I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SUS ALCANCES. V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE INTERPRETA Y CONFIGURA A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD ANTE LA LEY Y DE IGUALDAD EN LA LEY. VI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE CONFIGURA POR UNA DIMENSIÓN FORMAL, O DE DERECHO, Y OTRA SUSTANTIVA, O DE HECHO. VII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. LA DISTINCIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN SON JURÍDICAMENTE DIFERENTES, YA QUE MIENTRAS LA PRIMERA CONSTITUYE UNA DIFERENCIA RAZONABLE Y OBJETIVA, LA SEGUNDA ES UNA DIFERENCIA ARBITRARIA QUE REDUNDA EN DETRIMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS. VIII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO QUE AMERITE UNA PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO PARA OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO DENTRO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO QUE AMERITE UNA PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). IX. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO QUE AMERITE UNA PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO PARA OCUPAR EL CARGO DE JUEZ DE JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA O ESPECIALIZADO EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DENTRO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO QUE AMERITE UNA PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). X. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. LAS NORMAS QUE HACEN UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO CONDENADAS POR DELITO QUE AMERITE UNA PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN Y AQUELLAS QUE NO HAN SIDO SANCIONADAS DE ESE MODO, PARA OCUPAR DIVERSOS CARGOS DENTRO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS, DEBEN SER ANALIZADAS BAJO UN ESCRUTINIO ORDINARIO DE CONSTITUCIONALIDAD. XI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO QUE AMERITE UNA PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO PARA OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO DENTRO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, RESULTA CONTRARIO AL DERECHO PENAL DEL ACTO, CONSAGRADO EN LOS ARTÍCULOS 14, PÁRRAFO TERCERO, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y 22, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO QUE AMERITE UNA PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). XII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO QUE AMERITE UNA PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO PARA OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO DENTRO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, RESULTA DISCRIMINATORIO, AL INTRODUCIR UNA EXIGENCIA DE ORDEN MORAL NO INHERENTE AL TRABAJO POR DESEMPEÑAR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO QUE AMERITE UNA PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). XIII. DERECHO PENAL DEL AUTOR Y DERECHO PENAL DEL ACTO. RASGOS CARACTERÍSTICOS Y DIFERENCIA. XIV. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO QUE LESIONE SU BUENA FAMA PARA OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS Y DEL PLENO DENTRO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS CONTIENE UNA DOBLE SANCIÓN, LA CONDENA MISMA Y LAS REPERCUSIONES SOCIALES QUE IMPIDEN QUE LAS PERSONAS PUEDAN EJERCER SUS DERECHOS EN CONDICIONES DE IGUALDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PERO SI SE TRATARE DE OTRO DELITO QUE LESIONE SU BUENA FAMA, ÉSTE SE CONSIDERARÁ INHABILITADO PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO, CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA IMPUESTA", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). X
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 259/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Demanda, autoridades emisoras y normas impugnadas. Por escrito recibido el dieciocho de septiembre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, quien se ostentó como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que señaló como normas generales impugnadas y órganos emisores los siguientes:
Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:
• Poder Legislativo del Estado de Chiapas.
• Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas.
Normas generales cuya invalidez se reclama:
• Artículos 20, fracción V, en la porción normativa: "y no haber sido condenado por delito que amerite una pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de otro delito que lesione su buena fama, éste se considerará inhabilitado para el desempeño del cargo, cualquiera que haya sido la pena impuesta"; 21, fracción V, en la porción normativa: "y no haber sido condenado por delito que amerite una pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de otro delito que lesione su buena fama, éste se considerará inhabilitado para el desempeño del cargo, cualquiera que haya sido la pena impuesta"; y 32, fracción IV, todos de la Ley Orgánica del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, expedida mediante Decreto 262 publicado el diecinueve de agosto de dos mil veinte en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.
