I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SUS OBJETIVOS. IV. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCIPIOS QUE LAS RIGEN. V. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SI BIEN LA QUE CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSTITUYE EL REFERENTE PARA LA FIJACIÓN DEL SALARIO DEL RESTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, EL PODER REFORMADOR EXIGE QUE EXISTA PROPORCIONALIDAD CONFORME A LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE ÉSTOS, A FIN DE NO DISTORSIONAR EL SISTEMA DE REMUNERACIONES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 6, 7 Y 8 DE LA LEY NÚMERO 18 DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO). VI. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. AUSENCIA DE METODOLOGÍAS Y CRITERIOS TÉCNICOS Y OBJETIVOS EN LA LEY QUE LAS REGULA PARA ESTABLECERLAS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 6, 7 Y 8 DE LA LEY NÚMERO 18 DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI BIEN ES IMPROCEDENTE CONTRA UNA OMISIÓN ABSOLUTA EN LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, NO LO ES CUANDO AQUÉLLA SEA RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS RESPECTIVAS. VIII. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. ANÁLISIS DE LA DISPOSICIÓN QUE OBLIGA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS A REPORTAR A SU SUPERIOR JERÁRQUICO CUALQUIER PAGO EN DEMASÍA DENTRO DE TREINTA DÍAS NATURALES (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 5, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY NÚMERO 18 DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO). IX. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE EXCEPTÚA AL PERSONAL DE BASE Y SUPERNUMERARIO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE NO TENGA PUESTO DE MANDO MEDIO O SUPERIOR, DE LA OBLIGACIÓN DE REPORTAR A SU SUPERIOR JERÁRQUICO CUALQUIER PAGO EN DEMASÍA DENTRO DE TREINTA DÍAS NATURALES, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY NÚMERO 18 DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO). X. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENCIAS ENTRE ÉSTAS Y LOS CRÉDITOS O PRÉSTAMOS. XI. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. AL NO FORMAR PARTE DE ELLAS LOS CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, ÉSTOS NO SE ENCUENTRAN SUJETOS A LOS LÍMITES MÁXIMOS QUE PREVÉ LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA EL MONTO DE LAS RETRIBUCIONES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 12, PÁRRAFO TERCERO, PORCIÓN NORMATIVA "TALES REMUNERACIONES", DE LA LEY NÚMERO 18 DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO). XII. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. SI LOS PRÉSTAMOS Y LOS CRÉDITOS NO FORMAN PARTE DE ÉSTAS, NO EXISTE RESTRICCIÓN ALGUNA SOBRE EL ACCESO A ELLOS Y QUEDAN INTACTAS LAS DIVERSAS PRESTACIONES QUE LES CORRESPONDEN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 12, PÁRRAFO TERCERO, PORCIÓN NORMATIVA "TALES REMUNERACIONES", DE LA LEY NÚMERO 18 DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO). XIII. DISCRIMINACIÓN NORMATIVA. EL LEGISLADOR PUEDE VULNERAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD ANTE LA LEY POR EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN EXPRESA. XIV. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. LA DISPOSICIÓN QUE ESTABLECE QUE LOS CRÉDITOS, PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS DE REMUNERACIONES SON CONCEPTOS QUE NO SON EXTENSIVOS EN FAVOR DE AQUELLOS SERVIDORES QUE OCUPEN PUESTOS DE LOS NIVELES DE ENLACE, MANDO MEDIO Y SUPERIOR O SUS EQUIVALENTES A LOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO Y DE LOS AYUNTAMIENTOS, ESTABLECE UNA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 12, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY NÚMERO 18 DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO). XV. REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTABLECIDA POR LA DISPOSICIÓN QUE PREVÉ QUE LOS CRÉDITOS, PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS DE REMUNERACIONES SON CONCEPTOS QUE NO SON EXTENSIVOS EN FAVOR DE AQUELLOS QUE OCUPEN PUESTOS DE LOS NIVELES DE ENLACE, MANDO MEDIO Y SUPERIOR O SUS EQUIVALENTES A LOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO Y DE LOS AYUNTAMIENTOS, CARECE DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y DE UNA FINALIDAD LEGÍTIMA QUE
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 7/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 20 DE ENERO DE 2025. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: PABLO FRANCISCO MUÑOZ DÍAZ Y DANIELA CARRASCO BERGE.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinte de enero de dos mil veinticinco, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad 7/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de diversos artículos de la Ley Número 18 de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, expedida mediante Decreto publicado el catorce de diciembre de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.
