I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. CONSISTE EN QUE TODA PERSONA DEBE RECIBIR EL MISMO TRATO Y GOZAR DE LOS MISMOS DERECHOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE OTRA U OTRAS PERSONAS, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN EN UNA SITUACIÓN SIMILAR QUE SEA JURÍDICAMENTE RELEVANTE. IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN EN PERJUICIO DE LAS PERSONAS QUE EN ALGÚN MOMENTO FUERON CONDENADAS POR DELITOS INTENCIONALES O DOLOSOS QUE HAYAN AMERITADO PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD POR MÁS DE DOS AÑOS DE PRISIÓN PARA OCUPAR LA TITULARIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE AYUNTAMIENTO Y DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO (ARTÍCULOS 119, FRACCIÓN VI, Y 123, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO SENTENCIADA POR DELITO INTENCIONAL QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MÁS DE DOS AÑOS DE PRISIÓN", DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS Y 8, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO SENTENCIADA POR DELITO DOLOSO QUE AMERITE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE MÁS DE DOS AÑOS DE PRISIÓN", DE LA LEY QUE CREA LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, AMBAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO SER UNA PERSONA SENTENCIADA O CONDENADA POR DELITO INTENCIONAL O DOLOSO QUE AMERITE PENA CORPORAL O PRIVATIVA DE LIBERTAD DE MÁS DE DOS AÑOS DE PRISIÓN PARA ACCEDER A LA TITULARIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA TESORERÍA MUNICIPAL; ASÍ COMO DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 119, FRACCIÓN VI, Y 123, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO SENTENCIADA POR DELITO INTENCIONAL QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MÁS DE DOS AÑOS DE PRISIÓN", DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS Y 8, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO SENTENCIADA POR DELITO DOLOSO QUE AMERITE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE MÁS DE DOS AÑOS DE PRISIÓN", DE LA LEY QUE CREA LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, AMBAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). VI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO SER UNA PERSONA SENTENCIADA O CONDENADA POR DELITO INTENCIONAL O DOLOSO QUE AMERITE PENA CORPORAL O PRIVATIVA DE LIBERTAD DE MÁS DE DOS AÑOS DE PRISIÓN PARA ACCEDER A LA TITULARIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESULTA SOBREINCLUSIVO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 119, FRACCIÓN VI, Y 123, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO SENTENCIADA POR DELITO INTENCIONAL QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MÁS DE DOS AÑOS DE PRISIÓN", DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS Y 8, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO SENTENCIADA POR DELITO DOLOSO QUE AMERITE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE MÁS DE DOS AÑOS DE PRISIÓN", DE LA LEY QUE CREA LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, AMBAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 119, FRACCIÓN VI, Y 123, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO SENTENCIADA POR DELITO INTENCIONAL QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MÁS DE DOS AÑOS DE PRISIÓN", DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS Y 8, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO SENTENCIADA POR DELITO DOLOSO QUE AMERITE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE MÁS DE DOS AÑOS DE PRISIÓN", DE LA LEY QUE CREA LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, AMBAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 155/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 4 DE MARZO DE 2024. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al lunes cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 155/2023, promovida por Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra los artículos 119, fracción VI, y 123, fracción III, en la porción normativa "y no haber sido sentenciada por delito intencional que amerite pena corporal de más de dos años de prisión", de la Ley de los Municipios; así como el numeral 8, fracción IV, en la porción normativa "y no haber sido sentenciada por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de dos años de prisión", de la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente, ambas del Estado de Quintana Roo, reformadas mediante Decreto Número 078, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el siete de junio de dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial. Por escrito presentado el siete de julio de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 119, fracción VI, 123, fracción III, en la porción normativa "y no haber sido sentenciada por delito intencional que amerite pena corporal de más de dos años de prisión", de la Ley de los Municipios, así como el numeral 8, fracción IV, en la porción normativa "y no haber sido sentenciada por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de dos años de prisión", de la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente, ambas del Estado de Quintana Roo, reformadas mediante Decreto Número 078 publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el siete de junio de dos mil veintitrés.
2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La accionante estima violados los artículos 1o. y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 23 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como los diversos 2, 25 y 26, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
3. Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez, expuso que los artículos 119, fracción VI, 123, fracción III, en la porción normativa "y no haber sido sentenciada por delito intencional que amerite pena corporal de más de dos años de prisión", de la Ley de los Municipios, así como el numeral 8, fracción IV, en la porción normativa "y no haber sido sentenciada por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de dos años de prisión", de la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente, ambas del Estado de Quintana Roo, reformadas mediante Decreto Número 078, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el siete de junio de dos mil veintitrés, son inconstitucionales.
• Ciertamente, la Comisión accionante señala que las porciones normativas impugnadas transgreden los derechos de igualdad y no discriminación, así como de acceso a un cargo público, al excluir de manera injustificada a determinadas personas para ocupar la titularidad de la Secretaría General del Ayuntamiento y Tesorería Municipal de los diversos Municipios de Quintana Roo, así como de la Procuraduría de Protección al Ambiente estatal, dado que quienes han sido sancionados en algún momento de su vida por la comisión de un delito, si ya cumplieron con la pena que les fue impuesta y la conducta ilícita cometida no guarda relación estrecha con las atribuciones a desempeñar, deben tener la posibilidad de ocupar empleos públicos en igualdad de circunstancias que las demás personas.
• Agrega que, de la literalidad de las normas impugnadas se advierte que cuentan con una gran generalidad y amplitud, lo que ocasiona un amplio espectro de exclusión, al prever una multiplicidad de supuestos que no contemplan, si las conductas infractoras que engloban, guardan relación estrecha o manifiesta con las funciones a desempeñar, ni tampoco precisa alguna temporalidad entre la comisión del ilícito o la fecha del cumplimiento de la sanción, así como aquella en que sea posible el acceso a los cargos públicos señalados.
• En ese sentido la Comisión Nacional accionante estima que, el requisito controvertido no se justifica de forma objetiva, por lo que tiene un efecto de exclusión en perjuicio de las personas que en algún momento fueron condenadas por delitos intencionales o dolosos que hayan ameritado pena privativa de la libertad por más de dos años de prisión, pues dada la generalidad y amplitud de las normas, esto es, la sobreinclusión que caracteriza a los preceptos, se genera un escenario absoluto de prohibición al abarcar un cúmulo de supuestos que inclusive impiden realizar un análisis comparativo entre las funciones y las conductas ilícitas cometidas que, en su caso, permitirían verificar la razonabilidad de la medida.
• Sostiene que si bien las normas impugnadas contienen una distinción que cumple con una finalidad constitucionalmente válida, en virtud de que busca generar las condiciones propicias para quienes accedan a los cargos públicos mencionados tengan el perfil necesario, lo cierto es que la medida legislativa reclamada no tiene relación directa, clara e indefectible, para el necesario cumplimiento del fin constitucionalmente válido de contar con personas servidoras públicas adecuadas y eficientes.
• En consecuencia, no se advierte que los preceptos normativos controvertidos tengan una conexión directa con el cumplimiento del fin constitucionalmente válido que persiguió el Congreso local, por lo que es claro que se traduce en una medida que atenta contra el derecho de igualdad.
4. Admisión y trámite. Mediante proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 155/2023 y por razón de turno designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.
5. Por diverso auto de trece de julio de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la acción relativa, ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo para que rindieran sus respectivos informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por último, requirió al Poder Ejecutivo para que remitiera en formato electrónico un ejemplar del Periódico Oficial donde constara la publicación de las normas impugnadas.
6. Informe del Poder Ejecutivo y Legislativo. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo rindieron sus respectivos informes, los cuales fueron admitidos por el Ministro instructor mediante acuerdos de veintitrés de agosto y primero de septiembre de dos mil veintitrés, respectivamente, tuvo por recibidas las pruebas y ordenó correr traslado a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con copia simple de los informes de las autoridades con la finalidad de que éstos formularan los alegatos respectivos.
7. Alegatos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, formularon alegatos que al efecto se consideraron oportunos, los cuales fueron agregados al expediente mediante acuerdo del Ministro instructor de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés.
8. Cierre de la instrucción. Mediante proveído de dos de octubre de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
9. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la propia Constitución(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la declaración de invalidez de los artículos 119, fracción VI, 123, fracción III, en la porción normativa "y no haber sido sentenciada por delito intencional que amerite pena corporal de más de dos años de prisión", de la Ley de los Municipios, así como el numeral 8, fracción IV, en la porción normativa "y no haber sido sentenciada por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de dos años de prisión", de la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente, ambas del Estado de Quintana Roo, reformadas mediante Decreto Número 078 publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el siete de junio de dos mil veintitrés, al considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en la Constitución General, así como en los tratados internacionales de los cuales México es parte.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
10. En el escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que los artículos 119, fracción VI, 123, fracción III, en la porción normativa "y no haber sido sentenciada por delito intencional que amerite pena corporal de más de dos años de prisión", de la Ley de los Municipios, así como el numeral 8, fracción IV, en la porción normativa "y no haber sido sentenciada por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de dos años de prisión", de la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente, ambas del Estado de Quintana Roo, las cuales textualmente señalan lo siguiente:
"Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo
"Artículo 119. Para ser persona titular de la Secretaría General del Ayuntamiento se requiere: ...
"VI. No haber sido sentenciada por delito intencional que amerite pena corporal de más de dos años de prisión, y ..."
"Artículo 123. La persona titular de la Tesorería Municipal tendrá a su cargo la administración de la Hacienda Pública Municipal, y para desempeñar el cargo, se requiere: ...
"III. Ser persona de notoria buena conducta y no haber sido sentenciada por delito intencional que amerite pena corporal de más de dos años de prisión. ..."
"Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo
"Artículo 8. Para ocupar la titularidad de la Procuraduría de Protección al Ambiente se requiere: ...
"IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de 2 años de prisión y no encontrarse inhabilitado conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. ..."
III. OPORTUNIDAD
11. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente y en caso de que el último día fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
12. En este caso, la acción es oportuna en virtud de que la norma cuya constitucionalidad se reclama se publicó mediante Decreto Número 078 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el miércoles siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de treinta días naturales para efectos del cómputo respectivo transcurrió del jueves ocho de junio al viernes siete de julio de dos mil veintitrés.
13. Bajo esa perspectiva, si el escrito de demanda se presentó en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el siete de julio de dos mil veintitrés, debe estimarse oportuna su presentación.
IV. LEGITIMACIÓN
14. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima; en efecto, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y el artículo 11 de la Ley Reglamentaria prevén que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y de la Ciudad de México, actuando a través de su legítimo representante.
15. En el presente caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó el Decreto 078 mediante el cual se expidieron reformas a la Ley de los Municipios y la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente, ambas del Estado de Quintana Roo; el escrito fue presentado y firmado por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional. Este cargo se acreditó con la copia certificada de la constancia firmada por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en la que se comunica que en sesión de siete de noviembre de dos mil diecinueve, la citada Cámara la eligió como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un lapso de cinco años, el cual comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre del dos mil veinticuatro. A su vez, se advierte que los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 de su Reglamento Interno, establecen que la representación del citado órgano constitucional autónomo corresponde a su Presidenta.
16. En consecuencia, se considera que el escrito inicial correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 155/2023 fue promovido por un órgano legitimado constitucionalmente y presentada por quien cuenta con facultades suficientes para ello.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
17. Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo en sus respectivos informes hicieron valer la misma causa de improcedencia, consistente en que la impugnación de los artículos 119, fracción VI, 123 fracción III, de la Ley de los Municipios, así como el 8, fracción IV, de la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente, ambas del Estado de Quintana Roo, se realizó de manera extemporánea.
18. Ciertamente, ambos Poderes señalan que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con los numerales 21, 59, 60 y 65 de la Ley Reglamentaria, en atención a que el escrito inicial correspondiente a la acción de inconstitucionalidad, se presentó fuera del plazo legal, dado que si bien a través de la reforma impugnada se hicieron modificaciones a los artículos impugnados, lo cierto es que el requisito para ocupar el cargo público de Secretaria General del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, así como titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente, relativa a "no haber sido sentenciada por delito intencional que amerite pena corporal de más de dos años de prisión" y "no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de 2 años de prisión", ya se requería desde la redacción anterior de la norma, por lo que no se trata de un nuevo acto legislativo, al no implicar ningún tipo de cambio trascendental en las hipótesis normativas.
19. La referida causa de improcedencia es infundada en atención a lo siguiente:
20. En primer término, debe destacarse que para estar en aptitud de determinar si la impugnación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se presentó de forma extemporánea, habrá que determinar si se configuró o no un "nuevo acto legislativo" y, a partir de ello analizar si es posible o no el estudio de los conceptos de invalidez respecto de los artículos impugnados.
21. En cuanto a la configuración del nuevo acto legislativo, este Pleno ha sostenido que para decretar el sobreseimiento por cesación de efectos ante la presencia de un nuevo acto legislativo, debe acreditarse tanto un criterio formal como uno material o sustantivo. Mientras el primero exige que se haya llevado a cabo un proceso legislativo, el segundo, en cambio, se refiere a que la modificación haya significado un verdadero cambio normativo que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de tal suerte que un nuevo acto legislativo implica necesariamente una modificación en el "sentido normativo" de la disposición. Ello conforme al criterio jurisprudencial plenario número 25/2016, que lleva por rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO."(4)
22. Por lo que hace al primer requisito "formal", este se cumple en virtud de que el procedimiento legislativo culminó el día siete de junio de dos mil veintitrés con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo del "Decreto Número 078 mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones normativas, en materia de requisitos para ocupar cargos públicos" de la Ley de los Municipios y la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente, ambas del Estado de Quintana Roo.
23. En cuanto a la actualización del segundo lineamiento atinente a que la modificación impacte en el sentido de las expresiones normativas o "cambio normativo", se estima pertinente reproducir el texto impugnado contrastándolo con el texto modificado con la finalidad de dilucidar si verdaderamente se configura un cambio que signifique la existencia de un nuevo acto legislativo.
Ver tabla comparativa
24. Del cuadro comparativo se puede advertir que en todas las normas impugnadas se agrega una temporalidad a la pena privativa de libertad cuando se haya cometido un delito doloso o intencional que amerite pena corporal.
25. Bajo esta perspectiva, es infundada la causa de improcedencia argumentada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales, dado que no resulta extemporánea la impugnación de las normas, puesto que si bien desde antes de la reforma se establecía que para poder acceder a la titularidad de la Secretaría General del Ayuntamiento y Tesorería Municipal, así como de la Procuraduría de Protección al Ambiente, todos del Estado de Quintana Roo, el requisito de "No haber sido sentenciado o condenado por delito doloso o intencional que amerite pena corporal", lo cierto es que agregar las expresiones "que amerite pena corporal de más de dos años de prisión" y "de más de 2 años de prisión", en la Ley de los Municipios y en la diversa Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, respectivamente, sí trasciende en el sentido material y formal de las normas, al haberse incluido una temporalidad a la pena que se hubiere impuesto por cometer algún delito doloso, aspecto que indefectiblemente impacta en el contenido y las condiciones impuestas para poder acceder a los cargos públicos en estudio.
26. Derivado de lo anterior, conforme al criterio jurisprudencial emitido por el Tribunal Pleno de número 25/2016, antes referida, relativo a la configuración de un nuevo acto legislativo, en el presente caso se está en presencia de una modificación en el "sentido normativo" de la porción normativa impugnada y no así de una simple adición de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, pues las expresiones antes referidas impactan directamente en los supuestos para poder acceder a la titularidad de los cargos de mérito, por lo que al colmarse tanto el requisito formal como el material, en el presente caso sí existió un nuevo acto legislativo susceptible de impugnación. 27. En ese tenor, lo conducente es desestimar la causa de improcedencia relativa a extemporaneidad, prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el diverso 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria, en cuanto a la impugnación de los artículos 119, fracción VI, 123, fracción III, en la porción normativa "y no haber sido sentenciada por delito intencional que amerite pena corporal de más de dos años de prisión", de la Ley de los Municipios, así como el numeral 8, fracción IV, en la porción normativa "y no haber sido sentenciada por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de dos años de prisión", de la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente, ambas del Estado de Quintana Roo.
VI. ESTUDIO DE FONDO
28. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea en su único concepto de invalidez que la exigencia consistente en "no haber sido sentenciado o condenado por delito intencional o doloso que amerite pena corporal o privativa de libertad de más de dos años de prisión" para acceder a la titularidad de la Secretaría General del Ayuntamiento y Tesorería Municipal, así como de la Procuraduría de Protección al Ambiente, del Estado de Quintana Roo, es inconstitucional al transgredir los derechos de igualdad, no discriminación así como el derecho a acceder a un cargo público.
29. El concepto de invalidez resulta fundado en atención a lo siguiente.
30. En efecto, en las acciones de inconstitucionalidad 107/2016,(5) 85/2018,(6) 86/2018,(7) 50/2019,(8) 125/2019,(9) 108/2020,(10) 117/2020,(11) 118/2020,(12) y 300/2020,(13) se concluyó que la imposición del requisito de no contar con antecedentes penales o no haber sido condenado por delito doloso para el ejercicio de un cargo público resulta inconstitucional.
31. De igual forma, en las acciones de inconstitucionalidad 107/2016, 85/2018, 86/2018 y 50/2019 se retomó la línea jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo atinente al principio de igualdad contenido en el artículo 1o. de la Constitución Federal como un derecho humano que consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.
32. Ciertamente, el principio de igualdad no significa que todos los individuos deban de ser tratados de la misma manera en todo momento, en cualquier circunstancia y en condiciones absolutas, sino que la diferencia de trato debe fundamentarse en el hecho de que los individuos se encuentren en situaciones distintas y que esto amerite un trato diferenciado. Esto es, el principio de igualdad exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, partiendo del entendimiento de que, si bien en ocasiones realizar distinciones estará constitucionalmente prohibido, en otras no sólo estará permitido, sino que será constitucionalmente exigido.
33. De lo anterior se desprende que el derecho humano a la igualdad jurídica no sólo tiene una dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual tiene como objetivo remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.
34. Con este parámetro fueron resueltas las citadas acciones de inconstitucionalidad 107/2016, 85/2018, 86/2018 y 50/2019, en las cuales se declaró la inconstitucionalidad de los requisitos de no contar con antecedentes penales o no haber sido condenado por delito doloso para ejercer un cargo público por designación. En esencia, este Alto Tribunal determinó que el requisito para que un aspirante a un cargo público por designación demuestre que no ha estado sujeto a un proceso penal o haya incurrido en una conducta jurídicamente reprochable no tiene una justificación objetiva, pues ésta debería relacionarse con la función o el cargo que desempeñará.
35. Bajo esta tesitura, antes de proceder con el estudio de la medida en concreto, para analizar si la porción normativa impugnada contraviene el principio de igualdad, se debe verificar si el Poder Legislativo respectivo, efectivamente estableció una distinción de trato, ya sea expresa o tácita. En caso de que exista dicha distinción, se debe elegir el escrutinio que debe aplicarse al caso concreto con base en la naturaleza de la distinción, analizar si la medida persigue un fin constitucionalmente válido, y si esta es adecuada, necesaria y proporcional. En atención a lo anterior, se analizará si la medida impugnada cumple con el referido parámetro.
36. Las porciones normativas impugnadas señalan:
"Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.
"Artículo 119. Para ser persona titular de la Secretaría General del Ayuntamiento se requiere: ...
"VI. No haber sido sentenciada por delito intencional que amerite pena corporal de más de dos años de prisión, y ..."
"Artículo 123. La persona titular de la Tesorería Municipal tendrá a su cargo la administración de la Hacienda Pública Municipal, y para desempeñar el cargo, se requiere:
"III. Ser persona de notoria buena conducta y no haber sido sentenciada por delito intencional que amerite pena corporal de más de dos años de prisión. ..."
"Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo.
"Artículo 8. Para ocupar la titularidad de la Procuraduría de Protección al Ambiente se requiere: ...
"IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de 2 años de prisión y no encontrarse inhabilitado conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. ..."
37. Las disposiciones impugnadas prevén una distinción entre determinados grupos de personas; es decir, el requisito impugnado implica una diferenciación entre quienes hayan sido sentenciados o condenados por delito intencional o doloso que ameritara pena corporal o privativa de libertad de más de dos años de prisión.
38. Ahora bien, para analizar el parámetro de regularidad constitucional de las normas impugnadas, procede llevar a cabo un escrutinio ordinario, ya que es dable concluir que el requisito en estudio tiene como objetivo regular aspectos estructurales y regulatorios atinentes tanto para la administración pública Municipal, como para la Procuraduría de Protección Ambiental, por lo que la medida sí persigue un fin constitucionalmente legítimo; no obstante, no resulta adecuada, toda vez que los requisitos de "No haber sido sentenciada por delito intencional que amerite pena corporal de más de dos años de prisión", así como, "No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de 2 años de prisión", no tienen relación para poder aspirar a la titularidad de la Secretaría General del Ayuntamiento, Tesorería Municipal o de la Procuraduría de Protección al Ambiente, dado que no guardan relación directa, clara e indefectible para el necesario cumplimiento del fin constitucionalmente válido de crear un filtro estricto de acceso a un cargo público.
39. En estas condiciones, no existe base objetiva para determinar que una persona sin ese tipo de condena penal ejercerá sus actividades con rectitud, probidad y honorabilidad, máxime que la medida impugnada se refiere a todo tipo de delitos dolosos o intencionales que abarcan conductas diversas a las estrechamente vinculadas con el cargo público mencionado.
40. Por lo que, con la finalidad de justificar la falta de instrumentalidad entre la medida y el fin buscado, es dable emprender un análisis de las funciones de los cargos en cuestión.
41. En efecto, en cuanto al Secretario o Secretaria General del Ayuntamiento el artículo 120 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, establece como facultades y obligaciones: Citar a los miembros del Ayuntamiento a las sesiones a las que convoque el Presidente Municipal; asistir a dichas sesiones con voz, pero sin voto; ejercer la Secretaría de Actas en las sesiones, llevando los libros o folios que autorice el mismo, los cuales deberán rubricarse en todas y cada de sus hojas y autorizarse al final de cada acta; cumplir y hacer cumplir en la esfera de su competencia, el Reglamento Interior y demás disposiciones que dicte el ayuntamiento; despachar los asuntos administrativos y atender los asuntos que la Presidencia Municipal le encomiende; organizar, dirigir y controlar el archivo municipal y la correspondencia oficial; organizar los actos cívicos; expedir los documentos, certificaciones y constancias que acuerde el Ayuntamiento o la Presidencia Municipal; vigilar las funciones del Registro Civil; vigilar y preservar las funciones del Registro Civil; preservar la demarcación territorial del Municipio y realizar las investigaciones necesarias para determinar la procedencia de asignación de categoría política a los asentamientos humanos; entre otras.
42. Por su parte, el diverso numeral 125 de esa misma ley establece que el Tesorero Municipal tiene como funciones: cumplir y hacer cumplir la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado, la Ley de Ingresos del Municipio, el Código Fiscal Municipal y demás disposiciones legales dentro de la esfera de su competencia; elaborar y proponer al Presidente/a Municipal, los proyectos de leyes, reglamentos, medidas o disposiciones que tiendan a incrementar los ingresos y demás disposiciones que se requieran para el manejo de los asuntos tributarios del Municipio, a efecto de que sean sometidos a la aprobación del Ayuntamiento; recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que correspondan al Municipio, de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio, así como las participaciones que por ley o convenio le corresponda; documentar toda ministración de fondos públicos; ll
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32552-61b2cdb2/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL QUE A SU JUICIO VULNERAN DERECHO (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUM (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- COMPETENCIA POR MATERIA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO LOCAL CONOCER DE LA DEMANDA PRESENTADA POR UN SERVIDOR PÚBLICO DE ELECCIÓN POPULAR (REGIDOR DE UN AYUNTAMIENTO) PARA (2a./J. 6/2024 (11a.))
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERVENCIÓN A LA TESORERÍA MUNICIPAL. ES INCONSTITUCIONAL LA QUE REALIZA LA LEGISLATURA DE UN ESTADO CUANDO LA LEY NO SEÑALA CUÁLES SERÁN SUS ALCANCES (P./J. 54/2003 )
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERVENCIÓN A LA TESORERÍA MUNICIPAL. ES INCONSTITUCIONAL LA QUE REALIZA LA LEGISLATURA DE UN ESTADO CUANDO LA LEY NO SEÑALA CUÁLES SERÁN SUS ALCANCES (211)
- PRESIDENTES MUNICIPALES, DELITOS DE LOS (LEGISLACION DEL SONORA). (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis