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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES (LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA. V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE CONFIGURA POR UNA DIMENSIÓN FORMAL O DE DERECHO Y OTRA SUSTANTIVA O DE HECHO. VI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. DIFERENCIAS ENTRE DISTINCIÓN Y DISCRIMINACIÓN. VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL TÉRMINO DE "LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY", PREVISTO EN EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL DISPONER EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS DE PODER SER NOMBRADOS PARA CUALQUIER EMPLEO O COMISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO, SE REFIERE A CUESTIONES INHERENTES A LA PERSONA Y NO A ASPECTOS EXTRÍNSECOS A ÉSTA. VIII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. PARA DETERMINAR SI UNA DISTINCIÓN RESULTA OBJETIVA Y RAZONABLE, DEBERÁ EFECTUARSE UN ESTUDIO, CUYA INTENSIDAD DEPENDERÁ DEL OBJETO DE LA LITIS. IX. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO UNA PERSONA CONDENADA POR DELITO INTENCIONAL PARA ACCEDER AL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CONSTITUYE UNA MEDIDA SOBREINCLUSIVA QUE VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 51 BIS, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO INTENCIONAL", DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). X. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO UNA PERSONA INHABILITADA PARA ACCEDER AL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CARECE DE UN VÍNCULO ESTRECHO CON LA CONFIGURACIÓN DE UN PERFIL INHERENTE A LA FUNCIÓN PÚBLICA A DESEMPEÑAR, POR LO QUE CONSTITUYE UNA MEDIDA SOBREINCLUSIVA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 51 BIS, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO INHABILITADO PARA DESEMPEÑAR OTRO CARGO, EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA; Y", DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 51 BIS, FRACCIONES IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO INTENCIONAL" Y V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO INHABILITADO PARA DESEMPEÑAR OTRO CARGO, EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA" DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 64/2022. · Registro digital (IUS): 31783
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-09-22
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo I, Pág.262.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 64/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 12 DE ENERO DE 2023. PONENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ELEAZAR DE JESÚS NÚÑEZ GONZÁLEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 51 Bis, fracciones IV y V, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, reformada mediante Decreto número 100, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial de esa entidad federativa.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 64/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra el artículo 51 Bis, fracciones IV y V, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, reformada mediante Decreto número 100, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, el veintiocho de marzo de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintisiete de abril de dos mil veintidós, María del Rosario Piedra Ibarra, en su calidad de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 51 Bis, fracciones IV y V, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, reformada mediante Decreto número 100, publicado, en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, el veintiocho de marzo de esa anualidad.

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Comisión accionante alegó vulnerados los artículos 1o., 5o. y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y, al respecto, expuso los siguientes conceptos de invalidez:

ÚNICO. Las disposiciones impugnadas vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, a la seguridad jurídica, libertad de trabajo y acceso a un empleo público.

A. Requisito de no haber sido condenado por la comisión de un delito intencional.

• El requisito previsto en la fracción IV del artículo 51 Bis de la ley impugnada, constituye una medida discriminatoria y sobreinclusiva; en tanto que resulta en un impedimento para acceder al cargo de titular del Órgano Interno de Control de los Municipios del Estado de Aguascalientes, excluyendo de manera genérica y absoluta, a las personas que en su pasado fueron condenadas por cualquier delito intencional.

• La norma impugnada redunda en una discriminación y violación al derecho de igualdad de las personas que quieren acceder al cargo, al generar un amplio espectro de exclusión, pues es suficiente que las personas tengan antecedentes penales, esto es, que cometieron algún delito de forma dolosa, cualquiera que sea dicho ilícito, para quedar excluidos de toda posibilidad de acceder al cargo.

• Dicha porción normativa redunda en una exclusión injustificada de las personas que han cometido cualquier delito intencional, pues quedan imposibilitadas para fungir en el mencionado cargo, sin que se acredite que dicha distinción sea válida, por lo que el precepto resulta sobreinclusivo.

• En ese sentido, la norma prevé una restricción expresa que permite generar escenarios de discriminación para las personas que fueron condenadas por la comisión de delitos intencionales, al no permitirles ocupar el empleo público relativo, sin importar la pena impuesta, o si fue o no privativa de libertad, ni su temporalidad, ni mucho menos si la conducta cometida se relaciona o se vincula de alguna forma con la función pública a desempeñar.

• Así, considera que no es constitucionalmente válido que se impida el acceso al desempeño del servicio público, por el sólo hecho de haber cometido un delito cuando ya cumplieron la pena impuesta, pues resulta en una exclusión injustificada y discriminatoria, al generar un escenario absoluto de prohibición para ejercer el derecho a libertad de trabajo, específicamente, ocupar un cargo público.

• En ese sentido, si bien el requisito está dirigido a exigir cierta probidad y honestidad a las personas que aspiren a ocupar el cargo respectivo, de manera que se garantice que su ejecución sea regular y se apegue en todo momento a la legalidad, lo cierto es que desborda su objetivo y termina por excluir a las personas que pretenden reinsertarse a la sociedad, lo que es contrario a la dignidad de las personas, al tener por efecto que sean objeto de una doble sanción, por un lado, la impuesta en ejercicio de la facultad punitiva del Estado por la comisión del delito y, por otro, el reproche social posterior a la compurgación de la pena.

• Señala que este tipo de requisitos tiene por efecto estigmatizar a aquellas personas que deseen prestar sus servicios en el sector público, al exigir que no cuenten con ningún tipo de infracciones a las leyes penales, por más insignificantes que estas sean, lo cual atenta contra los derechos humanos reconocidos en el parámetro de regularidad constitucional.

B. Requisito de no haber sido inhabilitado para desempeñar otro cargo, empleo o comisión pública.

• Como se expresó en el apartado anterior, la fracción V del artículo 51 Bis, de la ley impugnada, también contiene una exigencia sobreinclusiva, toda vez que comprende hipótesis irrazonables y desproporcionales, pues no permite identificar si la inhabilitación se impuso por resolución firme de naturaleza administrativa, civil, política o incluso penal.

• Además, la norma abarca un gran número de supuestos, lo que impacta en el acceso a un empleo público, propiciando que se excluya por igual y de manera genérica a cualquier persona que haya sido inhabilitada por cualquier vía, razón o motivo, pues no se distingue entre sanciones impuestas por conductas dolosas o culpas, ni entre faltas o delitos graves o no graves, no contiene un límite temporal y no distingue entre personas inhabilitadas que ya cumplieron la respectiva sanción o pena; lo anterior, pone en evidencia la falta de razonabilidad y proporcionalidad de la medida, al impedir valorar si tales conductas tienen realmente una relación directa con las capacidades necesarias para el desempeño del empleo público relativo.

• Por tanto, la norma impugnada vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ya que impide de forma injustificada ocupar cargos públicos con base en la condición social y/o jurídica de las personas, pues implica que una persona que ha sido sujeto de responsabilidad administrativa, una vez que cumple con su sanción, debe quedar en posibilidad de ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, de lo contrario se trataría de una inhabilitación perpetua.

• Consecuentemente, una vez cumplidas las sanciones correspondientes, no existe justificación para excluir a las personas para ejercer un cargo público, en el caso, la titularidad del Órgano Interno de Control de los Municipios del Estado de Aguascalientes.

• Establecer de forma genérica y absoluta que no podrán aspirar a ejercer el cargo todas aquellas personas que hayan sido inhabilitadas en el servicio público, sin importar el tipo de falta que dio lugar a la sanción, así como tampoco la temporalidad de ésta, constituye un requisito injustificado, pues tal situación no significa que las personas aspirantes no son aptas para desempeñarse en el empleo de que se trate.

C. Test de escrutinio ordinario para el análisis de ambos requisitos.

• La accionante considera que las normas impugnadas establecen un régimen diferenciado entre las personas que fueron condenadas por un delito intencional o inhabilitados para desempeñar otro cargo, empleo o comisión pública, y aquellas que no, por lo que propone su análisis bajo un escrutinio ordinario de proporcionalidad, por no tratarse de una distinción basada en una categoría sospechosa.