2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló como preceptos vulnerados los artículos 1o., 5o., 14, 16 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador"); 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y 2 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. Después de desarrollar lo que se estima el contenido de los derechos de seguridad jurídica y principio de legalidad, igualdad y no discriminación, así como de la libertad de trabajo y derecho a ocupar un cargo público, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su único concepto de invalidez, sostiene que las normas impugnadas son inconstitucionales, a la luz de lo siguiente:
Inconstitucionalidad de las normas impugnadas. Las disposiciones combatidas prevén requisitos que son discriminatorios, ya que impiden, de manera injustificada, con base en la condición social y/o jurídica, que las personas accedan a los cargos de Juez de jurisdicción administrativa o especializado en responsabilidades administrativas, secretario general de Acuerdos y del Pleno, secretarios de Estudio y Cuenta de la Sala de revisión, secretario de Acuerdos, proyectista y actuario, así como jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.
En los artículos 20, 21 y 32, en las partes combatidas, se establecen los requisitos para ser Juez de jurisdicción administrativa o especializado en responsabilidades administrativas, secretario general de Acuerdos y del Pleno, así como jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo; sin embargo, de otras disposiciones de la ley, se advierte que los requisitos que se estiman discriminatorios también son exigibles para otros cargos del tribunal, ya que remiten expresamente a una de las normas impugnadas.
Es el caso del artículo 21, en su último párrafo, que establece que los mismos requisitos serán exigidos a los secretarios de Estudio y Cuenta de la Sala de revisión; así como del artículo 22, que señala que para ser secretario de Acuerdos, proyectista y actuario, se requiere cumplir con los requisitos a que se refiere el numeral anterior, con excepción de la edad solicitada.
En cuanto al primer requisito, previsto en los artículos 20 y 21, en sus fracciones V, consistente en no haber sido condenado por delito que amerite una pena corporal de más de un año de prisión, se considera sobreinclusivo, pues en ella se incluye a cualquier persona que ha cometido un delito, sea cual sea la gravedad o con independencia de si el delito fue realizado dolosa o culposamente.
Por lo que hace al artículo 32, fracción VI, que prevé que para ser jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo se requiere no haber sido condenado por delito intencional, se considera que no se distingue la pena impuesta o la gravedad del delito.
Así, en las normas se excluye de forma injustificada a un sector de la población, incluso cuando el delito cometido no se encuentre relacionado estrechamente con las atribuciones que se desempeñarán en el cargo.
Además, en los artículos 20 y 21, en sus fracciones V, también se impide el acceso a los cargos mencionados a quienes hayan sido sentenciados por un delito que lesione su buena fama, independientemente de la sanción impuesta, lo que implica que una persona no podrá desempeñarse en esos cargos, aun cuando se le haya impuesto la pena mínima o el ilícito fuere cometido culposamente, si a juicio de la autoridad que califique el cumplimiento de los requisitos el delito cometido lesionó su buena fama.
Por tanto, el uso de la expresión buena fama resulta amplia y ambigua, dado que requiere de una valoración subjetiva; lo que se traduce en una medida arbitraria, vulnerando el derecho de seguridad jurídica de las personas que aspiren a desempeñarse en los cargos regulados.
Además, una vez que la persona ha compurgado la sanción impuesta, debe estimarse que se encuentra en aptitud de reinsertarse en la sociedad en pleno ejercicio de sus derechos en un plano de igualdad.
Por otro lado, las normas impugnadas contienen una distinción que se basa en una categoría sospechosa, como es la condición social y jurídica de las personas. Por ello se estima necesario que se realice un escrutinio estricto de la constitucionalidad de las disposiciones combatidas.
En su realización, se concluye que las normas no cumplen con el primer nivel de escrutinio (cumplir con una finalidad constitucionalmente imperiosa) ya que no existe una justificación constitucionalmente imperiosa para exigir que las personas no hayan sido condenadas por delitos intencionales o que ameriten pena privativa de prisión por más de un año; o de aquellos que lesionen su buena fama, para fungir como Juez de jurisdicción administrativa o especializado en responsabilidades administrativas, secretario general de Acuerdos y de Pleno, secretarios de Estudio y Cuenta de la Sala de revisión, secretarios de Acuerdos, proyectista y actuario, así como jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.
