I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES (LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN III, 42, FRACCIÓN III, 59, FRACCIÓN II, 142 Y 143 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). VI. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 128, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VII. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. LAS LEGISLATURAS ESTATALES CARECEN DE FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA REGULAR LO RELATIVO A LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA EN EL CARGO DE FACILITADOR DENTRO DE SUS FISCALÍAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 128, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). VIII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS CONDENADAS POR DELITO DOLOSO Y AQUELLAS QUE NO, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER NOMBRADA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES) IX. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO PARA SER TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CONSTITUYE UNA MEDIDA SOBREINCLUSIVA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 86, FRACCIÓN III Y 128, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 112/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 16 DE MARZO DE 2023. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: RAMÓN EDUARDO LÓPEZ SALDAÑA Y EDUARDO ROMÁN GONZÁLEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciséis de marzo de dos mil veintitrés.
VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 112/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Antecedentes de la norma impugnada. El veinte de enero de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el Decreto Número 300 mediante el cual fue expedida una nueva la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
2. SEGUNDO.—Presentación de la acción de inconstitucionalidad. El diecinueve de febrero de dos mil veinte, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los artículos 14, fracción III, 42, fracción III, 59, fracción III, 86, fracción III, 128, fracción IV, 142 y 143 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.(1)
3. TERCERO.—Artículos constitucionales violados. En su demanda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló como violados los artículos 1o., 5o., 14, 16, 20, apartado B, fracción I y 35 de la Constitución Política del País; 1, 2, 8.2, 9 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 14.3 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
4. CUARTO.—Conceptos de invalidez. En su primer concepto de invalidez la Comisión accionante planteó, en primer lugar, que el requisito de no haber sido condenado por delito doloso para ser titulares de las Vicefiscalías, Unidades Auxiliares Sustantivas, Unidades Auxiliares Adjetivas y del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Aguascalientes, así como para ser designado y permanecer en el cargo de facilitador, previsto, respectivamente, en los artículos 14, fracción III, 42, fracción III, 59, fracción III, 86, fracción III y 128, fracción IV, en su primera parte, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, es inconstitucional porque:
• Impide de forma injustificada que las personas que han sido sentenciadas por cualquier delito doloso puedan desempeñar esos cargos, aun cuando dicha sanción ya hubiese sido cumplida.
• Atenta contra la libertad de trabajo y el acceso a un cargo público.
• Es discriminatorio porque limita en forma genérica a las personas sentenciadas por cualquier delito doloso, sin considerar si los delitos están relacionados con las funciones de dichos cargos.
• Da un trato inferior a las personas que hayan recibido una condena por delito doloso, respecto de las demás personas que no la hayan recibido.
• El haber sido condenado por delito doloso forma parte de la vida privada de una persona en el pasado y su proyección social; por lo que no es dable que por esa razón se le excluya de participar en asuntos que atañen a su comunidad.
• Una vez que una persona ha compurgado una sanción penal, se debe considerar que se encuentra en aptitud de ocupar un cargo público.
5. En segundo lugar, dentro del mismo primer concepto de invalidez, señala que el requisito de no estar sujeto a un proceso penal para ser nombrado y permanecer en el cargo de facilitador, previsto en la segunda parte de la fracción IV del artículo 128 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, es inconstitucional porque:
• Excluye injustificadamente de dicho cargo público a aquellas personas que sujetas a un procedimiento de ese tipo, sin que se haya determinado su responsabilidad en la comisión de un ilícito.
• Resulta contrario al principio de presunción de inocencia, pues no existe una razón válida para no permitir que pueda acceder a un cargo público, máxime que no ha sido acreditada su culpabilidad.
• Genera un espectro de discriminación, que tiene como consecuencia la exclusión de las personas que se encuentran en tal condición, asumiendo su responsabilidad penal.
• Coloca en un mismo plano de igualdad tanto a la persona condenada como a la sujeta a un proceso penal por delito doloso. No es dable dar ese tratamiento pues, conforme al principio de presunción de inocencia, goza de la presunción de inocencia hasta que se emita una resolución que demuestre lo contrario.
• Contraviene el principio de presunción de inocencia ya que el legislador sanciona ex ante a las personas que aspiren a ser facilitadores, al impedir el acceso a esa función sin haberse comprobado su culpabilidad.
• Contraviene el principio de presunción de inocencia como regla de trato en su vertiente extraprocesal, pues el legislador otorga un trato de culpable a las personas que aún no han sido sentenciadas.
• Al establecer que no podrán aspirar a ejercer el cargo de facilitadores las personas sujetas a proceso penal genera un efecto estigmatizante.
6. Finalmente, en el mismo primer concepto de invalidez, respecto de ambos requisitos, argumenta que:
• Resultan desproporcionados porque excluyen de forma injustificada a un sector de la población de la posibilidad de ocupar los cargos públicos mencionados, transgrediendo la igualdad y no discriminación.
• Contienen categorías sospechosas consistentes en la condición social y jurídica de las personas condenadas por cualquier delito doloso; y, por tanto, procede analizarlas conforme a un escrutinio estricto.
• No cumplen con el primer nivel de escrutinio, pues no existe una justificación constitucionalmente imperiosa para exigir no haber sido condenado por delito doloso para ocupar los cargos referidos, dado que hay un mandato en la Constitución Federal que exija ese requisito, además que las actividades que realizan no justifican restricciones tan amplias, por lo que las normas resultan discriminatorias.
• Tampoco están conectadas con el logro de objetivo constitucional alguno y mucho menos son la medida menos restrictiva posible.
• Son discriminatorias por generar una distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta.
7. Por otra parte, en el segundo concepto de invalidez la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumenta que los artículos 142 y 143 de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, que establecen cuáles se consideran faltas administrativas no graves y graves son inconstitucionales porque:
• Distorsionan, contradicen y generan un parámetro diferenciado respecto de las faltas administrativas no graves y graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• La Ley General de Responsabilidades Administrativas es la única que puede determinar los actos que se consideran faltas administrativas, a lo cual deben ajustarse las normas locales. La intención del Poder Reformador de la Constitución fue otorgar al Congreso de la Unión la facultad amplia para fijar las conductas, sanciones y procedimientos para sancionar estos actos. Por lo cual, el legislador local, al ampliar los supuestos en que habrá lugar a faltas administrativas no graves y graves y al hacerlo en forma diferenciada, distorsiona y contraría a la ley general de la materia.
• Vulneran la seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que no generan certeza de las conductas que constituyen faltas administrativas graves y no graves, toda vez que la ley impugnada no se ajusta a la ley general de la materia.
• Lo anterior trasciende a la competencia, ya que la calificación de las faltas determina si la sustanciación y resolución es realizada por los órganos internos de control, o si la sustanciación es realizada por dichos órganos y la resolución corresponde a los tribunales de justicia administrativa.
• El que se prevean supuestos de faltas administrativas en una ley diversa a la ley local de la materia también impacta en la seguridad jurídica de las personas al existir dos fuentes normativas respecto de un solo tópico, generando la falta de homologación y armonización e impidiendo a los destinatarios de la norma conocer las hipótesis que constituyen las infracciones respectivas.
8. QUINTO.—Registro y turno. Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente y registrar la acción de inconstitucionalidad bajo el número 112/2020; y turnarla a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que instruyera el procedimiento correspondiente.
9. SEXTO.—Admisión. El diez de julio de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, tuvo como parte actora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, emplazándolos para que rindieran los respectivos informes de ley. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara pedimento, así como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
10. SÉPTIMO.—Informe del Poder Legislativo de Aguascalientes. El trece de agosto de dos mil veinte el diputado Heder Pedro Guzmán Espejel, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente y Representante Legal de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes rindió su informe en el que se posicionó por la validez de las normas y en concreto señaló que:
• No se vulnera la libertad de trabajo. Los requisitos previstos en las normas controvertidas no transgreden la libertad de trabajo. Al contrario, tienden a proteger ese derecho al constituirse como un mecanismo a través del cual se garantiza que las personas servidoras públicas de la fiscalía cumplan con un perfil acorde con los principios que rigen a la institución, con base en la delicada tarea que representa procurar justicia.
• Las faltas administrativas son de naturaleza distinta. La Comisión actora pretende equiparar faltas administrativas no graves contempladas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes con las faltas administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando se refieren a cuestiones distintas, por lo que los artículos 142 y 143 de la ley impugnada no atentan contra el derecho de seguridad jurídica ni el principio de legalidad.
11. OCTAVO.—Informe del Poder Ejecutivo de Aguascalientes. El veintisiete de agosto de dos mil veinte la maestra Genoveva Silva Moreno, en su carácter de directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, rindió el informe correspondiente al Poder Ejecutivo, en el que expuso que:
• No es acto propio. La ley calificada como inválida por la Comisión corresponde a un acto material y legislativo exclusivo del Congreso Local.
• Sólo promulgó y publicó. Únicamente actuó en cumplimiento de facultades y obligaciones previstas en diversos preceptos legales, por lo que la promulgación y publicación de la ley impugnada no puede ser considerada inconstitucional.
12. Mediante acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintiuno, la Ministra instructora tuvo a los mencionados Poderes Legislativo y Ejecutivo, respectivamente, rindiendo los informes solicitados a través de sus representantes.
13. NOVENO.—Pedimento. Ni la Fiscalía General de la República, ni la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, formularon pedimiento o realizaron manifestación alguna.
14. DÉCIMO.—Cierre de la instrucción. Por acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.
15. DÉCIMO PRIMERO.—Reforma a la ley impugnada. El treinta de septiembre de dos mil veintidós se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el Decreto Número 184, mediante el cual se reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes en los artículos 3o., 9o., 10, 11, 11 A, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 40 A, 40 B, 40 C, 40 D, 40 E, 40 F, 41, 44, 45, 61, 85, 89, 95, 96, 99, 138, 140, 142, 143, 144, 148 y 166. De conformidad con el artículo transitorio primero del referido decreto, dicha reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación.
CONSIDERANDO:
16. PRIMERO.—Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del País y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre normas de rango constitucional y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
17. SEGUNDO.—Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política del país dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general impugnada sea publicada en el correspondiente medio oficial.(3)
18. En ese sentido, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes fue publicada en el Periódico Oficial de esta entidad federativa el veinte de enero de dos mil veinte, por lo que el plazo para presentar la acción transcurrió del martes veintiuno de enero al miércoles diecinueve de febrero de dos mil veinte. Dado que la demanda se presentó el diecinueve de febrero de dos mil veinte, resulta oportuna.
19. TERCERO.—Legitimación. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del País dispone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes estatales que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales.
20. Por otro lado, el artículo 11, párrafo primero,(4) aplicable a las acciones de inconstitucionalidad en términos del diverso 59,(5) ambos de la ley reglamentaria de la materia, establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
21. En este caso, el escrito inicial fue suscrito por la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia certificada de su designación, expedida por el Senado de la República para un periodo de cinco años que concluirá el quince de noviembre de dos mil veinticuatro.
22. Dicha funcionaria ostenta la representación de la Comisión y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su reglamento interno.(6)
23. Aunado a ello, en el presente caso se plantea la incompatibilidad de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes con la Constitución Política del País y tratados internacionales, por considerar que se violan los derechos a la igualdad, acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, no discriminación, libertad de trabajo y seguridad jurídica.
24. Así, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y al haber sido promovida por la representante legal de dicho órgano, procede reconocer su legitimación en este caso.
25. CUARTO.—Causas de improcedencia y sobreseimiento. El Poder Ejecutivo de Aguascalientes expuso que su participación en el proceso legislativo se limitó a la promulgación de las leyes, en cumplimiento a las disposiciones constitucionales locales aplicables. A su vez, argumentó que la ley impugnada es un acto material y formalmente legislativo, producto de la deliberación realizada por parte del Congreso de esa entidad federativa.
26. Dicho planteamiento debe desestimarse, en tanto no forma parte de las causas de improcedencia establecidas en la ley reglamentaria de la materia, aunado a que el Ejecutivo, al promulgar la legislación correspondiente, se encuentra implicado en su emisión y, por ende, debe responder por la validez de su intervención en el proceso de creación normativa, como se ha sostenido en la jurisprudencia P./J. 38/2010.(7)
27. Por otro lado, este Tribunal Pleno advierte de oficio que respecto de los artículos 14, fracción III, 42, fracción III, 59, fracción III, 142 y 143 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, impugnados en la presente acción de inconstitucionalidad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con los diversos 59 y 65, primer párrafo, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(8) toda vez que cesaron los efectos de las referidas disposiciones impugnadas, como se explica a continuación.
28. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la jurisprudencia P./J. 25/2016 (10a.) que para considerar actualizada la causa de improcedencia por cesación de efectos derivado de la existencia de un nuevo acto legislativo, deben reunirse, al menos, los siguientes aspectos:
a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y,
b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material (criterio material).(9)
29. En dicha jurisprudencia se sostiene que el primero de los elementos conlleva que se lleven cabo todas las etapas del procedimiento legislativo (iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación); en tanto que el segundo elemento se actualiza "cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo."
30. Posteriormente, el propio Tribunal Pleno, al discutir el dos de marzo de dos mil veinte la acción de inconstitucionalidad 66/2019, matizó el segundo elemento al sustituir la noción de "cambio sustantivo" por la de "cambio en el sentido normativo.". Sin embargo, aun bajo este nuevo entendimiento, el Tribunal Pleno ha considerado que se produce una modificación en el sentido normativo de la norma impugnada "cuando existan verdaderos cambios que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto".(10)
31. En el presente asunto, se colma el criterio formal, pues constituye un hecho notorio, que se invoca con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(11) de aplicación supletoria en términos del artículo 1o. de la ley reglamentaria,(12)que el treinta de septiembre de dos mil veintidós se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el Decreto de reforma a la ley impugnada Número 184, la cual abarcó los artículos 3o., 9o., 10, 11, 11 A, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 40 A, 40 B, 40 C, 40 D, 40 E, 40 F, 41, 44, 45, 61, 85, 89, 95, 96, 99, 138, 140, 142, 143, 144, 148 y 166 del referido ordenamiento.
