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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA. IV. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. ANÁLISIS DEL REQUISITO DE NO SER UNA PERSONA CONDENADA POR DELITO INTENCIONAL QUE AMERITE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE MÁS DE UN AÑO PARA OCUPAR LA TITULARIDAD DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "INTENCIONAL QUE AMERITE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE MÁS DE UN AÑO; PERO SI SE TRATARE", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. ANÁLISIS DEL REQUISITO DE NO SER UNA PERSONA INHABILITADA, CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA CONDENA POR LOS DELITOS DE ROBO, FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO DE CONFIANZA, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO O CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y AQUELLAS PERSONAS QUE NO LO HAN SIDO, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE OCUPAR LA TITULARIDAD DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 50, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "QUEDARÁ INHABILITADO PARA EL CARGO, CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA" DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 229/2023. · Registro digital (IUS): 33709
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-10-17
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Octubre de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.104.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 229/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE FEBRERO DE 2025. PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.

ÍNDICE TEMÁTICO

Norma impugnada. El artículo 50, fracción V, en sus porciones normativas “intencional que amerite pena privativa de la libertad de más de un año; pero si se tratare” y “quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, expedida mediante el Decreto Número 552, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el primero de diciembre de dos mil veintitrés.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 229/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante “CNDH o “Comisión”), en contra del artículo 50, fracción V, en sus porciones normativas “intencional que amerite pena privativa de la libertad de más de un año; pero si se tratare” y “quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, expedida mediante el Decreto Número 552, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el primero de diciembre de dos mil veintitrés.

La cuestión jurídica por resolver en este asunto consiste en determinar si las porciones normativas impugnadas vulneran el derecho de acceso a cargos públicos, en relación con el derecho a la igualdad y el derecho al trabajo, al exigir como requisito para acceder a la titularidad del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes no tener determinados antecedentes penales.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Escrito inicial. Por escrito recibido el quince de diciembre de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su calidad de Presidenta de la CNDH, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 50, fracción V, en sus porciones normativas “intencional que amerite pena privativa de la libertad de más de un año; pero si se tratare” y “quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, expedida mediante el Decreto Número 552, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el primero de diciembre de dos mil veintitrés.

2. Conceptos de invalidez. La Comisión hizo valer, en esencia, los siguientes argumentos:

• El requisito de no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de la libertad por más de un año, establecido para acceder a la titularidad del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, vulnera los derechos de igualdad, no discriminación y de acceso a un cargo público.

• Esto debido a que realiza distinciones injustificadas entre personas, excluyendo de la posibilidad de ocupar ese empleo a quienes, en algún momento de su vida, fueron sancionados penalmente por cualquier delito intencional con pena privativa mayor a un año.

• Además, no existe una relación clara e indefectible entre la conducta ilícita cometida y las funciones inherentes al cargo a desempeñar, ya que dicho requisito abarca un amplio número de supuestos que no permiten analizar de manera objetiva si la conducta antijurídica realmente guarda relación con las funciones propias del cargo. Por lo tanto, se trata de una exigencia sobreinclusiva.

• Lo anterior evidencia la falta de razonabilidad del requisito impugnado, ya que, dada su generalidad y amplitud, genera un escenario de prohibición absoluta que impide a quienes se encuentran en esa hipótesis acceder, en condiciones de plena igualdad, al cargo público referido.

• Si bien con el establecimiento de la norma el legislador buscó garantizar que quienes accedan al mencionado empleo cuenten con probidad y honestidad, asegurando que la ejecución de sus labores sea regular y conforme al principio de legalidad, también es cierto que la norma desborda su objetivo y termina excluyendo a quienes intentan reinsertarse en la sociedad sin una razón constitucionalmente válida.

• Además, la medida legislativa impugnada no guarda una relación directa, clara e indefectible con el necesario cumplimiento de tal fin, pues no existe una base objetiva que permita determinar que una persona que en su pasado fue sancionada por la comisión de un delito intencional, cuya pena impuesta consistió en la privación de libertad por más de un año, ejercerá las funciones correspondientes al cargo con rectitud, probidad y honorabilidad, ni que quienes no se encuentren en tal supuesto desempeñarán sus labores de manera adecuada.

• Asimismo, las disposiciones normativas impugnadas comprenden hipótesis irrazonables y desproporcionadas, ya que: no permiten realizar un examen entre la conducta ilícita y las funciones a desempeñar para verificar si realmente incide en el adecuado desempeño del cargo público; no establecen un límite temporal respecto a si la sanción fue impuesta hace varios años o de forma reciente; y no distinguen entre personas sancionadas que ya cumplieron con la respectiva pena y aquellas cuyas sanciones siguen vigentes o surtiendo efectos.

3. Registro y turno. Por acuerdo de dos de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró el expediente relativo, y posteriormente lo turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento correspondiente.

4. Admisión. Por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes para que rindieran el informe correspondiente y remitieran copias certificadas de los antecedentes legislativos del decreto impugnado, así como la copia certificada del Periódico Oficial del Estado en la que se hubiera publicado el mismo. Finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación corresponda.

5. Informes. Por auto de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro se tuvieron por rendidos los informes requeridos.

6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. En ese informe expuso, medularmente, lo siguiente:

• Derivado de la reforma constitucional llevada a cabo en dos mil veintitrés, se consideró necesario expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, con el objetivo de establecer y estructurar la integración y conformación de dicho órgano, así como la determinación de facultades específicas.

• Así, después de realizar el análisis respectivo, se consideró que la expedición de la norma impugnada busca mantener el estado de derecho, dado que el aumento de la participación de los entes que conforman la administración pública ha provocado un incremento en las actividades administrativas del Estado.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. En ese informe, sostuvo, en síntesis, lo siguiente:

• La acción de inconstitucionalidad es improcedente, toda vez que los actos de promulgación y publicación que se le atribuyen al demandado no vulneran los preceptos constitucionales que refiere la promovente, en tanto que esos actos constituyen una obligación a cargo del Poder Ejecutivo, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

8. Pedimento y manifestaciones. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de hacer manifestaciones.

9. Cierre de instrucción. Por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro se declaró cerrada la instrucción a efecto de proceder a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(3) en relación con el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario 1/2023,(4) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente.

11. Lo anterior, porque la CNDH sostiene que el artículo 50, fracción V, en sus porciones normativas “intencional que amerite pena privativa de la libertad de más de un año; pero si se tratare” y “quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, son inconstitucionales, por lo que se actualiza el supuesto contemplado en la normativa mencionada.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

12. La CNDH alegó la inconstitucionalidad del artículo 50, fracción V, en sus porciones normativas “intencional que amerite pena privativa de la libertad de más de un año; pero si se tratare” y “quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, expedida mediante el Decreto Número 552, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el primero de diciembre de dos mil veintitrés. Por lo tanto, conforme al artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) se tienen por impugnadas dichas porciones, cuyo texto es el siguiente:

“LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 50. Para ocupar la titularidad del OIC, se requiere:

[...]

V. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de la libertad de más de un año; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, enriquecimiento ilícito o cometido contra la administración pública, quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y [...]”.

[Énfasis añadido]

Ver artículo 50 con énfasis

III. OPORTUNIDAD

13. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “Ley Reglamentaria”),(6) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial. En caso de que el último día del plazo sea inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

14. En el caso la norma impugnada fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el viernes uno de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del sábado dos de diciembre al domingo treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.

15. En ese sentido, toda vez que el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad se recibió el viernes quince de diciembre de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que su presentación fue oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

16. En términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión está legitimada para promover este medio de control constitucional en contra de leyes de las entidades federativas, entre otras normas generales, que, desde su perspectiva, vulneren derechos humanos.

17. El escrito inicial fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la CNDH. Demostró desempeñar dicho cargo con la copia certificada del acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Senado de la República, en el que consta su designación por el período comprendido del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro. Además, promovió la presente acción de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(7) En consecuencia, se concluye que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legítima.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

18. El Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes señala que la acción de inconstitucionalidad es improcedente, toda vez que los actos de promulgación y publicación que se le atribuyen no violentan los preceptos constitucionales que refiere la promovente, en tanto que éstos constituyen una obligación a cargo del Poder Ejecutivo, en cumplimiento a lo establecido por los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

19. La causa de improcedencia alegada debe desestimarse, porque, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República.

20. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de rubro “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES”.(8)

21. Precisado lo anterior, este Tribunal Pleno no advierte, en forma oficiosa, que se actualice alguna causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento distintos a los estudiados, por lo que procede al estudio de fondo del asunto.

VI. ESTUDIO DE FONDO

22. La CNDH sostiene que el artículo 50, fracción V, en sus porciones normativas “intencional que amerite pena privativa de la libertad de más de un año; pero si se tratare” y “quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, vulnera el derecho humano de igualdad y no discriminación, así como el derecho de acceso a un cargo público. Esto se debe a que establece como requisito para acceder a la titularidad del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes el no haber sido condenado por un delito intencional que amerite pena privativa de libertad superior a un año, y establece la inhabilitación para ocupar el cargo en caso de haber cometido delitos como robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, enriquecimiento ilícito o delitos contra la administración pública, independientemente de la pena impuesta.

23. Para analizar el presente asunto, el estudio de fondo se dividirá de la siguiente manera: A. Parámetro de regularidad constitucional; B. Análisis del artículo 50, fracción V, en su porción normativa “intencional que amerite pena privativa de la libertad de más de un año; pero si se tratare”, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes; y C. Análisis del artículo 50, fracción V, en su porción normativa “quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes.

A. Parámetro de regularidad constitucional

24. Este Tribunal Pleno ha analizado en diversos precedentes normas que establecen requisitos para acceder a algún empleo o cargo público que introducen cuestiones relacionadas con el pasado penal de una persona.(9)

25. En dichos precedentes se sostuvo que la igualdad reconocida en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.

26. Así, se ha considerado que el derecho humano de igualdad y la prohibición de discriminación obligan a toda clase de autoridades en el ámbito de sus competencias, pues su observancia debe ser un criterio básico para la producción normativa, para su interpretación y para su aplicación.

27. No obstante, también se ha precisado que si bien el sentido de la igualdad es colocar a las personas en condiciones de poder acceder a los demás derechos constitucionalmente reconocidos, lo cual implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo siempre, en cualquier momento y circunstancia, y en condiciones absolutas, sino que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio en forma injustificada. Por tanto, tal principio exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de manera que habrá ocasiones en que hacer distinciones estará vedado, y habrá otras en las que no sólo estará permitido, sino constitucionalmente exigido.(10)

28. Por otra parte, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido(11) que el derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se han identificado como, igualdad en sentido formal o de derecho).

29. El primer principio obliga a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente.

30. El segundo principio opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.

31. También se ha destacado que el derecho humano a la igualdad no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo, o de hecho, la cual tiene por objeto remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.

32. En esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus vs. Brasil, sostuvo que el derecho a la igualdad tiene dos dimensiones: la primera es la formal, que establece la igualdad ante la ley, y la segunda es la material o sustancial, que ordena la adopción de medidas positivas de promoción a favor de grupos históricamente discriminados o marginados. Bajo esta línea, señaló que el derecho a la igualdad implica la obligación de adoptar medidas para garantizar que la igualdad sea real y efectiva, es decir, corregir las desigualdades existentes para promover la inclusión y participación de los grupos históricamente marginados, garantizar a las personas o grupos en desventaja el goce efectivo de sus derechos y, en suma, brindar a las personas posibilidades concretas de ver realizada, en sus propios casos, la igualdad material.(12) 33. Sin embargo, también se ha observado que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, pues la distinción y la discriminación son jurídicamente diferentes, ya que mientras la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos.(13)

34. Además, se ha destacado que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que todos los ciudadanos deben gozar del derecho y oportunidad de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.(14)

35. En los mismos términos, el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal dispone como un derecho de la ciudadanía el poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público teniendo las calidades que establezca la ley.(15)

36. Así, en el ámbito de su competencia, las legislaturas locales o el Congreso de la Unión gozan de una amplia configuración para definir en las leyes secundarias las calidades necesarias para que una persona pueda ser nombrada para cualquier empleo o comisión del servicio público; no obstante, se ha interpretado que, cuando se utiliza el término “las calidades que establezca la ley”, se refiere a cuestiones que son inherentes a la persona y no así a aspectos extrínsecos a esta.(16)

37. Por lo tanto, será necesario que los requisitos estén directamente relacionados con el perfil idóneo para el desempeño de la respectiva función, lo que exige criterios objetivos y razonables a fin de evitar la discriminación a personas que potencialmente tengan las calificaciones, capacidades o competencias (aptitudes, conocimientos, habilidades, valores, experiencias y destrezas) necesarias para desempeñar con eficiencia y eficacia el correspondiente empleo o comisión.

38. Por ello, en principio, para la definición de las respectivas calidades a ser establecidas en la ley, como requisitos exigibles para cada empleo o comisión en el servicio público, será importante identificar las tareas o funciones inherentes a cada cargo o puesto público. Sin perjuicio de que, para determinados puestos federales o locales, se exige desde la Constitución Federal el cumplimiento de determinados requisitos tasados, como lo es el caso de la edad, el perfil profesional o la residencia, por ejemplo, y de que es necesario distinguir entre el acceso a un cargo de elección popular, del acceso a un empleo o comisión en la función pública que, acorde al nivel de especialización solicitado, puede requerir de calidades técnicas más específicas.

39. En el presente caso, la norma impugnada tiene por objeto regular los requisitos que deben cumplir las personas que busquen acceder a la titularidad del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes.

40. Sin embargo, es necesario tener presente la naturaleza del cargo que debe reunir los requisitos impugnados, para lo cual resulta imperativo tomar en cuenta algunas de las disposiciones previstas en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes.

41. A fin de brindar un esquema general, debe decirse que, en términos del artículo 2 de su Ley Orgánica,(17) el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes es un órgano jurisdiccional con personalidad jurídica y patrimonio propios, especializado en materia administrativa, fiscal, combate a la corrupción y responsabilidades administrativas, y su función será independiente, imparcial y colegiada, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer, conforme a la ley, su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones, y estará dotado de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en todo el territorio estatal. Asimismo, se establece que éste ejercerá sus funciones bajo los principios de profesionalismo, excelencia, objetividad, imparcialidad, independencia, legalidad, debido proceso, certeza jurídica, definitividad, razonabilidad, proporcionalidad, máxima publicidad, probidad, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género.

42. De conformidad con el ordenamiento referido, el Tribunal contará con un órgano interno de control con autonomía técnica y de gestión que tendrá a su cargo fiscalizar el ejercicio del gasto público, promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de este, además de conocer de todos aquellos actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de la función pública, teniendo a su cargo las funciones establecidas en el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 82 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la Ley General de Responsabilidades y la Ley de Responsabilidades, y demás normatividad aplicable. Además, el órgano interno de control contará con las Unidades de Auditoría, Investigación, y de Substanciación y Resolución, las cuales tendrán las facultades previstas en esta ley y las que se desprendan de la normatividad en la materia.(18)

43. Ahora bien, en términos del artículo 48 de la ley en cita, el órgano interno de control será responsable del control, evaluación y desarrollo administrativo, así como de la prevención de conductas constitutivas de responsabilidad administrativa y, en su caso, de la aplicación del derecho disciplinario. A continuación, se precisan las atribuciones que le competen:

• Inspeccionar el ejercicio del gasto público del Tribunal y su congruencia con el presupuesto de egresos, así como validar los indicadores para la evaluación de su funcionamiento y operación;

• Proponer las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno del Tribunal;

• Establecer las bases generales para realizar auditorías internas y externas, así como las recomendaciones y observaciones que de ellas deriven, y las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de auditoria;

• Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones con el fin de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad del Tribunal en su gestión y responsabilidades;

• Fiscalizar que el Tribunal cumpla con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales;

• Proponer al Pleno del Tribunal, la designación y remoción de las personas titulares de las áreas de Auditoría, Investigación y de Substanciación y Resolución;

• Llevar y normar el registro de las personas servidoras públicas del Tribunal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses, así como la constancia de declaración fiscal que deban presentar, y verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrará la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, hayan sido impuestas;

• Atender las inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos celebrados con el Tribunal, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;

• Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir los lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de dichas contrataciones públicas;

• Ejercer las facultades que la Constitución Local otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos;

• Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos del Tribunal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades aplicable, y realizar la defensa jurídica de sus resoluciones; para lo cual podrá aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal, y cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes;

• Presentar al Pleno del Tribunal un programa e informe anual sobre el cumplimiento de sus funciones;

• Recibir y dar seguimiento a las sugerencias, quejas y denuncias ciudadanas respecto a la actuación de los servidores públicos adscritos a los Entes Públicos; y

• Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

44. Como se observa, la persona titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes tiene atribuciones que son principalmente de fiscalización y evaluación del gasto público po

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33709-fef66033/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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