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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. CONSULTAS INDÍGENA Y AFROMEXICANA, ASÍ COMO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. AUSENCIA DE VICIOS EN LAS CONSULTAS PREVIAS A LA EMISIÓN DE LAS NORMAS LOCALES QUE REGULAN DISTINTOS ASPECTOS RELACIONADOS CON ESOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (DECRETO NÚMERO 29235/LXIII/23, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IV. DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS. LAS NORMAS LOCALES QUE PREVÉN QUE LAS AUTORIDADES ELECTORALES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE TRADUCIR TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS, LINEAMIENTOS O PRECEPTOS RELACIONADOS CON LA POSTULACIÓN DE PERSONAS INDÍGENAS, AL MENOS, A LAS LENGUAS WIXARITARI Y NÁHUATL, Y QUE PARA LA DIFUSIÓN DEL DECRETO EN ESTUDIO DEBEN TRADUCIRSE, AL MENOS, A DICHAS LENGUAS, RESULTAN SUBINCLUSIVAS EN RELACIÓN CON LAS OTRAS LENGUAS ORIGINARIAS QUE SE HABLAN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 15 SEPTIES, NUMERAL 1, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "AL MENOS" Y "WIXARITARI Y NÁHUATL", DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO Y TRANSITORIO SEGUNDO, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "AL MENOS" Y "WIXARITARI Y NÁHUATL", DEL DECRETO NÚMERO 29235/LXIII/23, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). V. DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN E IGUALDAD DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS NORMAS LOCALES QUE PREVÉN QUE LAS AUTORIDADES ELECTORALES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE TRADUCIR TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS, LINEAMIENTOS O PRECEPTOS RELACIONADOS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LENGUA DE SEÑAS, AL SISTEMA DE ESCRITURA BRAILLE Y A TRAVÉS DE PICTOGRAMAS PARA SU DIFUSIÓN, NO RESULTAN SUBINCLUSIVAS EN RELACIÓN CON TODOS LOS TIPOS O LAS CATEGORÍAS DE DISCAPACIDAD (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 15 SEPTIES, NUMERAL 1, SALVO SUS PORCIONES NORMATIVAS "AL MENOS" Y "WIXARITARI Y NÁHUATL", DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO Y TRANSITORIO SEGUNDO, SALVO SUS PORCIONES NORMATIVAS "AL MENOS" Y "WIXARITARI Y NÁHUATL", DEL DECRETO NÚMERO 29235/LXIII/23, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD. SU ENFOQUE PREVÉ QUE ÉSTA SEA CONSIDERADA COMO UNA DESVENTAJA CAUSADA POR LAS BARRERAS DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, AL NO ATENDER ADECUADAMENTE A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. VII. MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD. LA NORMA LOCAL, AL PREVER, EN UN PRIMER MOMENTO, UNA DIVERSIDAD FUNCIONAL Y UN CONECTOR LÓGICO "DEBIDO A LO CUAL, Y" Y, EN UN SEGUNDO MOMENTO, QUE ESA DIVERSIDAD, AL INTERACTUAR CON LAS BARRERAS EN EL ENTORNO, IMPIDA LA PARTICIPACIÓN PLENA Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE LAS DEMÁS, ATIENDE AL MODELO SOCIAL, PERO TAMBIÉN CONTIENE ELEMENTOS DEL MODELO REHABILITADOR, INDIVIDUAL O MÉDICO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, NUMERAL 1, FRACCIÓN XXII, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "A LO CUAL, Y", DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. POSTERGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ RESPECTIVA HASTA QUE CONCLUYA EL PROCESO ELECTORAL CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 2, NUMERAL 1, FRACCIÓN XXII, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "A LO CUAL, Y", Y 15 SEPTIES, NUMERAL 1, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "AL MENOS" Y "WIXARITARI Y NÁHUATL", DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO TRANSITORIO SEGUNDO, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "AL MENOS" Y "WIXARITARI Y NÁHUATL", DEL DECRETO NÚMERO 29235/LXIII/23, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS HASTA QUE HAYA CONCLUIDO EL PROCESO ELECTORAL 2023-2024 EN EL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 180/2023. · Registro digital (IUS): 32808
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-08
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH).
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.44.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 180/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH). 24 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: CLAYDE ALFDAN SALDIVAR ALONSO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 180/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante indistintamente CNDH o Comisión accionante), en contra del Decreto Número 29235/LXIII/23, por el que se reforman los artículos 2, 4, 24, 134, 237, 241 y 251; y se adiciona al título tercero el Capítulo Primero Bis denominado "Disposiciones Generales aplicables en favor de diversos Grupos en Situación de Vulnerabilidad", así como los artículos 15 Bis, 15 Ter, 15 Quáter, 15 Quinquies, 15 Sexies, 15 Septies, 15 Octies y 237 Bis 1, del Código Electoral del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el veinte de julio de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial por la CNDH. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de este Alto Tribunal el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Número 29235/LXIII/23, por el que se reforman los artículos 2, 4, 24, 134, 237, 241 y 251; y se adiciona al título tercero el Capítulo Primero Bis denominado "Disposiciones Generales aplicables en favor de diversos Grupos en Situación de Vulnerabilidad", así como los artículos 15 Bis, 15 Ter, 15 Quáter, 15 Quinquies, 15 Sexies, 15 Septies, 15 Octies y 237 Bis 1, del Código Electoral del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el veinte de julio de dos mil veintitrés.

