Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. III. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE PRESENTAR CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES PARA SER TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O PARA DESEMPEÑAR CUALQUIER CARGO O EMPLEO EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, RESULTA SOBREINCLUSIVO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY REGLAMENTARIA Y ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). IV. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. ANÁLISIS DEL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO CONDENADA POR DELITO DOLOSO PARA SER TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O PARA DESEMPEÑAR CUALQUIER CARGO O EMPLEO EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. ANÁLISIS DEL REQUISITO DE SER UNA PERSONA QUE NO HUBIERA RECIBIDO INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO PARA SER TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O PARA DESEMPEÑAR CUALQUIER CARGO O EMPLEO EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA Y ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). VI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. ANÁLISIS DEL REQUISITO DE PRESENTAR CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO PARA SER TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O PARA DESEMPEÑAR CUALQUIER CARGO O EMPLEO EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA Y ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). VII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. BASES CONSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. VIII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS. NECESIDAD DE OPERAR A NIVEL NACIONAL UN SISTEMA HOMOGÉNEO A PARTIR DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, POR LO QUE LA LEGISLACIÓN LOCAL RESPECTIVA DEBE SER CONGRUENTE CON LO ESTABLECIDO EN AQUÉLLA (ARTÍCULOS 80 A 87 DE LA LEY REGLAMENTARIA Y ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). IX. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA SANCIONAR DESNATURALIZA EL MODELO HOMOGÉNEO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA Y VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. X. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. LA EXIGENCIA PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA LOCAL AL MÁS ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, A PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS Y PRESERVAR LAS LIBERTADES, EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICOS, NO DESNATURALIZA EL MODELO HOMOGÉNEO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA NI VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. XI. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ANÁLISIS DE LA SUJECIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA DEL ESTADO A LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PREVISTOS EN CASO DE QUE SE INCUMPLAN LAS OBLIGACIONES Y SE ACTUALICEN LAS PROHIBICIONES SEÑALADAS EN LA LEY LOCAL, ASÍ COMO AL RÉGIMEN ESPECIAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN LA LEY LOCAL (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 81 Y 82 DE LA LEY REGLAMENTARIA Y ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). XII. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ANÁLISIS DE LA PREVISIÓN DE LA SANCIÓN DE DESTITUCIÓN PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA FISCALÍA DEL ESTADO QUE INCUMPLAN LOS PRINCIPIOS DE HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS DEL 84 AL 87 DE LA LEY REGLAMENTARIA Y ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN IV, Y 83 DE LA LEY REGLAMENTARIA Y ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2021. · Registro digital (IUS): 33624
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-09-12
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.396.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE FEBRERO DE 2025. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 14/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los artículos 60, fracciones III, en la porción normativa: “...y no haber recibido condena por delito doloso”, y VII; 73, fracciones IV y VI; y del 80 al 87, todos de la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Demanda inicial. Por escrito recibido el veinticinco de enero de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrado el día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su Presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 60, fracciones III, en la porción normativa “...y no haber recibido condena por delito doloso”; y, VII; 73, fracciones IV y V; así como del 80 al 87, todos de la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial de la entidad federativa, mediante decreto Número LXVI/EXLEY/0947/2020 IP.O, el veintiséis de diciembre de dos mil veinte.

2. Artículos constitucionales violados. La Comisión accionante señaló como vulnerados los artículos 1, 5, 14, 16 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respecto de los derechos fundamentales de igualdad, discriminación, acceso a un cargo en el servicio público, seguridad jurídica, libertad de trabajo, reinserción social y legalidad.

3. Conceptos de invalidez. La Comisión accionante hace valer dos conceptos de invalidez en los que argumenta, substancialmente, lo siguiente:

PRIMERO

• Los artículos 60, fracciones III y VII, de la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, que exigen como requisito para ser titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía no haber recibido condena por delito doloso y no haber recibido inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, respectivamente; así como el artículo 73, fracciones IV y V, que establece que toda persona que desempeñe un cargo o empleo en la Fiscalía deberá presentar constancia de no antecedentes penales y de no inhabilitación, vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, la libertad de trabajo y de acceso a un empleo público, así como el principio de reinserción social.

• Lo anterior, al impedir injustificadamente que las personas que han sido sentenciadas por cualquier delito doloso, o bien, inhabilitadas en el servicio público o que tengan, en general, antecedentes penales puedan desempeñar tales funciones, aun cuando las sanciones impuestas ya hayan sido cumplidas.

• Los numerales impugnados limitan de forma genérica los derechos de las personas sentenciadas por cualquier delito doloso, o bien, aquellas que fueron inhabilitadas en el servicio público sin considerar si las conductas sancionadas de que se trate se relacionan o no con las funciones que deban desempeñar una vez que asuman el cargo en cuestión.