Esto, pues no existe un mandato dentro de la Constitución Federal que exija requisitos de esa índole para ese tipo de actividades; aunado a que las atribuciones que les corresponden no justifican restricciones tan amplias.
Adicionalmente, se considera que las normas impugnadas contravienen el principio de reinserción social, al tener como consecuencia que las personas que han sido sentenciadas por esos supuestos queden impedidas para acceder a los multirreferidos cargos públicos.
Cuestiones relativas a los efectos. En caso de que las normas impugnadas sean declaradas inconstitucionales, se estima que deben extenderse los efectos a todas aquellas disposiciones que estén relacionadas, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV, y 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. CUARTO.—Trámite y admisión. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 259/2020 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.
5. Posteriormente, por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chiapas para que rindieran su informe, requiriéndolos para que el primero de ellos enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada y el segundo exhibiera un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad en el que conste la publicación de los decretos controvertidos.
6. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, en su caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.
7. QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. Por escrito recibido el diecisiete de noviembre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de María Lourdes López Sánchez, en su carácter de subconsejera jurídica de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del gobernador (sic) del Estado,(1) rindió el informe solicitado, en el que realizó diversas manifestaciones que a continuación se sintetizan:
El gobernador del Estado, con fundamento en las atribuciones conferidas por la normatividad local, promulgó y publicó el decreto impugnado, por lo que concluye que aquél fue dictado con apego a las disposiciones constitucionales.
Las porciones normativas impugnadas no vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo, así como el derecho de acceder a un cargo público, toda vez que con los requisitos impuestos se salvaguardan los principios de honradez y confiabilidad, al buscar que quienes ocupen los cargos que se regulan por las normas impugnadas sean personas honorables.
Además, en el marco de los compromisos internacionales ratificados por el Estado de Mexicano en materia de combate a la corrupción, existen obligaciones para fomentar y garantizar la integridad de los servidores públicos, por lo que es necesario que se garantice la satisfacción de los intereses colectivos al designar funcionarios con responsabilidad y compromiso hacia la comunidad.
Lo anterior, según manifiesta, ya que los conceptos de probidad y honorabilidad están íntimamente vinculados con la calidad moral y honorabilidad de quienes se postulen para el cargo; incluso, en los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, se usa la noción de integridad, relacionado a la condición de una persona de conducta irreprochable. Se trata, en realidad, de un atributo vinculado al honor, cuyo contenido se determina, más que por la presencia de un algún factor específico, por la ausencia de elementos que hagan posible un cuestionamiento ético de la conducta de la persona.
Derivado de ello, las normas son constitucionales pues van encaminadas a un bien común, al permitir la adecuada selección y formación de servidores públicos que sean capaces de asumir el compromiso de servir a la ciudadanía mediante una conducta legal, transparente, responsable, consciente, confiable, eficaz y objetiva; máxime que se trata de servidores que resolverán las controversias suscitadas entre la administración pública estatal y municipal, con los particulares; imponer las sanciones a los servidores públicos y particulares, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias.
8. SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Chiapas. Por escrito recibido el treinta de noviembre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Legislativo Local, por conducto de José Octavio García Macías, en su carácter de presidente de la mesa directiva y representante legal del Congreso del Estado,(2) rindió el informe solicitado, en el que combatió, tanto la procedencia de la presente acción, así como la invalidez de las normas impugnadas. Ello, a la luz de los siguientes argumentos:
I. Causas de improcedencia de la acción de inconstitucionalidad. La presente acción de inconstitucionalidad es improcedente, en tanto que las normas impugnadas fueron emitidas conforme a las formalidades del procedimiento legislativo, en ejercicio de la facultad de libertad configurativa del legislador y, además, su contenido resulta acorde con los mandatos constitucionales.
II. Razones y fundamentos que sostienen la validez de las normas cuya invalidez se reclama. La emisión del decreto impugnado obedeció fundamentalmente a la reforma constitucional local de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, la cual fue de especial trascendencia para el Poder Judicial del Estado de Chiapas ya que, como resultado de ella, se extinguió el Tribunal de Justicia Administrativa como un órgano constitucional autónomo y se creó el tribunal administrativo como órgano integrante del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
Derivado de ello, fue necesario dotar a dicho tribunal de una normativa orgánica acorde a dicha reforma constitucional, regulando su integración, organización, atribución y funcionamiento, con el objeto de otorgar certeza y legalidad a todas sus actuaciones.
Así, cumpliendo con las formalidades legales del procedimiento (incluidas las garantías de fundamentación y motivación) y en ejercicio de su facultad constitucional, buscando ofrecer un marco jurídico que respondiera a las problemáticas actuales, es que se expidió el decreto impugnado.
III. Contestación a los conceptos de invalidez. En primer lugar, en términos del artículo 35, fracción VI, el derecho para ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público está condicionado al cumplimiento de presupuestos y requisitos, los cuales tienden a buscar cualidades o condiciones que aseguren cierta experiencia, probidad, conocimiento del medio, del lugar, entre otras.
Además, en términos del artículo 116 de la Constitución Federal, las condiciones de ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados, deben estar previstas en la Constitución y en las leyes orgánicas de los Estados; por tanto, el legislador estatal tiene facultad para establecer los requisitos necesarios para que quien se integre al Poder Judicial tenga los requisitos y el perfil para ello.
Así, sin menoscabar la seguridad jurídica o principio de legalidad o igualdad, el legislador local estableció requisitos que como condiciones de ingreso deben reunir quienes sirvan a dicho Poder Judicial, insistiendo que ello se hizo con fundamento en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal.
En otra línea argumentativa, es la propia Constitución la que señala que la libertad de trabajo tiene ciertos límites en su ejercicio lo que, entrelazado con las reglas del artículo 116 constitucional, genera que es facultad del Estado establecer las condiciones de ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.
Correlativamente, destaca que en términos del artículo 95, fracción I, de la Constitución Federal, para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe cumplirse, entre otros requisitos, "gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena." También resalta que lo mismo se prevé para el fiscal general de la República.
Entonces, si dichos requisitos se prevén para un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es dable pretender que tal requisito, siendo análogo en el Estado, resulte inconstitucional.
Por último, es válido que los legisladores locales adicionen requisitos que pueden ser distintos para ocupar un puesto público en el ámbito local, ya que la Constitución Federal únicamente establece algunos lineamientos mínimos para la designación de servidores públicos del régimen subnacional; por lo que, en ejercicio de dicha atribución, ajustada al marco de la Constitución Federal, es que se emitió el decreto impugnado.
9. SÉPTIMO.—Pedimento del fiscal general de la República. El fiscal general de la República no formuló pedimento alguno.
10. OCTAVO.—Opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El consejero jurídico del Gobierno Federal no realizó manifestación alguna.
11. NOVENO.—Cierre de instrucción. Por acuerdo de veinte de enero de dos mil veintiuno, el Ministro instructor, visto el estado procesal del asunto y formulados los alegatos correspondientes, dictó el auto de cierre de instrucción para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(3) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) con relación en el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece,(5) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna diversos preceptos de la Ley Orgánica del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por estimarlos contrarios a la Constitución Federal.
SEGUNDO.—Precisión de la litis.
13. En su demanda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló como normas impugnadas, en el apartado correspondiente, los artículos 20 y 21, ambos en su fracción V, en la porción normativa: "y no haber sido condenado por delito que amerite una pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de otro delito que lesione su buena fama, éste se considerará inhabilitado para el desempeño del cargo, cualquiera que haya sido la pena impuesta" y 32, fracción IV, todos de la Ley Orgánica del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
14. Dichas disposiciones son del contenido literal siguiente:
"Artículo 20. Para ser Juez de jurisdicción administrativa o especializado en responsabilidades administrativas se requiere:
"...
