I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE NO FUERON ALUDIDOS EN LA DEMANDA INICIAL, TODA VEZ QUE EL ALEGATO DE INCOMPETENCIA RELATIVO DEBE ANALIZARSE EN SU CONJUNTO, TENIENDO EN VISTA LA TOTALIDAD DE LAS DISPOSICIONES QUE LO CONTIENEN. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULOS 21 Y 38 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; Y 5 Y 7 DE LA LEY DE LAS COMISIONES ESTATALES DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO SUS TRANSITORIOS PRIMERO Y SEGUNDO, A LOS QUE SE REFIERE EL DECRETO 67 IMPUGNADO, ASÍ COMO DE SU RESPECTIVO RÉGIMEN TRANSITORIO). V. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA EXPEDIR LAS BASES GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, SIEMPRE Y CUANDO NO INTERVENGAN EN LAS CUESTIONES ESPECÍFICAS DE AQUÉLLOS (ARTÍCULOS 2, 3, 6 Y 8 DE LA LEY DE FOMENTO A LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; Y 109, 116 Y 117 DE LA LEY QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO 67, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA CITADA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO DE SU RESPECTIVO RÉGIMEN TRANSITORIO). VI. LIBERTAD CONFIGURATIVA. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CUENTAN CON ELLA PARA ESTABLECER LOS ÓRGANOS Y DEPENDENCIAS QUE EJERZAN LAS ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, ATENDIENDO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 116 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULOS 2, 3, 6 Y 8 DE LA LEY DE FOMENTO A LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; Y 109, 116 Y 117 DE LA LEY QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO 67, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA CITADA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO DE SU RESPECTIVO RÉGIMEN TRANSITORIO). VII. PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL HECHO DE QUE EL LEGISLADOR LOCAL HAYA PREVISTO QUE, DENTRO DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA EL FOMENTO AL CUIDADO DEL AGUA, FUNGIRÁ COMO PRESIDENTE EL TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA EL MANEJO, SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN DEL AGUA DE ESE ESTADO, RESPONDE A LA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA DISEÑAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL (ARTÍCULOS 2, 3, 6 Y 8 DE LA LEY DE FOMENTO A LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; Y 109, 116 Y 117 DE LA LEY QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO 67, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA CITADA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO DE SU RESPECTIVO RÉGIMEN TRANSITORIO). VIII. PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL HECHO DE QUE EL LEGISLADOR LOCAL HAYA INCORPORADO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL A LA SECRETARÍA PARA EL MANEJO, SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN DEL AGUA, PARA EL EJERCICIO DE ATRIBUCIONES RELACIONADAS CON EL DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS DEL ESTADO Y EL FOMENTO DEL USO RACIONAL DEL AGUA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA, NO AFECTA EL DERECHO HUMANO AL ACCESO Y PRESERVACIÓN DEL VITAL LÍQUIDO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ARTÍCULOS 2, 3, 6 Y 8 DE LA LEY DE FOMENTO A LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; Y 109, 116 Y 117 DE LA LEY QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE DECRETO 67, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA CITADA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO DE SU RESPECTIVO RÉGIMEN TRANSITORIO). IX. PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA. CONSTITUYE UNA FACULTAD CONCURRENTE EN LA QUE PARTICIPAN LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LA CIUDADANÍA, EN LA QUE LAS ATRIBUCIONES SE ENCUENTRAN DELIMITADAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA ESTATAL Y OTORGAN PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL MARCO DE UNA CULTURA DE CUIDADO Y USO RACIONAL DEL VITAL LÍQUIDO (ARTÍCULOS 2, 3, 6 Y 8 DE LA LEY DE FOMENTO A LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; Y 109, 116 Y
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 174/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE ABRIL DE 2023. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
Los problemas jurídicos que se plantean son los siguientes: 1. ¿Debe sobreseerse por cesación de efectos en los artículos 21 y 38 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, así como de los artículos 5 y 7 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, reformados mediante el Decreto Número 67, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa el doce de mayo de dos mil veinte, así como de su respectivo régimen transitorio?; 2. ¿Las normas impugnadas materia del fondo invaden la competencia constitucional de la Federación en materia de agua y saneamiento?; 3. ¿Las normas impugnadas materia del fondo invaden la competencia constitucional de los Municipios en materia de agua y saneamiento?; y 4. ¿Las normas impugnadas materia del fondo que otorgan facultades de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua del Estado de Baja California, por su indeterminación, presuntamente inciden en las atribuciones que corresponden a la Federación o a los Municipios?