32. Aunado a lo anterior, se cumple el segundo de los requisitos consistente en que la reforma conlleve un cambio en el sentido normativo de las normas impugnadas, pues como se explica a continuación, la reforma modificó el ámbito personal de aplicación de los artículos 14, fracción III, 42, fracción III y 59, fracción III, y derogó los diversos 142 y 143, impugnados en la presente acción de inconstitucionalidad. 33. Por lo que hace a los artículos 14, fracción III, 42, fracción III y 59, fracción III, de la ley impugnada, si bien el texto de estos preceptos no fue modificado directamente por el decreto de reforma mencionado, éste sí generó un cambio en el sentido normativo de los referidos numerales con motivo de las modificaciones realizadas a otros artículos, particularmente, al artículo 9o. de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
34. Los artículos 14, fracción III, 42, fracción III y 59, fracción III, impugnados contemplan el requisito de no haber sido condenado por delito doloso para ocupar, respectivamente, los cargos de titular de alguna Vicefiscalía, Unidad Auxiliar Sustantiva y Unidad Auxiliar Adjetiva. Sin embargo, dichos artículos no definen cuáles son las Vicefiscalías, Unidades Auxiliares Sustantivas y Unidades Auxiliares Adjetivas con las que cuenta la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
35. La definición anterior se encuentra en el artículo 9o. de la ley impugnada, el cual establece cuál es la estructura orgánica básica de la Fiscalía General de Aguascalientes. Por tanto, para poder determinar el alcance de los artículos 14, fracción III, 42, fracción III y 59, fracción III, es necesario acudir al diverso 9o. de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
36. Al respecto, es oportuno destacar que el artículo 9o. sí fue modificado mediante el Decreto número 184, publicado el treinta de septiembre de dos mil veintidós. Como se aprecia en la siguiente tabla, dicha reforma implicó que se modificaran las Vicefiscalías, Unidades Auxiliares Sustantivas y Unidades Auxiliares Adjetivas con las que cuenta la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes:
Ver tabla
37. Como se aprecia de la tabla anterior, en relación con las Vicefiscalías a las que se refiere el artículo 14, fracción III, impugnado, la reforma al numeral 9o. implicó que la Vicefiscalía de Investigación pasará a denominarse Vicefiscalía de Investigación del Delito; lo cual significó no sólo un cambio en su denominación, sino también en su objeto y en las atribuciones de la persona titular, mismo que se aprecia en las modificaciones realizadas por el mismo decreto a los diversos 17 y 18, fracciones II, VII, XI, XII y XIII.
38. Por otra parte, la reforma eliminó las Vicefiscalías de Litigación y Jurídica, y creó las Vicefiscalías Jurídica y de Litigación Penal, así como la de Control Regional; lo cual tuvo como consecuencia que se modificaran los artículos 19, 20, 21 y 22 para establecer el objeto y las atribuciones de las personas titulares de estas nuevas Vicefiscalías.
39. En cuanto a las unidades auxiliares sustantivas a las que se refiere el artículo 42, fracción III, impugnado, la reforma publicada el treinta de septiembre de dos mil veintidós eliminó de esta categoría a la Comisaría General de la Policía de Investigación y a las unidades de Investigación Pericial y Análisis de Información, las cuales pasaron a ser unidades auxiliares sustantivas dentro de la Agencia Estatal de Investigación Criminal creada por la reforma, como se desprende de los diversos 9o., fracción IV y 40 D de la ley impugnada.(13)
40. Finalmente, por lo que hace a las unidades auxiliares adjetivas a las que se refiere el artículo 59, fracción III, impugnado, la reforma en comento añadió a esta categoría al Centro de Evaluación y Control de Confianza.
41. De lo anterior es posible advertir que la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes publicada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, con posterioridad a la presentación de la presente acción de inconstitucionalidad, produjo un cambio en el sentido normativo de los artículos 14, fracción III, 42, fracción III y 59, fracción III, impugnados, consistente en que, como consecuencia de dicha reforma, el requisito de no haber sido condenado por delito doloso, en algunos casos, ahora resulte exigible para cargos públicos que no estaban contemplados cuando las normas fueron impugnadas; y, en otros casos, hayan dejado de ser exigibles para algunos cargos públicos que sí estaban contemplados en el momento de la impugnación.
42. De esta manera, el cambio en el sentido normativo de los artículos 14, fracción III, 42, fracción III y 59, fracción III, impugnados, con motivo de la reforma en comento, consistió en modificar el ámbito personal de aplicación de los referidos preceptos. Es decir, que se produjo una modificación en el alcance de dichos preceptos, lo que este Tribunal Pleno ha entendido en su jurisprudencia que actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos, pues implica el cese de los efectos de las referidas disposiciones en el sentido normativo que tenían al ser impugnadas.
43. En consecuencia, con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con la fracción V del numeral 19, ambos de la ley reglamentaria de la materia,(14) lo procedente es sobreseer en esta acción de inconstitucionalidad, al haber cesado los efectos de los artículos 14, fracción III, 42 fracción III y 59, fracción III, en su sentido normativo impugnado.
44. A una conclusión similar llega este Tribunal Pleno en relación con los artículos 142 y 143 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, los cuales fueron derogados en su totalidad por la reforma publicada el treinta de septiembre de dos mil veintidós. Por lo cual, dichos artículos impugnados han dejado de existir y de surtir sus efectos en el sistema jurídico, lo que también da lugar al sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad respecto de dichos preceptos, con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con el diverso 19, fracción V, ambos de la ley reglamentaria de la materia.
45. Incluso, se advierte que el contenido normativo de los artículos impugnados no es de naturaleza penal, por lo que los efectos de una hipotética declaratoria de inconstitucionalidad del texto impugnado sólo podrían proyectarse hacia el futuro, sin que fuera posible que dicha declaratoria tuviera efectos retroactivos, en términos de lo previsto en el artículo 105, fracción III, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(15)
46. En consecuencia, con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con el diverso 19, fracción V, ambos de la ley reglamentaria de la materia, lo procedente es sobreseer en esta acción de inconstitucionalidad, al haber cesado los efectos de los artículos 14, fracción III, 42, fracción III, 59, fracción III, 142 y 143 impugnados en este asunto.
47. Al no haberse planteado ni advertirse de oficio alguna otra causa de improcedencia, se procede al estudio de fondo respecto de los temas que subsisten.
48. QUINTO.—Precisión de la litis. Del análisis integral del escrito de demanda, prescindiendo de los preceptos cuyo sobreseimiento se decretó en el apartado que antecede, se advierte que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la invalidez de los siguientes artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes:
• Artículo 86, fracción III, que establece el requisito de no haber sido condenado por delito doloso para ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control.
• Artículo 128, fracción IV, que establece los requisitos de no haber sido condenado por delito doloso y no estar sujeto a un proceso penal para ser designado y permanecer en el cargo de facilitador.
49. De lo anterior, este Tribunal Pleno identifica que los conceptos de invalidez planteados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se enfocan en el análisis de constitucionalidad de los requisitos de no haber sido condenado por delitos dolosos y no estar sujeto a un proceso penal para acceder a los cargos antes mencionados dentro de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
50. SEXTO.—Estudio de fondo. Por cuestión de método, el estudio de fondo se divide de la siguiente manera:
1) Análisis de constitucionalidad del artículo 128, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (requisitos de no haber sido condenado por delito doloso y no estar sujeto a un proceso penal para ocupar y permanecer en el cargo de facilitador); y,
2) Análisis de constitucionalidad del artículo 86, fracción III, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (requisito de no haber sido condenado por delito doloso para ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control).
TEMA 1. Análisis de constitucionalidad del artículo 128, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (requisitos de no haber sido condenado por delito doloso y no estar sujeto a un proceso penal para ocupar y permanecer en el cargo de facilitador).
51. En su primer concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestiona la validez del artículo 128, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, que a la letra dice:
"Artículo 128. Las personas a las que se les otorgue el nombramiento de facilitadores deberán reunir, tanto para su ingreso como para su permanencia, los requisitos que se señalan a continuación:
"...
"IV. No haber sido condenado, por sentencia firme, por la comisión de algún delito doloso, ni estar sujeto a un proceso penal; ..."
52. En relación con el requisito de no haber sido condenado, por sentencia firme, por la comisión de algún delito doloso, la Comisión accionante considera que es desproporcionado, discriminatorio y que atenta contra el derecho de acceso a cargos públicos y la libertad de trabajo. Por otra parte, argumenta que el requisito de no estar sujeto a un proceso penal, además de ser desproporcionado y discriminatorio, resulta contrario a la presunción de inocencia.
53. Este Tribunal Pleno considera que el artículo 128, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía Gen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31625-cbc3a05d/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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