"V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite una pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de otro delito que lesione su buena fama, éste se considerará inhabilitado para el desempeño del cargo, cualquiera que haya sido la pena impuesta."
"Artículo 21. Para ser secretario general de Acuerdos y del Pleno, se requiere:
"...
"V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite una pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de otro delito que lesione su buena fama, éste se considerará inhabilitado para el desempeño del cargo, cualquiera que haya sido la pena impuesta.
"Estos requisitos también serán exigidos a los secretarios de Estudio y Cuenta de la Sala de revisión."
"Artículo 32. El tribunal contará con un jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, quien tiene la operatividad administrativa financiera del tribunal; por tanto, será el responsable directo de la aplicación de los recursos económicos pertenecientes al presupuesto del tribunal, mismos que con motivo de su encargo le sean encomendados.
"Para ser jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, se requiere:
"...
"VI. No haber sido condenado por delito intencional."
15. Como se puede advertir del contenido de las normas impugnadas, aquellas tienen por objeto regular los requisitos que deben cumplir aquellas personas que busquen ocupar los cargos del tribunal administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, como: a) Juez de jurisdicción administrativa o especializado en responsabilidades administrativas; b) Secretario general de Acuerdos y del Pleno; y, c) Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.
16. Por otro lado, la Comisión añade que los requisitos que se estiman discriminatorios también son exigibles para otros cargos del tribunal administrativo, pues existen disposiciones dentro del mismo ordenamiento que remiten expresamente al artículo 21, cuya fracción V es combatida de manera expresa.
17. En efecto, en términos del artículo 21, último párrafo, ya transcrito, los requisitos exigidos para ser secretario general de Acuerdos y del Pleno también deben cumplirse para el caso de los secretarios de Estudio y Cuenta de la Sala de revisión; asimismo, en el artículo 22 del ordenamiento combatido se prevé que deberán cumplirse los mismos requisitos previstos en el diverso 21 de la ley para ser secretario de Acuerdos, proyectista y actuario.(6)
18. Por este motivo es que a lo largo de su demanda la Comisión accionante hace referencia no sólo a los cargos a los que se refieren los artículos 20, 21 y 32, sino también al cargo de secretario de Estudio y Cuenta de la Sala de revisión, así como del cargo de secretario de Acuerdos, proyectista y actuario, pues para todos esos cargos se deberá cumplir, entre otros requisitos, el no haber sido condenado por delito que amerite una pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de otro delito que lesione su buena fama, éste se considerará inhabilitado para el desempeño del cargo, cualquiera que haya sido la pena impuesta.
19. De esta forma, para resolver la cuestión efectivamente planteada es suficiente con analizar las disposiciones expresamente impugnadas, esto es, los artículos 20, fracción V, 21, fracción V, en las porciones normativas destacadas, así como el artículo 32, fracción VI, pues en ellas es donde se materializa el vicio que la Comisión refiere.
20. Sin embargo, en este análisis se tendrá presente, como ya lo menciona la accionante, que los requisitos impugnados, al menos los previstos en el artículo 21, fracción V, en las porciones normativas impugnadas, también son aplicables a los cargos de secretario de Estudio y Cuenta de la Sala de revisión, así como del cargo de secretario de Acuerdos, proyectista y actuario.
TERCERO.—Oportunidad.
21. De conformidad con el artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(7) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial y, en caso de que el último día del referido plazo sea inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
22. En el caso, las normas impugnadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el diecinueve de agosto de dos mil veinte, por lo que el plazo para promover la presente acción de inconstitucionalidad transcurrió del veinte de agosto al dieciocho de septiembre de dos mil veinte.
23. En ese sentido, toda vez que la demanda se recibió el dieciocho de septiembre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que su presentación fue oportuna.
CUARTO.—Legitimación.
24. En términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes federales o de los Estados, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que estime violatorias de derechos humanos.
