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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS GENERALES DE CARÁCTER FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ACTOS LEGISLATIVOS. SE SATISFACEN CUANDO EL LEGISLADOR ACTÚA DENTRO DE LOS LÍMITES DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE LE CONFIERE Y CUANDO LAS LEYES QUE EMITE SE REFIEREN A RELACIONES SOCIALES QUE RECLAMAN SER JURÍDICAMENTE REGULADAS. III. MOTIVACIÓN DE NORMAS Y ACTOS LEGISLATIVOS. SON DOS TIPOS DE MOTIVACIONES LAS QUE LA CONSTITUCIÓN GENERAL SUJETA A LAS NORMAS Y A LOS ACTOS PROVENIENTES DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS; POR UN LADO, LA REFORZADA, QUE APLICA ESENCIALMENTE CUANDO SE EMITEN CIERTAS NORMAS O ACTOS QUE PUEDEN AFECTAR ALGÚN DERECHO FUNDAMENTAL, POR OTRO, LA MOTIVACIÓN ORDINARIA SE DA EN AQUELLOS CASOS EN QUE NO SUBYACE DICHA AFECTACIÓN. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEY QUE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE QUERÉTARO NO REQUIERE UN EXAMEN REFORZADO DE MOTIVACIÓN LEGISLATIVA, EN TANTO QUE NO SE ENCUENTRA BAJO DEBATE SI LOS ARTÍCULOS IMPUGNADOS GENERAN TRATOS DISCRIMINATORIOS BASADOS EN CATEGORÍAS SOSPECHOSAS. V. SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. CORRESPONDE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES EMITIR LAS NORMAS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DE DICHO SERVICIO DENTRO DE LOS MUNICIPIOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. LA REFORMA A LA LEY LOCAL QUE REGULA SU PRESTACIÓN CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, AL HABER SIDO EMITIDA POR EL CONGRESO ESTATAL DENTRO DE LOS LÍMITES DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN LOCAL LE CONFIERE Y CON EL OBJETIVO DE REGULAR EL DERECHO DE LOS USUARIOS A DISPONER DE AGUA EN FORMA SUFICIENTE, ACEPTABLE Y ASEQUIBLE PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS (ARTÍCULOS 74 Y 75, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY QUE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). VII. DERECHO HUMANO AL AGUA. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO MEXICANO EN MATERIA DE ESTE DERECHO. VIII. DERECHO HUMANO AL AGUA. LA DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y ACCESIBILIDAD SON GARANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN. IX. DERECHO HUMANO AL AGUA. POR LO GENERAL SE GARANTIZA EN SUS VERTIENTES DE DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD SIN DISCRIMINACIÓN CUANDO SE SUMINISTRA, COMO MÍNIMO, 50 LITROS DE AGUA AL DÍA POR PERSONA PARA SUS NECESIDADES BÁSICAS CON INDEPENDENCIA DE QUE ALGUNAS PERSONAS REQUIEREN VOLÚMENES DE AGUA ADICIONALES EN RAZÓN DE LA SALUD, EL CLIMA Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO. X. DERECHO HUMANO AL AGUA. PARA ASEGURAR SU DISPONIBILIDAD EN CANTIDAD SUFICIENTE NO SE DEBE TOMAR COMO REGLA UNIFORME EL MÍNIMO DE 50 LITROS DE AGUA AL DÍA POR PERSONA, SINO DEBEN CONSIDERARSE LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DE CADA INDIVIDUO Y, CON BASE EN ELLO, DETERMINAR CUÁL ES LA CANTIDAD MÍNIMA NECESARIA QUE SATISFACE SUS NECESIDADES BÁSICAS. XI. SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE. LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, DENTRO DE SU LIBRE FACULTAD CONFIGURATIVA, PUEDEN PRESTARLO DIRECTAMENTE O BIEN OTORGAR CONCESIONES AL SECTOR PRIVADO PARA SU PRESTACIÓN TEMPORAL SIN QUE EXISTA IMPEDIMENTO CONSTITUCIONAL PARA ELLO. XII. SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE. LAS EMPRESAS PRIVADAS CONCESIONARIAS QUE LO BRINDAN DEBEN OPERAR CONFORME AL MARCO CONVENCIONAL Y DE DERECHOS HUMANOS QUE LAS RIGEN, POR LO QUE NO SOLAMENTE DEBEN RESPETAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA, SINO QUE ADEMÁS DEBEN TOMAR MEDIDAS CONCRETAS PARA GARANTIZARLO. XIII. SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE. ESTÁ PROHIBIDA LA DESCONEXIÓN TOTAL DE ESE SERVICIO POR FALTA DE PAGO, TODA VEZ QUE, INCLUSO EN ESAS CIRCUNSTANCIAS, EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBE GARANTIZAR EL MÍNIMO ESENCIAL DE AGUA POR PERSONA PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BÁSICAS. XIV. SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE. CUANDO LAS AUTORIDADES COMPETENTES DECIDAN DELEGAR SU PRESTACIÓN A UNA EMPRESA O ENTE PRIVADO, EL MARCO DE DERECHOS HUMANOS EXIGE A LOS ESTADOS ESTABLECER SALVAGUARDAS PARA EVITAR QUE SE VEA AFECTADA SU CAPACIDAD DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES DE DERECHOS HUMANOS. XV. SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE. TANTO LAS AUTORIDADES COMO LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS QUE LO BRINDAN TIENEN EL DEBER DE RESPETAR Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA SIN DISCRIMINACIÓN, ASEGURANDO SU DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y ACCESIBILIDAD, TOMANDO EN CUENTA EL MÍNIMO DE 50 LITROS DE AGUA DIARIOS POR PERSONA, ASÍ COMO LAS CONDICIONES PARTICULARES DE CADA FAMILIA O PERSONA. XVI. SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE QUERÉTAR

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 102/2024. · Registro digital (IUS): 33719
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-10-24
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Octubre de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.118.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 102/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA. 21 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: RICARDO LATAPIE ALDANA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal promovió la presente acción para reclamar la inconstitucionalidad de los artículos 74 y 75, último párrafo, de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, al considerar que vulneran el derecho humano al agua.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 102/2024, promovida por Poder Ejecutivo Federal a través de la Consejería Jurídica contra los artículos 74 y 75, último párrafo, de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro.

Antecedentes y trámite de la demanda

1. Expedición de las disposiciones impugnadas. El nueve de abril de dos mil veinticuatro, se publicó en La Sombra de Arteaga, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro.

2. Presentación de la acción de inconstitucionalidad. El siete de mayo de dos mil veinticuatro, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro. En específico, reclamó la invalidez de los artículos 74 y 75, último párrafo de dicha Ley.

3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Consejería Jurídica expuso los siguientes conceptos de invalidez:

a. Primero. Los órganos legislativo y ejecutivo del estado de Querétaro de Arteaga, al emitir y publicar los artículos 74 y 75 de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, violan el principio de debida fundamentación y motivación que establece el artículo 16 constitucional.

b. Las normas afectan el derecho fundamental al suministro de agua potable previsto en el artículo 4º constitucional, por lo cual se debió cumplir con (i) la existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan concluir que procede crear y aplicar las normas impugnadas, y (ii) justificar de manera sustantiva, expresa, objetiva y razonable los motivos por los que el legislador emitió las normas.

c. Asimismo, se debió hacer un balance razonable entre la limitación a los deudores del pago por los servicios del agua durante dos meses y la obligación del Estado de garantizar el acceso y suministro de agua potable.

d. Segundo. Los artículos 74 y 75 del Decreto Impugnado autorizan al prestador de servicios de agua potable (particulares), respecto de los usuarios de agua con uso doméstico, cuando éstos omitan realizar el pago de dos periodos o dos meses consecutivos, a restringir el suministro continuo de agua a por lo menos 50 litros al día por persona, lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 1º y 4º, párrafo sexto, de la Constitución.

e. Debe tomarse en cuenta el artículo 6º, fracción X de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Querétaro,(1) ya que son los concesionarios –personas de derecho privado– quienes realmente prestan los servicios de agua potable.

f. Las disposiciones impugnadas constriñen a los deudores para que cubran los adeudos por el suministro de agua potable por la intermediación de los “prestadores de servicios” y favorecen a las personas de derecho privado, en contravención al artículo 4º constitucional.

g. Se establece que el límite puede ser como mínimo de 50 litros al día, lo que podría hacer pensar que los particulares concesionarios, por intermediación de los “prestadores de servicios”, estarán dispuestos a establecer un límite mayor, pero es falso. Si los beneficiarios de las normas impugnadas son las personas de derecho privado, es claro y legítimo que pretendan obtener el mayor beneficio posible por los servicios que prestan. En ese sentido, les es beneficioso que se establezca una restricción del suministro de agua de por lo menos 50 litros al día por persona.

h. Por otra parte, fijar los 50 litros como mínimo de agua potable para los deudores con dos meses de atraso resulta arbitrario. De la exposición de motivos de la norma no se desprende que se haya hecho un estudio técnico y fundado que permita al legislador que esos 50 litros al día por persona son suficientes para satisfacer las necesidades particulares de agua de los habitantes de Querétaro.

i. Las necesidades de las familias son diversas y pueden necesitar una mayor cantidad de litros de agua para prevenir enfermedades y para el cuidado de la salud. Asimismo, la cantidad de agua necesaria para cada ser humano depende de distintos factores y de las circunstancias especiales en las que viva.

j. Al restringir el servicio de agua potable para garantizar el pago de los servicios que prestan los concesionarios (personas de derecho privado), se les impide a las autoridades municipales cumplir con la obligación de garantizar el correcto servicio de suministro de agua, en términos de la fracción III del artículo 115 constitucional.(2)

k. Como el suministro de agua potable está en poder de personas de derecho privado, se pone en evidencia que la búsqueda de beneficios económicos puede restringir el derecho de acceso al suministro de agua potable, al facultar a los prestadores de servicios a restringir el suministro a 50 litros por día por persona cuando exista un adeudo de dos meses.

4. Registro y turno. Mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la acción de inconstitucionalidad con el expediente 102/2024 y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

5. Admisión y trámite. El diez de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora dictó un acuerdo mediante el cual admitió la acción de inconstitucionalidad, reconoció la personalidad de la promovente y dio vista a los órganos que expidieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes.

6. Informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Querétaro. El tres de julio de dos mil veinticuatro, la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva y representante legal del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, rindió su informe. El once de julio de dos mil veinticuatro, el Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en representación del Gobernador de Querétaro, rindió su informe. Ambas autoridades argumentaron, en síntesis, lo siguiente:

a. No existe la obligación explicar los fundamentos o motivos por los cuales se expiden las leyes. No obstante, la reforma impugnada sí tiene una parte considerativa.

b. Los artículos impugnados no invaden la esfera de competencias de la Federación.

c. En el amparo directo en revisión 5099/2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los usuarios del servicio de agua están obligados a pagar las contribuciones para su uso, explotación y aprovechamiento. Por lo tanto, el órgano competente puede restringir el servicio de agua ante la falta de pago, sin que se prive al usuario del agua para su uso personal.

d. Los conceptos de invalidez no explican por qué los artículos impugnados son inconstitucionales.

e. La Organización Mundial de la Salud y la Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas han establecido el parámetro de mínimo 50 litros de agua al día sirven para satisfacer el derecho humano al agua. Por lo tanto, los artículos reclamados no afectan el derecho humano al agua ni al mínimo vital.

f. En el amparo en revisión 984/2023, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, entre otras cuestiones, que la participación de concesionarios en la prestación del servicio público de agua potable no es contraria a la Constitución, y que la concesión está sujeta al marco normativo aplicable.

g. La limitación de servicio prevista en los artículos reclamados es una medida razonable que se ajusta a los estándares internacionales sobre la cantidad de agua necesaria para satisfacer las necesidades básicas. Asimismo, garantiza el mínimo vital.

h. Los artículos impugnados cumplen con los factores de disponibilidad de agua suficiente y continua, de calidad apta para el consumo humano y el uso doméstico y de accesibilidad física y económica.

i. Otras legislaciones del país prevén el suministro mínimo de 50 litros de agua frente a la falta de pago del servicio. Asimismo, Los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas contemplan esquemas similares al de Querétaro.

j. El suministro de agua potable no está en poder de personas de derecho privado, ya que el principal prestador de servicios de la entidad es la Comisión Estatal de Aguas. Entonces, la accionante incurre en un error al considerar que los prestadores de servicio son particulares, ya que la Ley que regula la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Querétaro prevé que el Prestador de Servicios es una autoridad, pues se trata de una dependencia del gobierno estatal o municipal.

k. La accionante tiene una interpretación subjetiva y errónea de lo que la ley refiere como “por lo menos” 50 litros de agua por persona al día.

l. El legislador de Querétaro sí señaló en la exposición de motivos de dónde obtuvo la cantidad de por lo menos 50 litros de agua potable al día.

m. La suspensión o restricción del servicio de suministro de agua por falta de pago de los derechos correspondientes no priva al usuario del agua de forma suficiente, salubre, aceptable, asequible y continua. Al contrario, la medida procura la recaudación del derecho por un servicio que ya recibió el usuario y que, además, tiene como finalidad su conservación, protección y restauración de cantidad y calidad para toda la sociedad.

n. La propia norma prevé mecanismos a través de los cuales los usuarios podrán disponer de agua para cubrir sus necesidades.

o. En cuanto a que el servicio de agua potable en Querétaro es prestado por personas de derecho privado, se afirma que la accionante no puede combatir artículos que no formaron parte del acto legislativo reclamado, por lo que no puede realizar ningún argumento para atacar disposiciones que no combatió en su momento. Además, el argumento anterior es falso, ya que el principal prestador de servicios de la entidad es la Comisión Estatal de Aguas.

7. Pedimento. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento.

8. Alegatos. Rafael Arturo Hurtado Ramos, delegado de la Sexagésima Legislatura del Estado de Querétaro Eduardo Joel Ibarra Acosta, delegado del Gobernador del Estado de Querétaro y Arlín Maribel Pérez Prada, delegada del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron sus respectivos escritos de alegatos el diecinueve de julio, el veintinueve de julio y el siete de agosto, todos de dos mil veinticuatro.

9. Cierre de la instrucción. Una vez recibidos los informes y alegatos de las autoridades, la Ministra instructora cerró la instrucción mediante acuerdo de doce de agosto de dos mil veinticuatro.

I. Competencia

10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, párrafos primero y segundo, inciso c) de la Constitución General; por el artículo 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y por el punto Segundo, fracción II del Acuerdo General 1/2023 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, publicado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés y modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del mismo año —aplicables en términos del artículo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro—.(3) Ello, debido a que se planteó la posible contradicción entre los artículos 74 y 75, último párrafo, de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro y la Constitución General.

II. Precisión de las normas reclamadas

11. En su escrito de demanda, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal señaló que la norma general cuya invalidez se reclama es la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, específicamente, las porciones siguientes:

Artículo 74. El Prestador de Servicios podrá limitar el servicio de suministro de agua potable y drenaje, tratándose de usuarios industriales y comerciales, cuando el usuario omita realizar el pago de dos periodos o dos meses consecutivos, según corresponda al cobro de la prestación del servicio.

Respecto de los usuarios con uso doméstico, cuando éstos omitan realizar el pago de dos periodos o dos meses consecutivos, según corresponda al cobro de la prestación del servicio, previa notificación del prestador de los servicios, éste podrá limitar el suministro de agua a la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos básicos de consumo humano, de conformidad con el párrafo siguiente. La notificación se podrá realizar a través del recibo correspondiente o cualquier medio impreso y se deberá comunicar el importe del adeudo y su fecha de vencimiento.

En el caso de limitación del servicio de agua potable a los usuarios domésticos, se garantizará el servicio de suministro continuo para necesidades básicas, considerando por lo menos 50 litros al día por persona, cuya dotación será proporcionada por el prestador de los servicios, mediante porteo y demás mecanismos conforme a la capacidad técnica y operativa que permita garantizar el suministro de agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

En el supuesto de que la limitación del servicio sea por causas imputables al usuario, se podrán cobrar los costos administrativos de reconexión del servicio.

Artículo 75. Son causas para la limitación de los servicios:

(...)

En el caso de limitación del servicio de agua potable a los usuarios domésticos, se garantizará el servicio de suministro continuo para necesidades básicas, considerando por lo menos 50 litros al día por persona, cuya dotación será proporcionada por el prestador de los servicios.

12. Por lo tanto, se tienen por impugnados los artículos 74 y 75, último párrafo, de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, reformados el nueve de abril de dos mil veinticuatro.

III. Oportunidad

13. Conforme al artículo 60, párrafo primero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

14. Las normas impugnadas se publicaron el nueve de abril de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro. Por lo tanto, el plazo corrió del diez de abril al nueve de mayo de dos mil veinticuatro. Como la acción de inconstitucionalidad se presentó el siete de mayo de dos mil veinticuatro, se concluye que es oportuna.

IV. Legitimación

15. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, párrafo segundo, inciso c), constitucional y el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, María Estela Ríos González, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal está legitimada para promover acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 74 y 75, último párrafo de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro.

V. Causas de improcedencia y sobreseimiento

16. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Pleno, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.

VI. Estudio de fondo

17. En el estudio de fondo, se desarrollarán 1) las consideraciones previas; 2) el primer concepto de invalidez sobre indebida fundamentación y motivación; y 3) el segundo concepto de invalidez sobre violación al derecho humano al agua, en donde se explicará A) el parámetro de regularidad constitucional sobre el derecho al agua; B) el esquema del servicio de agua potable en Querétaro y C) la respuesta al concepto de violación.

VI.1. Consideraciones previas

18. El veintiuno de mayo de dos mil veintidós se publicó en la Sombra de Arteaga, Periódico Oficial del Estado de Querétaro, la Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro. El nueve de abril de dos mil veinticuatro, se publicó una serie de reformas a la Ley. Los artículos impugnados en la presente acción de inconstitucionalidad se modificaron de la siguiente manera:

Ver artículos

19. A diferencia de la primera publicación de la Ley, los artículos impugnados son más claros en cuanto a los supuestos y forma de restringir el suministro de agua potable en caso de falta de pago. El artículo 74 distingue entre aguas de uso industrial y comercial y de uso doméstico. Asimismo, especifica que la restricción al servicio de agua ocurre después de la falta de pago de dos periodos consecutivos, previa notificación. Por último, el artículo 74 dispone que siempre se le garantizará al usuario el servicio continuo de un mínimo de 50 litros diarios de agua potable, incluso a pesar de la falta de pago del servicio. Esto mismo se reitera en el artículo 75.

VI.2. Primer concepto de invalidez. Estudio de la indebida fundamentación y motivación de las normas reclamadas

20. En su primer concepto de invalidez, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal argumenta que las normas reclamadas están indebidamente fundadas y motivadas. También alega que los artículos impugnados debieron contar con la existencia de antecedentes fácticos que permitieran su creación y se debió justificar de manera sustantiva, expresa, objetiva y razonable las razones por las cuales el legislador emitió la norma. Este planteamiento es infundado.

21. Todos los actos de autoridad, incluidos los actos legislativos, deben estar debidamente fundados y motivados, en términos del artículo 16 constitucional.(4) De acuerdo con la doctrina de este Tribunal Pleno, la fundamentación y motivación de un acto legislativo se satisface cuando el legislador actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución respectiva le confiere (fundamentación) y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación), sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica.(5)

22. Por lo que hace al requisito de debida motivación, se ha señalado que existen dos posibilidades de escrutinio: reforzada y ordinaria.(6) El escrutinio reforzado se realiza cuando se afecta algún derecho fundamental por tratos discriminatorios basados en categorías sospechosas. Esto obedece a que la utilización de categorías sospechosas elimina la presunción de constitucionalidad de la norma, por lo que se requiere de una justificación robusta.(7)

23. En este caso, no estamos frente a una impugnación que haga necesario un examen reforzado de la motivación legislativa, en tanto que no se encuentra bajo debate si los artículos impugnados generan tratos discriminatorios basados en categorías sospechosas. En principio, las normas son aparentemente neutras por lo que pretenden regular por igual a todas las personas que caigan en su hipótesis normativa. Aunque se argumenta que las normas restringen el derecho humano al agua, lo cierto es que no se advierte que esta posible restricción se haga con base en alguna de las categorías sospechosas previstas en el último párrafo del artículo 1º constitucional.(8)

24. Este alto tribunal no ignora que los artículos pueden tener un impacto desproporcionado en ciertos grupos de personas, como se verá más adelante. No obstante, este impacto se detecta ante la inminente aplicación de la norma, no así en su momento de creación legislativa. Por ello, no es posible exigir una motivación reforzada para este tipo de normas. De lo contrario, llegaríamos al extremo de exigir una motivación reforzada para todas las normas, ante la posibilidad eventual de detectar un impacto desproporcionado que éstas puedan tener.

25. Por lo tanto, estamos frente a un acto legislativo que amerita un análisis menos estricto por parte de esta Suprema Corte, con el propósito de no vulnerar la libertad de configuración del legislador y respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos locales en el marco de sus atribuciones.(9)

26. De una interpretación del primer párrafo del artículo 115 de la Constitución General, así como del segundo párrafo de la fracción segunda y del inciso a) la fracción tercera del mismo artículo,(10) se concluye que las legislaturas estatales están facultadas constitucionalmente para emitir las leyes que regulen los servicios públicos competencia de los municipios. Dado que el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, el tratamiento y la disposición de aguas residuales son servicios públicos a cargo de los municipios, se concluye que las legislaturas estatales están facultadas para emitir las leyes que regulen estos servicios dentro de sus municipios.(11)

27. El requisito de fundamentación se cumple. El Poder Legislativo queretano actuó dentro de los límites que le confiere la Constitución Política del País, ya que, al reformar los artículos 74 y 75 de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, modificó una norma estatal que regula el servicio público municipal de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales. Por lo tanto, en términos del primer párrafo del artículo 115 constitucional, así como del segundo párrafo de la fracción segunda y del inciso a) la fracción tercera del mismo artículo, la Legislatura del Estado de Querétaro está facultada para emitir dicha reforma y satisface la garantía de fundamentación del acto legislativo.

28. Asimismo, se cumple el requisito de motivación. Los considerandos de la reforma en la que modificaron los artículos impugnados demuestran que la legislatura queretana tuvo el objetivo de regular el derecho de los usuarios del servicio de agua potable a disponer de agua en forma suficiente, aceptable y asequible para cubrir sus necesidades básicas. Esto, de acuerdo con los pronunciamientos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por diversos órganos de las Naciones Unidas en materia del derecho humano al agua. En particular, rescató que la Organización Mundial de la Salud y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Naciones Unidas reconocieron que se requieren por lo menos 50 litros de agua diarios para cubrir las necesidades básicas y dignidad de una persona. Éste último organismo estableció en su Observación General número 15 que es necesario tomar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua sin discriminación alguna.(12)

29. De lo anterior se advierte que los artículos impugnados se refieren a una relación social que exige ser regulada jurídicamente: la relación de Querétaro y sus municipios con sus habitantes como garantes su derecho humano al agua y al mínimo vital. Entonces, el acto legislativo que dio origen a los artículos reclamados está debidamente motivada.

30. En suma, como el acto legislativo mediante el cual se publicó la reforma a los artículos 74 y 75 de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro está debidamente fundado y motivado.

31. Por todo lo anterior, se concluye que el primer concepto invalidez de la accionante es infundado.

32. El Tribunal Pleno no ignora que la Consejera Jurídica también alegó en su primer concepto de invalidez que la legislatura debió hacer un balance razonable entre la limitación a los deudores del pago por los servicios de agua durante dos meses y la obligación del Estado de garantizar el acceso al agua. Este argumento se responderá en el siguiente apartado, al estar vinculado con la misma temática y causa de pedir.

VI.3. Segundo concepto de invalidez. Violación al derecho humano al agua

A. Parámetro de regularidad constitucional sobre el derecho humano al agua y empresas y derechos humanos

33. En este apartado se desarrollará el alcance del derecho humano al agua, con énfasis en la disponibilidad del agua potable y el rol que juegan los entes privados y las empresas en el respeto al derecho humano al agua.

Derecho humano al agua

34. El artículo 4º de la Constitución Política del País establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía lograr su acceso equitativo y sustentable.

35. En su Observación General número 15, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas se pronunció sobre el alcance del derecho humano al agua. Señaló que existen ciertos factores que deberán estar presentes en cualquier circunstancia para asegurar el derecho al agua:

A) Disponibilidad: el abastecimiento de agua para cada persona debe ser continuo y suficiente; la cantidad de ese abastecimiento tiene que adecuarse a los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud. También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

B) Calidad: el agua disponible debe ser salubre y por tanto no contener microorganismos o sustancias químicas, metales pesados, y radioactivos o, cualquier componente que atente contra la salud de la población que pueda constituir una amenaza para la salud de las personas, lo que incluye un adecuado color, olor y sabor.

C) Accesibilidad: el agua debe ser accesible para todos dentro del territorio de un Estado; la accesibilidad tiene cuatro distintas dimensiones:

• Accesibilidad física, lo que significa que se pueda acceder al suministro de agua desde cada hogar o lugar de trabajo, o que se le encuentre en las cercanías inmediatas;

• Accesibilidad económica, lo que significa que los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles para todos;

• No discriminación, que comprende la posibilidad de que todos accedan al agua, sobre todo los sectores más vulnerables y marginados de la población;

• Acceso a la información, de modo que cualquier persona pueda solicitar, recibir y difundir información sobre cuestiones relacionadas con el agua.(13)

36. Además, esa Observación confirma que el derecho al agua se subsume claramente en la categoría de garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. Asimismo, estima que el derecho al agua se encuentra asociado al derecho al más alto nivel posible de salud.(14)

37. Aunado a lo anterior, la citada Observación General establece que el Estado debe priorizar ante todo el acceso al agua para fines personales y domésticos, evitar el hambre y enfermedades y cumplir las obligaciones fundamentales del Pacto.(15)

38. En el aspecto de disponibilidad del agua, la Observación destaca dos componentes: el abastecimiento continuo y el abastecimiento suficiente. Continuo significa que la periodicidad del suministro de agua es suficiente para los usos personal y doméstico.(16) El abastecimiento suficiente implica que el volumen de agua abastecido cumple con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, en las que se establece cuál es el volumen óptimo de agua para satisfacer las necesidades básicas de consumo, saneamiento, preparación de alimentos e higiene personal y doméstica.(17) La Observación General también menciona que, además de tomar en cuenta las directrices referidas, también se debe considerar que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.

39. Con base en la citada Observación General, el Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento y esta Suprema Corte(18) han destacado que, de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, un nivel intermedio de acceso al agua es de 50 litros diarios por persona (siempre que se evalúe la ausencia de contaminación), mientras que un nivel óptimo de acceso es de 100 litros diarios por persona.(19) Esto es, el derecho humano

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33719-785c8e60/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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