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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. EXIGE TRATAR IGUAL A LOS IGUALES Y DESIGUAL A LOS DESIGUALES, DE MANERA QUE HABRÁ OCASIONES EN QUE HACER DISTINCIONES ESTARÁ VEDADO, Y HABRÁ OTRAS EN LAS QUE NO SÓLO ESTARÁ PERMITIDO, SINO QUE RESULTARÁ CONSTITUCIONALMENTE EXIGIDO. IV. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. PARA ANALIZAR LA RAZONABILIDAD DE CUALQUIER REQUISITO DE ACCESO A UN CARGO PÚBLICO ES NECESARIO CONOCER LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑARÁ LA PERSONA QUE LO OCUPE. V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA PARA ANALIZAR LA RAZONABILIDAD DE LOS REQUISITOS DE ACCESO A UN CARGO PÚBLICO NO ELECTIVO. VI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO CONDENADAS POR DELITO INTENCIONAL QUE AMERITE PENA DE PRISIÓN DE MÁS DE UN AÑO Y QUIENES NO, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE OCUPAR LA TITULARIDAD DEL INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "INTENCIONAL QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SI SE TRATARA", DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. ANÁLISIS DEL REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO INTENCIONAL QUE AMERITE PENA DE PRISIÓN DE MÁS DE UN AÑO, PARA ACCEDER A LA TITULARIDAD DEL INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSÍ (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "INTENCIONAL QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SI SE TRATARA", DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VIII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ANÁLISIS DEL REQUISITO QUE PREVÉ UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO CONDENADAS POR UN DELITO QUE, A JUICIO DE QUIEN CALIFIQUE EL IMPEDIMENTO, LESIONE SERIAMENTE SU BUENA FAMA, Y AQUELLAS QUE NO HAN SIDO CONDENADAS POR UN DELITO O, INCLUSO, QUE HABIÉNDOLO SIDO NO SE CONSIDERE QUE HAYA LESIONADO SERIAMENTE SU BUENA FAMA, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE OCUPAR LA TITULARIDAD DEL INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSÍ (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "U OTRO QUE AFECTE SERIAMENTE LA BUENA FAMA", DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). IX. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. ANÁLISIS DE LA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO CONDENADAS POR UN DELITO QUE, A JUICIO DE QUIEN CALIFIQUE EL IMPEDIMENTO, LESIONE SERIAMENTE SU BUENA FAMA, Y AQUELLAS QUE NO HAN SIDO CONDENADAS POR UN DELITO O, INCLUSO, QUE HABIÉNDOLO SIDO NO SE CONSIDERE QUE HAYA LESIONADO SERIAMENTE SU BUENA FAMA, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE OCUPAR LA TITULARIDAD DEL INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSÍ (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "U OTRO QUE AFECTE SERIAMENTE LA BUENA FAMA", DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). X. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. ANÁLISIS DEL REQUISITO DE NO HABER SIDO INHABILITADO NI REMOVIDO POR CAUSA GRAVE EN EL CARGO PÚBLICO PARA SER TITULAR DEL INSTITUTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, COORDINADOR O COORDINADORA DE AUDITORÍAS ESPECIALES Y DE AUDITORA O AUDITOR ESPECIAL.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 199/2023. · Registro digital (IUS): 33625
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-09-12
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.1047.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 199/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 24 DE FEBRERO DE 2025. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: EDUARDO ROMÁN GONZÁLEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos. El primero de septiembre de dos mil veintitrés, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el Decreto número 0814, mediante el cual fue expedida la Ley de Fiscalización Superior de dicha entidad federativa.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de diversos artículos de dicha ley, en los que se contemplan los requisitos de no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión u otro que afecte seriamente la buena fama y no haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado; los cuales se exigen para acceder a diversos cargos de Instituto de Fiscalización Superior.

La Comisión argumenta que dichos requisitos vulneran los principios de igualdad y no discriminación, así como los derechos humanos de acceso a un cargo o servicio público en igualdad de condiciones, de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 199/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversas disposiciones contenidas en el Decreto número 0814, mediante el cual fue expedida la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el primero de septiembre de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Antecedentes de la norma impugnada. El primero de septiembre de dos mil veintitrés, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el Decreto número 0814, mediante el cual fue expedida la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí.