25. Por su parte, conforme a lo previsto por el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia, es necesario que los promoventes comparezcan a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.(8)
26. En el caso, la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por la presidenta y el secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Senado de la República, por el periodo que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.
27. Dicha funcionaria ostenta la representación de la Comisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(9) por lo que en términos de la fracción XI del mismo precepto, cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad.(10)
QUINTO.—Causas de improcedencia.
28. Al rendir su informe, el Poder Legislativo del Estado de Chiapas manifestó que la acción de inconstitucionalidad es improcedente, conforme a lo previsto por los artículos 19, fracción VIII, 20, fracción II y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que las normas impugnadas fueron emitidas con fundamento en la libertad configurativa del legislador local y, además, su contenido es acorde a la Constitución Federal.
29. Dicho planteamiento debe desestimarse, toda vez que el análisis relativo a si las normas impugnadas son acordes al marco constitucional es una cuestión que deberá determinarse al resolverse el fondo del asunto. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia P./J. 36/2004 de este Tribunal Pleno, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(11)
30. Por ello y toda vez que este Tribunal Pleno no advierte de oficio la actualización de alguna otra causal de improcedencia, se procede a analizar el concepto de invalidez formulado.
SEXTO.—Estudio de fondo.
31. Como se expuso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumenta que las normas impugnadas vulneran el derecho humano de igualdad y no discriminación al prever como requisitos para algunos integrantes del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas el no haber sido condenado por delito que amerite una pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de otro delito que lesione su buena fama, éste se considerará inhabilitado para el desempeño del cargo, cualquiera que haya sido la pena impuesta y, en otro caso, el de no haber sido condenado por delito intencional.
32. Para analizar el motivo de impugnación planteado, el estudio se dividirá de la siguiente manera:
A. Parámetro de regularidad constitucional.
B. Análisis de los artículos 20, fracción V y 21, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
B.1. Análisis de la porción normativa: "no haber sido condenado por delito que amerite una pena corporal de más de un año de prisión".
B.2. Análisis de la porción normativa: "pero si se tratare de otro delito que lesione su buena fama, éste se considerará inhabilitado para el desempeño del cargo, cualquiera que haya sido la pena impuesta."
C. Análisis del artículo 32, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
A. Parámetro de regularidad constitucional
33. No es la primera vez que este Tribunal Pleno analiza normas que en los requisitos para acceder a algún empleo o cargo público introducen cuestiones relacionadas con el pasado penal de una persona. Por esta razón, deben reiterarse las premisas esenciales de las que se ha partido en dichos asuntos y, también, en caso de ser necesario, se añadirán algunas otras consideraciones atendiendo a los cargos que las normas impugnadas tienen por objeto regular.
34. Al respecto, el Tribunal Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 107/2016,(12) 83/2019(13) y 50/2019,(14) entre otras, sostuvo que la igualdad reconocida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.
35. Así, se ha considerado que el derecho humano de igualdad y la prohibición de discriminación obligan a toda clase de autoridades en el ámbito de sus competencias, pues su observancia debe ser un criterio básico para la producción normativa, para su interpretación y para su aplicación.
36. No obstante, también se ha precisado que, si bien el sentido de la igualdad es colocar a las personas en condiciones de poder acceder a los demás derechos constitucionalmente reconocidos, lo cual implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo siempre, en cualquier momento y circunstancia, y en condiciones absolutas, sino que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio, en forma injustificada. Por tanto, tal principio exige tratar igual a los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30419-3eac5095/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE EMITA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA QUE IM (I.10o.A.59 A (9a.))
- INCONVENCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR LIMITAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, AL (VI.1o.A.58 A (10a.))
- JURISPRUDENCIA QUE DETERMINA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE APLICARLA PARA DECLARAR LA NULIDAD DEL ACTO ADMINIST (I.1o.A.66 A )
- TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, AL APLICAR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE J (VI.3o.A.151 A)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis