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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN LA QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. V. CARGOS PÚBLICOS. EN TÉRMINOS GENERALES, LA IMPOSICIÓN DEL REQUISITO DE NO CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES O NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO PARA EL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, RESULTA INCONSTITUCIONAL. VI. PRINCIPIO DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCES. VII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. VIII. DERECHOS HUMANOS. DIFERENCIAS JURÍDICAS ENTRE DISTINCIÓN Y DISCRIMINACIÓN. IX. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. LAS CALIDADES A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, AL FIJARSE EN UNA LEY DEBEN SER RAZONABLES Y NO DISCRIMINATORIAS. X. REQUISITOS PARA OCUPAR CARGOS PÚBLICOS. LOS CONGRESOS LOCALES CUENTAN CON UNA AMPLIA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULARLOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS NO VULNEREN ALGÚN PRINCIPIO CONSTITUCIONAL, PARTICULARMENTE EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. XI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. DEBE REALIZARSE UNA INTERPRETACIÓN CONFORME CUANDO SE TRATE DEL REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO INTENCIONAL DE ROBO, FRAUDE, FALSIFICACIÓN O ABUSO DE CONFIANZA, PARA CONSIDERAR QUE SÓLO SE ACTUALIZA CUANDO SE TRATE DE CONDENA DEFINITIVA Y LA PERSONA SE ENCUENTRE CUMPLIENDO LA SANCIÓN, A EFECTO DE NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (ARTÍCULO 8, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PERO SI SE TRATARE DE ROBO, FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE CONFIANZA ... ESA PERSONA SE CONSIDERARÁ INHABILITADA PARA EL CARGO, CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA", DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO). XII. TEST DE ESCRUTINIO ORDINARIO. RESULTA APLICABLE PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS DE PRECEPTOS QUE NO INVOLUCRAN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. XIII. DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN GENERAL SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS ARTÍCULOS 1, 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO). XIV. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO PARA OCUPAR LA TITULARIDAD DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE DURANGO, CONSISTENTE EN NO HABER SIDO CONDENADO POR LOS DELITOS DE ROBO, FRAUDE, FALSIFICACIÓN O ABUSO DE CONFIANZA, CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA, VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD, DADO QUE ESTABLECE UNA DISTINCIÓN QUE NO INCIDE DE FORMA DIRECTA E INMEDIATA EN LA CAPACIDAD FUNCIONAL PARA EJECUTAR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LAS RESPECTIVAS FUNCIONES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PERO SI SE TRATARE DE ROBO, FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE CONFIANZA ... ESA PERSONA SE CONSIDERARÁ INHABILITADA PARA EL CARGO, CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA".). XV. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO PARA OCUPAR LA TITULARIDAD DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE DURANGO, CONSISTENTE EN NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO QUE LASTIME LA BUENA FAMA EN EL CONCEPTO PÚBLICO, VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD, YA QUE EL LEGISLADOR REALIZÓ UNA DISTINCIÓN QUE NO ESTÁ ESTRECHAMENTE VINCULADA CON LA CONFIGURACIÓN INHERENTE AL TIPO DE TRABAJO A DESEMPEÑAR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "U OTRO QUE LASTIME SERIAMENTE LA BUENA FAMA EN EL CONCEPTO PÚBLICO, ESA PERSONA SE CONSIDERARÁ INHABILITADA PARA EL CARGO, CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA".). XVI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO TENER CONDENA POR DELITO INTENCIONAL QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN, PERO SI SE TRATARE DE ROBO, FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE CONFIANZA U OTRO QUE LASTIME LA BUENA FAMA EN CONCEPTO PÚBLICO, ESA PERSONA SE CONSIDERARÁ INHABILITADA PARA E

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 155/2022. · Registro digital (IUS): 33591
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-09-05
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.7.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 155/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 26 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: FRIDA RODRÍGUEZ CRUZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el artículo 8, fracción IV, en su porción normativa “pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto público, esa persona se considerará inhabilitada para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, por violación al derecho a la seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación, de acceso a un cargo en el servicio público y al principio de legalidad.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 155/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el artículo 8, fracción IV, en su porción normativa “pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en el concepto público, esa persona se considerará inhabilitada para el cargo, cualquiera que haya sido la pena” de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, expedida mediante Decreto No. 217, publicado el dos de octubre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del Gobierno de Durango.

