I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL. SE SUSTENTA EN LA OBLIGACIÓN DE ESTABLECER UN SISTEMA ÍNTEGRO QUE OTORGUE TRANQUILIDAD Y BIENESTAR PERSONAL A LOS TRABAJADORES Y A SUS FAMILIAS ANTE LOS RIESGOS A QUE ESTÁN EXPUESTOS, ORIENTADOS A PROCURAR EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA. IV. PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. SU VIOLACIÓN SE CONFIGURA CUANDO LA LEY TRATA DE MODIFICAR O ALTERAR DERECHOS ADQUIRIDOS O SUPUESTOS JURÍDICOS, Y SUS CONSECUENCIAS, QUE NACIERON BAJO LA VIGENCIA DE UNA LEY ANTERIOR. V. PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. LA REGULACIÓN TRANSITORIA QUE ORDENA ADECUAR LAS PENSIONES VIGENTES AL NUEVO LÍMITE MÁXIMO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL DECRETO NÚMERO 28439/LXII/21, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES Y DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO LA DEL ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO, PÁRRAFO SEXTO, DEL DECRETO NÚMERO 22862/LVIII/09, MODIFICADO POR EL DECRETO ANTES MENCIONADO). VI. PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. LOS PENSIONADOS A LOS QUE SE LES DETERMINÓ EL MONTO MÁXIMO DE SU PENSIÓN DURANTE LA VIGENCIA DE UNA LEY ANTERIOR, ADQUIRIERON EL DERECHO DE RECIBIRLA EN TÉRMINOS DEL LÍMITE MÁXIMO ESTABLECIDO POR ESTA LEY, POR LO QUE NO PUEDE SER DISMINUIDA DE SU PENSIÓN CON BASE EN UN NUEVO LÍMITE PREVISTO EN UNA LEY POSTERIOR (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL DECRETO NÚMERO 28439/LXII/21, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES Y DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO LA DEL ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO, PÁRRAFO SEXTO, DEL DECRETO NÚMERO 22862/LVIII/09, MODIFICADO POR EL DECRETO ANTES MENCIONADO). VII. PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD. PARA DETERMINAR SI UNA MEDIDA MATERIALMENTE LEGISLATIVA RESPETA DICHO PRINCIPIO, DEBE CONSTATARSE SI ÉSTA GENERA UN EQUILIBRIO RAZONABLE ENTRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN JUEGO, SIN AFECTAR DE MANERA DESMEDIDA LA EFICACIA DE ALGUNO DE ELLOS. VIII. PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. LA UTILIDAD PÚBLICA NO ES CAUSA JUSTIFICADA PARA SU MODIFICACIÓN Y REDUCCIÓN, AL SER DERECHOS QUE ADQUIRIERON LOS PENSIONADOS AL AMPARO DE LAS NORMAS QUE ANTERIORMENTE ESTABAN VIGENTES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL DECRETO NÚMERO 28439/LXII/21, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES Y DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO LA DEL ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO, PÁRRAFO SEXTO, DEL DECRETO NÚMERO 22862/LVIII/09, MODIFICADO POR EL DECRETO ANTES MENCIONADO). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL DECRETO NÚMERO 28439/LXII/21, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES Y DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO LA DEL ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO, PÁRRAFO SEXTO, DEL DECRETO NÚMERO 22862/LVIII/09, MODIFICADO POR EL DECRETO ANTES MENCIONADO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 150/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 23 DE MAYO DE 2024. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: OLIVER CHAIM CAMACHO.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 150/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra los artículos cuarto, quinto y sexto transitorios del Decreto 28439/LXII/21, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones y de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, así como el párrafo sexto, del artículo cuarto transitorio, del Decreto 22862/LVIII/09, modificado por el Decreto antes mencionado, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa del nueve de septiembre de dos mil veintiuno.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial. Por escrito depositado el once de octubre de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad, por conducto de su Presidenta María del Rosario Piedra Ibarra, en la que se solicitó la invalidez de los artículos cuarto, quinto y sexto transitorios del Decreto 28439/LXII/21, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones y de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, así como el párrafo sexto del artículo cuarto transitorio del Decreto 22862/LVIII/09, modificado por el Decreto antes mencionado, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa del nueve de septiembre de dos mil veintiuno.
2. Al respecto, señaló que los órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan son los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco.
3. La promovente estimó violados los artículos 1, 14, 16 y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, y 9, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 5 y 15, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 5 y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" y 2, 4, 5 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
4. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión accionante expone en primer término el contenido que, a su consideración, tienen el derecho a la seguridad social y los principios de previsión social de las personas trabajadoras al servicio del Estado y de irretroactividad, para después señalar que:
a. Los artículos transitorios impugnados vulneran los derechos humanos a la seguridad social y seguridad jurídica, así como los principios de previsión social e irretroactividad de la ley, ya que desconocen los derechos adquiridos de las personas pensionistas que se encontraban amparados en las disposiciones anteriores a la entrada en vigor del Decreto 28439/LXII/21.
b. En las disipaciones impugnadas se establece que todas aquellas pensiones vigentes a la entrada en vigor del Decreto 28439/LXII/21, que excedan el nuevo monto máximo establecido en el artículo 70, fracción II, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, serán modificadas y reducidas al indicado tope.
En dicha fracción se establece que la pensión máxima total que se pague a una persona no podrá ser superior a treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes. En cambio, las pensiones vigentes a la entrada en vigor del ordenamiento cuestionado se calculaban conforme a lo previsto en el artículo 70 que regía con antelación, el cual establecía que el monto máximo de una pensión no podía exceder de treinta y cinco veces el salario mínimo general mensual vigente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Además, las disposiciones combatidas también afectan las pensiones otorgadas conforme a lo previsto en la Ley de Pensiones de Jalisco expedida en 1986 y vigente hasta el 2009.
c. El párrafo sexto del artículo cuarto transitorio del Decreto 22862/LVIII/09, reformado mediante el diverso Decreto 28439/LXII/21, así como las disposiciones cuarta, quinta y sexta transitorias del Decreto impugnado, violan el principio de irretroactividad en perjuicio de las personas pensionadas, ya que establecen que todas las pensiones y prestaciones inherentes a ellas que hayan sido otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto combatido serán modificadas y reducidas de manera oficiosa para adecuarse al límite máximo de treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes, lo que implica una reducción monetaria a la pensión que fue determinada con antelación a la entrada en vigor de los preceptos impugnados y que superen dicho monto.
d. Los artículos transitorios impugnados desconocen los derechos adquiridos de los pensionados al amparo de los regímenes anteriores a la vigencia del Decreto cuestionado, en contravención al principio de irretroactividad, así como en detrimento del derecho de seguridad social y el principio de previsión social, lo que se demuestra con la teoría de los derechos adquiridos y la teoría de los componentes de la norma.
e. Las disposiciones combatidas establecen efectos retroactivos en perjuicio de las personas pensionistas cuya pensión supere treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y su actualización elevado al mes, las cuales serán reducidas a dicha cifra, a pesar de que constituyen un derecho otorgado al amparo de las disposiciones anteriores a la vigencia del Decreto cuestionado.
f. Los preceptos controvertidos trasgreden el derecho de seguridad jurídica y el principio de previsión social, ya que no garantizan efectivamente la tranquilidad y bienestar personal de los pensionistas, así como de sus familias, ya que la disminución del monto de la pensión impacta en su calidad de vida.
5. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad 150/2021 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.
6. Por diverso auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad, tuvo por presentada a la promovente con la personalidad que ostentó y por designados a los delegados y autorizados que señaló. Además, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco para que rindieran su informe, y los requirió para que el primero de ellos enviara copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado y, el segundo, exhibiera un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad en el que constara la publicación del decreto controvertido.
7. Además, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, en su caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.
8. Informes de las autoridades emisora y promulgadora. Mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo a la Presidenta y a las Secretarias integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, así como al Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, todos del Estado de Jalisco, rindiendo los informes solicitados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo Estatales, este último se tuvo por presentado de manera extemporánea.
9. Informe del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. En el informe rendido por las representantes del Congreso del Estado de Jalisco, argumentaron lo siguiente:
a. La expedición de los ordenamientos combatidos es producto de la función pública que al tenor de la competencia de las entidades federativas y de la división de poderes, le corresponde al Congreso de la Entidad.
b. La expedición del Decreto 28439/LXll/21, guarda su sustento en la obligación que tiene el Estado de proporcionar a sus trabajadores todas las condiciones necesarias para una vida digna que contemple el bienestar personal y colectivo, esto es, la protección al derecho humano de seguridad social mediante la jubilación adecuada de todos los empleados que culminen con su vida laboral, y que de acuerdo a las facultades constitucionales que se depositan en el Poder Legislativo, se tienen que crear mecanismos regulatorios que permitan la sostenibilidad idónea para garantizar el bienestar social en cuanto al derecho a jubilación de los trabajadores.
c. De acuerdo a las aportaciones actuales y a los egresos del Instituto de Pensiones se advierte una notoria desproporcionalidad que culminaría con el colapso de la economía del propio Instituto, y a su vez afectaría el derecho de los afiliados, pensionados y beneficiarios de recibir una pensión digna; por lo tanto, resulta necesario que se brinden nuevas disposiciones que permitan evitar la problemática financiera sin dejar de atender los derechos fundamentales de quienes reciben actualmente una pensión por jubilación, esto mediante la regulación a las erogaciones del propio sistema de jubilación, el cual debido al constante detrimento presupuestal debe ser controlado para evitar consecuencias a futuro.
d. La imperiosa necesidad de ejercer la facultad que tiene el Estado para la reconfiguración de los montos atinentes a las pensiones que se encuentran vigentes, surge con la finalidad de proteger en grado suficiente el derecho a la seguridad social de las generaciones presentes y futuras de pensionados, cuyo efecto es lograr que todos puedan ver garantizado su derecho sin riesgo ante la falta de recursos. de ahí que contrarrestar las dificultades financieras del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco resulte una cuestión de orden público e interés social.
e. No debe confundirse el derecho en sí mismo de recibir una pensión con las condiciones que rigen su monto, puesto que éste último se supedita invariablemente a la disponibilidad de recursos económicos y admite limitaciones, siempre y cuando las modificaciones de cuantía mensual sigan garantizando el acceso a la salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios para una vida digna, tanto del pensionado como de su familia, cumpliendo así su razón y propósito. Máxime que los recursos erogados en cada pensión proceden a cargo tanto del presupuesto público como de las aportaciones de los afiliados.
10. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. La citada autoridad rindió informe a través del Titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Gobernador de dicho Estado, en el que se manifestó que:
a. Es cierto el acto consistente en la promulgación y publicación del Decreto impugnado.
b. El decreto impugnado, tiene como fines la viabilidad financiera y la utilidad pública del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, toda vez que después del análisis realizado a los modelos de pensiones y a los montos que perciben de manera mensual algunos pensionados del Instituto, resulta necesaria la modificación y/o adecuación de dichos montos, para que de esa manera el Instituto de Pensiones sea solvente y pueda seguir brindando Seguridad Social de calidad a todos los trabajadores del Estado de Jalisco que se encuentran inscritos.
c. El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco da la pauta a la preservación de la Seguridad Social de todos los trabajadores al servicio del Estado que se encuentran registrados ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pues es superior el interés colectivo de la totalidad de los empleados del sector público, que los intereses en particular de las personas que con motivo de pensión perciben una suma que rebasa la cantidad de treinta y nueve veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización elevado al mes, es decir, $106,253.55 (ciento seis mil doscientos cincuenta y tres pesos 55/100 Moneda Nacional).
d. La seguridad social que otorga el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco a sus pensionados y afiliados, no versa únicamente en la pensión por jubilación, según sea el caso, sino también abarca los rubros de sistema de créditos a corto y largo plazo, sistema de prestaciones económicas derivadas de la muerte del pensionado o del afiliado, arrendamiento y venta de inmuebles, sistema de prestaciones sociales y culturales y sistema de servicios médicos a sus pensionarios y beneficiarios, lo que genera un impacto económico mayor al ente público referido.
e. El sistema pensionario, el cambio demográfico, la esperanza de vida de las personas, los índices de mortalidad y de enfermedades crónico degenerativas, son factores que se tomaron en consideración para la reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pues el incremento en estos rubros ha provocado un impacto económico a nivel nacional y que han traído como consecuencia la adecuación del presupuesto de egresos, en sus distintas partidas presupuestales para que los entes pensionarios tengan un soporte financiero estable, ya que en la partida presupuestal en la que se utiliza más gasto público es en las Pensiones y Jubilaciones, y que supera el ochenta y cinco por ciento, del presupuesto con el que cuenta el Instituto.
f. De las exploraciones verificadas a la suficiencia presupuestal del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se llegó a la conclusión que, de continuar con la tendencia del crecimiento en el número de pensionados, en aproximadamente seis años, fracasaría económicamente, pues ni las aportaciones, ni el fondo de reservas, serían bastantes para cubrir los egreses del Instituto, lo que provocaría una transgresión a los derechos de las futuras generaciones de pensionados.
g. Bajo el principio de solidaridad respecto de la seguridad sociales, tenemos que entender la ayuda mutua que obliga moralmente a una sociedad a entrar en un plano de igualdad, olvidarse de los intereses particulares y preocuparse por las necesidades de una sociedad funcional y estable.
11. Ausencia de pedimento de la Fiscalía General de la República y de opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El Fiscal General de la República no formuló pedimento en el presente asunto. Además, el Consejero Jurídico del Gobierno Federal no realizó manifestación alguna.
12. Amicus curiae. Mediante proveído de seis de enero de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo por presentado un diverso escrito en el que se realizan diversas manifestaciones amanera de amicus curiae en relación con la presente acción de inconstitucionalidad.
13. Alegatos. Por acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo por recibidos los alegatos formulados por la delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
14. Cierre de la instrucción. En el referido proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós, el Ministro instructor ordenó cerrar instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
15. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) y,10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece,(3) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna diversos artículos del Decreto 28439/LXII/21, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones y de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa del nueve de septiembre de dos mil veintiuno.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
16. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló como normas impugnadas los artículos cuarto, quinto y sexto transitorios del Decreto 28439/LXII/21, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones y de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, así como el párrafo sexto del artículo cuarto transitorio del Decreto 22862/LVIII/09, modificado por el Decreto antes mencionado, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa del nueve de septiembre de dos mil veintiuno, que son del literal siguiente:
Decreto 28439/LXII/21
"Cuarto. Serán materia modificación y reducción por causa de utilidad pública, las pensiones que a la entrada en vigor que señala el presente decreto se encuentren vigentes, así como las futuras que en términos del presente ordenamiento se otorguen bajo las condiciones que el presente decreto establece.
Quinto. Las pensiones que excedan el monto establecido en el artículo 70 fracción II de la presente Ley, deberán modificarse de manera oficiosa para adecuarse al límite máximo estipulado. Una vez realizada la modificación, deberá reestructurarse todo crédito, préstamo y demás obligaciones que los pensionados tuvieran con el Instituto en caso de que excedan el porcentaje máximo de descuento.
Sexto. EI Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de noventa días hábiles para modificar y adecuar las pensiones vigentes al límite de cuantía establecido en el artículo 70 fracción II de la presente legislación".
Decreto 22862/LVIII/09, modificado por el diverso Decreto 28439/LXII/21
"ARTÍCULO CUARTO. [...]
Todas las pensiones y prestaciones inherentes a ellas que se hayan otorgado bajo la vigencia del régimen de la Ley que se abroga pasarán a regirse por la legislación vigente, bajo las condiciones establecidas en el presente ordenamiento. Lo anterior exclusivamente para los efectos de nivelar el monto conforme al tope establecido en el presente decreto"
III. OPORTUNIDAD
17. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(4) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales a partir del día siguiente a la fecha en que la ley que se impugna sea publicada en el medio oficial correspondiente y, en caso de que el último día fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
18. En este caso la acción es oportuna.
19. Lo anterior, toda vez que el Decreto 28439/LXII/21, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones y de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado del nueve de septiembre de dos mil veintiuno; por lo tanto, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del viernes diez de septiembre al sábado nueve de octubre de dos mil veintiuno; sin embargo, este último resultó inhábil.
20. En ese sentido, toda vez que el escrito inicial relativo a la presente acción de inconstitucionalidad se depositó en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el once de octubre de dos mil veintiuno, esto es, el primer día hábil siguiente, es evidente que su promoción resulta oportuna. IV. LEGITIMACIÓN
21. La acción fue promovida por parte legitimada.
22. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal,(5) establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales o locales, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
23. Asimismo, en términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria,(6) aplicable en materia de acciones de inconstitucionalidad conforme a lo previsto en el diverso precepto 59 del mismo ordenamiento,(7) dicho órgano debe comparecer por conducto de los funcionarios facultados legalmente para representarlos y, en todo caso, se debe presumir que el funcionario quien comparece goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
24. Ahora, en el presente asunto se surten tales supuestos, pues la demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien cuenta con facultades de representación del organismo en términos de los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;(8) y 18 de su reglamento Interno.(9) Además, la funcionaria acreditó su personalidad con copia certificada del acuerdo del Senado de la República por medio del cual se le designó como Presidenta de dicha Comisión por el periodo que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
25. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Pleno, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.
VI. ESTUDIO DE FONDO
¿Los artículos cuarto, quinto y sexto transitorios del Decreto 28439/LXII/21, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones y de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, así como el párrafo sexto, del artículo cuarto transitorio, del Decreto 22862/LVIII/09, modificado por el Decreto antes mencionado, violan el principio de irretroactividad, al ordenar que todas las pensiones vigentes que excedan el nuevo monto establecido en el artículo 70, fracción II, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, deberán modificarse para adecuarse al nuevo límite máximo estipulado?
26. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sostiene que los artículos transitorios impugnados desconocen los derechos adquiridos de los pensionados al amparo de los regímenes anteriores a la vigencia del Decreto cuestionado, esto, en contravención al principio de irretroactividad, así como en detrimento del derecho de seguridad social y el principio de previsión social, ya que establecen que todas las pensiones y prestaciones inherentes a ellas que hayan sido otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto combatido serán modificadas y reducidas de manera oficiosa para adecuarse al límite máximo de treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes, lo que implica una reducción monetaria a la pensión que fue determinada con antelación a la entrada en vigor de los preceptos impugnados y que superen dicho monto.
27. Al respecto, precisa que las disposiciones combatidas establecen efectos retroactivos en perjuicio de los pensionistas cuya pensión supere treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y su actualización elevado al mes, las cuales serán reducidas a dicha cifra, a pesar de que constituyen un derecho otorgado al amparo de las disposiciones anteriores a la vigencia del Decreto cuestionado.
28. A partir del análisis de los planteamientos anteriores y de las consideraciones que se contienen en el estudio de fondo desarrollado en los siguientes párrafos, esta Suprema Corte considera que son fundados los argumentos planteados por la Comisión accionante. Por lo tanto, se adopta como criterio jurídico el siguiente:
Los artículos cuarto, quinto y sexto transitorios del Decreto 28439/LXII/21, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones y de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, así como el párrafo sexto del artículo cuarto transitorio del Decreto 22862/LVIII/09, modificado por el Decreto antes mencionado, son inconstitucionales, ya que violan el derecho a la seguridad social en relación con los principios de irretroactividad de la ley y progresividad, en tanto afectan derechos adquiridos de las personas pensionadas, al amparo de disposiciones anteriores a la entrada en vigencia del Decreto combatido.
29. Al respecto, el estudio de fondo se dividirá en tres apartados, a saber: 1) derecho a la seguridad social; 2) violación al principio de irretroactividad y 3) violación al principio de progresividad.
1. Derecho a la seguridad social
30. Para dar respuesta a los argumentos hechos valer, es oportuno exponer algunas consideraciones en torno al derecho a la seguridad social.
31. El artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal,(10) prevé las bases mínimas de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, como son, entre otras, la jubilación, invalidez, vejez y muerte, sin establecer los términos o condiciones conforme a las cuales deberán otorgarse dichas prestaciones.
32. Al respecto, este Tribunal Pleno ha sostenido(11) que del precepto en comento y del proceso legislativo del cual derivó, se desprende que:
a. En él se instituyeron no sólo las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino también deriva el principio constitucional de la previsión social, que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida.
b. Se previó a nivel constitucional la protección para dichos trabajadores y sus familiares en caso de invalidez, vejez y muerte.
c. Se elevaron a rango constitucional las disposiciones orientadas a procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares y adoptar bases mínimas de seguridad social con igual propósito.
d. Las garantías sociales establecidas en el precepto en comento podrán ampliarse, pero nunca restringirse.
33. En función de lo cual se ha determinado que de dicho precepto, además de las bases mínimas de seguridad social, también deriva el principio constitucional de previsión social,(12) sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida.
34. En relación con la implementación de regímenes de seguridad social en las entidades federativas, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 40/2018(13) y 91/2018 reiteró que el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal(14) faculta a las legislaturas estatales a expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los estados y sus respectivos trabajadores, siguiendo las bases dispuestas en el mencionado artículo 123 constitucional.
35. En esa línea, también destacó que esa facultad no constriñe a las legislaturas locales a reproducir las leyes reglamentarias del aludido numeral 123 de la Constitución Federal, sino que cuentan con libertad de configuración, siempre que no contravengan las disposiciones constitucionales de protección al trabajo, encontrando un límite en los parámetros o bases mínimas de orden constitucional y convencional, como en los demás derechos fundamentales reconocidos en nuestro orden constitucional.
36. Ahora, en el ámbito internacional, el derecho a la seguridad social se encuentra previsto en diversos instrumentos.(15) Incluso, el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas emitió la Observación General 19 en la que desarrolló el derecho a la seguridad social señalando, en lo que interesa, que:
a. El derecho a la seguridad social resulta fundamental para garantizar la dignidad humana ante las diversas circunstancias que privan a las personas de su capacidad para ejercer plenamente sus derechos.
b. Incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales en efectivo o en especie, sin discriminación, para procurar protección a las personas contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo.
c. Los Estados Partes deben tomar medidas efectivas hasta el máximo de los recursos disponibles, para realizar plenamente el derecho de todas las personas, sin discriminación, a la seguridad social, incluido el seguro social; en el entendido de que las medidas adoptadas para proporcionar las prestaciones relativas no deben ser restrictivas y deben garantizar un disfrute mínimo de este derecho humano, mediante: a) planes contributivos que impliquen el pago de cotizaciones obligatorias de los beneficiarios, los empleadores y a veces el Estado, o b) planes no contributivos, como los planes universales o los planes de asistencia social destinados a determinados beneficiarios.
37. Igualmente, dicha observación especifica diversos aspectos que deben formar parte del contenido normativ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32780-d9ec500c/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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