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión accionante adujo vulnerados los artículos 1o., 2o. y 6o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Política del país) y diversos tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. En sus conceptos de invalidez expuso lo siguiente:

Primero. Consultas a las personas con discapacidad y a los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. La accionante considera que la consulta celebrada por la autoridad legislativa de manera previa a la emisión del Decreto impugnado no cumplió con los principios que rigen el derecho a la consulta a las personas con discapacidad y a los pueblos y a las comunidades indígenas y afromexicanas.

Con base en las constancias públicas del procedimiento legislativo a las que pudo acceder, en particular, el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso del Estado de Jalisco, la accionante pone en duda la validez del ejercicio participativo desplegado por la autoridad estatal, por los motivos siguientes: a) La emisión de la convocatoria fue mediante un lenguaje técnico y sin atender a las necesidades particulares de cada grupos social, por ejemplo, para las personas con discapacidad en distintos formatos accesibles y, para las personas indígenas o afromexicanas, traducida a las lenguas indígenas que se hablan en la entidad; b) La convocatoria no fue difundida de manera amplia y suficiente, pues sólo se publicó en Milenio "Periódico Estatal" y en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"; c) La convocatoria omite llamar a las comunidades afromexicanas asentadas en la entidad; d) La iniciativa en materia de personas con discapacidad fue presentada ante el Congreso de manera previa a la emisión de la convocatoria para llevar a cabo la consulta; e) No se advierte el cumplimiento de una fase de preconsulta indígena para definir, de común acuerdo entre autoridad legislativa y representantes del grupo, la forma de llevar a cabo el proceso, la forma de intervención y la formalización de acuerdos; f) Además de que no fue posible acceder a los micrositios de información y consulta, tampoco hubo una diferenciación en el desarrollo de cada ejercicio participativo, pues el legislador estatal perdió de vista que cada colectivo vulnerable requiere de fases y etapas diferenciadas en atención a sus particularidades; g) Tampoco se observa la forma en que se llevaron a cabo las etapas o las fases de los procesos consultivos, su duración, apoyos y ajustes implementados, número de participantes, las opiniones recabadas, los resultados obtenidos y si éstos fueron considerados en la medida legislativa adoptada; y h) En la sesión plenaria en que se aprobó el Decreto no se brindó oportunidad a los grupos vulnerables para pronunciarse respecto del producto legislativo aprobado.

Segundo. Obligación de traducir documentos. El artículo 15 Septies del Código Electoral del Estado de Jalisco y el artículo segundo transitorio del Decreto número 29235/LXIII/23 resultan contrarios a los derechos a la igualdad y no discriminación, de identidad cultural y lingüísticos, así como de acceso a la información.

Señala que dichos preceptos establecen una restricción implícita para acceder a la información y la normativa referente a la postulación de candidaturas indígenas y conocer el contenido del Decreto impugnado, esto, en perjuicio de los pueblos y las comunidades indígenas que no hablan las lenguas wixaritari y náhuatl, colocándolos en una situación de desventaja respecto de quienes hablan alguna de dichas lenguas.

Desde su perspectiva, la falta de inclusión por parte del legislador local afecta el derecho a recibir información de los pueblos y las comunidades indígenas que no hablan español ni las lenguas wixaritari y náhuatl y, por ende, sus derechos político-electorales, pues no existe razón objetivamente válida que justifique dar un trato preferente a una comunidad o pueblo originario sobre otro.