2. Presentación de la acción de inconstitucionalidad. El dos de octubre de dos mil veintitrés, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la presente acción de inconstitucionalidad, en la que demandó la invalidez de los artículos 77, fracciones II, en las porciones normativas "intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión, sin perjuicio de lo anterior, si se tratara" y "u otro que afecte seriamente la buena fama", y VII; y 83, fracción II, en la porción normativa "y VII", de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí.(1)

3. Artículos constitucionales y convencionales violados. En su demanda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló como violados los artículos 1°, 14, 16 y 35, fracción VI, de la Constitución Política del país; 1, 2, 9, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4. Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez la Comisión accionante planteó inicialmente que los artículos impugnados son inconstitucionales porque:

• Son contrarios a los derechos de igualdad y no discriminación, seguridad jurídica, legalidad y acceso a un cargo público

• Impiden de manera injustificada que las personas que se encuentran en dichas hipótesis puedan acceder al cargo público.

• Limitan de forma genérica los derechos de las personas que fueron sentenciadas por cualquier delito intencional o que afecten seriamente la buena fama, sin considerar la pena impuesta; incluso cuando hayan sido inhabilitadas para desempeñar el cargo público sin considerar si las conductas sancionadas están relacionadas con las funciones de dichos cargos.

• Si bien las funciones de los cargos de mérito se circunscriben a desempeñar funciones de gestión administrativa, técnica, profesional y de auditoría-fiscalización, lo cierto es que se trata de una restricción demasiado amplia cuya exclusión es injustificada.

• La generalidad y la amplitud de la exigencia reclamada, al ser sobreinclusiva genera un escenario absoluto de prohibición que abarca un cúmulo de supuestos que impiden realizar un análisis comparativo entre las funciones y las conductas ilícitas, que permitan verificar la razonabilidad de la medida.

5. En específico, la Comisión señala sobre el requisito de no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión previsto en la primera parte de la fracción II, del artículo 77, que resulta inválido porque es:

• Una restricción irrazonable que atenta contra el derecho de acceso a un cargo público en condiciones de igualdad, al excluir de manera injustificada a todas las personas que fueron condenadas por cometer un delito intencional, sin considerar si los delitos están relacionados con las funciones de dichos cargos.

• Sobreinclusivo, pues no distingue entre delitos graves y no graves; no contiene límite temporal; no distingue entre quienes ya cumplieron con la respectiva sanción y aquellas que siguen vigentes o surtiendo sus efectos; y no distingue entre delitos relacionados con las funciones del cargo y los que no tienen relación.

• Contrario al derecho de igualdad y no discriminación pues establece una distinción que no tiene necesariamente una relación estrecha con la configuración de un perfil personal inherente a las funciones a desempeñar en el cargo público que se trata.

6. En cuanto al requisito de no haber sido condenado por cualquier otro delito que afecte seriamente la buena fama, que prevé la última parte de la fracción II, del artículo 77, argumenta que resulta inconstitucional porque:

• Sus alcances resultan extremadamente amplios aún en mayor medida que la porción contenida en la primera parte de la misma fracción.

• Resulta amplio y ambiguo, dado que ineludiblemente requiere una valoración subjetiva, que depende de factores ajenos a aquellos relacionados con las calidades requeridas para el desempeño del cargo público.

• Es una medida arbitraria que impide que las personas accedan a los cargos públicos, en detrimento del derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

• La norma privilegia un aspecto subjetivo al prever un concepto que atiende a una valoración social y no a un elemento objetivo.

• Es una prohibición absoluta y sobreinclusiva que excluye a priori y sin distinción a las personas que han cumplido una pena y se han reinsertado en la sociedad, creando una condición estigmatizante.

• No es constitucionalmente válido recurrir a cuestiones morales o prejuicios sociales, dado que es una cuestión estigmatizante que presume que una persona que ha cometido un delito lo seguirá haciendo en un futuro, lo cual es contrario al derecho penal del acto.

