVII/RFLEY/0946/2024 XVI P.E., MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 32, 54, 57, FRACCIÓN I, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 163/2024. · Registro digital (IUS): 33748
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-11-14
Promovente: DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Noviembre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.7.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 163/2024. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 24 DE JUNIO DE 2025. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIOS: HUMBERTO JARDÓN PÉREZ Y NADIA IVETH PARTIDA MEJORADA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 163/2024, promovida por Diputadas y Diputados integrantes de la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del estado de Chihuahua, en contra de los artículos 32, 54, 57, fracción I y 60 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, reformados y adicionados mediante DECRETO No. LXVII/RFLEY/0946/2024 XVI P.E. publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES

1. Presentación de la demanda. El veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro, Diputadas y Diputados integrantes de la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del estado de Chihuahua, promovieron demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32, 54, 57, fracción I y 60 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, reformados y adicionados mediante DECRETO Nº LXVII/RFLEY/0946/2024 XVI P.E publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el treinta y uno de agosto de dos mil veinticuatro.

2. En su escrito inicial, los legisladores promoventes hicieron valer sustancialmente los siguientes conceptos de invalidez:

PRIMERO.

...

Al respecto de lo anterior, señalamos que en el Estado de Chihuahua, desde un año y medio antes del 20 de diciembre del 2019, en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto en comento, la legislación del estado de Chihuahua ya tenía incorporada y era vigente, el derecho humano a la participación ciudadana en su vertiente de Revocación de Mandato del o de la titular del Poder Ejecutivo local...

...

Así pues, en el citado decreto que se tilda de inconstitucional e inconvencional, en el artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, se elimina la posibilidad de que la Participación Ciudadana para la revocación de mandato, pueda verificarse simultáneamente con una jornada electoral de cargos de representación popular, lo que deviene regresivo, en razón en precisamente en la jornada electoral, la que tiene mayor convocatoria de participación ciudadana, evento que amplía e incentiva de manera expansiva el derecho humano a la participación...

Por otra parte, en el artículo 54 de la reforma que se tilda de inconstitucional e inconvencional, de la precitada ley de participación, se incrementa en un 5% (cinco por ciento) a un 10% (diez por ciento) de la lista nominal del Estado de Chihuahua, obtenidos en la mitad más uno de los 67 municipios que integran el estado de Chihuahua, tan solo para poder solicitar la revocación de mandato de quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo, lo que evidentemente, es regresivo y violatorio del derecho humano a la participación ciudadana en las políticas públicas, así como del artículo Primero de la constitución federal.

...

En la misma tesitura, es regresiva la reforma que se tilda de inconstitucional e inconvencional, al limitar el derecho humano a la Participación Ciudadana, al determinar que la Revocación del Mandato del Poder Ejecutivo, pueda proponerse y realizarse por una sola ocasión, obligando con esto al ciudadano, a tener que ‘tolerar’ una mala administración pública del Titular Ejecutivo por tres años más al no tener una segunda oportunidad... con el agregado también inconstitucional, de que tenga que realizarse en un plazo perentorio comprendido únicamente dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional del o la titular del Poder Ejecutivo.

...

Ahora bien, por cuando a la ‘armonización’ de la normatividad del Estado de Chihuahua, de conformidad con lo estipulado en la reforma Constitucional Federal, y que fue el pretexto vacuo, que se utilizó como ‘fundamento’, para proponer, aprobar y emitir el decreto N° LXVII/RFLEY/0946/2024 XVI P.E. XIII P.E. que hoy se tilda de inconstitucional e inconvencional, resulta carente de todo parámetro constitucional y convencional, ya que la armonización legislativa y normativa, no se resuelve con copiar y pegar los artículos de una ley en otra, sino que la armonización legislativa y normativa, es la incorporación sistémica de un nuevo paradigma político jurídico, cuya finalidad es el pleno y eficaz reconocimiento de los derechos humanos y protección de la persona humana en todo el orden jurídico mexicano, situación que no se cumple en el decreto que hoy solicitamos su invalidez.

...

El principio de progresividad de los derechos humanos tutelado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es indispensable para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana, porque su observancia exige, por un lado, que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incremente gradualmente la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y, por otro, les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptando medidas que disminuyan su nivel de protección.

...

Ahora bien, respecto a la pretendida ‘armonización’ que como único argumento esgrime el Legislador de Chihuahua, para ‘adecuar’ el inconstitucional Decreto N° LXVII/RFLEY/0946/2024 XVI P.E. XIII P.E. cuya invalidez se solicita a la Constitución Federal, en ninguna parte de su dictamen técnico que finalmente aprobó el pleno del Congreso del Estado de Chihuahua, ni en los debates desarrollados previo a su aprobación, se justificó esa decisión a la restricción al derecho Humano a la Participación Ciudadana en su vertiente de Revocación de Mandato, nunca se señaló cual era la finalidad constitucional o convencionalmente que se perseguía, señalando en todo momento únicamente que la finalidad era armonizar a la Constitución Federal, lo que abona a declararlo inconstitucional, de conformidad con las jurisprudencias que a continuación cito:

...

SEGUNDO. Se solicita la invalidez total por la inconstitucional, inconvencional y violaciones graves al procedimiento legislativo, del Decreto N° LXVII/RFLEY/0946/2024 XVI P.E., publicado el 31 de agosto de 2024 en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, que violentan los principios de transparencia de la información y participación ciudadana, omitiendo el Parlamento Abierto en el proceso legislativo que dio origen al Decreto impugnado, y que obliga al Poder Legislativo de Chihuahua, conforme a los artículos 4° primer párrafo y decimo (sic) párrafo de su inciso D, 40 Bis, 64 XLV y 93, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6 de la misma Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua.

...

... los ejercicios de parlamento abierto son herramientas válidas, deseables y obligatorias en cualquier sociedad democrática. Mismas que en el caso del Estado de Chihuahua, constituyen un requisito constitucional obligatorio para el poder legislativo, que los órganos legislativos deben observar para que las normas que expidan sean válidas. Por lo tanto, la omisión de realizarlos se considera una violación a las normas constitucionales que rigen el procedimiento legislativo.

...

En esa tesitura, en los casos en los que una entidad federativa como es el estado de Chihuahua incorpora en su legislación constitucional el artículo 40 Bis, que rige la manera en la que los ciudadanos pueden participar en los procedimientos de “Parlamento Abierto”, entonces dicha disposición constitucional, se vuelve obligatoria para los órganos legislativos que autoimpusieron estos procedimientos. Dicha obligatoriedad deriva directamente de los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. (acción de inconstitucionalidad 77/2023 y sus acumuladas 82/2023, 87/2023 y 951/20230 [sic]).

...

En ese sentido se determinó, de conformidad con el Decreto No. LXVI/RFCNT/0020/2018 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado con el número 9 del (sic) en fecha 30 de enero de 2019, que reformó la Constitución política (sic) del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, adicionándole el artículo 40 Bis con el objeto de constitucionalmente imponer al poder legislativo, la obligación inexcusable de que en toda su actividad legislativa y fundamentalmente aquella que se dirige a la creación, armonización, reformas o derogaciones de leyes o normas, su actuar deberá ser en toda actividad legislativa, acompañado de la participación ciudadana mediante un parlamento abierto sujeto a los principios de transparencia de la información, rendición de cuentas, evaluación del desempeño legislativo, participación ciudadana y uso de tecnologías de la información, como lo obliga el mencionado artículo de la constitución local...

...

El procedimiento legislativo anteriormente referido, es inconstitucional e inconvencional, ya que no se realizó ninguna consulta y se negó expresamente a la participación ciudadana en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que tiene el Congreso en relación a Parlamento Abierto en todos sus procesos legislativos, a pesar y en contra de las solicitudes realizadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, anteriormente referidas.

...

De esta manera queda claro, que si existió una obligación constitucional y convencional para el H. Congreso del Estado de Chihuahua, para que mediante cabildo abierto se realizara la discusión, aprobación y dictaminación de la iniciativa con carácter de decreto que culminó con su publicación en el periódico oficial con el N° LXVII/RFLEY/0946/2024 XVI P.E., obligación constitucional que incumplió aun y cuando fue requerido expresamente y por escrito su cumplimiento constitucional, de tal manera que estas son razones y fundamentos suficientes, para que el citado decreto se declare invalido (sic) en su totalidad por la violación al derecho humano de participación ciudadano en su modalidad de parlamento abierto, lo que se solicita con esta acción de inconstitucionalidad que promovemos.

TERCERO.

...

Bajo el principio de no regresión el Estado de Chihuahua, fue omiso al legislar ya que el Decreto citado con antelación generó medidas contrarias al avance logrado con la expedición de la Ley de la materia. Por lo cual es necesario elaborar el Test a efecto de demonstrar a este Tribunal Constitucional que nos encontramos ante una regresión de derechos.

...

Con lo anteriormente expuesto se comparte al juzgador que, sí estamos frente a una regresión de derechos humanos en específico de participación ciudadana en su vertiente de revocación de mandato, ya que el estándar previo a la decisión legislativa era de mayor beneficio para las y los Chihuahuenses.

Esto derivado de un análisis detallado de cada una de las categorías que integran el test de prohibición de regresión, teniendo como antecedente al amparo 501/2024 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CUARTO. ...

Sin lugar a dudas, resulta más que evidente que el decreto cuya invalidez se demanda, trae consigo la restricción de los derechos humanos consagrados en favor de las y los chihuahuenses, entorno a los requisitos de procedencia y/o procedibilidad de la figura de revocación de mandato, pues basta hacer un simple comparativo como ya se ha realizado en la presente demanda, para poder concluir que las modificaciones planteadas conllevan el estableciendo (sic) de requisitos adicionales para el ejercicio de la participación ciudadana vía revocación de mandato, el incremento en el número del porcentaje tanto para hacer la solicitud de dicha figura, como el número de votantes necesarios para que el resultado sea vinculante, se traduce necesariamente en una medida legislativa cuyo resultado se traduce en una restricción del derecho humano a la participación ciudadana, vía revocación de mandato.

...

De una interpretación ‘a contrario sensu’ del principio de la no regresividad en la protección de los derechos humanos, y atendiendo al criterio de este Alto Tribunal, podemos señalar que el decreto que se impugna plantea una falta de progresividad, puesto que, no puede ni debe considerarse lícito las condiciones adicionales que se plantea para el ejercicio de un derecho humano a la participación ciudadana, puesto que, el acto legislativo no se encuentra debidamente justificado en cuanto aquellas condiciones que este mismo tribunal ha señado deban cumplirse para que un acto de los diferentes niveles de gobierno pueda no se considerarse (sic) como regresivo en el ámbito de los derechos humanos, tal y como se desprende de los diversos criterios del máximo tribunal de nuestro país que han sido referidos con antelación, luego entonces atendiendo al criterio sustentado, resulta más que evidente la falta de progresividad en el acto legislativo que nos ocupa, tendiente a garantizar y promover el ejercicio y respeto o del derecho humano a la participación ciudadana, puesto que, contrario a ello, tal como deviene de una simple lectura y en comparación de los ordenamientos sujetos al proceso legislativo antes y posteriores al decreto que se impugna, se desprende una serie de requisitos adicionales para la procedencia y procedibilidad del derecho humano a la participación ciudadana entorno a la figura de revocación de mandato, ello se reitera al establecer mayores requisitos, y condiciones en el ejercicio del mismo, lo que sin duda se traduce en una violación flagrante al principio Constitucional y Convencional que impone la obligación al Estado Mexicano, en cuanto a la no regresión en el ejercicio y protección de los derechos humanos., luego entonces en sentido contrario del decreto reclamado resulta contrario al principio de progresividad en los derechos humanos.

3. Autos de registro y turno. Por acuerdo de siete de octubre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta acordó formar y registrar el expediente bajo el número 163/2024, así como turnar el asunto a la Ministra Lenia Batres Guadarrama, para su instrucción y elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

4. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veinticuatro la Ministra Instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua para que rindieran sus informes, asimismo, requirió al Poder Legislativo del Estado de Chihuahua para que enviara copias certificadas de los antecedentes legislativos de la norma impugnada y al Poder Ejecutivo de la entidad para que exhibiera copia certificada o un ejemplar del Periódico Oficial del estado, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, solicitó a la Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expresar por escrito su respectiva opinión, y, por último, requirió a la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, para que informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la entidad.

5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Por escrito recibido el once de diciembre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Ejecutivo local sostuvo la validez de las disposiciones impugnadas, manifestando en síntesis lo siguiente:

PRIMERO.- ...

La reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua surge en razón de lo preceptuado en el régimen transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019.

...

La progresividad de los derechos humanos se refiere a la obligación del Estado de promover el avance y la ampliación de los derechos reconocidos, sin que ello implique que se pueda afectar de manera regresiva los derechos ya adquiridos. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el decreto que se impugna no establece una regresión en el ejercicio del derecho de participación ciudadana, sino que más bien regula de manera adecuada y proporcional la revocación de mandato, en consonancia con las facultades del Congreso del Estado y en respeto a los principios constitucionales que rigen el sistema político y democrático.

Ahora bien, señalan los accionantes que el contenido del artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, es inconstitucional e inconvencional, porque elimina la posibilidad de que la Participación Ciudadana para la revocación de mandato pueda verificarse con una jornada electoral de cargos de representación popular, lo que señalan como regresivo. Tal señalamiento deviene infundado, toda vez que la reforma responde a una justificación válida en términos de la autonomía del Estado de Chihuahua para regular la participación ciudadana de manera más eficiente y acorde a las particularidades del territorio. (sic)

...

Es importante resaltar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en la materia de derechos humanos no prohíben que los Estados realicen adecuaciones a sus leyes, siempre y cuando no haya una afectación directa a los derechos reconocidos. De manera similar, el principio de “progresividad” no impide que en ciertas circunstancias se ajusten los procedimientos, pero en este caso, no se ha dado una afectación regresiva a los derechos de participación ciudadana ni a la posibilidad de llevar a cabo una revocación de mandato...

Estas decisiones judiciales refuerzan que el principio de progresividad no impide ajustes razonables que optimicen la forma de ejercicio de los derechos humanos, siempre y cuando no exista una disminución sustancial de efectividad de esos derechos. En ese sentido, la reforma no está limitando el derecho de los ciudadanos a participar, sino que lo está organizando y optimizando según las circunstancias particulares del Estado de Chihuahua.

SEGUNDO.- ...

Es preciso tomar en consideración que en el Estado de Chihuahua el proceso legislativo consta de varias fases, que comienza con la iniciativa de ley o decreto, ya sea propuesta por los Diputados, Gobernador del Estado, del Tribunal Superior de Justicia del Estado en asuntos concernientes al ramo de justicia, a los ayuntamientos en los asuntos de Gobierno Municipal, al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales, a la ciudadanía chihuahuense, en los términos de ley, al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, respecto a los ordenamientos que rigen su organización estructura y funcionamiento, a la Fiscalía Anticorrupción, en asuntos concernientes a su ámbito de competencia. Lo anterior según lo dispone el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua...

De igual manera, los accionistas señalan que se inobservó la obligación contenida en el artículo 40bis de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, lo contenido en el artículo 15 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y lo preceptuado en el artículo 6° de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, en relación a la participación ciudadana como derecho humano, lo anterior deviene de infundado, si bien los accionantes argumentan que se omitió el parlamento abierto en el proceso legislativo, la reforma no afectó el derecho de participación ciudadana. Cabe resaltar que el parlamento abierto es un modelo en una democracia que implica incorporar al ciudadano tanto en el diseño de las normas, en las iniciativas ciudadanas, así como como en la difusión de los proyectos para recabar comentarios y medir el grado de aceptación de los cambios normativos propuestos, lo cual incluye realizar deliberaciones abiertas.

Sin embargo, la no realización de espacios de participación abierta no puede traducirse en una violación al procedimiento legislativo, por tanto, la implementación de este ejercicio ciudadano no involucra una obligación cuyo cumplimiento sea determinante para la validez de las normas reformadas dentro de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. (sic)

Lo anterior se robustece con las Acciones de inconstitucionalidad 146/2023 y sus acumuladas 148/2023, 149/2023 y 150/2023, promovidas por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, demandando la invalidez del Decreto 236, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche...

Dicho dictamen analizo (sic) puntualmente el referido artículo, señalando que, por tratarse de una armonización con la Carta Magna del país, la reforma a la legislación local no requiere sujetarse a este proceso de consulta pública, toda vez que carece de facultad para someter a consulta pública, por ser un mandato Constitucional. (sic)

...

En cuanto a la acusación de que el Decreto viola los principios de transparencia establecidos en la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana, es fundamental recalcar que la transparencia no exige que el parlamento abierto sea obligatorio en todos los casos. El principio de transparencia se cumple mediante el acceso público a la información y facilitación del debate público sobre los temas legislativos, lo que se realizó conforme a la normativa vigente. (sic)

...

TERCERO...

En el caso que nos ocupa, la reforma a la Ley de Participación Ciudadana no representa una regresión de los derechos humanos, sino una adaptación normativa que optimiza el ejercicio del derecho a la participación ciudadana. En lugar de restringir dicho derecho, la reforma establece un marco normativo más eficiente, acorde con las particularidades geográficas, sociales y culturales del Estado de Chihuahua, que busca fortalecer y garantizar la participación efectiva de los ciudadanos en los procesos democráticos, como la revocación de mandato, lo que implica una gradualidad que conlleva todo un proceso...

Asimismo, el test de regresividad es una propuesta doctrinal discutida entre académicos que, si bien podría tener alguna utilidad para evaluar si una reforma limita el ejercicio de un derecho ya reconocido lo cierto es que carece de obligatoriedad, pues no existe regla constitucional o convencional que determine la aplicación del mismo. Ahora bien, todo razonamiento contenido en la causa de pedir requiere confrontar una violación determinada con el supuesto normativo presuntamente transgredido, lo que no sucede en el caso que nos ocupa, de conformidad con la tesis jurisprudencial (V Región) 2º.J/1 (10ª.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del centro Auxiliar de la Quinta Región... (sic)

Incluso en el caso de que se pudiera admitirse la aplicación de un test de regresividad, el mismo sólo podría aplicarse si la reforma redujera la efectividad del derecho en cuestión, lo que en el caso que nos ocupa no acontece, ya se regula el derecho a la participación ciudadana buscando optimizar su ejercicio. En el caso específico de la revocación de mandato, la reforma establece un mecanismo que, de manera más efectiva, se adapta a las condiciones geográficas del Estado de Chihuahua, donde existen retos particulares en términos de extensión territorial y dispersión poblacional.

Asimismo, la autonomía del Estado de Chihuahua dentro del pacto federal le otorga la facultad para regular ciertos aspectos del ejercicio de los derechos humanos, como las modalidades específicas de la participación ciudadana, sin que ello implique una contradicción con los principios constitucionales o internacionales. En efecto, el legislador tiene libertad configurativa para expedir Leyes, sin embargo, éstas se encuentran limitadas por los mandatos constitucionales y el reconocimiento de derechos humanos desde la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México, como se desprende de la jurisprudencia P./J11/2016(10ª.), sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación...

CUARTO...

Lo anterior deviene infundado, toda vez que el H. Congreso del Estado de Chihuahua cumplió con la armonización del mandato Constitucional contenido en el multicitado artículo SEXTO Transitorio, por lo que, en relación a que los accionantes gratuitamente suponen que el Decreto No. LXVII/RFLEY/0946/2024 XVI P.E. vulnera lo preceptuado en el pacto federal y el derecho convencional, debemos señalar que dicha afirmación carece de fundamento, ya que no existe violación alguna a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal ni a los tratados internacionales ratificados por México.

De igual manera, es importante recordar que, conforme al pacto federal, los Estados tienen autonomía para regular en sus respectivas jurisdicciones diversas materias que competen a su organización interna. En este caso, la reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua tiene como objetivo optimizar el ejercicio de los derechos ciudadanos en el ámbito local, específicamente en lo relacionado con la revocación de mandato. La regularidad local, al estar alineada con la Constitución Mexicana y con los principios fundamentales de derechos humanos, no contraviene las disposiciones federales ni el derecho internacional.

...

Finalmente, al ser el Estado de Chihuahua parte del pacto federal, debe armonizar sus leyes con los principios constitucionales y convencionales, pero también tiene la facultad de adecuar sus disposiciones a las necesidades y particularidades locales, sin que esto implique una violación a los derechos humanos ni al pacto federal. La reforma es perfectamente constitucional y convencional ya que no se limita ni se suspende el ejercicio de los derechos humanos, sino que se regula de manera que se garantice su adecuada implementación.

6. Informe Instituto Estatal Electoral. Por escrito presentado el once de diciembre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua, por conducto de su representante legal manifestó que el proceso electoral ordinario de dicha entidad iniciará el día primero de octubre de dos mil veintiséis, para los efectos correspondientes.

7. Acuerdo de trámite. Mediante acuerdo de trece de diciembre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora tuvo por presentado de forma extemporánea el informe del Instituto Estatal Electoral. Asimismo, tuvo por presentado el informe del Poder Ejecutivo local, con el que dio vista a los accionantes, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República.

8. Opinión de la Sala Superior. Mediante escritos presentados el trece de diciembre de dos mil veinticuatro mediante buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribual se tuvo por formulada la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el número SUP-OP-6/2024, señalando en esencia lo siguiente:

4.1 Tema 1 (no requiere opinión especializada): Violaciones al procedimiento legislativo

...

Esta Sala Superior considera que los planteamientos de las personas diputadas no son materia de una opinión especializada, ya que se relacionan con temas que pertenecen al Derecho en general, constitucional y parlamentario, es decir, son ajenos a la materia electoral.

Conforme al criterio reiterado de este órgano jurisdiccional, todo lo relacionado con posibles violaciones o irregularidades del procedimiento legislativo de reforma o aprobación de una ley escapa del ámbito de competencia especializada en la materia electoral y, por lo tanto, no es objeto de opinión o posicionamiento.

4.2 Temas 2 y 3 (si requieren de una opinión especializada: Inconstitucionalidad de las normas impugnadas, por presuntamente armonizar de forma incorrecta su contenido con las directrices marcadas por la Constitución general, en contravención al principio de no regresividad

...

Esta Sala Superior opina que las normas controvertidas son constitucionales, de acuerdo con lo que se explica a continuación.

El artículo Sexto Transitorio del decreto de reforma a la Constitución general en materia de consulta popular y revocación de mandato, publicado el 20 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, previó la obligación a cargo de las entidades federativas de garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de las personas gobernadoras. Para ello, fijó diversas directrices mínimas bajo las cuales debía regularse esa figura y, para aquellas entidades que ya contemplaban ese derecho —como era el caso de Chihuahua—, les impuso el deber de armonizar sus legislaciones conforme a las citadas pautas.

Si bien las legislaturas estatales tienen cierta libertad de configuración para regular a detalle la operatividad del derecho a la revocación de mandato en el ámbito local, ese margen de actuación se encuentra acotada por esas directrices explícitas que la propia Constitución general prevé, de tal suerte que el desarrollo legislativo secundario debe ser armónico, esto es, que no

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33748-bb9f3ab7/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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