Aunado a ello, el Estado soslaya las obligaciones que tiene a cargo para salvaguardar los derechos lingüísticos de estos segmentos de la población, así como de respetar su identidad indígena, pues no sólo se impone un obstáculo para la plena efectividad de los derechos que les permitan intervenir en los asuntos de carácter público, sino, incluso, se incumple con el artículo 30 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, de adoptar medidas acordes a las tradiciones y las culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, recurriendo a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.

Por otra parte, la accionante sostiene que los preceptos impugnados vulneran los derechos de las personas con discapacidad de acceso a la información pública e, indirectamente, a participar en los procesos de elección popular, porque las medidas de accesibilidad establecidas por el legislador resultan insuficientes al excluir a cierto grupo de personas que necesitan un apoyo distinto a los formatos adoptados por el legislador estatal (lengua de señas, escritura Braille y pictogramas).

En tal sentido, la accionante refiere que las medidas legislativas adoptadas no pueden limitarse, sino que se deben prever todas las que resulten necesarias, atendiendo al universo de discapacidades de las personas, a fin de no limitar el acceso a la información de las personas con discapacidad, pues quienes viven con alguna condición que necesita la implementación de otro formato de accesibilidad, se enfrentarían a una barrera que les impedirá conocer claramente la información que se emita en los documentos o lineamientos respectivos, así como el alcance jurídico de los preceptos que inciden en ellos.

Además, de conformidad con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Lengua de Señas Mexicana es el formato que debe ser tomado en cuenta en todo el país para la emisión de documentos o información de personas con discapacidad que requieren este tipo de apoyo.

Tercero. Definición de personas con discapacidad. La accionante refiere que el artículo 2, fracción XXII, del Código Electoral del Estado de Jalisco resulta contrario al derecho a la igualdad y no discriminación, así como a la dignidad de las personas, pues establece una definición de discapacidad contraria al modelo social establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En opinión de la accionante, dicho precepto determina que el problema para que las personas con discapacidad puedan incluirse plenamente en las relaciones sociales es la discapacidad con la que viven y no a su entorno, lo que se aparta de los principios consagrados en el modelo social de la discapacidad previsto en la Convención de la materia, en tanto establece que una de las circunstancias para lograr la inclusión en las relaciones sociales es el hecho de vivir con alguna discapacidad, lo que genera un efecto excluyente y discriminatorio.

3. Admisión y trámite. Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la acción de inconstitucionalidad hecha valer, a la que correspondió el número 180/2023; asimismo, ordenó turnar el expediente al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que instruyera el procedimiento correspondiente.

4. Luego, en acuerdo de ocho de septiembre siguiente, el Ministro instructor reconoció la personalidad a la promovente y admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; consecuentemente, dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco para que rindieran sus informes y les requirió a efecto de que, al hacerlo, remitieran copia certificada del procedimiento legislativo correspondiente. Asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal a fin de que, respectivamente, formularan el pedimento que le corresponde y manifestara lo que a su derecho convenga.

5. Por otra parte, solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expresara su opinión en relación con el presente medio de control constitucional; y requirió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco informara la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad.

6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Mediante escrito enviado a través del sistema electrónico de este Alto Tribunal el nueve de octubre de dos mil veintitrés, José Tomás Figueroa Padilla, Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco, rindió informe en representación de dicha autoridad, exponiendo lo siguiente:

Primero. Consultas a las personas con discapacidad y a los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. Previo a expedir el decreto de reformas impugnado, se llevó a cabo todo un proceso de preconsulta y consulta, en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, a través de foros y espacios de carácter informativos y de diálogo incluyente, con la participación de asociaciones, representación de comunidades indígenas, de grupos con discapacidad, autoridades e investigadores. En particular, el Poder Legislativo Estatal se avocó a la realización de lo siguiente: a) Invitó a grupos de comunidades indígenas y de personas con discapacidad a participar en las fases informativas, de preconsulta y consulta, las que sirvieron de base para la aprobación de la metodología y la temática a desarrollar en los foros de consulta; b) Envió oficios y correos electrónicos a los municipios del Estado a efecto de informar y solicitar el apoyo para la difusión y la participación de los grupos vulnerables; c) Creó micrositios para consulta y difusión de información, así como para solicitar la participación de estos colectivos; d) Tradujo la iniciativa del Decreto a las lenguas indígenas náhuatl, wixarika, otomí, purépecha, mixteco y mazhua, asimismo, subió al micrositio la citada iniciativa de Decreto en formato de video de interpretación, audio, texto de fácil lectura, lenguaje a señas mexicanas, así como en pictogramas, con sus respectivas traducciones a náhuatl y wixarika; e) En las sesiones de consulta abierta celebradas en los municipios de la entidad, se contó con la colaboración de traductores de lenguas indígenas y de señas, recibiéndose recomendaciones, propuestas y opiniones, asimismo, se subió al micrositio los videos que contienen las sesiones llevadas a cabo; f) Las convocatorias para las consultas se publicaron en medios de comunicaciones masivos y electrónicos, en particular, en diversos medios de prensa escrita; y g) de manera oportuna y por canales diversos se difundió la fecha de celebración de la sesión plenaria en la que se aprobó el Decreto de reformas impugnado.

En particular, señala que el Congreso del Estado, con la participación de la autoridad electoral local, aprobó el Acuerdo Legislativo 1234/LXIII/23, por el que "Se aprueba la participación del Congreso del Estado de Jalisco como instancia de acompañamiento en las consultas estrechas y de participación activa de personas con discapacidad y de la comunidad indígena para la implementación de acciones afirmativas para la postulación de candidaturas e integración de cargos públicos municipales y diputaciones para el proceso 2023-2024, organizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana".

La autoridad legislativa aduce que el Decreto impugnado reconoce derechos fundamentales en materia electoral para los grupos vulnerables de la entidad, a fin de que participen de manera activa en los procesos electivos, garantizando espacios de representatividad con los que no contaban.

Finalmente, el Poder Legislativo Estatal refiere que el Decreto impugnado se trata de una reforma en materia de derechos político-electorales de personas con discapacidad y los pueblos y las comunidades indígenas, a los cuales no pertenecen la comunidad afromexicana y, en tal sentido, atendiendo a la baja proporción poblacional y al hecho de que la población afrodescendiente no ha expresado formalmente su intención de integrar órganos de representación popular, no se estableció una acción afirmativa en su favor, lo que no se traduce en una acción discriminatoria contra tal comunidad.

Segundo. Obligación de traducir documentos. La obligación de traducir el Decreto impugnado, los lineamientos o los preceptos relacionados con la postulación de personas indígenas en, al menos, las lenguas wixaritari y náhuatl no limita la posibilidad de traducir a otras lenguas, de forma tal que los preceptos son meramente enunciativos y no limitativos. Además, no es correcto establecer una lista de lenguas a las que se deban traducir los documentos relacionados con los procesos electorales, en atención a los procesos de migración de las personas pertenecientes a un pueblo originario que, en este momento, no estén radicados en el Estado de Jalisco.

Por otra parte, es claro que la lengua de señas utilizada predominantemente en la entidad es la Lengua de Señas Mexicana, sin que pueda existir variantes; asimismo, el establecimiento de las disposiciones en favor de personas con discapacidad no es limitativo, sino que son insertadas en la norma con la certeza de su continua adecuación y variación.

Tercero. Definición de personas con discapacidad. Previo a la reforma no existía en el Código Electoral del Estado de Jalisco una definición precisa de persona con discapacidad, en tal sentido, la reforma introducida, teniendo a la dignidad como punto de partida, busca establecer medidas afirmativas para salvaguardar los derechos político-electorales de este grupo de personas en situación de vulnerabilidad.

En el ámbito del marco normativo nacional, la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA-2023, define a las personas con discapacidad en los mismos términos que el precepto impugnado. Aunado a esto, la definición no contraviene la propia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues si bien la porción normativa "debido a lo cual" establece una correlación entre la circunstancia de vivir con discapacidad y las barreras que le impone el entorno social que le rodea, también es cierto que dicho señalamiento no implica sino el reconocimiento de la condición con la que vive la persona.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Mediante escrito enviado a través del sistema electrónico de este Alto Tribunal el nueve de octubre de dos mil veintitrés, Isidro Rodríguez Cárdenas, Director de lo Contencioso de la Dirección Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco rindió informe, en representación de dicha autoridad, señalando que las reformas realizadas al Código Electoral del Estado de Jalisco son constitucionales, toda vez que constituyen acciones afirmativas de participación política realizadas con la intención de incluir a los grupos en situación de vulnerabilidad dentro de la legislación y teniendo como objetivo avanzar progresivamente en el real y el efectivo ejercicio pleno de los derechos políticos de dichos grupos sociales y en función de las capacidades institucionales de la entidad federativa.

8. La autoridad estatal resaltó que, a fin de favorecer y facilitar la difusión de dicha ley y los lineamientos relativos a las contiendas electorales, se estableció de manera no limitativa su traducción a las lenguas indígenas con mayor número de hablantes en la entidad; asimismo, se buscó emplear el lenguaje de señas utilizado en el Estado de Jalisco, el sistema de escritura braille y los pictogramas, con la finalidad de generar una comunicación efectiva.

9. Inicio del proceso electoral. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Paula Ramírez Höhne, Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, informó que dicho organismo ordenaría la publicación de la convocatoria para las elecciones ordinarias, la primera semana de noviembre del año anterior a aquél en que se celebren, de conformidad con el artículo 214, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de Jalisco.

10. Opinión de la Sala Superior en asuntos electorales. Mediante oficio depositado en el buzón judicial de este Alto Tribunal el ocho de julio de dos mil veintitrés, el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, entonces Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, envío la opinión emitida por dicho órgano jurisdiccional en la que, esencialmente, considera que el presente medio de control constitucional no se relaciona con temas de la materia electoral, sino con el derecho en general y el derecho legislativo, por lo que no amerita un pronunciamiento especializado por parte de dicho órgano.

11. Pedimento de la Fiscalía General de la República y/o Manifestaciones de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento en el presente asunto, ni la Consejería Jurídica del Gobierno Federal emitió manifestación alguna.

12. Alegatos. Mediante acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, integrantes de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo periodo de dos mil veintitrés, tuvieron al Poder Legislativo del Estado de Jalisco formulando los alegatos que estimó pertinentes.

13. Cierre de la instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo y mediante acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veinticuatro dictado por el Ministro instructor se cerró instrucción en la presente acción de inconstitucionalidad, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. I. COMPETENCIA

14. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I,(2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023,(3) de este Tribunal Pleno, toda vez que se planteó la posible contradicción entre el Código Electoral del Estado de Jalisco y la Constitución Política del País, así como diversos tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

15. De conformidad con el artículo 41, fracción I,(4) en relación con el 73,(5) ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política del país (en adelante Ley Reglamentaria de la Materia), se deben precisar las normas generales objeto del presente medio de control constitucional.

16. Del estudio integral del escrito inicial, se advierte que la CNDH impugna, en su totalidad, el Decreto Número 29235/LXIII/23, por el que se reforman los artículos 2, 4, 24, 134, 237, 241 y 251; y se adiciona al título tercero el Capítulo Primero Bis denominado "Disposiciones Generales aplicables en favor de diversos Grupos en Situación de Vulnerabilidad", así como los artículos 15 Bis, 15 Ter, 15 Quáter, 15 Quinquies, 15 Sexies, 15 Septies, 15 Octies y 237 Bis 1, del Código Electoral del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el veinte de julio de dos mil veintitrés; esto, por considerar que las consultas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad, realizadas de manera previa a su emisión, no cumplen con los estándares mínimos fijados por este Alto Tribunal.

17. Además de lo anterior, en su demanda la Comisión accionante combate, por su contenido y de manera destacada, los artículos 2, fracción XXII y 15 Septies del Código Electoral del Estado de Jalisco, así como segundo transitorio del citado Decreto Número 29235/LXIII/23, por violación a los derechos a la igualdad y no discriminación, de identidad cultural y lingüísticos, así como de acceso a la información y al modelo social de discapacidad.

18. Consecuentemente, se tiene por impugnado el Decreto Número 29235/LXIII/23 en su totalidad, por cuanto hace al cuestionamiento relacionado a las consultas y, en lo particular, los artículos 2, fracción XXII, y 15 Septies del Código Electoral del Estado de Jalisco, así como segundo transitorio del citado Decreto Número 29235/LXIII/23, por violación a los derechos a la igualdad y no discriminación, de identidad cultural y lingüísticos, así como de acceso a la información y al modelo social de discapacidad.

III. OPORTUNIDAD

19. Conforme al artículo 60, párrafo primero,(6) de la Ley Reglamentaria de la Materia, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente. Asimismo, dicho precepto dispone que, si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

20. En este caso, la acción es oportuna, toda vez que el Decreto Número 29235/LXIII/23 fue publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el veinte de julio de dos mil veintitrés, por lo que el plazo comenzó el veintiuno de julio y feneció el diecinueve de agosto de dos mil veintitrés.

21. Consecuentemente, si el escrito inicial de demanda fue depositado en el buzón judicial de este Alto Tribunal el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, entonces, es evidente que su presentación fue oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

22. La acción fue promovida por parte legitimada, pues de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país, la CNDH se encuentra legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de las entidades federativas que vulneren los derechos humanos consagrados en la citada Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

23. En el presente caso, la accionante alega, en términos generales, que el Decreto impugnado y diversas normas específicas vulneran el derecho a la consulta de las personas con discapacidad y de los pueblos y las comunidades afromexicanas, así como los derechos de igualdad y no discriminación, accesibilidad, lingüísticos y de identidad cultural, y de acceso a la información; consecuentemente, se actualiza el supuesto previsto en el citado precepto constitucional.

24. Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero,(7) en relación con el diverso 59,(8) ambos de la Ley Reglamentaria de la Materia disponen que las partes deberán comparecer por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

25. En el presente caso, la demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cargo que acredita con una copia certificada de su nombramiento expedido por la Mesa Directiva del Senado de la República el doce de noviembre de dos mil diecinueve, por un periodo de cinco años, que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.

26. Por su parte, el artículo 15, fracciones I y XI,(9) de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dispone como facultad del Presidente de dicho organismo ejercer su representación legal y, específicamente, promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política del país o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

27. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento, ni este Tribunal Pleno, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que se procede realizar el estudio de fondo.

VI. ESTUDIO DE FONDO

28. VI.1. Consideraciones previas. Los conceptos de invalidez planteados por la CNDH se pueden clasificar en tres apartados temáticos: 1. Consulta previa a los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad; 2. Obligación de realizar traducciones para las personas indígenas y con discapacidad; y 3. Definición de persona con discapacidad.

29. De este modo, para dar respuesta a los planteamientos hechos valer es necesario analizar, en primer lugar, las alegaciones relacionadas con las consultas. Posteriormente, en caso de que los planteamientos anteriores resultaran infundados, este Tribunal Constitucional procedería a los argumentos formulados en relación con la obligación de realizar traducciones para las personas indígenas y con discapacidad, así como la definición de persona con discapacidad.

VI.2. Consulta a los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad.

30. En su primer concepto de invalidez, la Comisión accionante refiere que los procesos de consulta celebrados por la autoridad legislativa de manera previa a la emisión del Decreto impugnado no cumplieron con los principios que rigen el derecho a la consulta a las personas con discapacidad y a los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas.

31. Lo anterior, porque, con base en las constancias públicas del procedimiento legislativo a las que pudo acceder, en particular, al dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso del Estado de Jalisco: a) La emisión de la convocatoria fue mediante un lenguaje técnico y sin atender a las necesidades particulares de cada grupos social, por ejemplo, para las personas con discapacidad en distintos formatos accesibles y, para las personas indígenas o afromexicanas, traducida a las lenguas indígenas que se hablan en la entidad; b) La convocatoria no fue difundida de manera amplia y suficiente, pues sólo se publicó en Milenio "Periódico Estatal" y en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"; c) La convocatoria omite llamar a las comunidades afromexicanas asentadas en la entidad; d) La iniciativa en materia de personas con discapacidad fue presentada ante el Congreso de manera previa a la emisión de la convocatoria para llevar a cabo la consulta; e) No se advierte el cumplimiento de una fase de preconsulta indígena para definir, de común acuerdo entre autoridad legislativa y representantes del grupo vulnerable, la forma de llevar a cabo el proceso, la forma de intervención y la formalización de acuerdos; f) Además de que no fue posible acceder a los micrositios de información y consulta a que alude el dictamen legislativo, tampoco hubo una diferenciación en el desarrollo de cada ejercicio participativo, pues el legislador estatal perdió de vista que cada colectivo vulnerable requiere de fases y etapas diferenciadas en atención a sus particularidades; g) Tampoco se observa la forma en que se llevaron a cabo las etapas o las fases de los procesos consultivos, su duración, apoyos y ajustes implementados, número de participantes, las opiniones recabadas, los resultados obtenidos y si éstos fueron considerados en la medida legislativa adoptada; y h) En la sesión plenaria en que se aprobó el Decreto no se brindó oportunidad a los grupos vulnerables para pronunciarse respecto del producto legislativo aprobado.

32. Para dar respuesta al concepto de invalidez hecho valer por la ombudsperson nacional, se dividirá el estudio en dos grandes apartados: en el "Apartado A" se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32808-84eeb32c/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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