• Se vulnera la dignidad de las personas, pues tiene por efecto que quienes fueron condenados sean objeto de una doble sanción; la impuesta en ejercicio de la facultad punitiva del Estado con motivo de la comisión de un delito y, por otro, el reproche social posterior a la compurgación de su pena que tiene como consecuencia limitar alguno de sus derechos, una vez que se reinserta en la sociedad.

• Se trata de un requisito que no tiene una relación estrecha con el cargo público a desempeñar, sino más bien con su honor y reputación, a partir de no haber incurrido nunca en el pasado en una conducta sancionada por el derecho penal.

7. En otra parte de su concepto de invalidez, la Comisión accionante alega que el requisito de no haber sido inhabilitada o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en servicio público, que prevén los artículos 77, fracción II, y 83, fracción II, también resulta inválido dado que:

• Contiene hipótesis irrazonables y desproporcionales pues no permite identificar si la inhabilitación se impuso por resolución firme de naturaleza administrativa, civil o política o incluso penal; no distingue entre sanciones impuestas por conductas dolosas o culposas, ni entre faltas o delitos graves o no graves; no contiene un límite temporal; y no distingue entre quienes ya cumplieron con la respectiva sanción o pena y entre aquellas que siguen vigentes o surtiendo sus efectos.

• Abarca un gran número de posibles supuestos que impide valorar si tienen una relación directa con las capacidades necesarias para desempeñar el cargo público.

• Tiene un efecto inusitado y trascendente, que incide indirectamente en la prohibición establecida en el artículo 22 constitucional, en tanto que sanciones impuestas a una persona en un tiempo determinado, adquieren un efecto de carácter permanente durante toda su vida.

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes ya ha declarado la invalidez de este requisito por ser sobreinclusivo.

• Estos mismos razonamientos son aplicables para la exigencia de no haber sido removido por causa grave de algún cargo público.

8. Finalmente, respecto de los tres requisitos impugnados, argumenta que:

• Resultan desproporcionados porque excluyen de forma injustificada a un sector de la población de la posibilidad de ocupar los cargos públicos mencionados, trasgrediendo la igualdad y no discriminación.

• No se hace una distinción basada en una categoría sospechosa, por lo que procede analizarlas conforme a un escrutinio ordinario.

• Los requisitos impugnados podrían cumplir con el primer nivel de escrutinio, pues existe una finalidad constitucionalmente válida consistente en la configuración de un perfil inherente al tipo de trabajo a desempeñar en los cargos públicos mencionados.

• Sin embargo, no cumplen con el segundo punto del escrutinio, pues dichas restricciones no están conectadas con el cumplimiento del fin constitucionalmente válido; por tanto, es innecesario verificar si la medida constituye un medio proporcional.

• En consecuencia, los requisitos impugnados no aprueban un escrutinio ordinario de razonabilidad.

• Son discriminatorias por generar una distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta.

9. Registro y turno. Por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente, registrar la acción de inconstitucionalidad bajo el número 199/2023 y turnarla a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que instruyera el procedimiento correspondiente.

10. Admisión. El catorce de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, tuvo como parte actora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, y los emplazó para que rindieran los respectivos informes de ley. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara pedimento, así como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

11. Informe del Poder Ejecutivo de San Luis Potosí. El diez de enero de dos mil veinticuatro, Miguel Ángel Méndez Montes, en su carácter de Consejero Jurídico del Estado, rindió el informe correspondiente al Poder Ejecutivo, en el que expuso que:

• El Poder Ejecutivo actuó en cumplimiento de facultades y obligaciones previstas en diversos preceptos legales, por lo que la promulgación y publicación de la ley impugnada es constitucional.

• La ley calificada como inválida por la Comisión no vulnera derechos fundamentales de manera directa o indirecta, motivo por el cual no se hicieron observaciones al proyecto de ley, que se discutió y votó en el Congreso local.