• Al respecto, aunque estima que la norma pudiera perseguir una finalidad constitucionalmente válida, a saber contar con un perfil adecuado para el desempeño de la función pública en cuestión, lo cierto es que no existe una relación indefectible de instrumentalidad entre la medida legislativa y el citado fin, toda vez que no hay una base objetiva para determinar que una persona sin antecedentes penales ejercerá las funciones en forma adecuada o que quienes se encuentren en tal supuesto no cumplirán cabalmente con las funciones correspondientes.

• Consecuentemente, las fracciones controvertidas son discriminatorias por generar una diferenciación injustificada, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control de los municipios del Estado de Aguascalientes, por lo que procede declarar su invalidez.

3. Admisión y trámite. Mediante proveído de once de mayo de dos mil veintidós, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 64/2022 y turnó el expediente a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que instruyera el procedimiento respectivo.

4. Por acuerdo de dieciocho de mayo dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su respectiva representación convenga.

5. Informe del Poder Ejecutivo de Aguascalientes. Mediante escrito recibido el ocho de junio de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Juan Manuel Anaya Villalpando, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, compareció en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad federativa a rendir el informe correspondiente, en el que se plantearon los siguientes argumentos:

• El gobernador del Estado de Aguascalientes promulgó y ordenó publicar la ley impugnada, pero esos actos no son inconstitucionales o inconvencionales, en virtud de que cuenta con atribuciones para ello, conforme a los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

• La Comisión accionante no formula conceptos de invalidez en los que reclame vicios propios de los actos de promulgación y publicación atribuidos al Poder Ejecutivo, por lo que es evidente que el llamado a éste es únicamente en cumplimiento de un requisito formal. Por lo tanto, corresponde al Poder Legislativo local, como órgano deliberativo donde se discute y se aprueba el contenido de las normas, a quien corresponde realizar las manifestaciones respecto a la constitucionalidad de las normas promulgadas.

6. Informe del Poder Legislativo de Aguascalientes. Mediante escrito recibido en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de junio de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mayra Guadalupe Torres Mercado, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva y Representante Legal de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, compareció en representación del Poder Legislativo de la entidad a rendir el informe correspondiente, en el que manifestó, esencialmente, lo siguiente:

• La norma impugnada es constitucional, en tanto que la intención del legislador fue eliminar la corrupción en las personas quienes detentan una función de autoridad, especialmente, de los órganos de control interno, ya que la ausencia de controles efectivos en el ejercicio del gobierno y la administración pública facilita la operación de un sistema político corrupto en todos su planos y niveles.

• Así, expone que los órganos de control interno son una pieza clave para que el estado de derecho y la democracia se puedan robustecer, a partir de la disminución de los niveles de corrupción, adoptando reformas de largo alcance o creando instituciones que sean legalmente efectivas.

• En ese sentido, refiere que se tomó en cuenta la relevancia de la labor que debe cumplir el titular del órgano interno de control, por lo que es preciso que, quien ocupe ese cargo, pueda actuar con autonomía e independencia, por lo que el nombramiento relativo debe ser resultado del cumplimiento de una serie de condiciones que hagan al candidato una persona idónea para ejercer el cargo.

7. Alegatos. Mediante auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, la Ministra instructora tuvo por presentados los informes y concedió a las partes el plazo legal respectivo a efecto de que formularan sus alegatos por escrito.

8. Cierre de Instrucción. En proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se tuvieron por formulados los alegatos de la accionante, y al haber trascurrido el plazo legal concedido a las partes para formularlos, la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción.

9. Returno. En atención a lo determinado por el Pleno en sesión pública solemne celebrada el dos de enero de dos mil veintitrés, fecha en la cual se eligió como presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, y con fundamento en los artículos 24 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 34, fracción XXII, y 81, párrafo primero, ambos del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hizo el returno del expediente del presente asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a efectos de continuar con el trámite respectivo.

I. COMPETENCIA

10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g),(1) de la Constitución General; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) (en adelante Ley Reglamentaria); y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73,(4) en relación con el 41, fracción I,(5) ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben precisarse las normas reclamadas. En la presente acción de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó el artículo 51 Bis, fracciones IV y V, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, cuyo texto se transcribe a continuación, subrayando las porciones efectivamente impugnadas:

"Artículo 51 Bis. El titular del órgano interno de control deberá cumplir con los siguientes requisitos:

"I. a III. ...

"IV. No haber sido condenado por delito intencional;

"V. No haber sido inhabilitado para desempeñar otro cargo, empleo o comisión pública; y

"..."

III. OPORTUNIDAD

13. Conforme a lo dispuesto en el artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General,(6) el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

14. En el caso, el Decreto número 100, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad federativa, el lunes veintiocho de marzo de dos mil veintidós, por lo que el plazo comenzó el martes veintinueve del propio mes y año y feneció el miércoles veintisiete de abril de la citada anualidad.

15. Consecuentemente, si la demanda fue depositada en el buzón judicial de este Alto Tribunal, precisamente, el miércoles veintisiete de abril de dos mil veintidós, entonces, es evidente que su presentación fue oportuna.

16. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.

IV. LEGITIMACIÓN

17. La acción fue promovida por parte legitimada, pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de las entidades federativas que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

18. En el presente caso, la accionante alega, en términos generales, que la norma impugnada vulnera los derechos de igualdad y prohibición de discriminación, acceso a un cargo en el servicio público, a la libertad de trabajo y a ocupar un cargo público, reconocidos en los artículos 1o., 5o. y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; consecuentemente, se actualiza el supuesto previsto en el diverso 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General.

19. Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero,(7) de la ley reglamentaria, aplicable a las acciones de inconstitucionalidad por virtud del diverso 59(8) del mismo ordenamiento, dispone que las partes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

20. En el presente caso, la demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cargo que acredita con una copia certificada de su nombramiento, expedido por la Mesa Directiva del Senado de la República el doce de noviembre de dos mil diecinueve, por un periodo de cinco años, que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.

21. Por su parte, el artículo 15, fracciones I y XI,(9) de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dispone como facultad del presidente de la citada Comisión Nacional ejercer su representación legal y, específicamente, promover las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

22. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

23. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna ni motivo de sobreseimiento. Este Tribunal Pleno, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.

24. No pasan inadvertidas las manifestaciones rendidas por el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes en su informe, en cuanto a que actuó en estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,(10) en los que se ordena la promulgación y la publicación de las leyes y los decretos que expida el Congreso de la entidad. 25. Sin embargo, es criterio reiterado de este Tribunal Constitucional que dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19(11) de la ley reglamentaria, aplicable en materia de acciones de inconstitucionalidad por virtud del diverso 65(12) de ese ordenamiento, pues, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República.(13)

26. Por tanto, al no haberse hecho valer alguna causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento diverso al analizado, ni advertirse de oficio alguna por este Alto Tribunal, se procede al estudio de los conceptos de invalidez planteados.

27. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos.

VI. ESTUDIO DE FONDO

28. En su único concepto de invalidez la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumenta que los requisitos establecidos en el artículo 51 Bis, fracciones IV y V, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, para ocupar el cargo de titular del Órgano Interno de Control de los Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes, consistentes en "no haber sido condenado por delito intencional" y "no haber sido inhabilitado para desempeñar otro cargo, empleo o comisión pública", transgrede el derecho de igualdad y no discriminación, de acceso a un cargo público y de libertad de trabajo, porque impide de manera injustificada que quienes se encuentren en esos supuestos puedan ocupar el mencionado cargo público, aun cuando ya compurgaron la pena o sanción impuesta por los delitos y/o faltas cometidas.

29. Corresponde a este Tribunal Pleno determinar si la norma, en sus fracciones impugnadas, es constitucional o, de lo contrario, determinar la invalidez de ésta. Para ello, el estudio se dividirá en tres partes: 1) parámetro de regularidad constitucional; 2) estudio del requisito de no haber sido condenado por delito intencional; y, 3) del requisito de no haber sido inhabilitado para desempeñar otro cargo, empleo o comisión pública.

1) Parámetro de regularidad constitucional

30. En función de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formula su único agravio primordialmente a la luz del derecho de igualdad y no discriminación, y tomando en consideración, además, que diversos precedentes(14) de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación han abordado temáticas similares a las planteadas en la presente acción y se han analizado conforme al parámetro de regularidad constitucional de este derecho, se emprende el estudio del presente asunto bajo esa óptica.

31. La Constitución Federal establece el derecho a la igualdad y no discriminación en el último párrafo del artículo 1o., el cual señala:

"Artículo 1o.

"...

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

32. Este Tribunal Constitucional, al resolver la acción de inconstitucionalidad 107/2016,(15) sostuvo que la igualdad reconocida en el artículo 1o. de la Constitución Federal es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.

33. Se ha considerado que el derecho humano de igualdad y la prohibición de discriminación obligan a toda clase de autoridades en el ámbito de sus competencias, pues su observancia debe ser un criterio básico para la producción normativa, para su interpretación y para su aplicación.

34. No obstante, también se ha precisado que, si bien el verdadero sentido de la igualdad es colocar a las personas en condiciones de poder acceder a los demás derechos constitucionalmente reconocidos, lo cual implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todas las personas deban ser siempre iguales en todos los ámbitos, en condiciones absolutas y bajo cualquier circunstancia. Al contrario, en lo que debe traducirse el derecho a la igualdad es en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio de forma injustificada; por ello, dicho principio exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de tal forma que habrá ocasiones en que hacer distinciones estará vedado y habrá otras en las que no sólo estará permitido, sino que será una exigencia constitucional.(16)

35. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus vs. Brasil, señaló que "los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de ese carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas.(17)

36. Por otro lado, en el Caso Duque vs. Colombia, el Tribunal Interamericano reiteró que "la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se encuentren incursos en tal situación.(18)

37. En la misma línea, este Tribunal Constitucional se ha referido al principio y/o derecho de no discriminación, al señalar que cualquier tratamiento discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta, y que es inconstitucional toda situación que considere superior a un determinado grupo y conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por estimarlo inferior, dé lugar a que sea tratado con hostilidad o a que de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se encuentran incursos en tal situación.

38. Asimismo, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el derecho a la igualdad. En efecto, en la jurisprudencia 1a./J. 125/2017 (10a.),(19) señaló que el derecho humano a la igualdad jurídica ha sido interpretado y configurado a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (dimensión formal). Sin embargo, también tiene una dimensión sustantiva o de hecho.

39. En cuanto al principio de igualdad ante la ley, obliga a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación razonable y suficiente.

40. En esa línea argumentativa, el principio de igualdad en la ley opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.

41. Por otra parte, el derecho a la igualdad, en su dimensión sustantiva o de hecho, tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.

42. Lo anterior también ha sido reiterado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, más recientemente, en el Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus vs. Brasil, donde sostuvo que el derecho a la igualdad tiene dos dimensiones: la primera es la formal, que establece la igualdad ante la ley, la segunda es la material o sustancial, que ordena la adopción de medidas positivas de promoción a favor de grupos históricamente discriminados o marginados. Bajo esta línea, señaló que el derecho a la igualdad implica la obligación de adoptar medidas para garantizar que la igualdad sea real y efectiva, es decir, corregir las desigualdades existentes para promover la inclusión y participación de los grupos históricamente marginados, garantizar a las personas o grupos en desventaja el goce efectivo de sus derechos y, en suma, brindar a las personas posibilidades concretas de ver realizada, en sus propios casos, la igualdad material.(20)

43. No obstante, es importante mencionar que este Tribunal Constitucional también ha señalado que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, pues la distinción y la discriminación son jurídicamente diferentes. En efecto, la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos.

44. Además, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que todos los ciudadanos deben gozar del derecho y oportunidad de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31783-083c2dea/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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