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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE AQUÉLLOS. III. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE CUMPLIR LOS PRINCIPIOS RECTORES DE SER PREVIA, CULTURALMENTE ADECUADA, INFORMADA Y DE BUENA FE, ESTABLECIENDO METODOLOGÍAS, PROTOCOLOS O PLANES BASADOS EN ELLOS. IV. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE CUMPLIR, COMO MÍNIMO, LAS FASES PRECONSULTIVA, INFORMATIVA, DE DELIBERACIÓN INTERNA, DE DIÁLOGO Y DE DECISIÓN. V. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LAS NORMAS LOCALES, AL PREVER ÚNICAMENTE LAS FASES TEMPORALES DEL PROCESO ELECTORAL Y ALGUNOS ASPECTOS DE LA PRIMERA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL, NO SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR DIRECTAMENTE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, POR LO QUE NO DEBIERON CONTAR CON UNA CONSULTA PREVIA (DECRETO 0797, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN XLII, 51, 157, PÁRRAFO PRIMERO, 255, PÁRRAFO PRIMERO, 257, PÁRRAFO PRIMERO, Y 321 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL HECHO DE QUE EL CONGRESO LOCAL HAYA OMITIDO LLEVAR A CABO LA CONVOCATORIA A UN PARLAMENTO ABIERTO NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO, YA QUE NO EXISTE UNA OBLIGACIÓN EN LA LEGISLACIÓN LOCAL AL RESPECTO (DECRETO 0797, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN XLII, 51, 157, PÁRRAFO PRIMERO, 255, PÁRRAFO PRIMERO, 257, PÁRRAFO PRIMERO, Y 321 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL HECHO DE QUE EL CONGRESO LOCAL NO HAYA REALIZADO UN ANÁLISIS DE VALORACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTAL DE LA INICIATIVA, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, CERTEZA JURÍDICA Y TRANSPARENCIA, PUES LA REFORMA IMPUGNADA NO IMPACTA DIRECTAMENTE EL BALANCE PRESUPUESTARIO DEL ESTADO (DECRETO 0797, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN XLII, 51, 157, PÁRRAFO PRIMERO, 255, PÁRRAFO PRIMERO, 257, PÁRRAFO PRIMERO, Y 321 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. PROCESO ELECTORAL. LOS CONGRESOS LOCALES CUENTAN CON LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULAR SU FECHA DE INICIO Y SUS ETAPAS (DECRETO 0797, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN XLII, 51, 157, PÁRRAFO PRIMERO, 255, PÁRRAFO PRIMERO, 257, PÁRRAFO PRIMERO, Y 321 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IX. PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LAS NORMAS LOCALES, AL PREVER LOS PLAZOS PARA EJECUTAR LOS ACTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, NO VULNERAN LOS PRINCIPIOS EN MATERIA ELECTORAL (DECRETO 0797, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN XLII, 51, 157, PÁRRAFO PRIMERO, 255, PÁRRAFO PRIMERO, 257, PÁRRAFO PRIMERO, Y 321 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). X. PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LAS NORMAS LOCALES, AL PREVER LOS PLAZOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN, DESIGNACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS CONSEJERAS QUE INTEGRARÁN LAS COMISIONES DISTRITALES Y LOS COMITÉS MUNICIPALES, NO VIOLAN LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCESO ELECTORAL NI EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO O EL PACTO FEDERAL (DECRETO 0797, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN XLII, 51, 157, PÁRRAFO PRIMERO, 255, PÁRRAFO PRIMERO, 257, PÁRRAFO PRIMERO, Y 321 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XI. PROCESO ELECTORAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LAS NORMAS LOCALES, AL PREVER LOS PLAZOS PARA QUE EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL EMITA LOS LINEAMIENTOS Y REGLAMENTOS NECESARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN, NO VULNERAN LOS PRINCIPIOS EN MATERIA ELECTORAL (DECRETO 0797, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN XLII, 51, 157, PÁRRAFO PRIMERO, 255, PÁRRAFO PRIMERO, 257, PÁRRAFO PRIMERO, Y 321 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE S

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 182/2023 Y SUS ACUMULADAS 184/2023 Y 185/2023. · Registro digital (IUS): 32863
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-22
Promovente: PARTIDOS POLÍTICOS MOVIMIENTO CIUDADANO, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.7.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 182/2023 Y SUS ACUMULADAS 184/2023 Y 185/2023. PARTIDOS POLÍTICOS MOVIMIENTO CIUDADANO, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y ACCIÓN NACIONAL. 19 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 182/2023 y sus acumuladas 184/2023 y 185/2023, promovidas, respectivamente, por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, en contra del Decreto 0797, por el que se reforman los artículos 6, fracción XLII; 51; 157, párrafo primero; 255, párrafo primero; 257, párrafo primero; y 321 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, publicado el veintinueve de julio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LAS DEMANDAS

1. Presentación de la acción de inconstitucionalidad 182/2023, promovida por el Partido Movimiento Ciudadano. Mediante escrito recibido el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés en la oficina de certificación judicial y correspondencia del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marco Antonio Gama Basarte, ostentándose como Coordinador Estatal del Partido Político Movimiento Ciudadano en San Luis Potosí, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez del Decreto 0797, por el que se reforman los artículos 6º, fracción XLII, 51, 157, párrafo primero, 255, párrafo primero, 257, párrafo primero, y 321 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, publicado el veintinueve de julio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

2. Presentación de la acción de inconstitucionalidad 184/2023, promovida por el partido político de la Revolución Democrática. Mediante escrito recibido el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés en la oficina de certificación judicial y correspondencia del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José de Jesús Zambrano Grijalva, ostentándose como Presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez del Decreto antes indicado.

3. Conceptos de invalidez del partido político de la Revolución Democrática. En su escrito inicial, el partido accionante alegó vulnerados los artículos 1, 14, 16, 35, 39, 40, 41, 114 y 116, fracción IV, inciso j), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al respecto, expuso los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:

a) Primero. Impacto presupuestal por reducir el periodo del proceso electoral local. El partido político accionante argumenta que el Decreto impugnado vulnera los principios de legalidad, certeza jurídica y transparencia, lo que se traduce en una reforma carente de objetividad y razonamiento, porque en términos del artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de la entidad resulta imperativo que a toda iniciativa se adjunte un informe técnico sobre el impacto presupuestal, lo que en la especie no sucedió.

En este orden de ideas, el instituto accionante considera que la obligación legal indicada no se colma con señalar, como pretende el dictamen de origen, que la iniciativa no genera un impacto presupuestal. Además, sostiene el accionante, la autoridad legislativa tampoco consideró que los recursos que debe ejercer el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ya estaban determinados en la Ley de Presupuesto de Egresos de dos mil veintitrés, al igual que el financiamiento de los partidos políticos. Finalmente, el accionante considera que la postergación del inicio del proceso electoral podría generar un subejercicio de recursos.

b) Segundo. Inobservancia de un parlamento abierto y ausencia de consulta previa indígena. El partido político de la Revolución Democrática argumenta que el procedimiento legislativo que dio origen al Decreto impugnado se llevó a cabo sin apego al principio de parlamento abierto, así como sin la participación de la ciudadanía.

En tal sentido, subraya que la iniciativa se presentó el veintinueve de junio de dos mil veintitrés y fue aprobada en comisiones el cinco de julio siguiente, esto es, en cuatro días hábiles, por lo que resulta materialmente imposible llevar a cabo un proceso de consulta a la ciudadanía.

Paralelamente al anterior argumento, el instituto político promovente refiere que si bien la reforma a la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí no trata específicamente de los derechos de las personas indígenas o afromexicanas, lo cierto es que las modificaciones al proceso electoral le competen a todos los ciudadanos, por lo que el Congreso de la entidad debió considerar un análisis diferenciado respecto de estos colectivos a fin de llevar a cabo una consulta a los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas.

Lo anterior porque, a su decir, al haberse modificado la fecha de inicio del proceso electoral de manera tan próxima, las personas pertenecientes a estos grupos vulnerables que buscan ser parte del proceso electoral se encuentran en una situación de desigualdad, debido a que es posible que las condiciones y las particularidades de las comunidades en las que residen dificulten que la información pueda ser recabada de manera pronta y expedita.

c) Tercero. Afectación a la etapa preparatoria del proceso electoral. El partido de la Revolución Democrática denuncia que el Decreto impugnado genera una violación sistemática de los principios rectores en la materia electoral, por afectar directamente los actos preparatorios del proceso electoral.

De manera específica, sostiene que el proceso de registro de candidatos independientes no contará con el tiempo suficiente para obtener la documentación y requisitos debidos y que la modificación del inicio del proceso electoral compromete el proceso de registro de aspirantes a obtener una candidatura independiente; así como el proceso de selección, reclutamiento y designación de los órganos desconcentrados de la autoridad administrativa electoral local; la determinación de los topes de gastos; y los convenios de coalición.

4. Presentación de la acción de inconstitucionalidad 185/2023, promovida por el partido político Acción Nacional. Mediante escrito recibido el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés en la oficina de certificación judicial y correspondencia del edificio sede de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marko Antonio Cortés Mendoza, ostentándose como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez del Decreto antes indicado.

5. Conceptos de invalidez del partido político Acción Nacional. En su escrito inicial, el partido accionante alegó vulnerados los artículos 1, 2, 6, 7, 14, 16 y 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 6 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Al respecto, expuso un único concepto de invalidez en el que sostuvo que la modificación al calendario electoral debió ser consultada a los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad.

6. Desechamiento, admisión y trámite de las acciones de inconstitucionalidad. Por acuerdos de siete de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibidos los escritos de demanda y sus anexos; ordenó formar el expediente físico y electrónico de las acciones de inconstitucionalidad y su acumulación, bajo el número 182/2023 y sus acumuladas 184/2023 y 185/2023; finalmente, turnó el asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para que fungiera como instructor del procedimiento.

7. En consecuencia, por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor desechó la acción de inconstitucionalidad 182/2023, promovida por Movimiento Ciudadano (por falta de legitimación activa del promovente) y admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad 184/2023 y 185/2023; asimismo, ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de San Luis Potosí, a efecto de que rindieran su informe, requiriendo los antecedentes legislativos del Decreto impugnado.

8. De igual forma, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que formularan el pedimento o manifestación que a su representación correspondiera; solicitó al Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la opinión respectiva; requirió a la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral para que enviara, entre otras cosas, copias certificadas de los estatutos vigentes de los partidos políticos promoventes, así como una certificación de su registro vigente; y a la Presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí le ordenó informara la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad.

9. Recurso de reclamación 375/2023-CA, interpuesto por el partido político Movimiento Ciudadano. Inconforme con el auto que desechó la demanda, el partido político Movimiento Ciudadano interpuso recurso de reclamación, el cual, mediante acuerdo dictado por la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, se registró con el número 375/2023-CA y se turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

10. Desahogo de requerimiento por parte del Instituto Nacional Electoral. Mediante oficio INE/DJ/14371/2023, el encargado del despacho de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral remitió en copia certificada los estatutos y registros vigentes de los partidos políticos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, así como una certificación del titular y la integración del órgano directivo nacional.

11. Comienzo del proceso electoral. La Consejera Presidenta del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí informó que el proceso electoral dio inicio el dos de enero de dos mil veinticuatro, en términos del artículo 6, fracción XLII, de la Ley Electoral de dicha entidad federativa.

12. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por escrito recibido en el buzón judicial de este Alto Tribunal el dos de octubre de dos mil veintitrés, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió su opinión señalando, en síntesis, que los temas de impacto presupuestal, inobservancia de un parlamento abierto y falta de consulta previa indígena alegados por los accionantes no constituyen violaciones en materia electoral, por lo que no serían objeto de pronunciamiento por parte de dicho órgano jurisdiccional.

13. En cambio, por cuanto hace a la alegada afectación a la etapa preparatoria del proceso electoral, consideró que los artículos cuestionados resultan constitucionales, pues existe libertad de configuración a favor de los Congresos locales, además de que las afectaciones alegadas se trataban de planteamientos genéricos.

14. Informe del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. Mediante oficio recibido el seis de octubre de dos mil veintitrés en la oficina de certificación judicial y correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del Estado de San Luis Potosí presentó su informe en el que manifestó, en síntesis:

a) Primero. Arguye que actuó de conformidad con sus atribuciones establecidas en la Constitución del Estado; asimismo, que el procedimiento legislativo que dio origen al Decreto impugnado cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y su Reglamento Interior del Congreso. Invoca como sustento a lo anterior, lo determinado por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 165/2020 y sus acumuladas, en cuanto a que las legislaturas locales pueden establecer con libertad de configuración las fechas de inicio de los procesos electorales, así como la duración de sus etapas.

Indica que la modificación al inicio del proceso electoral permite la realización de todas las etapas ajustándose a los parámetros constitucionales y garantizando la jornada comicial. En relación con el análisis y el estudio de procedencia, refiere que fue solicitada la opinión sobre la mencionada modificación al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana quien, por conducto de su Presidencia, señaló que no se afectaba la operatividad del organismo electoral y que algunos actos que tradicionalmente se efectúan una vez iniciado el proceso electoral, tendría que ser realizado con anticipación al inicio de éste.

Refiere que las etapas y los plazos relativos a las precampañas, obtención de apoyos para los candidatos independientes, registro de candidatos, precampañas y campañas permanecieron intocados, de tal forma que serán efectuadas con posterioridad al inicio del proceso electoral, es decir, después del dos de enero del año de la elección.

Además, la modificación del inicio del proceso electoral no implica un costo para su implementación, por lo que no resulta exigible la evaluación de impacto presupuestario contenida en el artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de San Luis Potosí.

b) Segundo. El Poder Legislativo local argumenta que, de conformidad con el artículo 2º, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el principio de parlamento abierto se refiere a los mecanismos para garantizar la promoción del derecho a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, a través de esquemas que privilegian el acceso de manera sencilla a la información generada al interior.

En ese tenor, el procedimiento legislativo siguió los principios de transparencia y acceso a la información de la ciudadanía, porque la iniciativa fue publicada en la gaceta parlamentaria. Además, la participación ciudadana en la toma de decisiones legislativas se ejerce a través de los legisladores, como representantes electos por el voto popular.

En cuanto a la falta de consulta previa en materia indígena, el Poder Legislativo Estatal refiere que los preceptos del ordenamiento impugnado no afectan o producen impacto directo y distintivo en la esfera jurídica, derechos o intereses de los pueblos y las comunidades, toda vez que solamente establecen modificaciones al calendario electoral local de forma general, sin afectar derechos colectivos e individuales de estos grupos vulnerables; por tanto, la autoridad legislativa no se encontraba constreñida a realizar el ejercicio consultivo respectivo.

Cita en apoyo a lo anterior, lo determinado por este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada, en la que se indican los aspectos materia de consulta, sin que se encuentre contemplado el periodo del proceso electoral.

c) Tercero. En relación con la emisión del calendario electoral, la autoridad legislativa destaca que el Instituto Nacional Electoral aprobó el calendario y el plan integral del proceso electoral federal 2023-2024, en sesión de veinte de julio de dos mil veintitrés y que, en la misma fecha, el referido Instituto aprobó el acuerdo número INE/CG439/2023, mediante el cual determinó ejercer la facultad de atracción para determinar fechas homologadas para la conclusión del periodo de precampañas y para recabar el apoyo ciudadano de las personas aspirantes a candidaturas independientes, de modo tal que se encuentran garantizadas las actividades y las etapas del proceso electoral y de la jornada comicial.

En relación con las actividades que refiere el promovente, no se afecta el registro de aspirantes para obtener una candidatura independiente, porque el organismo público local puede llevar a cabo diversas actividades y desarrollarlas con anticipación al inicio del proceso electoral. La emisión de la convocatoria para las personas que pretendan obtener una candidatura independiente se dará antes del inicio del proceso electoral, pero la obtención del apoyo ciudadano, que es coincidente con los periodos de precampañas de los partidos políticos, se dará con posterioridad al inicio del proceso electoral.

No se afecta el proceso de selección, reclutamiento y designación de los órganos desconcentrados de la autoridad administrativa local, en virtud de que el organismo público local, de conformidad con el artículo 49, fracción I, inciso d), de la Ley Electoral del Estado, debe establecer los procedimientos para designar a las personas integrantes de los Comités electorales y Comisiones distritales, por lo menos con seis meses de anticipación. En tal sentido, el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se emitió la Convocatoria pública respectiva, esto es, antes del inicio del proceso electoral.

No se afecta la expedición de lineamientos en plazo razonable, porque conforme a los artículos 3, fracción II, inciso t), y 259 de la Ley Electoral del Estado, la emisión de acuerdos y lineamientos por parte de la autoridad electoral puede darse en cualquier momento a fin de garantizar los principios rectores de la función electoral, así como realizar ajustes para garantizar los plazos de registro y duración de las campañas electorales.

No se afecta la determinación de los topes de gastos de precampañas y campañas, en virtud de que el artículo 157 y 321 de la Ley Electoral del Estado, prevé que el organismo público local los determinará en la sesión que da inicio al proceso electoral, lo que brinda certeza a los actores políticos. Además, el Consejo Estatal Electoral manifestó en su opinión que no se genera problemática alguna respecto de la operatividad electoral.

No se afectan los convenios de coalición que celebren los partidos políticos en tanto el organismo público local electoral tiene la atribución de expedir, en todo momento, los lineamientos necesarios para garantizar el cumplimiento de la Ley Electoral.

15. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. Por escrito recibido el trece de octubre de dos mil veintitrés en la oficina de certificación judicial y correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejero Jurídico del Estado de San Luis Potosí, en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad, rindió el informe de ley, en el que reprodujo la contestación de los conceptos de invalidez en los mismos términos que el Poder Legislativo del Estado.

16. Alegatos. Mediante acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí formulando los alegatos que estimaron pertinentes, no así al Partido de la Revolución Democrática, quien los presentó de manera extemporánea.

17. Pedimento de la Fiscalía General de la República. No se formuló pedimento alguno en el presente asunto.

18. Manifestaciones de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal. No realizó manifestación alguna.

19. Sentencia dictada en el recurso de reclamación 375/2023-CA, interpuesto por el partido político Movimiento Ciudadano. En sesión de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, la Primera Sala de este Alto Tribunal declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por el partido político Movimiento Ciudadano y, en consecuencia, confirmó el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la acción de inconstitucionalidad 182/2023. 20. Returno de la acción de inconstitucionalidad 182/2023 y sus acumuladas 184/2023 y 185/2023. Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó returnar el presente asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que continuara actuando como instructor en las acciones de inconstitucionalidad indicadas. 21. Cierre de instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo y previo acuerdo de cierre de instrucción, se recibió el expediente en la ponencia del Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

22. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución General;(1) 1º de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) (en adelante, Ley Reglamentaria); y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que se planteó la posible contradicción entre la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y la Constitución General, así como el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, entre otros.

II. OPORTUNIDAD

23. Conforme al artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General,(4) el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente, precisando que, como regla general, si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. No obstante, en el párrafo segundo del referido precepto se especifica que en materia electoral todos los días y las horas son hábiles, de manera que el cómputo de la oportunidad en esta materia vence incluso si se trata de un día que ordinariamente es inhábil.

24. En este caso, las acciones de inconstitucionalidad son oportunas,(5) pues el Decreto 0797, por el que se reforman los artículos 6º, fracción XLII, 51, 157, párrafo primero, 255, párrafo primero, 257, párrafo primero y 321 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, fue publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintinueve de julio de dos mil veintitrés, de modo que el plazo para promover transcurrió del treinta de julio al veintiocho de agosto siguientes.

25. Luego, si las demandas de los partidos políticos de la Revolución Democrática y Acción Nacional fueron presentadas en la oficina de certificación judicial y correspondencia de este Alto Tribunal el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, entonces, es evidente que su presentación fue oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

26. Las acciones fueron promovidas por parte legitimada.

27. De conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución General(6) y 62, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(7) los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigentes nacionales, podrán promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales o locales.

28. Asimismo, con fundamento en los artículos citados, los partidos políticos podrán promover acciones de inconstitucionalidad, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: a) que cuenten con registro ante la autoridad electoral correspondiente; b) que promuevan por conducto de su dirigencia nacional o estatal, según sea el caso; c) que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello y d) que se impugnen normas de naturaleza electoral y tratándose de partidos políticos con registro estatal, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.

III.1. Partido Político de la Revolución Democrática

29. Con base en los anexos adjuntos al oficio número INE/DJ/14371/2023, del Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática cuenta con registro como partido político nacional.(8)

30. Por su parte, del artículo 39, apartado B, fracción IV, del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática(9) se desprende que es función de la Presidencia Nacional representar legalmente al Partido.

31. En tal sentido, la demanda fue suscrita por José de Jesús Zambrano Grijalva como Presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva de ese instituto político, quien lo acredita con la certificación de siete de junio de dos mil veintidós, expedida por esa autoridad electoral.(10)

32. En consecuencia, se tiene por acreditada la legitimación procesal de la persona que promueve la acción de inconstitucionalidad 184/2023 en representación del partido político nacional.

III.2. Partido Acción Nacional

33. De los anexos acompañados al oficio número INE/DJ/14371/2023, del Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, se advierte que el Partido Acción Nacional cuenta con registro como partido político nacional.

34. La demanda fue suscrita por Marko Antonio Cortés Mendoza como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político, quien lo acredita con la certificación de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, expedida por esa autoridad electoral.(11)

35. Por su parte, los artículos 54, inciso a), y 58, inciso a), de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional,(12) prevén las facultades del Comité Ejecutivo Nacional, las funciones de representación de su Presidente.

36. En consecuencia, se tiene por acreditada la legitimación procesal de la persona que promueve la acción de inconstitucionalidad 185/2023.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

37. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento y este Pleno tampoco advierte de oficio que se actualice alguna, por lo que se procede al estudio de los conceptos de invalidez planteados.

V. ESTUDIO DE FONDO

V.1. Consideraciones metodológicas

38. Los conceptos de invalidez planteados por los partidos accionantes se pueden clasificar en cuatro apartados temáticos: 1. Consulta previa a los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas; 2. Parlamento abierto; 3. Impacto presupuestal y 4. Supuestamente indebida modificación de la fecha de inicio del proceso electoral.

39. De este modo, para dar respuesta a los planteamientos hechos valer es necesario analizar, en primer lugar, las alegaciones relacionadas con la falta de consulta en materia indígena y afromexicana. Posteriormente, en segundo lugar, los planteamientos relativos a un parlamento abierto y, en tercer lugar, los argumentos relacionados con la falta de análisis del impacto presupuestal. Finalmente, en caso de que los planteamientos anteriores también resultaran infundados, en cuarto lugar, este Tribunal Constitucional procedería al análisis de los argumentos formulados en relación con la etapa preparatoria del proceso electoral (motivados por la supuestamente indebida modificación de la fecha de inicio del proceso electoral).

40. Por tanto, a continuación, se hará el estudio de fondo a partir del orden siguiente:

Ver orden del estudio de fondo

V.2. Consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas

41. En su escrito inicial, el Partido de la Revolución Democrática sostiene que, si bien la reforma a la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí no trata específicamente de los derechos de las personas indígenas o afromexicanas, lo cierto es que las modificaciones al proceso electoral le competen a todos los ciudadanos, por lo que el Congreso de la entidad debió considerar un análisis diferenciado respecto de estos colectivos a fin de llevar a cabo una consulta a los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas.

42. Lo anterior porque, a su decir, al haberse modificado la fecha de inicio del proceso electoral de manera tan próxima, las personas pertenecientes a estos grupos vulnerables que buscan ser parte del proceso electoral se encuentran en una situación de desigualdad, debido a que es posible que las condiciones y las particularidades de las comunidades en las que residen dificulten que la información pueda ser recabada de manera pronta y expedita.

43. Por su parte, el Partido Acción Nacional sostiene que la modificación al calendario electoral debió ser consultada a los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad.

44. A fin de dar respuesta al anterior planteamiento, resulta necesario traer a cuenta el estándar de constitucionalidad sostenido por este Tribunal Pleno en la materia, para posteriormente determinar si en el caso existía la obligación del Congreso del Estado de San Luis Potosí de realizar una consulta a los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad federativa.

A. Parámetro de constitucionalidad

45. Siguiendo lo sostenido por este Tribunal Pleno al resolver algunos de los precedentes sobre el tema, en específico, la acción de inconstitucionalidad 151/2017;(13) la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019;(14) la acción de inconstitucionalidad 116/2019 y su acumulada 117/2019;(15) la acción de inconstitucionalidad 81/2018,(16) la acción de inconstitucionalidad 136/2020,(17) así como la acción de inconstitucionalidad 164/2020,(18) los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas del país tienen derecho a ser consultados en forma previa, informada, culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales y de buena fe cuando las autoridades legislativas pretendan emitir una norma general o adoptar una acción o medid

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32863-e0d813ea/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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