12. Informe del Poder Legislativo de San Luis Potosí. El veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, la Diputada Dolores Eliza García Román, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente y Representante Legal de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, rindió su informe en el que se posicionó por la validez de las normas y en concreto señaló lo siguiente:

• Libertad de configuración del congreso local. Las etapas del proceso legislativo se cumplieron a cabalidad; y la legislatura estatal cuenta con libertad de configuración normativa para establecer los requisitos impugnados, en tanto que la Constitución federal y la local le otorgan esa facultad.

• No se vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, acceso a un cargo en el servicio público, libertad de trabajo y presunción de inocencia. Los requisitos previstos en las normas controvertidas benefician el interés social de su población pues buscan garantizar que las personas servidoras públicas cuenten con un perfil acorde para el desempeño de sus funciones dada la relevancia de sus atribuciones; además constituye una forma de garantizar la buena reputación de quien ocupa el cargo público.

13. Mediante acuerdo de ocho de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora tuvo a los mencionados Poderes Legislativo y Ejecutivo rindiendo sus respectivos informes.

14. Pedimento. Ni la Fiscalía General de la República, ni la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, formularon pedimiento o realizaron manifestación alguna.

15. Alegatos y cierre de la instrucción. Seguido el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos de la Comisión accionante, así como de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de San Luis Potosí, por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

16. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada,(2) así como en el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario número 1/2023,(3) publicado el tres de febrero de dos mil veintitrés y modificado mediante instrumento normativo de diez de abril de dos mil veintitrés, publicado el catorce de abril siguiente(4) –aplicables en términos del artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro–,(5) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí y normas de derechos humanos de rango constitucional y convencional.

II. OPORTUNIDAD

17. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política del país dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general impugnada sea publicada en el correspondiente medio oficial y que, si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse hasta el día hábil siguiente.(6)

18. En el presente caso tenemos que la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí fue publicada en el Periódico Oficial de esta entidad federativa el primero de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo para presentar la acción transcurrió del sábado dos de septiembre al domingo primero de octubre de dos mil veintitrés. En virtud de que el último día del plazo fue inhábil, la demanda podía presentarse al día hábil inmediato siguiente.

19. La demanda se presentó el lunes dos de octubre de dos mil veintitrés, es decir, al día hábil siguiente a la fecha de la conclusión del plazo con el que contaba, por lo que resulta oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

20. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país dispone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes estatales que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales.

21. Por otro lado, el artículo 11, párrafo primero, aplicable a las acciones de inconstitucionalidad en términos del diverso 59, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia,(7) establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

22. En este caso, el escrito inicial fue suscrito por la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia certificada de su designación, expedida por el Senado de la República para un periodo de cinco años que concluirá el quince de noviembre de dos mil veinticuatro.

23. Dicha funcionaria ostenta la representación de la Comisión y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su Reglamento Interno.(8)

24. Aunado a ello, en el presente caso se plantea la incompatibilidad de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí con la Constitución Política del país y tratados internacionales, por considerar que se violan los derechos a la igualdad y no discriminación, acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, seguridad jurídica y al principio de legalidad.

25. Así, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y al haber sido promovida por la representante legal de dicho órgano, procede reconocer su legitimación en este caso.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

26. El Poder Ejecutivo de San Luis Potosí expuso en su informe que su participación en el proceso legislativo se limitó a la promulgación de la ley impugnada, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales locales aplicables. A su vez, argumentó que la ley impugnada es un acto material y formalmente legislativo, producto de la deliberación realizada por parte del Congreso de esa entidad federativa. Si bien la autoridad no planteó este argumento como una causa de improcedencia, conviene pronunciarse al respecto.

27. Dicho planteamiento debe desestimarse, dado que los poderes Ejecutivos, al promulgar la legislación correspondiente, se encuentran implicados en su emisión y, por ende, deben responder por la validez de su intervención en el proceso de creación normativa, como lo ha sostenido este Tribunal Pleno en su jurisprudencia P./J. 38/2010.(9)

28. Al no haberse planteado ni advertirse de oficio alguna otra causa de improcedencia, ni motivo de sobreseimiento, a continuación se procede al estudio de fondo respecto de los temas planteados por la accionante.

V. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

29. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la invalidez de los siguientes artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí:

• Artículo 77, fracción II, en las porciones normativas "intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara" y "u otro que afecte seriamente la buena fama", relativas a los requisitos para ocupar el cargo de titular del Instituto de Fiscalización Superior. • Artículo 77, fracción VII; y 83, fracción II, en la porción normativa "y VII", los cuales hacen referencia al requisito de no haber sido inhabilitada o inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado para acceder a los cargos de titular del Instituto de Fiscalización Superior, Coordinadora o Coordinador de Auditorias Especiales y de Auditora o Auditor Especial, respectivamente.

30. De lo anterior, este Tribunal Pleno identifica que los conceptos de invalidez planteados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se enfocan en el análisis de constitucionalidad de los requisitos de no haber sido condenado por delito intencional u otro que afecte seriamente la buena fama y no haber sido inhabilitado para desempeñar el cargo público, ni removido por causa grave, para acceder a los cargos antes mencionados dentro del Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí.

31. En ese sentido, las fracciones impugnadas prevén, en realidad tres requisitos distintos que justifican su análisis por separado, lo cual se abordará de tal manera en el siguiente apartado.

VI. ESTUDIO DE FONDO

32. Por cuestión de método, el estudio de fondo se divide de la siguiente manera para dar respuesta a los planteamientos de la accionante, de acuerdo con los requisitos para acceder a los cargos públicos que se impugnan:

1) Parámetro de regularidad y metodología de análisis.

2) Requisito de no haber sido condenado por delito intencional que amerite penal corporal de más de un año, para ocupar la titularidad del Instituto de Fiscalización Superior (análisis de constitucionalidad del artículo 77, fracción II, en la porción normativa "intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara").

3) Requisito de no haber sido condenado por delito que afecte seriamente la buena fama para ser titular del Instituto de Fiscalización Superior (análisis de constitucionalidad del artículo 77, fracción II, en la porción normativa "u otro que afecte seriamente la buena fama").

4) Requisitos de no haber sido inhabilitado ni removido en el cargo público para ser titular del Instituto de Fiscalización Superior, Coordinador o Coordinadora de Auditorías Especiales y de Auditora o Auditor Especial (análisis de constitucionalidad del artículo 77, fracción VII, y 83, fracción II, en la porción normativa "y VII").

VI.1. Parámetro de regularidad y metodología de análisis

33. Derecho a la igualdad en el acceso a cargos públicos. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en múltiples ocasiones que el derecho a la igualdad, previsto en el párrafo quinto del artículo 1º constitucional,(10) se expresa a través de un principio adjetivo, el cual consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.

34. En ese sentido, se ha considerado que el derecho humano a la igualdad y la prohibición de discriminación obligan a toda clase de autoridades en el ámbito de sus competencias, pues su observancia debe ser un criterio básico para la producción normativa, para su interpretación y para su aplicación.

35. También se ha precisado que, si bien el sentido de la igualdad es colocar a las personas en condiciones de poder acceder a los demás derechos constitucionalmente reconocidos, lo cual implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo siempre, en cualquier momento y circunstancia, y en condiciones absolutas, sino que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio, en forma injustificada. Por tanto, tal principio exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de manera que habrá ocasiones en que hacer distinciones estará vedado, y habrá otras en las que no sólo estará permitido, sino que resultará constitucionalmente exigido.(11)

36. Ahora, el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Política del país, condiciona el ejercicio del derecho de acceso a un cargo público a poseer las calidades que establezca la ley.(12)

37. En relación con dicho concepto, el Tribunal Pleno ha reiterado en diversos precedentes que por calidades la Constitución se refiere a "las características de una persona que revelen un perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia, el empleo o comisión que se le asigne, lo que debe concatenarse con el respeto al principio de eficiencia".(13)

38. Lo anterior impone un primer vínculo a las legislaturas, federal y de las entidades federativas, en cuanto a la definición de los requisitos de acceso a un cargo público, consistente en que éstos deben ser razonables en función del perfil que resulte deseable para ejercer dicho cargo, lo cual se deduce de las facultades que ejercerá.

39. Un segundo vínculo que genera para las legislaturas, federal y estatales, consiste en respetar el principio de igualdad y no discriminación. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 23.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos no consagra el derecho de acceder a un cargo público, sino el de hacerlo en condiciones generales de igualdad, lo cual, supone, entre otras cosas, que las personas no sean objeto de discriminación en el ejercicio de este derecho.(14)

40. En términos similares, este Tribunal Pleno ha sostenido en la citada jurisprudencia 123/2005, que la Constitución Política del país impone la obligación de no exigir requisito o condición alguna que no sea referible a los principios de mérito y capacidad para el acceso a la función pública, de manera que violan este derecho aquellos requisitos que establezcan una diferencia discriminatoria entre las personas ciudadanas.

41. Por lo tanto, cuando el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas definen las calidades necesarias para que una persona acceda a un cargo público, es necesario que los requisitos establecidos estén directamente relacionados con el perfil idóneo para su desempeño. Lo cual exige criterios objetivos y razonables que eviten discriminar a personas que potencialmente tengan las competencias necesarias para desempeñar con eficiencia y eficacia el correspondiente cargo.(15)

42. En cambio, si los requisitos están formulados de manera arbitraria y genérica, sin correlacionarlos con el tipo de función a realizar, ello se traduce en una sobreinclusión que genera un trato diferenciado e injustificado en el acceso a determinados cargos públicos de personas que potencialmente tengan las competencias necesarias para desempeñarlos con eficiencia y eficacia, lo que constituye una discriminación contraria a la Constitución.

43. En consecuencia, para analizar la razonabilidad de cualquier requisito de acceso a un cargo público es necesario conocer las funciones que desempeñará la persona que lo ocupe. Pues sólo de esa manera es posible determinar si el requisito guarda una relación directa con el perfil idóneo para desempeñar esa función o si excluye a determinadas personas en forma irrazonable y discriminatoria de la posibilidad de acceder a él.

44. Metodología de análisis. En relación con la metodología para analizar la razonabilidad de los requisitos de acceso a un cargo público no electivo, el Tribunal Pleno, en diversos precedentes,(16) ha sostenido que, en primer lugar, se debe comprobar si el legislador estableció una distinción. Es decir, debe verificarse que se haya excluido a algún colectivo de un beneficio otorgado a otro colectivo similar, o bien, que se hayan establecido regímenes jurídicos diferenciados para supuestos de hecho similares.

45. Si se comprueba que el legislador efectivamente realizó una distinción, entonces es necesario, en segundo lugar, elegir el nivel de escrutinio que debe aplicarse para analizar dicha distinción ya sea un test estricto u ordinario.

46. En tercer lugar, se debe desarrollar cada una de las etapas del test que se haya elegido, en el entendido de que, si la norma no supera alguna de dichas etapas, no será necesario desarrollar las siguientes, pues habrá quedado acreditada su inconstitucionalidad.

47. Con base en esta metodología y a la luz del parámetro de regularidad antes definido, a continuación se procede al análisis de los requisitos impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

VI.2. Requisito de no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena de prisión de más de un año, para ocupar la titularidad del Instituto de Fiscalización Superior (artículo 77, fracción II, en la porción normativa "intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara")

48. En el proyecto de sentencia que se sometió a consideración del Tribunal Pleno se proponía: a) analizar la razonabilidad del requisito impugnado; b) calificar como infundado el concepto de invalidez de la Comisión accionante y c) reconocer la validez del artículo 77, fracción II, en la porción normativa "intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara", de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el primero de septiembre de dos mil veintitrés.

49. No obstante, al tomarse la votación se registró un empate de cuatro votos a favor de las señoras Ministras y de los señores Ministros Esquivel Mossa por consideraciones distintas, Batres Guadarrama en contra de la metodología, Ríos Farjat y Presidente en funciones Pérez Dayán. La señora Ministra y los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Ortiz Ahlf y Laynez Potisek votaron en contra.

50. En consecuencia, dado el resultado obtenido, e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33625-5cf24449/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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