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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DEMANDADA PROBAR SU INEXISTENCIA (OMISIÓN CONSISTENTE EN TRANSFERIR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES AL MUNICIPIO DE MINATITLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA, AL SER EL ÓRGANO DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN POLÍTICA DEL MUNICIPIO Y TENER SU REPRESENTACIÓN (OMISIÓN CONSISTENTE EN TRANSFERIR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES AL MUNICIPIO DE MINATITLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN CONSISTENTE EN TRANSFERIR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES AL MUNICIPIO DE MINATITLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN CONSISTENTE EN TRANSFERIR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES AL MUNICIPIO DE MINATITLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. MARCO CONSTITUCIONAL DE SU REGULACIÓN. VI. SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. CORRESPONDE A LOS MUNICIPIOS SU PRESTACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VII. SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. SU TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO PUEDE SER CONDICIONADA EXCEPCIONALMENTE POR EL GOBIERNO LOCAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. VIII. SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. LA OMISIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL PARA TRANSFERIRLOS AL MUNICIPIO SOLICITANTE TRANSGREDE SU ESFERA COMPETENCIAL (OMISIÓN CONSISTENTE EN TRANSFERIR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES AL MUNICIPIO DE MINATITLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN CONSISTENTE EN TRANSFERIR AL MUNICIPIO ACTOR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES QUE VINCULAN AL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y A LA COMISIÓN DEL AGUA ESTATAL PARA QUE REALICEN SU TRANSFERENCIA MATERIAL EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 151/2016. · Registro digital (IUS): 28703
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-06-07
Promovente: MUNICIPIO DE MINATITLÁN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo II, Pág. 1031.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 151/2016. MUNICIPIO DE MINATITLÁN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 4 DE ABRIL DE 2018. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CONTRA DEL EMITIDO POR EL MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: GABRIELA ELEONORA CORTÉS ARAUJO.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de abril de dos mil dieciocho, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 151/2016, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Minatitlán, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de su síndico, en contra del Poder Ejecutivo del Estado por la supuesta invasión competencial en relación con actos que atañen a los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, el cual compete exclusivamente al Municipio, en términos de los artículos 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71, fracciones I y IX, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2 y 35, fracción XV, inciso a), de la Ley 9 Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y; 1, 2, 4, 5 y 7 de la Ley para la Transferencia de Funciones y Servicios Públicos del Estado a los Municipios de Veracruz.

El problema jurídico a resolver, consiste en dilucidar si el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz invadió la esfera competencial del Municipio de Minatitlán, ante la supuesta omisión de municipalizar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, solicitada por el Municipio, en los términos siguientes:

"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio:

"a) El Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, con domicilio oficial en ...

"III. Las entidades, poderes u órganos terceros interesados:

"Comisión del Agua del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con domicilio en ...

"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como en su caso el medio oficial en que se hubieran publicado cuya inalidez se demande (sic):

"Los actos cuya invalidez demandamos son:

"1. La inconstitucional omisión del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por conducto de la Comisión del Agua del Estado, de resolver conforme a derecho la municipalización del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, solicitada legalmente por el Municipio de Minatitlán, Veracruz, transgrediendo la competencia constitucional que le confiere a mi representada el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con claridad establece que es el Municipio quien tiene a su cargo la competencia para prestar el mencionado servicio público municipal.

"2. La inconstitucional omisión del Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de la Comisión del Agua del Estado, de transferir y hacer entrega material de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular y recurso presupuestal para que se preste por conducto de mi representada en el Municipio de Minatitlán, Veracruz, el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales."

I. Antecedentes del caso

1. En virtud de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve en la que se otorgó la función y prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales dentro de la jurisdicción de los Municipios, como facultad exclusiva en los términos del artículo 115, fracción III, inciso a), constitucional, el Congreso del Estado de Veracruz adaptó la Constitución Local en el artículo 71, fracción XI, inciso a), y expidió la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo artículo 35, fracción XXI, inciso a), establece que es competencia constitucional y legal de los Municipios la prestación del servicio señalado.

2. De conformidad con el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional señalada, se desprende que, en aquellos servicios que prestaba el Gobierno del Estado, los Municipios podrían asumirlos previa aprobación del Ayuntamiento y solicitud al Gobierno del Estado, de modo que se elaborara un programa de transferencia del servicio, en un plazo máximo de noventa días, contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud.

3. En virtud de ello, el veinticuatro de noviembre de dos mil quince,(1) el Cabildo del Ayuntamiento de Minatitlán celebró la cuadragésima sexta sesión extraordinaria 2015, en la que aprobó el Acuerdo 151/2015, autorizando llevar a cabo las gestiones y acciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad a que se sujeta la transferencia de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

4. Así, el veintiuno de enero de dos mil dieciséis el Ayuntamiento recibió el oficio SP/063/2016, de catorce de enero de dos mil dieciséis, a través del cual, el secretario particular del gobernador del Estado dio a conocer el oficio SG-DGJG-0014/2016, de seis de enero de dos mil catorce, en el que se señalaron las acciones previas necesarias para llevar a cabo el procedimiento administrativo para la transferencia de los servicios públicos en referencia.

5. No obstante lo anterior, el Municipio actor manifiesta no haber recibido a la fecha el programa de transferencia correspondiente dentro del plazo constitucional de noventa días, ni el de ciento ochenta días naturales a partir de la solicitud efectuada por el Municipio, en términos del diverso numeral 5 de la Ley para la Transferencia de las Funciones y Servicios Públicos del Estado a los Municipios del Estado de Veracruz.

6. Por lo señalado, a través de la cuadragésima cuarta sesión extraordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, aprobó el Acuerdo 108/2016, mediante el cual, se acordó reiterar el diverso Acuerdo 151/2015, sin que por ello se obtuviera respuesta por parte del Ejecutivo Estatal.

II. Trámite de la controversia constitucional

7. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de noviembre de dos mil dieciséis(2) y, en esa misma fecha, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el presente asunto bajo el expediente 151/2016, así como turnarlo al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento, según el turno correspondiente.(3)

8. En proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional y tuvo como demandado al Poder Ejecutivo de Veracruz.(4)

III. Contestación de la demanda

9. El Poder Ejecutivo de Veracruz, a través del gobernador del Estado, presentó el escrito de mérito el tres de febrero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.(5)

10. El titular del Ejecutivo Local señaló, en primer lugar, que la controversia constitucional resultaba improcedente por no haberse agotado el procedimiento o vía legalmente previstos para la transferencia de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, que fueron solicitados por el Municipio actor, porque en el caso se viola su derecho de petición, pero no se incurre en una omisión, en tanto ello debió haberse demandado a través de un juicio administrativo o de amparo.

11. Señaló que, de conformidad con el artículo 4o. de la Ley para la Transferencia de Fusiones y Servicios Públicos del Estado y los Municipios, el procedimiento de transferencia debe cumplir con ciertas formalidades para poder ejecutarse, y el actor nunca manifestó haber agotado el mismo ni que el Gobierno Estatal le hubiera negado, mediante resolución administrativa, la transferencia de los servicios públicos solicitados; luego, ante la falta de negativa en términos de la ley, no es posible considerar que exista una omisión tal como lo dispone la jurisprudencia P./J. 136/2001: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES."

12. Por otra parte, el gobernador local manifiesta que la omisión de transferir los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular y recurso presupuestal por parte de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que no puede señalarse una omisión, mientras no se haya establecido una obligación a cargo de la entidad demandada; pues si bien el Municipio cumplió con el inicio del procedimiento, y, a partir de ello, se le dio a conocer los lineamientos y requisitos a cumplir para realizar la transferencia del servicio público, mediante el oficio SG-DGJG-0014/2016, de seis de enero de dos mil quince.

13. Luego –aduce–, si el Municipio de Minatitlán recibió la información narrada anteriormente, y no dio seguimiento al procedimiento, no puede señalarse que la autoridad se haya negado a transferir los servicios ni que por esta razón el Gobierno Estatal tenga la obligación legal para actuar en ese sentido. De ahí que deba sobreseerse en la controversia constitucional, al actualizarse una cuestión que impide el análisis del fondo del asunto, como lo prevé la jurisprudencia P./J. 31/96: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. ORDEN PÚBLICO. TIENEN ESA NATURALEZA LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO INSTITUIDO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL."

14. Aunado a lo anterior, la parte actora no ha acreditado haber remitido, de nueva cuenta, una solicitud para reanudar el procedimiento de transferencia de funciones y servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, que inició su administración el uno de diciembre de dos mil dieciséis ni que esta autoridad hubiere negado tal derecho.

15. Finalmente, el poder demandado señaló que, además de la inexistencia de la omisión combatida por el actor y la improcedencia de la controversia constitucional, no era posible proporcionar toda la información solicitada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, al no existir más que la presentada por el Municipio actor en su escrito de demanda.

IV. Cierre de la instrucción

16. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el treinta de marzo de dos mil diecisiete,(6) se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, y se puso el expediente en estado de resolución.(7)

V. Competencia

17. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en atención a lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que, por esta vía, el síndico del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, demanda del gobernador constitucional la transferencia de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, solicitada por el Municipio.

18. De conformidad con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, esta Primera Sala no estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

VI. Existencia de los actos impugnados

19. En la presente controversia constitucional, se combate las omisiones siguientes:

a) La transferencia de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, como facultad que corresponde de forma exclusiva a los Municipios en términos del artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución General.

b) La transferencia de los bienes y recurso presupuestal, para que el Municipio preste los servicios reclamados.

20. Por tanto, toda vez que el Municipio alega la inactividad del gobernador Estatal para que llene un vacío legal, o se materialice una obligación derivada de la ley, y, a través del presente medio de control constitucional, pretende se declare que la omisión de transferir los servicios en mención, por ser ello contrario al mandato constitucional previsto en el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución General, debe señalarse que, tratándose de esta clase de impugnaciones, resulta lógico que no exista obligación para el actor de demostrar tal circunstancia, sino que corresponderá a la autoridad demandada desvirtuar su dicho, pues es sobre quien recae la carga de la prueba por lo que se le acusa, y, consecuentemente, podrá demostrar su falsedad.

21. Lo anterior, con apoyo en los criterios P./J. 81/99 y P./J. 66/2009, de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES, CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA DESVIRTUAR LAS PRUEBAS CON LAS QUE LA DEMANDADA DEMOSTRÓ SU INEXISTENCIA."(8) y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PUEDA PROMOVERSE CON MOTIVO DE UNA ‘OMISIÓN’ IMPUTADA A LA PARTE DEMANDADA, ES NECESARIO COMPROBAR SU INACTIVIDAD.",(9) respectivamente, aplicables en lo conducente.

VII. Legitimación

22. De conformidad con los artículos 10 y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(10) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

23. En virtud de ello, son partes en el presente juicio constitucional:

a) Como actor, el Municipio de Minatitlán, representado por su síndico;

b) Como demandado, el Poder Ejecutivo, representado por el gobernador de Veracruz;

c) Como tercero interesado, se señaló a la Comisión del Agua del Estado.

24. Por tanto, es menester verificar si quienes fueron señalados como partes en la presente controversia acreditan el carácter con que se ostentan.

25. Tal como lo dispone el criterio 1a. XV/97, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Y EN EL PROCESO."(11) debe distinguirse, en primer lugar, entre la legitimación en el proceso y en la causa, como criterios que orientan y facilitan el análisis de esta cuestión.

26. La fracción I del artículo 105 de la Ley Fundamental(12) establece, limitativamente, los entes públicos con la legitimación en la causa, necesaria para accionar o tener el carácter de parte en este mecanismo de control constitucional, dotados tanto de la legitimación activa como la pasiva, en la causa; esto es, la propia Constitución Federal reserva esta garantía constitucional para que, a través de ella, se ventilen cuestiones constitucionales entre los órganos del Estado en sus tres niveles, de modo que se establece un mecanismo de control en el desarrollo de las relaciones entre los órganos del poder público, en sus tres niveles de gobierno.

27. En estos términos, debe considerarse que no todo órgano público podrá acudir a este mecanismo de control constitucional, ni todo acto podrá ser materia de impugnación, ni toda autoridad que lo emita, sea ente, poder u órgano, podrá ser demandada en esta vía, ya que lo que se busca, a través de estos procedimientos constitucionales, es el estricto apego a las disposiciones de la Carta Fundamental del actuar de los entes, poderes u órganos, limitativamente señalados en el artículo 105 transcrito; y, entre ese actuar, el respeto a la distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar y fortalecer el sistema federal.

28. Conforme a lo expuesto, es posible concluir que este tipo de acciones sólo procederán con motivo de controversias suscitadas entre dos o más niveles de Gobierno (Federación, Estado o Municipio), en que se tilden de inconstitucionales actos o disposiciones generales emitidos por alguna entidad, poder u órgano, de los señalados en el artículo 105 de la Constitución Federal.

29. Ahora bien, es cierto que el inciso i) de la fracción I del artículo 105 constitucional, se refiere a la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y no, entre un Ayuntamiento y el Estado, pero resulta lógico que el Municipio, como nivel de gobierno, actúe fáctica y jurídicamente a través de su órgano de gobierno y de representación política; es decir, del Ayuntamiento.

30. En efecto, por mandato mismo del artículo 115, fracción I, constitucional,(13) corresponde al Ayuntamiento ser el órgano de dirección y administración política del Municipio, y tener su representación, por lo que cuenta con legitimación para entablar la controversia constitucional.