La porción normativa impugnada establece como requisito para ser titular de las dependencias y entidades de la administración pública local, con las excepciones señaladas en la citada ley, así como en la Constitución local, el que las personas no hayan sido condenadas por delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto público, pues de lo contrario la persona se considerará inhabilitada para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.

1. Presentación de la demanda. El tres de noviembre de dos mil veintidós, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 8, fracción IV, en su porción normativa “pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en el concepto público, esa persona se considerará inhabilitada para el cargo, cualquiera que haya sido la pena” de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, expedida mediante Decreto No. 217, publicado el dos de octubre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango.

2. Conceptos de invalidez. Después de desarrollar lo que estima como alcance de los principios de seguridad jurídica y de legalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su único concepto de invalidez, sostuvo que la porción normativa impugnada es inconstitucional, a la luz de lo siguiente:

a. La porción normativa controvertida no toma en cuenta si la pena está o no vigente o si ya se cumplió aquella, y solo se centra en el tipo de delito o en el daño causado a la buena fama en el concepto público de la persona.

b. La norma impugnada genera incertidumbre jurídica a las personas destinatarias, centrándose en la valoración del tipo penal que se trate, al ser incongruente con la primera parte de la fracción IV del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango “no tener condena por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión”.

c. La porción normativa reclamada excluye a las personas aspirantes a las titularidades de las dependencias y entidades del poder ejecutivo local que hayan actualizado tales conductas punitivas u otras que lastimen la buena fama en el concepto público, es decir, se enfoca en determinados tipos penales. Impide a las personas desempeñarse en los cargos públicos aun cuando la sanción ya haya sido cumplida y aunque la conducta infractora no se relacione directamente con las funciones relativas al empleo del que se trate, por lo que viola los derechos de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo y acceso a un cargo público.

d. El supuesto relativo a “si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza” podría exigir cierta probidad y honestidad en las personas que aspiren a los cargos; sin embargo, desborda su objetivo y termina por excluir a quienes pretendan reinsertarse a la sociedad luego de haber actualizado tales ilícitos. El solo hecho de cometer un delito no tiene la consecuencia de señalar a la persona como un delincuente de por vida o como alguien que carece de honestidad o probidad.

e. No es constitucionalmente válido recurrir a cuestiones morales o prejuicios sociales para asegurar el correcto desempeño de la función en un determinado cargo, dado que ello no garantiza que la persona ejerza correctamente su función, sino que atiende a una cuestión estigmatizante que presume que una persona que ha delinquido carece de determinados valores, lo cual es contrario al derecho penal de acto recogido por la Constitución Federal. Una vez que la persona ha compurgado la pena o sanción respectiva debe estimarse que se encuentra en aptitud de volver a ocupar un cargo público.

f. Este tipo de disposiciones son contrarias a la dignidad de las personas pues tienen por efecto que quienes fueron condenadas sean objeto de una doble sanción: por un lado, la impuesta por el Estado en ejercicio de su facultad punitiva y, por otro, el reproche social posterior a la compurgación de su pena que tiene como consecuencia limitar algunos de sus derechos, una vez que se reinserta en la sociedad.

g. Por tanto, la porción normativa “pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza” es discriminatoria por generar una distinción arbitraria e injusta para ocupar los cargos referidos, además de obstaculizar el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones de aquellas personas que buscan reintegrarse socialmente mediante el desempeño de un servicio público.