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Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al once de abril de dos mil veintitrés, por el que emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 174/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del "Decreto Número 67, a través del cual se reforman y adicionan los artículos 21 y 38 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California; 2, 3, 6 y 8 de la Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua para el Estado de Baja California; 5 y 7 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California; y 109, 116 y 117 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California", publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa el martes doce de mayo de dos mil veinte.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA:
1. PRIMERO.—Demanda inicial y normas impugnadas. Por oficio presentado el tres de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las disposiciones siguientes:
"Decreto No. 67 mediante el cual se reformaron la Ley Orgánica de la Administración Pública; la Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua; la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos; y la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable; todas del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 12 de mayo de 2020, cuyo contenido se reproduce a continuación:
"‘Decreto No. 67
"PRIMERO. Se reforma el artículo 21 y se adiciona el Capítulo XIV denominado ‘De la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua’ al Títulos (sic) Segundo, así como el artículo 38 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, para quedar como sigue:
"‘ARTÍCULO 21. ...
"‘Además de la ...
"‘I.–IX. ...
"‘X. Secretaría de la Honestidad y la Función Pública;
"‘XI. Secretaría de Cultura, y
"‘XII. Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua.’
"CAPÍTULO XIV DE LA SECRETARÍA PARA EL MANEJO, SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN DEL AGUA
"‘ARTÍCULO 38 BIS. La Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, es la dependencia responsable de diseñar y coordinar la política pública en materia de gestión de recursos hídricos del Estado, así como fomentar el uso racional del agua; teniendo para tales efectos las siguientes atribuciones y obligaciones:
"‘I. Planear, gestionar, regular, validar, supervisar, construir y coordinar los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y reúso que correspondan al Estado, así como los sistemas de los mismos, por sí o a través de las entidades paraestatales del Sector a su cargo;
"‘II. Gestionar, planear, programar, proyectar, contratar, ejecutar y supervisar, las obras de competencia estatal, por sí o través de las entidades paraestatales del Sector a su cargo, requeridas para aprovechar de forma sustentable el agua en las actividades urbanas y suburbanas, agrícolas, rurales, ganaderas y forestales, así como su operación, conservación y mantenimiento, coordinando dichas acciones con la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial y Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria, según corresponda;
"‘III. Promover y participar en la concentración de créditos, y otros mecanismos financieros para la construcción, instalación, conservación, mantenimiento o mejoramiento de la infraestructura hidráulica a cargo del Estado;
"‘IV. Ejercer las atribuciones que la legislación federal en materia hídrica establece para los Estados, así como las atribuciones descentralizadas por la Federación hacia los Estados, mediante la celebración de convenios;
"‘V. Elaborar los programas que derivados del Plan Estatal de Desarrollo se relacionen con los Sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento y supervisar el cumplimiento de las prioridades y su ejecución;
"‘VI. Participar en la celebración de convenios y acuerdos que el Ejecutivo del Estado realice con el Municipio respectivo para fijar las bases y procedimientos, condiciones y términos conforme a los cuales se proceda, en su caso, a la transferencia del organismo operador, cuando un Municipio considere que su capacidad administrativa y financiera permitan la instalación de la comisión municipal correspondiente;
"‘VII. Gestionar ante las autoridades competentes la realización de acciones y la emisión de actos administrativos necesarios para el ejercicio de sus funciones, en términos de las leyes locales y la Ley de Aguas Nacionales;
"‘VIII. Formular alternativas en la utilización de fuentes de energía para la operación de los sistemas de conducción de agua en el Estado;
"‘IX. Formular y promover nuevas fuentes y sistemas de abastecimiento de agua; disminuyendo los daños ambientales y los costos en la producción de nuevas fuentes de agua;
"‘X. Coadyuvar en la promoción, apoyo, prevención, vigilancia, control y disminución de la contaminación del agua;
"‘XI. Coadyuvar con la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, en la aplicación de la normatividad para el manejo y disposición final de residuos sólidos, de residuos industriales y para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales;
"‘XII. Coadyuvar en la formulación conjunta con la Federación, de los planes y programas específicos tanto para el abastecimiento, como el tratamiento de aguas y servicios de drenaje y alcantarillado, así como la captación, tratamiento y uso eficiente de aguas pluviales;
"‘XIII. Participar con la Federación y con los Municipios del Estado, para la planeación, realización y administración de las acciones de gestión de los recursos hídricos de competencia federal;
"‘XIV. Participar en los convenios que se gestionen entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, así como con los gobiernos de los Municipios, en los cuales se realicen obras de infraestructura hidráulica;
"‘XV. Gestionar la obtención de recursos, concertación de créditos y otros mecanismos financieros, incluso sobre la participación de terceros en el financiamiento de obras y servicios, que apoyen la construcción y el desarrollo de las obras y servicios hidráulicos del Estado;
"‘XVI. Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio del Estado y de los Municipios;
"‘XVII. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado;
"‘XVIII. Impulsar y promover conjuntamente con la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial y Secretaría del Campo y la Seguridad Alimentaria y los Municipios, los programas de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones;
"‘XIX. Gestionar ante la Federación, la celebración de las concesiones y asignaciones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en cantidad y calidad, que estén bajo la administración y custodia del Estado y de la prestación de los servicios públicos de agua;
"‘XX. Gestionar la celebración de convenios con la Federación y los Municipios, con la finalidad de mejorar y difundir permanentemente el conocimiento sobre la ocurrencia del agua en el ciclo hidrológico, la oferta y demanda de agua, los inventarios de agua, suelo, usos y usuarios y de información pertinente vinculada con el agua y su gestión, así como la promoción de una gestión integrada de los recursos hídricos, con el apoyo que consideren necesarios como de usuarios del agua, de organizaciones de la sociedad y de particulares;
"‘XXI. Promover la participación de la sociedad en la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y vigilancia de la política hídrica estatal;
"‘XXII. Coordinar la operación y actualización del sistema estatal de información de los servicios de agua potable, pluviales, alcantarillado sanitario y saneamiento, así como los de tratamiento y manejo de aguas residuales;
"‘XXIII. Participar en el Sistema Estatal de Protección Civil y apoyar en la aplicación de los planes y programas para prevenir y atender situaciones de emergencia, causadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos;
"‘XXIV. Desarrollar, en coordinación con los organismos operadores, programas de orientación a los usuarios con el objeto de preservar la calidad del agua y propiciar su aprovechamiento racional;
"‘XXV. Elaborar y mantener actualizado, en coordinación con las entidades paraestatales del sector a su cargo, el inventario de los bienes y recursos del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado y de las reservas hidrológicas del Estado;
"‘XXVI. Iniciar y aplicar los procedimientos administrativos e imponer las medidas correctivas y sancionadoras que procedan, por infracciones a la normatividad en materia hídrica Estatal, de acuerdo a sus atribuciones conforme los convenios y legislación aplicable;
"‘XXVII. Participar en reuniones tanto del ámbito binacional, federal y estatal en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento;
"‘XXVIII. La proposición de políticas públicas, estrategias, programas, proyectos y acciones para hacer eficiente el uso de agua en riego, así como de los usos agropecuarios y acuícolas, y
"‘XXIX. Las demás que determinen expresamente las leyes y reglamentos aplicables.’
"ARTÍCULOS TRANSITORIOS
"‘PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.’
"‘SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Estatal deberá realizar las adecuaciones en el Decreto de creación y de Comisión Estatal del Agua de Baja California, así como a la normatividad estatal en materia de agua, a fin de incorporar a la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua en la misma, debiendo realizar las acciones necesarias para garantizar la participación ciudadana en las adecuaciones respectivas.’
"‘TERCERO. La Secretaría de Hacienda y la Oficialía Mayor dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto deberá realizar las acciones conducentes a fin de dotar a la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su creación.’
"SEGUNDO. Se aprueban las reformas a los artículos 2, 3, 6 y 8 de la Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua para el Estado de Baja California, para queda como sigue:
"‘ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta ley se entiende por:
"‘I.–VIII. ...
"‘IX. Recomendación: Documento emitido por el titular del Ejecutivo a través de la instancia que para tal efecto se instale, en el cual se establecerán los criterios y acciones a llevar a cabo, a fin de fomentar el uso racional y cuidado del agua;
"‘X. Secretaría: Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua;
"‘XI. Titular del Ejecutivo: El gobernador del Estado de Baja California; y
"‘XII. Uso racional del agua: Son las acciones, estrategias y hábitos encaminados al consumo eficiente del agua en el marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre el medio ambiente y recursos naturales renovables.’
"‘ARTÍCULO 3. La Secretaría, ejercerá las siguientes atribuciones:’
"‘ARTÍCULO 6. ...
"‘Las entidades públicas tendrán la obligación de elaborar su Programa de Fomento de la Cultura del Cuidado del Agua, conteniendo las medidas específicas, metas e indicadores de resultados para el uso eficiente y ahorro de agua en todas sus instalaciones y actividades, mismo que presentarán de manera directa a la Secretaría que lo registrará para su seguimiento y evaluación dentro del Programa Estatal.’
"‘ARTÍCULO 8. Participarán en el Consejo como parte de las entidades públicas:
"‘I. El titular de la secretaría, quien fungirá como presidente;
"‘II.–III. ...
"‘IV. El titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial;
"‘V. El titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo;
"‘VI. El titular de la Comisión;
"‘VII.–VIII. ...’
"ARTÍCULOS TRANSITORIOS
"‘ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.’
"TERCERO. Se reforman los artículos 5 y 7 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, para quedan como sigue:
"‘ARTÍCULO 5. Los Consejos de Administración de las Comisiones de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, se integran con ocho consejeros, los que serán:
"‘I. ...
"‘II. El secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua;
"‘III. El secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial;
"‘IV. El secretario de Hacienda;
"‘V. Un representante ciudadano, que será seleccionado por el gobernador del Estado de la terna que proponga el Cabildo del Municipio correspondiente;
"‘VI. Dos representantes de la Iniciativa Privada, que serán seleccionados por el gobernador del Estado de las ternas que proponga la Cámara de Comercio y la Delegación de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación del Municipio correspondiente, y
"‘VII. El presidente municipal respectivo.’
"‘ARTÍCULO 7. El gobernador del Estado será el presidente del Consejo y en sus ausencias temporales será sustituido por el titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua. Por cada uno de los consejeros restantes, el gobernador del Estado designará un suplente.’
"ARTÍCULOS TRANSITORIOS
"‘PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.’
"‘SEGUNDO. Cada Comisión Estatal de Servicios Públicos deberá presentar al Ejecutivo Estatal las reformas a sus Reglamentos Internos en apego a la presente reforma, para su aprobación y publicación.’
"‘CUARTO. Se reforman los artículos 109, 116 y 117 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, para quedar como sigue:’
"‘ARTÍCULO 109. Corresponde a la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua en coordinación con los Organismos encargados del servicio:’
"...
"‘ARTÍCULO 116. La Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua en coordinación con los Organismos encargados del servicio, promoverán el ahorro y el uso eficiente del agua potable, así como el reúso de las aguas residuales procedentes de las plantas de tratamiento si su calidad así lo permite de acuerdo con la normatividad aplicable.’
"‘ARTÍCULO 117. La Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua en coordinación con los Organismos encargados del servicio vigilarán que el reúso de las aguas se ajuste a los términos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, las normas ambientales del Estado y demás disposiciones que resulten aplicables.’
"ARTÍCULOS TRANSITORIOS
"‘ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.’."
2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Comisión accionante considera que las normas que impugna son contrarias a los artículos 1o., 4o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11.1 y 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 11.1 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador".
3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. La Comisión accionante hace valer, en esencia, lo siguiente:
• ÚNICO. El Decreto No. 67 impugnado, que reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua; la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos; y la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable, todas del Estado de Baja California, vulnera los derechos fundamentales al agua y saneamiento, seguridad jurídica y el principio de legalidad. Lo anterior, en virtud de que los supuestos previstos en las leyes reformadas mediante ese decreto se apartan del parámetro previsto en la Ley Fundamental en materia de agua potable y saneamiento, y distorsiona, contradice y/o genera un parámetro diferenciado respecto del régimen constitucional en materia de aguas.
A. Parámetro de regularidad en materia de derecho al agua y saneamiento
El derecho humano al agua y saneamiento en el orden jurídico mexicano fue elevado a rango constitucional mediante la reforma al numeral 4, párrafo sexto, de la Ley Fundamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de dos mil doce.
El Poder Reformador de la Constitución estimó necesario introducir el derecho al agua como un derecho humano, estableciendo su disposición y saneamiento para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
Asimismo, consideró como características y condiciones básicas que deben garantizarse para poder acceder a este derecho y ejercerlo:
• El abastecimiento del agua debe ser suficiente y adecuado a las necesidades vitales de cada persona.
• El agua debe tener una calidad adecuada para el uso personal y doméstico, esto es, que no contenga microorganismos o sustancias químicas o radioactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas.
• Debe ser accesible tanto desde el punto de vista físico, es decir, que todas las personas puedan acceder al agua sin tener que hacer un gran esfuerzo de traslado, como accesible en términos económicos, es decir, ser asequible para cualquier persona.
• El agua debe ser accesible a todos sin ningún tipo de discriminación, garantizando que las personas que viven en una situación de mayor vulnerabilidad puedan acceder al agua en igualdad de condiciones.
Además, el Poder Reformador consideró prioritario establecer la obligación del Estado de garantizar este derecho y que la ley definiera las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equilibrado y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo un sistema constitucional de participación de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, así como la participación ciudadana para la consecución de dichos fines. En el ámbito internacional, el derecho al agua ha sido desarrollado principalmente, aunque no en forma exclusiva, por la interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el Comité facultado para ello, el cual, en su Observación General No. 15, ha subrayado que el derecho al agua forma parte del derecho a un nivel de vida adecuado, al igual que los derechos a disponer de alimentación, de una vivienda y vestido adecuados; asimismo, precisó que el derecho al agua está indisolublemente asociado al derecho a la salud y a una vivienda y una alimentación adecuadas.
Por otro lado, en 2006, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos aprobó las directrices para la realización del derecho al agua potable y al saneamiento. En ellas se utiliza la definición del derecho al agua elaborada por el Comité, y el derecho al saneamiento se define como el derecho de toda persona a acceder a un servicio de saneamiento adecuado y seguro que proteja la salud pública y el medio ambiente.
En el mismo sentido, el derecho internacional humanitario y el derecho ambiental también protegen expresamente el acceso al agua potable y el saneamiento.
La Convención de Ginebra (1949) y sus Protocolos adicionales (1977) destacan la importancia fundamental del acceso al agua potable y el saneamiento para la salud y la supervivencia en los conflictos armados internacionales y no internacionales.
El Protocolo relativo al agua y la salud de la Convención sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, de 1992, dispone que los Estados parte deben adoptar medidas apropiadas para asegurar el acceso a agua potable y saneamiento, así como proteger los recursos hídricos utilizados como fuentes de agua potable contra la contaminación.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aborda el derecho humano al agua, en su Objetivo 6, enfocado a garantizar la disponibilidad de agua, además de su gestión sostenible y saneamiento para todos, especialmente las metas 6.1, relativas a "lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos", al igual que 6.4, correspondiente "aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua."
De este modo, el reconocimiento de derecho humano al agua y saneamiento previsto en la Constitución Federal desde febrero de dos mil doce, debe entenderse a la luz de su desarrollo progresivo y tradición internacional y no en forma separada.
I. Núcleo esencial del derecho humano al agua
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales detalló en su Observación General 15 que, si bien no se prevé explícitamente ese derecho "se encuentra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular, porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia", por lo que igualmente está comprendido en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por extensión, los numerales 10, 11 y 12 del Protocolo de San Salvador.
Esta Comisión Nacional ha señalado en sus Recomendaciones 11/2018 y 1/2020, en atención a los planteamientos de la Observación General 15, que a pesar de que el acceso al líquido vital puede implicar la realización de distintas actividades personales y productivas, el derecho humano al agua debe interpretarse siempre bajo una perspectiva de sostenibilidad, de manera que pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.
Adicionalmente, la Observación General 15 emplea la noción de un "uso personal y doméstico", no solo para designar una modalidad de acceso o suministro en sentido estricto, sino para todo el proceso orientado a ese fin, desde la provisión de reservas de agua y su extracción, hasta la distribución, suministro o abastecimiento a las personas, mediante acceso directo o a través de la red de servicio público, abarcando los mecanismos de gestión o administración del agua que sustentan dichos procesos.
Para garantizar el núcleo esencial del derecho humano al agua, en nuestro país existe un sistema de génesis constitucional que regula la administración del recurso hídrico. Principalmente, la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 constitucional, así como el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Norma Fundamental, que otorga a los Municipios, entre otras, las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
II. Sistema constitucional en materia de agua y saneamiento
El derecho al agua implica sobre todo dos distintas obligaciones básicas o primarias para los poderes públicos; la primera consiste en proveer materialmente el líquido, haciéndolo asequible para la población en general y de una manera especial para los grupos más vulnerables; la segunda, es asegurar que este líquido tenga la calidad necesaria para el consumo humano, ya sea directo (es decir, cuando el agua se usa para beber o para la higiene personal) o indirecto (usos agrícolas o alimentarios en general).
Para cumplir con dichas obligaciones constitucionales, la Norma Fundamental prevé un sistema de reglas que hacen efectivo ese derecho. Por ejemplo, el numeral 27, párrafo quinto, de la Constitución Federal, prevé que son propiedad de la Nación las aguas provenientes de los destinos ahí especificados, entre otras cuestiones.
Así, la Constitución Federal prevé de manera genérica lo concerniente a aguas nacionales; sin embargo, el ordenamiento que regula la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable es la Ley de Aguas Nacionales.
A nivel federal existe la Comisión Nacional del Agua ("Conagua"), cuya naturaleza jurídica es de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes.
Dicha Comisión cuenta con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, el ejercicio de las facultades que le corresponden previstas en la Ley de Aguas Nacionales. Su misión es administrar y preservar las aguas nacionales y sus bienes inherentes para lograr su uso sustentable con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general.
Por otro lado, el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Ley Fundamental, vigente desde el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, faculta a los Municipios para prestar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
Para dar cumplimiento a este precepto constitucional, las Legislaturas Locales deben contemplar dentro de su normativa local las disposiciones necesarias para que el servicio público sea prestado en congruencia con la Constitución Federal, tal como lo prevén los artículos Segundo y Tercero transitorios del decreto que reformó el artículo constitucional en cita.
En tal sentido, la participación de las autoridades legislativas locales en cuanto a las habilitaciones al gobierno estatal en la materia se limita a regular la prestación del servicio de agua a cargo de los Municipios. A contrario sensu, sólo los Municipios están constitucionalmente habilitados para proveer a los particulares dichos servicios y no así propiamente las entidades federativas per se, de manera que no cuentan con una libertad de configuración amplia y discrecional.
B. Derecho fundamental de seguridad jurídica y principio de legalidad
El derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Norma Fundamental, así como 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, constituyen prerrogativas fundamentales por virtud de las cuales, toda persona se encuentra protegida frente al arbitrio de la autoridad estatal.
Una forma de garantizar esta protección es que el actuar de la autoridad se acote en una ley adoptada por el Poder Legislativo, siempre apegándose a lo establecido por la Constitución Federal, la cual genera el cauce de todo el orden jurídico.
De forma esquemática, esta perspectiva del derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad se puede plantear en los siguientes términos, de la manera en cómo se verán transgredidos en los siguientes supuestos: a) cuando la actuación por parte de cualquier autoridad del Estado no se encuentra debidamente acotada o encauzada conforme a la Constitución o las leyes secundarias que resultan acordes a la Norma Fundamental; b) Cuando la autoridad estatal actúa con base en disposiciones legales que contradicen el texto constitucional; c) Cuando la autoridad afecta la esfera jurídica de los gobernados sin un sustento legal que respalde su actuación.
Con base en ello, se estima que el Congreso de Baja California contravino dichos principios, al deformar los mecanismos constitucionales establecidos para garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento.
C. Inconstitucionalidad del decreto
A la luz del parámetro precisado, el Decreto 67 implica afectaciones en el goce y ejercicio de los derechos humanos, al tratarse de normas que, por una parte, generan incertidumbre jurídica en cuanto a sus alcances, o bien, infringen el sistema constitucional en materia de aguas, lo que redunda en la afectación en el goce efectivo del derecho humano al agua.
Si bien en apariencia el objeto de las modificaciones a las ley
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32214-d3a0bed0/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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