31. Apoya la conclusión que antecede, la jurisprudencia P./J. 51/2000, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PLANTEARLAS CON LOS OTROS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO."(14)

32. Precisado lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 17, 18 y 37, fracciones I y II, de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre de Veracruz,(15) el Municipio Libre es la base de la división territorial y, de la organización política y administrativa del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular, y que residirá en la cabecera del Municipio, integrado por ediles, dentro de los que se encuentra el síndico el cual tendrá, entre otras funciones, la representación legal del Municipio para procurar, defender y promover los intereses de éste en los litigios en los que fuera parte.

33. Así, en el asunto, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Martín Gracia Vázquez, síndico municipal y representante legal del Ayuntamiento constitucional del Municipio de Minatitlán, Veracruz, carácter que acreditó con la constancia de mayoría, la relación de ediles que integran los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el tres de enero de dos mil catorce, y el acta de sesión de Cabildo respectiva, para así acreditar su legitimación.(16)

34. Por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, compareció Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de gobernador constitucional, cargo que se acredita con la constancia de mayoría expedida por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, de doce de junio de dos mil dieciséis,(17) y el Acta de la sesión solemne de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, de uno de diciembre de dos mil dieciséis, en la que el referido funcionario tomó protesta a su cargo como gobernador del Estado,(18) por lo que cuenta con legitimación para comparecer como autoridad demandada.

35. Finalmente, como quedó señalado en el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil diecisiete,(19) la Comisión del Agua Local carece de legitimación para comparecer al juicio de controversia constitucional, con el carácter de tercera interesada, toda vez que no se apersonó el funcionario investido con la representación de la entidad, sino un apoderado legal; con lo cual, no se actualizó lo dispuesto en el artículo 11, párrafos primero y segundo, de la ley reglamentaria de la materia.

VIII. Oportunidad

36. La presente controversia se hace valer en contra de la omisión del Ejecutivo Local de transferir los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dispone el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, toda vez que el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sólo establece el plazo para la promoción de la controversia constitucional en contra de actuaciones, las cuales, únicamente, pueden ser actos, normas o límites distintos a los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución General; cuando se combaten omisiones, el cómputo se actualiza día a día mientras éstas subsistan.

37. Luego, dada la naturaleza de los hechos que, en esta controversia constitucional se reclaman, resulta lógico que la ley reglamentaria no establezca un plazo para su impugnación, en tanto involucran una falta de actuación por parte de la autoridad que genera una situación permanente que no se subsana mientras no actúe el omiso, y que nace y se reitera día a día, en tanto subsista la actitud omisiva de la autoridad, lo que da lugar a consecuencias jurídicas que se actualizan día a día.

38. Esta peculiaridad que conllevan las omisiones conduce a que, en la generalidad de los casos, y dada la reiteración constante de la omisión, el plazo para la impugnación de las mismas también se actualice día a día, permitiendo entonces, en cada una de esas actualizaciones, la impugnación de la constitucionalidad de dicho no actuar de la autoridad.

39. En vista de lo anterior, es de concluirse que, en tratándose de la impugnación de omisiones, la oportunidad para realizarla se actualiza de momento a momento, mientras ésta subsista, por lo que la demanda será oportuna, igualmente, mientras ésta subsista, tal como lo sostuvo.

40. Consideraciones que ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 10/2001, el veintidós de abril de dos mil tres, y que dio origen al criterio P./J. 43/2003: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN."(20)

41. En el caso, el Municipio actor exhibió la solicitud de veintiséis de noviembre de dos mil quince, en el oficio 1817/2015, que elevó al entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en la cual manifestó haber llevado a cabo la XLVI sesión extraordinaria de Cabildo 2015, a través de la cual, se acordó la autorización para llevar a cabo las gestiones y acciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad a que se sujeta la transferencia de los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado al Ayuntamiento.

42. Dicha solicitud fue recibida en la oficina de la secretaría particular del gobernador, el dieciséis de diciembre de dos mil quince.(21)

43. Luego, el secretario particular del gobernador comunicó, mediante oficio SP/063/2016, de catorce de enero de dos mil dieciséis, y recibido en la presidencia municipal de Minatitlán el veintiuno siguiente, que el director general jurídico de la Secretaría de Gobierno le establecía los requisitos para llevar a cabo la transferencia de los servicios, a saber, el dictamen técnico de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, sobre la conveniencia jurídica y social para ello.(22)

44. Conforme a estas constancias, es claro que la demandada no se expresó en sentido negativo, respecto a la petición que le formuló el actor; antes bien, le señaló que debía cumplir con determinados requisitos, a efecto de transferir los servicios que solicitaba.

45. Sin embargo, el paso del tiempo puso en evidencia la omisión de la autoridad demandada de realizar la transferencia, y que, hasta el momento, el poder demandado no ha demostrado haber cumplido, constituyéndose así, el actuar omisivo que la actora aquí impugna, y que, por sus propias características, es impugnable mientras subsista.

46. De todo lo cual se concluye, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, que el gobernador del Estado fue omiso en realizar la transferencia de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, por lo que, para efectos de determinar la oportunidad de la demanda, debe considerarse que, si a la fecha de presentación de la misma, la parte actora manifestó que no se había subsanado dicha omisión, y no obra ni dicho ni probanza en autos, que lo desvirtúe, entonces debe estimarse presentada en tiempo.

IX. Procedencia y sobreseimiento

47. El gobernador de Veracruz solicita la improcedencia de la controversia constitucional, toda vez que el Municipio actor no agotó el procedimiento relativo a la transferencia de los servicios públicos que solicitó, previo a accionar el medio de defensa que aquí se analiza.

48. Sin embargo, dicha causal resulta infundada porque, de conformidad con el artículo (sic) al artículo 19, fracción VI,(23) de la ley reglamentaria, las controversias constitucionales son improcedentes cuando no hubiera sido agotada la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto; causal que, en el caso, no se actualiza, toda vez que el Municipio actor no tenía obligación de agotar procedimiento alguno para lograr la transferencia de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, como lo señala el representante del titular del Ejecutivo Estatal, pues el principio de definitividad, en la controversia constitucional, sólo opera cuando en las legislaciones locales se establecen medios de defensa o recursos, y siempre que en la demanda no se hubieren planteado violaciones directas e inmediatas a la Constitución General, sino violaciones a las leyes locales, que produzcan una transgresión a la Carta Magna a manera de consecuencia.

49. Por ende, en el presente asunto, el Municipio de Minatitlán adujo la violación directa al artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante lo cual, esta Primera Sala no puede tener actualizada la causal de improcedencia invocada por el gobernador del Estado.

50. Sustenta esta conclusión el criterio resumido en la tesis P./J. 136/2001: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES."(24)

51. No habiendo causal de improcedencia adicional planteada, ni, que esta Primera Sala advierta de oficio, se procede al estudio de fondo del problema planteado por el Municipio actor.

X. Estudio de fondo

52. El resto de la presente ejecutoria se dedica a evaluar la actitud omisiva del Poder Ejecutivo de Veracruz, y, con la cual, el Municipio actor –alega– invade su esfera competencial respecto a la facultad constitucional de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, debiendo señalarse que, en términos de los artículos 39 y 40 de la ley reglamentaria,(25) esta Primera Sala cuenta con facultades para examinar, conjuntamente, los motivos de invalidez propuestos por el Municipio actor, a través de su síndico, y, de ser el caso, suplir la deficiencia de los mismos, planteados en su demanda, pero también los formulados en la contestación, alegatos o agravios.

53. Dicho ello, de los dos conceptos de invalidez planteados, se desprende que el Municipio actor impugna, esencialmente, que la omisión o negativa tácita del Poder Ejecutivo Estatal transgrede lo dispuesto en el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque corresponde al Municipio la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, al no haber transferido dichos servicios para ser llevados a cabo por el Municipio de Minatitlán.

54. Lo anterior, máxime que ha cumplido con lo que señala el artículo 4 de la Ley para la Transferencia de Funciones y Servicios Públicos del Estado a los Municipios del Estado de Veracruz, el cual, únicamente, señala que el procedimiento de transferencia se iniciará con la solicitud, por escrito, que el Ayuntamiento presente al Gobierno del Estado, adjuntando el acuerdo de Cabildo, debidamente fundado y motivado, que especifique la función o servicio público cuya transferencia se solicita; requisitos con los que cumplió el Municipio. Además, en virtud de la distribución competencial que ordena el artículo 115 constitucional, el Poder Ejecutivo Local no tiene la opción para decidir si transfiere, o no, el servicio que ejerce a través de la Comisión del Agua del Estado, ya que el único requisito de procedibilidad es que se plantee una solicitud aprobada previamente por el Ayuntamiento.

55. Por su parte, en contra de los agravios, el gobernador de Veracruz adujo que la omisión de transferir los servicios públicos y los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular y recurso presupuestal, por parte de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, obedece a que no existe –a su juicio– una obligación a cargo de la entidad demandada; pues si bien el Municipio cumplió con el inicio del procedimiento, y, a partir de ello, se le dio a conocer los lineamientos y requisitos a cumplir para realizar la transferencia del servicio público, mediante el oficio SG-DGJG-0014/2

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28703-0eaa22b3/i-controversia-constitucional-cuando-se-reclaman-omisiones-corresponde · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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