h. En cuanto a la porción “u otro que lastime la buena fama en el concepto público”, se hace una distinción entre personas que han sido condenadas por un delito que, a juicio de quien califique el impedimento, lesione su buena fama y aquellas que no o, incluso, que habiéndolo sido, no se estime que su comisión haya ocasionado un detrimento a su buena fama.

i. La norma tiene alcances extremadamente amplios, pues comprende todo tipo de delitos dolosos, graves o no graves, así como aquellos que no guardan relación con las funciones a desempeñar, e incluso los que ni siquiera ameritan pena corporal, pero que podrían estimarse lesivos de la buena fama de una persona.

j. Tal porción es amplia y ambigua, dado que ineludiblemente requiere de una valoración subjetiva de las y los operadores jurídicos, quienes determinarán en qué casos la comisión de un determinado delito y su sanción han restado honorabilidad o reputación a una persona. Ello se traduce en una medida arbitraria, pues dada su amplitud, cualquier delito, incluidos los culposos o a aquellos que por su comisión sólo ameritaron penalidad mínima, pueden ser considerados elementos que mermen la reputación o renombre de una persona, impidiendo que acceda al cargo.

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k. La norma privilegia un aspecto subjetivo al prever un concepto que atiende a una valoración social de lo que debe ser bueno o malo y no a la gravedad de los delitos que por su grado de afectación a la sociedad o que pueda incidir de alguna manera en el adecuado desempeño del cargo. El término “u otro que lastime la buena fama en el concepto público” está permeado de subjetividad intrínseca, pues depende de lo que cada persona opina, practique, quiera entender sobre cuáles son las conductas que cubren sus estándares de buena fama en el espacio público y cuándo serán contrarias a su modelo.

l. En suma, la norma impugnada genera incertidumbre jurídica porque no es congruente con la primera parte del artículo combatido. Además, impide de forma injustificada que las personas que se encuentren en ese supuesto puedan desempeñarse en tales cargos, aun cuando la sanción ya haya sido cumplida y aunque la conducta infractora no se relacione directamente con las funciones relativas al empleo del que se trate, por lo que incide en los derechos de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo y acceso a un cargo público.

m. La porción normativa permite un valor discrecional, pues autoriza a restringir el acceso al cargo cuando el delito “lastime la buena fama en el concepto público”, facultando a la autoridad que califica el perfil, valorar si quien aspira cumple o no con el requisito de acceso al puesto con base en apreciaciones subjetivas, lo que redunda en una transgresión de los derechos de seguridad jurídica y legalidad.

3. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós, el entonces Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibida la demanda y ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 155/2022, así como su turno al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para instruir el procedimiento correspondiente.

4. El catorce de noviembre de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Tuvo como autoridades emisoras de la norma a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Durango y ordenó dar vista para que, dentro del plazo de quince días hábiles, rindieran los informes correspondientes. También se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, hasta antes del cierre de instrucción, manifestaran lo que a su representación correspondiera.

5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Durango. El secretario de servicios jurídicos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango, en representación del Poder Legislativo demandado, rindió informe en los siguientes términos:

a. Reconoció la existencia de la porción normativa impugnada.

b. Señaló que el proceso de creación y publicación de la norma reclamada cumplió con los requisitos legales y constitucionales, lo cual se demuestra con los antecedentes del proceso legislativo.

c. Negó que la norma controvertida sea inconstitucional, pues el no considerar apta para un cargo público a la persona que hubiese cometido uno de los delitos señalados, se hace con el fin de privilegiar el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiera surgir en la persona destinataria de la norma.

d. Reitera que el Congreso local está en aptitud de establecer los requisitos para que las y los ciudadanos puedan acceder a un cargo público, atendiendo a su facultad para organizarse libremente en cuanto a su régimen interno con base en el artículo 133 constitucional. Sus facultades residuales se desprenden de los diversos 73 y 124 constitucionales para crear, modificar o derogar su marco jurídico con base en las necesidades sociales particulares de cada entidad.