• No es constitucionalmente válido que se impida el acceso al servicio público a las personas que cuenten con antecedentes penales o que hubieren sido sancionadas por una falta administrativa con inhabilitación, una vez que cumplieron con la temporalidad de la misma, dado que tales medidas se traducen en una exclusión injustificada y discriminatoria para las personas que se encuentren en esa condición social y/o jurídica, que les impide ejercer su derecho a la libertad de trabajo y, en específico, a ocupar un cargo público.

• Para que una restricción de esa naturaleza sea válida, deben examinarse las funciones y obligaciones que tiene a cargo cada uno de los puestos correspondientes y, una vez hecho ello, señalar con precisión únicamente las conductas ilícitas que se encuentran estrechamente vinculadas con el empleo en cuestión.

• El artículo 60, fracción III, en la porción normativa impugnada desborda su objetivo y termina por excluir a las personas que pretenden reinsertarse a la sociedad, tras haber compurgado una pena por la comisión de conductas delictivas con base en su situación social y/o jurídica de haber sido sujetos de una pena.

• El requisito previsto en el artículo 73, fracción V, de la ley reclamada se aparta del deber de las autoridades de consultar en los registros nacionales establecidos para tal efecto en los artículos 52 y 53 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como del diverso numeral 27, párrafos cuarto y quinto, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

SEGUNDO

• Los artículos del 80 al 87 de la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, que establecen un régimen especial en materia de responsabilidades de los servidores públicos para los funcionarios de dicho órgano de procuración de justicia, vulnera el derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que distorsiona, contradice y/o genera un parámetro diferenciado respecto de las faltas administrativas previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual constituye el ordenamiento marco en dicha materia.

• La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en observancia del citado precepto constitucional, establece en el Título Tercero, denominado “De las faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves”, en sus capítulos I y II —de los artículos 49 al 64 Bis— las faltas administrativas no graves y de las faltas administrativas graves de los servidores públicos, respectivamente.

• Dichas disposiciones constituyen el marco que deberán observar las legislaciones locales en sus respectivos ordenamientos, ya que la intención del Poder Reformador fue establecer un sistema homologado para generar certidumbre jurídica y facilitar la operatividad de este, por lo que no resulta admisible que las legislaturas locales lo alteren, distorsionen o contravengan.

• El capítulo combatido establece un sistema de faltas administrativas que distorsiona y resulta contrario a lo previsto en la Ley General y, por ende, en lo que señala la propia Constitución Federal.

• El legislador diseñó un régimen de responsabilidades "especial" en que pueden incurrir los servidores públicos de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, que se contrapone con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas e, incluso, establece diversas causales en las que puede ocurrir la destitución de dichos servidores públicos.

• El legislador local distorsionó el sistema establecido en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, debido a que amplió los supuestos de infracción administrativa, así como algunos supuestos sobre una sanción específica por la comisión de aquéllas, aspectos que, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su reforma en materia de anticorrupción, corresponden de manera exclusiva al Congreso de la Unión mediante la emisión de la ley general.

• Los artículos contenidos en el capítulo impugnado aumentaron el catálogo de infracciones en que pueden incurrir los sujetos que laboren en la Fiscalía Anticorrupción local, sin estarse a la clasificación de graves y no graves, lo que no solo repercute de manera directa en una posible contraposición con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino que trasciende inmediatamente a los aspectos intrínsecos de la competencia, en tanto que la calificación de las faltas es lo que determina si la sustanciación se llevará por los órganos internos de control o dependencias de mérito, mismos que podrán resolver en caso de infracciones no graves, o bien, si la sustanciación la realizará el órgano fiscalizador correspondiente y la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o su homólogo local.

• Las legislaturas locales no pueden modificar aspectos relacionados íntimamente con la competencia y, por tanto, no deben prever un catálogo diverso de faltas al ya previsto por la ley general, en tanto que dichas disposiciones podrían trastocar las competencias de órganos y su correlación dentro del sistema anticorrupción.

• La ley local combatida remite, para la aplicación de sanciones, a la ley marco cuando se actualice cualquiera de las faltas previstas en el artículo 85 del mismo ordenamiento estatal; no obstante, toda vez que se trata de conductas no previstas en la Ley General, no es posible determinar quién es la autoridad competente ni el procedimiento correspondiente, lo cual genera inseguridad jurídica para las personas destinatarias de las normas.

• El artículo 87 también varía lo previsto en la multicitada Ley General en relación con la sanción de la destitución, pues establece que procede esa sanción por el incumplimiento de algunas de las conductas previstas en los artículos 78 y 79 de la misma ley o, en su caso, por la reiteración en tres ocasiones en el incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones restantes del artículo 78, lo cual tampoco se ajusta a ley marco.

• El legislador local no se ajustó al parámetro previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas respecto a las conductas que ameritan la destitución de los servidores públicos, pues distorsiona y se contrapone a lo dispuesto por la ley marco, la cual es la única que, por mandato Constitucional, puede determinar los actos que se consideraran faltas administrativas y a los cuales deben ajustarse las normas locales.

• El hecho de que el Congreso local haya establecido diversos supuestos como faltas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos en una ley diversa a su legislación local en la materia también impacta, perjudicialmente, en la seguridad jurídica de las personas en la entidad, toda vez que genera dos fuentes normativas respecto de un solo tópico, generando falta de homologación y armonización jurídica que permita a los destinatarios de la norma conocer las hipótesis específicas que constituyen las infracciones respectivas.

4. Trámite. El veintiséis de enero de dos mil veintiuno, el entonces Ministro Presidente de este Alto Tribunal Constitucional ordenó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad con el expediente número 14/2021 y designó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como instructora del procedimiento respectivo.

5. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió a trámite la referida acción de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua para que rindieran sus informes respectivos, requirió al Poder Legislativo de esa entidad federativa copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado, al Poder Ejecutivo para que enviara un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial del Estado en el que se haya publicado el decreto y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara pedimento, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

6. Informe de la autoridad promulgadora. El tres de marzo de dos mil veintiuno, se recibió el oficio, mediante FIREL, de Francisco Javier Corrales Millán, quien se ostentó como Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, en el que rindió el informe respectivo y, sustancialmente, expresó lo siguiente:

• Los artículos impugnados no transgreden los numerales 1, 5, 14, 16 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

• La finalidad de los artículos reclamados es asegurar que quienes integran esa institución rijan su actuación bajo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, diligencia, transparencia, integridad, eficiencia, economía, disciplina, perspectiva de género, interdependencia, progresividad, buena fe, autonomía, certeza, eficacia y respeto a los derechos humanos; derechos en los que la sociedad está particularmente interesada.

• Los referidos principios buscan que tanto los servidores como el servicio público de la fiscalía se preste sin ataduras de intereses personales o ajenos, de partidos o de grupos, que no exista conflicto de intereses que pudiera interferir en las decisiones del servidor público y que se apliquen con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; esto con el fin de lograr los resultados y metas institucionales.

• Las medidas son adecuadas, razonables y proporcionales, al guardar una vinculación directa y realmente útil para lograr el fin perseguido por la norma, al patentizar, con algún grado de certeza que, al negar la ocupación de un cargo o empleo dentro de la Fiscalía Estatal Anticorrupción a quienes cometieron una conducta sancionada penalmente, se hará más segura la función estatal del combate a la corrupción en el Estado de Chihuahua.

• Tratándose de las medidas previstas por la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, no se recurre a una estigmatización en quienes hayan sido condenados por delito doloso, sino que lo que se busca es asegurar los principios e intereses propios de la seguridad pública para el bien de la comunidad al velar por la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

• Las disposiciones reclamadas constituyen una norma de regulación de la forma en que los particulares participan en la función estatal de la seguridad pública, que corresponde al Estado en su calidad de garante de los intereses de estos, y no son normas de tutela de las libertades humanas que se dicen contrariadas.

• Es jurídicamente válido que, quienes por decisión propia optan por dedicarse a participar en la función pública de la seguridad, deben cumplir con aquellas condiciones que el Estado, mediante las disposiciones generales que haya estimado necesarias, para garantizar que la función del servicio público y sus intereses sean respetados y se preste en las mejores condiciones para la sociedad, sin que pueda considerarse que dichas exigencias o condicionantes para la prestación del servicio sean contrarias a la libertad de trabajo o al derecho a la igualdad y su garantía de no discriminación.

• Las normas garantizan el desarrollo institucional, la estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades de las y los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción, como son elevar la profesionalización mediante los estudios que realicen, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, certeza, imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales.

• La condicionante establecida y reclamada es una medida de distinción legislativa que busca otorgar seguridad a los procedimientos que comprenden los esquemas de profesionalización tanto en el ingreso como en el desarrollo y su terminación, en un contexto de otorgamiento del derecho humano que tienen los gobernados a la seguridad pública, que implica el derecho individual a la protección de la persona y de sus bienes, el deber de perseguir y detener a los responsables de delitos, así como el derecho a no padecer trastornos que van más allá de los inconvenientes normales de la vida en sociedad.

• No es verdad que la ley aplicada deviene contraria al orden constitucional al contemplar un catálogo de sanciones para las distintas conductas infractoras en que pudieran incurrir sus funcionarios, dado que la Ley no debe interpretarse de forma aislada y, por ende, no se debe considerar que prevé un régimen de responsabilidades especial, ya que, conforme al principio de legalidad, en vertiente de exacta aplicación de la ley, lleva a interpretarla dentro de la sistemática normativa en que está inmersa porque las diversas conductas irregulares en que pueden incurrir sus funcionarios están sujetas al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, las que, de acuerdo a la gravedad que revisten, se sancionan con hipótesis de diversa entidad, por lo que, en su diseño normativo, debe estarse a lo dispuesto por el ordenamiento legal orgánico y, en su caso, adoptar armónica y referencialmente disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

• La Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, si bien no señala propiamente una distinción entre faltas graves o no graves, lo cierto es que sí establece un parámetro mínimo y máximo para la aplicación de las sanciones que no es contrario a la Constitución Federal, aunado a que las conductas contrarias a la ley se encuentran contenidas en la misma, por lo que, al encontrarse plenamente identificadas, no se está ante una transgresión al derecho de seguridad jurídica ni al principio de legalidad en relación con las referencias normativas aducidas.

• Los artículos de la ley impugnada no pretenden establecer un nuevo marco de responsabilidad administrativa, en tanto que las referencias a las leyes federales de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, innegablemente, deben realizarse en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, pues, para determinar el sentido y alcance de cualquier norma jurídica, se requiere considerar su dimensión sistémica, esto es, la relación que guarda esta con el resto de las hipótesis normativas que conforman un ordenamiento determinado.

7. Contestación a la demanda de la autoridad emisora. El cinco de marzo de dos mil veintiuno, Luis Enrique Acosta Torres, quien se ostentó como Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, en representación del Poder Legislativo del Estado, contestó la demanda, en la que manifestó:

• Son infundadas las manifestaciones en las que se alega que las disposiciones impugnadas, por las que se establecen los requisitos para acceder a empleos públicos, vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, la libertad del trabajo y de acceso a un empleo público, así como el principio de reinserción social, pues con la reforma constitucional, que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, se abrió una puerta para atajar ese complejo fenómeno que ha dañado la democracia.

• El órgano legislativo no fue más allá de los requisitos que se establecen para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, misma de la cual depende la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, armonizando la ley local con la federal.

• Contrario a lo que afirma la accionante, la finalidad de la norma no es impedir que las personas ejerzan sus derechos, sino salvaguardar el principio constitucional de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

• Al establecer como requisito que la persona titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía Anticorrupción no haya sido condenada por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año y no estar inhabilitada para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, garantiza que las funciones de ese órgano se ejerzan por personas verdaderamente competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. • Es infundado que el Capítulo XVII vulnere el derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que los argumentos de la accionante son inatendibles, al haber realizado un análisis jurídico de incompatibilidad de una ley estatal con una federal sin analizar la incompatibilidad de estas con preceptos constitucionales.

• El Congreso de Chihuahua emitió la ley impugnada en cumplimiento a las facultades y atribuciones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas le confiere, por lo que no se viola el principio de reserva de ley ni el artículo 124 constitucional, siendo correcto que la materia de responsabilidades administrativas fue regulada a nivel federal y estatal, en términos del artículo 133 de la Constitución Federal y no existe relación jerarquía entre legislaciones federales y locales, ya que ambas se encuentran en el mismo nivel y, en caso de una aparente contradicción, se debe resolver atendiendo a qué órgano es competente para expedir la norma de acuerdo al artículo 124 constitucional.

• Contrario a lo alegado, el artículo 73, fracción XXIX-V, de la Constitución Federal establece que el Congreso de la Unión emitirá una ley general en la que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno bajo ese contexto, por lo que dicha materia no es exclusiva del orden federal, y que la ley local impugnada no debe adecuarse forzosamente a la general, aunado a que el argumento de la promovente se basa en combatir reglas de operación del órgano interno de control, tales como finalidad, procedimientos y sanciones, responsabilidad funcional, causas de responsabilidad funcional, así como la ampliación del catálogo de faltas administrativas; todo esto con apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

• La entidad federativa puede regular su régimen interior en términos del artículo 40 de la Constitución Federal, sin que ello implique una intrusión en el ámbito federal no justificada, dado que no se trata de contradicciones a la ley general, sino de adaptaciones que van de acuerdo con la realidad del Estado.

• La materia de responsabilidad de los servidores públicos es concurrente, por lo que cada orden de gobierno, en el ámbito de su competencia, puede legislar al respecto.

8. Opinión de la Fiscalía General de la República. A pesar de habérsele dado vista el doce de abril de dos mil veintiuno, la referida Fiscalía no presentó pedimento alguno.

9. Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos, el veintitrés de abril de dos mil veintiuno se cerró la instrucción del asunto y se envió a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

10. Returno. Por auto de Presidencia de dos de enero de dos mil veintitrés, se ordenó el returno del presente asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

11. Segundo Returno. Mediante auto de uno de diciembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de este Alto Tribunal ordenó el returno del asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa a fin de que figurara como instructora y elaborara el proyecto de sentencia correspondiente.

I. COMPETENCIA

12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) y el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 5/2013 del Tribunal Pleno,(3) en virtud de que se plantea la posible contradicción entre algunas disposiciones de la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y derechos constitucionales.

13. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(4) en relación con el Octavo y Décimo Segundo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(5)

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

14. Del análisis integral de la demanda de acción de inconstitucionalidad, se advierte que la Comisión promovente reclama diversos artículos de la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, publicada el veintiséis de diciembre de dos mil veinte en el Periódico Oficial de la entidad federativa mediante decreto número LXVI/EXLEY/0947/2020 I P.O, en específico, los siguientes:

• Artículo 60 fracciones III, en su porción “...y no haber recibido condena por delito doloso”; y VII.

• Artículo 73 fracciones IV y V; y

• Artículos 80 al 87.

III. OPORTUNIDAD

15. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(6) dispone que el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente en que se publicó la disposición impugnada.

16. Las normas cuya inconstitucionalidad se demandan se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua el veintiséis de diciembre de dos mil veinte, por lo que el plazo para promover el presente medio de control constitucional corrió del veintisiete de ese mes y año al veinticinco de enero de dos mil veintiuno.

17. De lo anterior se sigue que, si la demanda fue presentada el veinticinco de enero de dos mil veintiuno,(7) en consecuencia, se colige que fue presentada en forma oportuna, conforme a lo dispuesto por el citado artículo 60 de la Ley Reglamentaria de la materia.

IV. LEGITIMACIÓN

18. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.

19. En efecto, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal dispone que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las acciones de inconstitucionalidad ejercitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal y local, así como de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

20. La demanda de esta acción de inconstitucionalidad es promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los artículos 60, fracciones III, en la porción normativa: “no haber recibido condena por delito doloso” y VII; 73 fracciones IV y V; así como del 80 al 87, todos de la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial de la entidad federativa mediante decreto número LXVI/EXLEY/0947/2020 I P.O. el veintiséis de diciembre de dos mil veinte.

21. A su vez, los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(8) y 18 de su Reglamento Interno(9) otorgan a la persona en que recaiga la Presidencia la representación legal de dicho órgano, así como la facultad para promover el presente medio de control constitucional.

22. En ese sentido, obra en autos copia certificada del Acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve emitido por la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante el cual se hace constar que, en sesión de siete de noviembre del mismo año, se designó como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a María del Rosario Piedra Ibarra por un período de cinco años, comprendido del dos mil diecinueve al dos mil veinticuatro.

23. En consecuencia, se considera que el escrito inicial correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 14/2021 fue promovido por un órgano legitimado constitucionalmente y presentada por quien cuenta con facultades suficientes para ello.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

24. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, párrafo último, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia es una cuestión de orden público y de estudio preferente. Sin embargo, en el caso las partes no hacen valer alguna de las enumeradas en la citada ley ni este Tribunal Pleno advierte alguna de oficio. Por consiguiente, se procede al estudio de fondo del presente asunto.

VI. ESTUDIO DE FONDO

25. En principio, cabe establecer que, a fin de facilitar la resolución del caso, el estudio se hará en dos apartados. En una primera parte, se analizará el tema atinente a los requisitos impugnados para ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía Anticorrupción del Estado y aquellos comunes a toda persona que pretenda desempeñar un cargo o empleo en la mencionada Fiscalía, previstos en las fracciones III y VII del artículo 60, así como de las diversas IV y V del artículo 73, ambos de la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua.

26. En una segunda parte, se examinará el régimen de responsabilidades de los servidores públicos de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, previsto en los artículos del 80 al 87 de la citada ley.

APARTADO I. Requisitos para ocupar cargos dentro de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Artículos 60, fracciones III “...no haber recibido condena por delito doloso” y VII, “No haber recibido inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público”; y 73, fracciones IV “Presentar constancia de no antecedentes penales” y V “Presentar constancia de no inhabilitación para el ejercicio de un empleo, cargo o comisión en el servicio públi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33624-0420730d/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.