I. TRÁMITE
1. Presentación del escrito, autoridades y normas impugnadas. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (“CNDH”) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el 14 de enero de 2019.
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan. Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero.
3. Conceptos de invalidez de la CNDH. La CNDH sostiene la violación a los artículos 1, 5, 14, 16, 75, 102, apartado B, 123, apartado B, fracción IV y 127 de la Constitución Federal; artículos 1, 2, 8, 9, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” y, artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
4. Primer concepto de invalidez. La CNDH argumenta que Ley Número 18 de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero carece de bases y parámetros, objetivos y diferenciados para establecer una remuneración de los servidores públicos de los entes y poderes del Estado de Guerrero, lo que da pauta a la discrecionalidad y arbitrariedad en la fijación de estas. Por lo tanto, incumple con el mandato del artículo 127 constitucional y transgrede el derecho fundamental a la seguridad jurídica.
5. Al únicamente reproducir y no desarrollar el contenido del artículo 127 de la Constitución Federal, la Ley de Remuneraciones impugnada presenta una deficiente regulación de las normas respectivas, como resultado de una omisión legislativa parcial.
6. En este sentido, existe un mandato constitucional para que el legislador local desarrolle: 1) reglas claras y precisas conforme a las cuales los poderes locales, así como los organismos con autonomía, deben elaborar sus propios proyectos de presupuestos; 2) las medidas, los criterios y las reglas objetivas para fijar el monto de las remuneraciones de los servidores públicos y 3) parámetros diferenciados para determinar las remuneraciones de acuerdo a las funciones y facultades de cada poder y organismo con autonomía.
7. A pesar de esto, la norma impugnada no desarrolla las bases y principios constitucionales necesarios para determinar el monto de las remuneraciones. En consecuencia, resultando en una normatividad precaria que genera incertidumbre jurídica y otorga un amplio margen de discrecionalidad en la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos.
8. El artículo 12 de la ley impugnada dispone, en su último párrafo, que las remuneraciones de los servidores públicos no podrán exceder el límite establecido en la Constitución Federal; sin embargo, la CNDH sostiene que, si bien el artículo 127 de la Constitución Federal dispone que ningún servidor público puede recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República, no dispone que las legislaturas locales deban adecuar esa regla para señalar en su orden jurídico local que ningún servidor público pueda ganar más que el titular del Ejecutivo local.
9. En esa tesitura, señala la CNDH que, aún si fuera posible que las legislaturas locales establecieran las reglas para fijar las remuneraciones de los servidores públicos no previstas por la Constitución Federal, lo cierto es que la norma impugnada no establece reglas objetivas, claras y precisas para fijar la remuneración del titular del Ejecutivo local.
10. Además, el artículo 6, fracción I, impugnado resulta equivocado pues pretende que la remuneración máxima del Presidente de la República se encuentre establecida en el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, para lo cual el legislador guerrerense es incompetente.
11. Del análisis integral de la Ley de Remuneraciones impugnada, se desprende que ésta sólo reproduce el texto de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que a su vez reproduce el texto constitucional. Esto genera una transgresión al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
12. En resumen, la Ley de Remuneraciones genera una insuficiencia normativa que da pauta a la discrecionalidad al momento de fijar las remuneraciones de los servidores públicos. Esto, constituye una omisión legislativa parcial del legislador local que deviene en la inconstitucionalidad del ordenamiento.
13. En esa misma línea de pensamiento, la CNDH aduce que la norma impugnada representa una trasgresión al derecho fundamental de remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades.
14. En el segundo concepto de invalidez, la CNDH sostiene que el artículo 5 impugnado establece una carga excesiva y desproporcionada para todos los servidores públicos de la entidad federativa, al exigirles que reporten a su superior jerárquico cualquier pago en demasía, dentro de los siguientes treinta días naturales, sin precisar a partir de qué momento comienza a correr este plazo. Además, la norma realiza una distinción injustificada al excluir de esta obligación al personal de base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga un puesto de mando medio o superior. En consecuencia, sostiene que se vulneran los derechos de seguridad jurídica, igualdad y no discriminación.
15. La CNDH sostiene que el referido artículo 5 impone una carga desproporcionada a los servidores públicos quienes, incluso sin tener conocimiento de cualquier pago en demasía, pueden ser sancionados. Es decir, la norma sanciona la simple recepción de un pago en demasía y la omisión de reportarlo al superior jerárquico; sin embargo, el legislador perdió de vista que los servidores públicos no necesariamente son partícipes de dicho pago en demasía, pues el mismo puede devenir de un error no imputable al trabajador y que no le sea notificado con oportunidad.
16. No obstante, el artículo 5 impugnado posiciona a los servidores en una situación susceptible de ser sancionada. Así pues, de no reportar cualquier pago excedente en el plazo que señala el artículo 5 de la ley combatida, automáticamente criminaliza al servidor público. Además, la CNDH considera que la responsabilidad puede recaer sobre quien autoriza u otorga dichos pagos en demasía y no en el servidor público que la recibe.
17. Adicionalmente, la norma no precisa si los treinta días naturales comienzan a correr a partir de que se realiza el pago en demasía, desde que el servidor público tiene conocimiento del pago o cuando el trabajador se percata de una percepción excedente.
18. Asimismo, estima que no debe corresponderle al servidor público la totalidad del deber de verificar a profundidad la remuneración otorgada, pues para ello existen diversos órganos estatales especializados que se encargan de fiscalizar la ejecución de los recursos públicos. Con ello, el artículo impugnado impone la obligación adicional al servidor público de conocer el andamiaje jurídico, contable, financiero y administrativo para estar en posibilidad de corroborar que la retribución que percibió es la que legalmente le corresponde.
19. De igual forma, la CNDH considera que la norma vulnera los derechos de igualdad y no discriminación establecidos en el artículo 1 constitucional. Así, existe una incompatibilidad del último párrafo del artículo 5 toda vez que establece una excepción injustificada entre trabajadores de base y supernumerarios que no sean de mando superior o medio.
20. Tercer concepto de invalidez. La CNDH estima que el artículo 12 de la Ley impugnada contiene una redacción ambigua e imprecisa, de manera que permite la discrecionalidad en su aplicación. Argumenta que este artículo engloba los préstamos y créditos otorgados a los trabajadores como elementos de las remuneraciones de los servidores públicos y restringe el acceso a dichas prestaciones, contrario al texto constitucional. Finalmente, realiza una distinción injustificada respecto de su concesión a favor de los trabajadores de mando y de enlace. En consecuencia, este artículo vulnera los derechos de seguridad jurídica, seguridad social, igualdad, no discriminación, así como los principios de previsión social y legalidad.
21. De manera concreta, argumenta que el artículo 12 contiene tres vicios que lo hacen inconstitucional: a) redacción ambigua e imprecisa que permite interpretar que los créditos y préstamos forman parte de la remuneración de los trabajadores al servicio del Estado; b) por lo anterior, restringe el acceso a créditos y préstamos que se encuentran asignados en ley, decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo a los límites máximos establecidos en la Constitución Federal para las remuneraciones y, c) establece una distinción injustificada respecto de los servidores públicos que ocupan puestos de nivel enlace, mando medio, mando superior o sus equivalentes de la Administración Pública Federal (trabajadores de mando y enlace).
22. Respecto al primer vicio a), señala que el artículo 12 engloba conceptos dentro de la remuneración de los servidores públicos que no forman parte de esta, en términos del artículo 127, fracción IV, de la Constitución Federal, lo que vulnera el principio de legalidad y genera incertidumbre jurídica.
23. Aunado a lo anterior, se genera una antinomia con el artículo 4 de la Ley impugnada, dado que este sí excluye del concepto de remuneración los recursos que se perciban por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados y préstamos o créditos.
24. Además, el legislador ordinario no precisó a qué se refiere con la porción normativa “tales remuneraciones”, de manera que puede entenderse: 1) a créditos, préstamos o anticipos concedidos por mandato legal, por decreto, por contratos colectivos o condiciones generales de trabajo; 2) únicamente a las remuneraciones per se otorgadas a los trabajadores de mando y enlace en virtud de los diversos instrumentos de relaciones colectivas de trabajo; o bien, 3) a la totalidad de los conceptos indicados en las opciones anteriores.
25. Lo anterior vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, y propicia la arbitrariedad y discrecionalidad en la interpretación del precepto por parte de los operadores jurídicos.
26. Respecto del segundo vicio mencionado b), la CNDH argumenta que la norma impugnada permite la restricción en el acceso a créditos y préstamos en perjuicio de los derechos laborales adquiridos, de previsión y seguridad social. Esto en virtud de que los sujeta a los límites máximos establecidos para las remuneraciones, aun cuando no forman parte de éstas.
27. En este sentido, la Constitución Federal reconoce en el artículo 123, apartado B, fracción XI, el derecho humano a la seguridad social. Esta protección la proporciona el Estado a partir del financiamiento de todos los trabajadores mediante el pago de sus cuotas o aportaciones.
28. Al comprender dichas prestaciones como parte integrante de las remuneraciones, el artículo impugnado limita los créditos y préstamos que pueden concederse en favor de los servidores públicos. Esto, además, afecta los derechos laborales adquiridos a la seguridad social y a una vivienda digna establecidos en el artículo 4 constitucional.
29. Finalmente, respecto al tercer vicio c), la CNDH argumenta que existe una distinción discriminatoria e injustificada respecto de los trabajadores de mando y enlace. Lo anterior debido a que excluye a estos servidores públicos de la posibilidad de disfrutar de créditos, préstamos y anticipos, beneficios que sí operan en favor de las demás categorías de trabajadores. Así, argumenta que dicha distinción carece de una justificación constitucionalmente válida y, por lo tanto, constituye un trato discriminatorio.
30. En el cuarto concepto de invalidez, la CNDH argumenta que el artículo 18 impugnado transgrede la libertad de trabajo ya que establece la prohibición a los servidores públicos de ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o que pertenezcan al sector en el que se hayan desempeñado sin importar el motivo por el que se separen de su cargo.
31. La CNDH considera que esa disposición constituye una medida legislativa que restringe de forma desproporcional la libertad de trabajo y que no supera un test de proporcionalidad. Si bien, los fines perseguidos por el legislador pueden ser válidos e idóneos, considera que la medida no es necesaria, pues existen medidas alternativas que tendrían igual eficacia para la consecución del fin y sin afectar los bienes jurídicos que se pretenden proteger. Por ejemplo, siendo esto posible si la norma estableciera un catálogo de delitos que por su naturaleza inhabilitaran a la persona para ostentar dichos cargos.
32. Además, la medida resulta desproporcional al establecer una exclusión general de las personas que se han desempeñado como servidoras públicas y que por cualquier motivo se hayan separado de su cargo sin contemplar supuestos específicos de separación que demuestren la falta de probidad del trabajador al servicio del Estado. Así, no existe proporción entre el fin constitucional que se persigue y la medida, por lo tanto, la medida es inconstitucional.
33. Quinto concepto de invalidez. Sobre este concepto, la CNDH estima que los artículos 20, 21, 22, 23 y 24, como sistema normativo, vulneran el derecho de seguridad jurídica al establecer una doble regulación que genera un parámetro diferenciado en materia de responsabilidades administrativas, contrario a lo previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas local.
34. En primer lugar, los artículos impugnados no distinguen entre faltas administrativas graves y no graves ni tampoco precisa cuáles son las conductas que serán consideradas como faltas administrativas. El artículo 20 impugnado sólo establece que podrán sancionarse las conductas de los servidores públicos que sean consideradas contrarias a las disposiciones de la Ley.
35. Así pues, la CNDH estima que los servidores públicos desconocen con precisión las conductas que configuran una falta administrativa o si la misma es calificada de grave o no. Esta falta de conocimiento genera inseguridad jurídica pues los trabajadores a quienes se les inicie un procedimiento no pueden conocer la sanción que podría ser impuesta.
36. Sostiene que, además, en caso de que la autoridad competente determine la imposición de una sanción, carecerá de un parámetro preciso pues, al margen de que no se establece la gravedad de las faltas administrativas, el parámetro de la Ley impugnada es distinto en términos generales respecto de lo establecido por las Leyes General y local en la materia.
37. Respecto a los procedimientos y autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas, la CNDH argumenta que el capítulo impugnado genera inseguridad jurídica, pues hace referencia a la investigación y tramitación de los procedimientos de forma diversa a la Ley General y, si bien podría pretender subsanarse este vicio con la remisión que hace la Ley impugnada, lo cierto es que la falta de calificación sobre la gravedad de las infracciones perpetúa la alegada violación.
38. Además, la falta de seguridad jurídica en los procedimientos administrativos de responsabilidades de los servidores públicos vulnera las garantías procesales establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al tratarse de una manifestación del derecho administrativo sancionador, el Estado mexicano está obligado a garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
39. Auto de registro y turno. Mediante acuerdo de 17 de enero de 2019, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte ordenó el registro de la acción de inconstitucionalidad a la que le correspondió el número 7/2019 y turnó el expediente al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor del procedimiento.
40. Auto de admisión. Mediante acuerdo de 18 de febrero de 2019, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a las autoridades demandas a fin de que rindieran el informe correspondiente.
41. Informe del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. En su informe, el Poder Legislativo del Estado de Chiapas, en primer lugar, sostuvo su facultad constitucional para la emisión de la Ley de Remuneraciones impugnada.
42. Señala que la CNDH no establece específicamente en qué consiste el acto de invalidación o violatorio de derechos humanos a que refiere, realizando un alegato de manera general, pero sin establecer específica y claramente en qué consiste el incumplimiento constitucional; contradiciéndose, más adelante, al sólo combatir algunos de los artículos de la Ley impugnada.
43. Asimismo, argumenta que es erróneo que la norma constitucional impida a ese Congreso poner un límite respecto de las percepciones que habrán de recibir los servidores públicos del Estado. Precisamente, el Congreso, en observancia de lo previsto en las fracciones II y III del artículo 127 de la Constitución Federal, establece como límite la percepción que percibe el Presidente y dispone que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico. Por lo tanto, lo fijado en la ley impugnada se ajusta al mandato constitucional, que establece que toda remuneración de los servidores públicos deberá ser adecuada y proporcional a sus responsabilidades por el desempeño de su función.
44. Respecto al segundo concepto de invalidez de la CNDH, el Congreso local sostiene que los servidores públicos, en calidad de trabajadores, conocen cuáles son sus percepciones quincenales y cuáles son los gravámenes o impuestos que se les descuentan, así como los estímulos a los que tienen derecho. En consecuencia, la norma le impone al trabajador la obligación de cerciorarse si recibió un pago en demasía y, en su caso, informarlo a su superior jerárquico dentro de los treinta días siguientes. Por lo tanto, no se trata de una obligación desproporcionada pues el trabajador no sólo goza de derechos, sino que también tiene ciertas obligaciones.
45. Además, el Poder Legislativo argumenta que el artículo 5 impugnado no sanciona al trabajador por omitir informar al superior jerárquico del pago en demasía, toda vez que el artículo no contiene sanción o pena alguna al respecto. Por cuanto hace al término de treinta días previsto en el mismo numeral, al no establecer el momento en que habrá de iniciarse dicho cómputo, es obvio que este comienza a partir del conocimiento que tenga el trabajador del excedente que percibió. Lo anterior porque si el trabajador nunca se percató de la existencia de un excedente, no puede obligársele a que lo haga del conocimiento del superior jerárquico.
46. Por otra parte, el Congreso considera que la diferencia establecida en el artículo 5 entre los trabajadores de base y supernumerarios con aquellos que son de confianza no es indicativo de una discriminación por parte del Estado, sino de la naturaleza del cargo que desempeñan. 47. En relación con el cuarto concepto de invalidez, el Poder legislativo estima que de una lectura armónica de los artículos 4 y 12 de la Ley impugnada, claramente se aprecia que los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones no forman parte de las remuneraciones, sino que se contemplan como una prestación que deberá estar plasmada en ley, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
48. Además, sostiene que la CNDH hace una interpretación errónea al considerar que el tercer párrafo del artículo 12 restringe el acceso a créditos y préstamos pues ese párrafo no hace mención alguna a tales conceptos y trata únicamente sobre las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos establecidos en contratos colectivos, condiciones generales de trabajo o contrato.
49. En este sentido, el Poder Legislativo sostiene que, como la mayoría de los derechos humanos, el derecho a la libertad de trabajo no es absoluto. En consecuencia, es posible restringirlo en las condiciones que la Constitución prevé y en términos de las leyes que se emitan por razones de interés general, a fin de evitar medidas o restricciones arbitrarias.
50. De igual forma destaca que de acuerdo con la interpretación del artículo 18 y el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, se prevé la inhabilitación como una de las sanciones a los servidores públicos por incurrir en la comisión de alguna responsabilidad administrativa. La consecuencia de la imposición de esa medida sancionatoria es la de restringir temporalmente la capacidad para ocupar o desempeñar cargos públicos. Ello implica que durante el plazo que dure la sanción la persona no puede ni debe ser incorporada al desempeño de la función pública.
51. En ese sentido, sostiene que la inhabilitación como sanción administrativa, al prever la restricción temporal de la persona para ocupar cargos públicos, no vulnera la libertad de trabajo, pues dicha sanción no constituye un acto arbitrario.
52. En consecuencia, la sanción administrativa impuesta per se no se violatoria del derecho humano a la libertad de trabajo reconocida en el artículo 5 constitucional.
53. Por último, el Congreso sostiene que, en relación con el quinto concepto de invalidez, el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero especifica cuáles son las sanciones que se pueden imponer al servidor público derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves.
54. Además, el artículo 24 impugnado dispone que, de haber obtenido el servidor público un beneficio contrario a lo previsto en la Ley de Remuneraciones con un monto equivalente a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización se podrá imponer la destitución o la inhabilitación de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos; y si excede de la cantidad antes mencionada, la destitución o inhabilitación podrá ser de cuatro a catorce años.
55. En ese sentido, el Poder Legislativo sostiene que las normas jurídicas impugnadas no son contrarias ni existe antinomia entre ellas, porque regulan conductas administrativas distintas entre sí. Además, concluye que existe certeza sobre la sanción que habrá de aplicarse, pues la norma sí especifica los parámetros mínimos y máximos que se podrán imponer, siendo la facultad del tribunal administrativo competente individualizar la sanción, según el caso y las circunstancias de este.
56. Informe del Poder Ejecutivo del Estado. En su informe, el Poder Ejecutivo del Estado argumenta que, en lo concerniente al primer concepto de invalidez, se advierte que los actos reclamados son imputados y atribuidos al Congreso del Estado de Guerrero; por lo tanto, es a la legislatura local a quien le corresponde sostener la validez de la norma general impugnada.
57. No obstante, argumenta que no existe violación alguna a los preceptos constitucionales, pues la Ley impugnada no afecta el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad ni el derecho a la remuneración. Lo anterior es así dado que los artículos 3, 4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley impugnada establecen los parámetros y bases conforme a los cuales se debe fijar la remuneración que corresponda a los servidores públicos.
58. A su vez, dichos artículos señalan que la remuneración deberá ser compensatoria en igualdad de condiciones, de tal suerte que a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia se debe otorgar una remuneración igual. Además, indica que la remuneración debe ajustarse a las disposiciones de la Constitución, a las de la Ley impugnada, al Presupuesto de Egresos, a los tabuladores y al manual de remuneraciones correspondiente.
59. Asimismo, señala que la remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos del Estado o del presupuesto de egresos de los municipios. Contario a lo que sostiene la CNDH, argumenta que la ley impugnada sí prevé los parámetros, bases y directrices para fijar el monto de las remuneraciones de los servidores públicos del Estado de Guerrero, de ahí que se estime que no existe omisión legislativa alguna.
60. En lo que respecta a los conceptos de invalidez segundo, tercero, cuarto y quinto, el Ejecutivo del Estado señala que los preceptos legales impugnados de la Ley no son violatorios de los derechos humanos de seguridad jurídica, seguridad social, igualdad y no discriminación de los servidores públicos guerrerenses ni vulneran los principios de previsión social, legalidad y libertad de trabajo. Lo anterior, toda vez que esos artículos forman parte de un ordenamiento jurídico local que se emite conforme al mandato establecido en el artículo 127 constitucional.
61. Opinión de la Fiscalía General de la República. Esta Fiscalía no hizo manifestación alguna a pesar de haber sido debidamente notificada.
62. Opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Esta Consejería tampoco hizo manifestación alguna a pesar de haber sido debidamente notificada.
63. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el día 8 de julio de 2019, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dictó auto de cierre de instrucción.
II. COMPETENCIA
64. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) y el artículo 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) -aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación-.(3) Lo anterior, toda vez que la CNDH plantea la posible contradicción entre diversos preceptos de la Ley Número 18 de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, expedida mediante Decreto publicado el 14 de diciembre de 2018 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa y la Constitución Federal.
III. OPORTUNIDAD
65. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnados.(4)
66. El Decreto que contiene la Ley de Remuneraciones de Guerrero se publicó el viernes 14 de diciembre de 2018. Por lo tanto, el plazo para su impugnación transcurrió del sábado 15 de diciembre de 2018 al lunes 14 de enero de 2019, al ser el primer día hábil siguiente al último del plazo, en términos del artículo 60 de la Ley Reglamentaria.
67. Así, si el escrito de demanda de la CNDH se presentó el lunes 14 de enero de 2019 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; cabe concluir que es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
68. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal legitima a la CNDH a promover acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes federales o de las entidades federativas, así como de los tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano, cuando considera que vulneran los derechos humanos.
69. En el caso, le asiste legitimación a la CNDH toda vez que impugna una ley en materia de remuneraciones de los servidores públicos del Estado de Guerrero y, de una lectura integral de su escrito de demanda, se plantea la vulneración a diversos derechos humanos, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el inciso g) de la fracción II del artículo 105 constitucional.
70. Además, en representación de la CNDH comparece su Presidente Luis Raúl González Pérez, personalidad que acreditó con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República de fecha 13 de noviembre de 2014.
71. Este funcionario cuenta con la facultad para representar a ese órgano constitucional autónomo y promover acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con las fracciones I y XI del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(5) Por lo que se cumple el supuesto previsto en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria, en relación con el artículo 59 de la misma.(6)
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
72. El Poder Legislativo del Estado de Guerrero considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con los diversos 20, fracción II, y 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en relación con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33683-b8ad1fc6/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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