e. La autoridad tiene la facultad de poder determinar los requisitos para los perfiles idóneos para el puesto a desempeñar, los cuales no se contraponen con el numeral 123, apartado B, de la Constitución, en el que se dispone que se podrán separar a las personas que no cumplen con los requisitos que señalen las leyes, por lo que, por mayoría de razón, no agravia a la sociedad el establecimiento del requisito impugnado, pues el objetivo de la norma es proteger a la sociedad.

f. El precepto controvertido es acorde con el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La comisión de los delitos mencionados en la norma reclamada colisiona directamente con los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. De ahí que establecer que una persona se encuentra inhabilitada para ocupar un cargo público por ese motivo es constitucional y acorde con el sistema constitucional y legal contra la corrupción.

g. Sostiene la validez de la porción normativa impugnada y del proceso legislativo del que deriva, lo que torna improcedente la acción de inconstitucionalidad.

h. Al armonizar su legislación interna con el modelo constitucional y legal en materia de anticorrupción, el Congreso local procedió a dar cumplimiento a su obligación consignada en el artículo 123, apartado B, de la Constitución.

6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Durango. El Consejero General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Durango rindió su informe en los siguientes términos:

a. Es cierta la promulgación y publicación del Decreto 217 que contiene la porción normativa impugnada.

b. Los actos impugnados fueron ejecutados con fundamento en la fracción II del artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en relación con el numeral 5, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, disposiciones que le facultan y obligan a promulgar y hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado y publicarlas en el periódico oficial de la entidad.

c. En el escrito de demanda no se atribuyen vicios propios a los actos del ejecutivo, ni se enderezan conceptos de invalidez en contra de esos actos, siendo que ello fue realizado en ejercicio de sus facultades y obligaciones constitucionales y legales.

d. La promulgación y publicación de la norma impugnada no transgreden los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, al satisfacerse el requisito de fundamentación, el cual se cumple cuando la autoridad que expide el ordenamiento está constitucionalmente facultada y respecto al requisito de motivación se colma cuando las leyes que se emiten se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas.

7. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no presentaron opinión alguna.

8. Alegatos y cierre de la instrucción. Seguido el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos de la delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por acuerdo de once de abril de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad.(1)

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

10. La disposición impugnada es de contenido siguiente:

Artículo 8.

Para ser titular de las dependencias y entidades, con excepción de las mencionadas en la Constitución del Estado y en esta Ley, se requiere:

I. Tener la ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos;

II. Haber cumplido 21 años de edad para el día de la designación;

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos;

IV. Gozar de buena reputación y no tener condena por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en concepto público, esa persona se considerará inhabilitada para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y

V. Rendir la protesta de ley conforme lo dispone al artículo 174 de la Constitución del Estado.

11. En el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demanda la invalidez del artículo 8, fracción IV, en su porción normativa “pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en el concepto público, esa persona se considerará inhabilitada para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango.

III. OPORTUNIDAD

12. En este caso la acción es oportuna, pues la norma impugnada fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango el dos de octubre de dos mil veintidós, por lo que el plazo de treinta días(2) para la presentación transcurrió del tres de octubre al uno de noviembre de dos mil veintidós, pero al haber concluido en día inhábil,(3) como lo dispone el artículo 60 de la ley reglamentaria, la accionante podía presentar la demanda el primer día hábil siguiente, esto es, el tres de noviembre de dos mil veintidós.

13. Por tanto, si la demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de noviembre de dos mil veintidós, su presentación resulta oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

14. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada para tal efecto, pues la demanda fue presentada por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, órgano facultado para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales y las emitidas por las entidades federativas que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que México sea parte, en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución.(4)

15. En el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demanda la invalidez del artículo 8, fracción IV, en su porción normativa “pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en el concepto público, esa persona se considerará inhabilitada para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;”, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, que, alega, trasgrede los derechos a la seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación, de acceso a un cargo en el servicio público, libertad de trabajo y principio de legalidad.

16. En ese orden de ideas, la demanda fue presentada por persona legitimada para ello, pues lo hizo María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta(5) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con la copia certificada de la designación en ese cargo emitida por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

17. El Poder Ejecutivo demandado manifestó que, los actos impugnados fueron ejecutados con fundamento en la fracción II del artículo 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, en relación con el numeral 5, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, disposiciones que lo facultan y obligan a promulgar y hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado y publicarlas en el periódico oficial de la entidad. Además, no se atribuyen vicios propios a sus actos, ni se enderezan conceptos de invalidez en su contra, siendo que ello fue realizado en ejercicio de sus facultades y obligaciones constitucionales y legales.

18. Si bien esas manifestaciones no son una causa de improcedencia propiamente dicha, lo cierto es que, como se ha hecho en diversos precedentes, deben desestimarse esos argumentos, ya que como ha precisado este Tribunal Pleno, dicho Poder Ejecutivo tiene una verdadera injerencia en el proceso legislativo de la norma general para otorgarle validez y eficacia, esto es, está implicado en la promulgación y publicación de la ley impugnada.(6)

19. Por su parte, el Poder Legislativo demandado sostuvo la validez de la porción normativa impugnada y del proceso legislativo del que deriva, lo que torna improcedente la acción de inconstitucionalidad.

20. Debe desestimarse esa causal de improcedencia, toda vez que la validez o invalidez de la porción normativa impugnada es una cuestión que atañe al fondo.(7) 21. Las partes no hicieron valer alguna otra causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Pleno, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.

VI. ESTUDIO DE FONDO

22. Para efectos de mayor claridad en cuanto al estudio de la porción normativa impugnada, este Tribunal Pleno estima pertinente primeramente explicar: i) el parámetro de regularidad constitucional aplicable al caso; ii) realizar el estudio de la porción normativa “pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza”; y iii) posteriormente de la porción normativa “u otro que lastime la buena fama en el concepto público”, en el entendido de que, de acuerdo con la redacción de la norma, en ambos supuestos la persona se considerará inhabilitada para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

A. Parámetro de regularidad constitucional.

23. Esta Suprema Corte ha analizado un requisito similar al que se impugna en otros casos. En efecto, en las acciones de inconstitucionalidad 107/2016,(8) 85/2018,(9) 86/2018,(10) 50/2019,(11) 125/2019,(12) 108/2020,(13) 117/2020,(14) 118/2020,(15) 300/2020,(16) 100/2021 y su acumulada 101/2021,(17) así como en la 165/2021(18) se concluyó, en términos generales, que la imposición del requisito de no contar con antecedentes penales o no haber sido condenado por delito doloso para el ejercicio de un cargo público resultaba inconstitucional.

24. En los precedentes se retomó la línea jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que se refiere al principio de igualdad contenido en el artículo 1o. de la Constitución Federal. Este derecho humano consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.

25. El principio de igualdad no significa que todas las personas deban ser tratadas de la misma manera en todo momento, en cualquier circunstancia y en condiciones absolutas, sino que la diferencia de trato debe fundamentarse en el hecho de que las personas se encuentren en situaciones distintas y que esto amerite un trato diferenciado. Esto es, el principio de igualdad exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, partiendo del entendimiento de que, si bien, en ocasiones hacer distinciones estará constitucionalmente prohibido, en otras no solo estará permitido, sino que será constitucionalmente exigido.(19)

26. Asimismo, de acuerdo con el desarrollo jurisprudencial relativo al derecho a la igualdad, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en su jurisprudencia 1a./J. 125/2017 (10a.)(20) que el derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se han identificado como, igualdad en sentido formal o de derecho).

27. El principio de igualdad ante la ley obliga a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente.

28. Mientras que el principio de igualdad en la ley opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.

29. También se ha destacado que el derecho humano a la igualdad no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual tiene por objeto remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.

30. En esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recientemente, en el Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus vs. Brasil, sostuvo que el derecho a la igualdad tiene dos dimensiones: la primera es la formal, que establece la igualdad ante la ley, y la segunda es la material o sustancial, que ordena la adopción de medidas positivas de promoción a favor de grupos históricamente discriminados o marginados.

31. Bajo esta línea, señaló que el derecho a la igualdad implica la obligación de adoptar medidas para garantizar que la igualdad sea real y efectiva, es decir, corregir las desigualdades existentes para promover la inclusión y participación de los grupos históricamente marginados, garantizar a las personas o grupos en desventaja el goce efectivo de sus derechos y, en suma, brindar a las personas posibilidades concretas de ver realizada, en sus propios casos, la igualdad material.(21)

32. Ahora bien, como fue resaltado por este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 263/2020,(22) no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, pues la distinción y la discriminación son jurídicamente diferentes, ya que mientras la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos.

33. Adicionalmente, en dicho asunto se destacó que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que todos los ciudadanos deben gozar del derecho y oportunidad de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.(23)

34. En los mismos términos, el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal dispone como un derecho de la ciudadanía el poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley.(24)

35. Así, en el ámbito de su competencia, las legislaturas locales o el Congreso de la Unión gozan de una amplia configuración para definir en las leyes secundarias las calidades necesarias para que una persona pueda ser nombrada para cualquier empleo o comisión del servicio público; no obstante, se ha interpretado que, cuando se utiliza el término “las calidades que establezca la ley”, se refiere a cuestiones que son inherentes a la persona y no así a aspectos extrínsecos a esta.(25)

36. Por tanto, será necesario que los requisitos estén directamente relacionados con el perfil idóneo para el desempeño de la respectiva función, lo que exige criterios objetivos y razonables a fin de evitar la discriminación a personas que potencialmente tengan las calificaciones, capacidades o competencias (aptitudes, conocimientos, habilidades, valores, experiencias y destrezas) necesarias para desempeñar con eficiencia y eficacia el correspondiente empleo o comisión.

B. Análisis del artículo 8, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango.

37. La disposición que a continuación se analiza es del contenido literal siguiente:

Artículo 8

Para ser titular de las dependencias y entidades, con excepción de las mencionadas en la Constitución del Estado y en esta Ley, se requiere:

(...)

IV. Gozar de buena reputación y no tener condena por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en el concepto público, esa persona se considerará inhabilitada para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y”

38. Las porciones impugnadas de la fracción transcrita prevén, en realidad, dos requisitos distintos. En primer lugar, que la persona no haya sido condenada por los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y, en segundo lugar, si se trató de un delito que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, la norma señala que la persona se considerará inhabilitada para ejercer el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

39. Este Tribunal Pleno considera que entre esos requisitos existen diferencias que justifican que su análisis se haga por separado.

B.1. Análisis de la porción normativa “si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza ... esa persona se considerará inhabilitada para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”.

40. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que con motivo de la porción normativa analizada una persona no podrá desempeñarse en los cargos de titular de las dependencias y entidades de la administración pública local si cometió los delitos de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, pues se le considerará inhabilitada para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, lo cual es una distinción arbitraria e injusta. Además, obstaculiza el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones de aquellas personas que buscan reintegrarse socialmente mediante el desempeño de un servicio público.

41. En primer lugar, debe decirse que le asiste razón al Poder Legislativo del Estado en cuanto señala que cuenta con libertad de configuración para regular los requisitos que deben cumplir las personas que aspiren a los mencionados cargos; sin embargo, lo cierto es que dicha libertad no puede entenderse como absoluta, pues en su ejercicio no podrán dejar de observarse otros preceptos constitucionales, particularmente, el artículo 1° de la Constitución Federal, que consagra el derecho humano a la igualdad y no discriminación.

42. Siendo así, atendiendo al parámetro de regularidad expuesto, el concepto de invalidez formulado por la accionante resulta en esencia fund

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33591-418d0df7/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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